STC4163-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC4163-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00511-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 16 de marzo de 2023 dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el amparo que promovi\u00f3 Mar\u00eda Cristina Fonseca Ram\u00edrez contra la Superintendencia de Sociedades, Delegatura de Procedimientos Mercantiles, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n No. 2096. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 que se deje sin efectos la decisi\u00f3n tomada por la Superintendencia de Sociedades en el proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad Helicol S.A. a trav\u00e9s de la cual se le reconoci\u00f3 a Fernando Pe\u00f1a Baquero una suma de m\u00e1s de $12.113.302.650 por un cr\u00e9dito laboral y, en su lugar, se ordene tomar todas las medidas que considere necesarias para la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que es trabajadora de Helicol S.A., sociedad cuya reorganizaci\u00f3n se adelanta ante el Despacho accionado. Luego de que se le remitiera a la Superintendencia un proceso ejecutivo laboral en curso, de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, en el cual se pretend\u00eda la ejecuci\u00f3n de unos valores reconocidos en sentencia judicial, ese Despacho reconoci\u00f3 la acreencia laboral a Fernando Pe\u00f1a Baquero por un valor mucho m\u00e1s elevado al que se hab\u00eda condenado en proceso laboral, lo cual genera un perjuicio irremediable en los trabajadores de la compa\u00f1\u00eda, toda vez que ellos ser\u00e1n los primeros afectados si no se normalizan sus relaciones comerciales. A\u00f1adi\u00f3 que esa judicatura incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico por fallar un tema que deb\u00eda decidirse por el juez laboral, en v\u00eda de hecho por defecto procedimental puesto que el acreedor no objet\u00f3 el proyecto de cr\u00e9dito inicialmente presentado, motivo por el cual deb\u00eda estarse a \u00e9l y un defecto sustantivo por el incumplimiento de los art\u00edculos 20 y 29 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2.- La Delegatura de Procedimientos de Insolvencia se pronunci\u00f3 sobre los hechos del amparo e indic\u00f3 que no se cumplieron con ninguno de los requisitos generales de procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales. A\u00f1adi\u00f3 que no existi\u00f3 defecto org\u00e1nico toda vez que, de acuerdo con el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, es obligaci\u00f3n del juez del concurso resolver las excepciones propuestas dentro de los procesos ejecutivos pendientes de decisi\u00f3n al momento de la incorporaci\u00f3n a la reorganizaci\u00f3n, as\u00ed como que, si bien el acreedor no present\u00f3 objeciones, de acuerdo con esta norma, las excepciones pendientes de decisi\u00f3n en el proceso ejecutivo ser\u00e1n tramitadas como objeciones para efectos de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
4.- Helicol S.A., vinculado al tr\u00e1mite, impugn\u00f3. Indic\u00f3 que, con la decisi\u00f3n tomada por la Superintendencia de Sociedades, adem\u00e1s de vulnerarse el debido proceso de dicha compa\u00f1\u00eda, se pone en riesgo la estabilidad de la empresa, lo que afectar\u00eda necesariamente a sus trabajadores, gener\u00e1ndoles un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, as\u00ed como por la falta de demostraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
1.- En tal sentido, cabe resaltar que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que se predica, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, de la persona a quien se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. De suerte que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso (\u00e9nfasis agregado)\u201d. <\/p>\n
Ahora, cuando la tutela se presenta contra una actuaci\u00f3n judicial, esta Sala ha sentado que s\u00f3lo puede acudir a este remedio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero dentro del proceso en el que se desarroll\u00f3 la misma, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
En igual sentido, en sentencia STC4993-2018, reiterada en STC9841-2021, esta \u00faltima en un proceso similar al que ac\u00e1 se estudia, esboz\u00f3 la Sala: <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (Negritas ajenas al texto – CSJ STC12873-2018). <\/p>\n
Ello por cuanto, <\/p>\n
(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (Negritas ajenas al texto – CSJ STC4993-2018). <\/p>\n
Revisado el asunto encuentra la Sala que, la gestora del amparo no es parte dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n, sino que, como lo afirm\u00f3 desde su libelo, su inter\u00e9s radica en su calidad de trabajadora de la compa\u00f1\u00eda. En este orden de ideas, no se cumple con la legitimaci\u00f3n en la causa lo que impide el estudio del fondo del asunto. <\/p>\n
2.- Ahora bien, en el escenario en el que se entendiera cumplido el primero de los requisitos, no se demostr\u00f3 dentro del proceso los supuestos para la existencia de un perjuicio irremediable. A pesar de los esfuerzos argumentativos en ese sentido, lo cierto es que, en otra tutela iniciada por Helicol S.A., se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis constitucional sobre la misma decisi\u00f3n reprochada en este amparo, en el que la Sala Laboral en segunda instancia concluy\u00f3 que no existi\u00f3 ning\u00fan yerro que invalidara la decisi\u00f3n tomada por el Juez del concurso, as\u00ed: <\/p>\n
Ante este escenario, es inequ\u00edvoco que la exposici\u00f3n de argumentos del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, dentro del asunto controvertido, estuvo apoyada en el acervo probatorio y el ordenamiento jur\u00eddico que lo rige, es decir, que con tal an\u00e1lisis se descarta la configuraci\u00f3n de los defectos endilgados. <\/p>\n
Entonces, es evidente que en esta oportunidad no se estructuraron los presupuestos que, excepcionalmente, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela en asuntos propios del juez natural, pues este cumpli\u00f3 sin duda alguna, con su leg\u00edtima tarea de impartir justicia en uso de su competencia, de manera que no hay lugar, a la intervenci\u00f3n del juez de tutela para adoptar medidas constitucionales urgentes. <\/p>\n
En suma, el hecho de que la accionante no coincida con la valoraci\u00f3n probatoria de la accionada, o no lo comparta, no invalida necesariamente su actuaci\u00f3n y, mucho menos, la hace susceptible de ser modificada por v\u00eda de tutela, pues lo cierto es que el discernimiento de la autoridad acusada vertido en el referido prove\u00eddo deriva de un enfoque jur\u00eddico respetable y, por tanto, sostenible de cara a la censura promovida mediante el derecho de amparo constitucional (STL637-2023) <\/p>\n
Sumado a ello, como lo indic\u00f3 la Delegatura accionada en el informe que se entiende rendido bajo juramento, el valor total del pasivo reorganizable de la compa\u00f1\u00eda frente a otros acreedores asciende a $74.370.445.293, motivo por el cual no se aclar\u00f3 el perjuicio irremediable que supuestamente se le causar\u00eda con el reconocimiento \u00fanicamente del pasivo laboral objeto de estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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