STC4165-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4165-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Daza Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-00492. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 21 de marzo de 2012 ante el Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, la fiscal\u00eda (junto a otros co-indiciados a quienes tambi\u00e9n se les endilg\u00f3 el il\u00edcito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb) le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 8 de marzo de 2021 inici\u00f3 el juicio oral en el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y en audiencia del 28 de abril de 2022, el representante del Ministerio P\u00fablico present\u00f3 solicitud de preclusi\u00f3n en favor de todos los procesados con fundamento en el acaecimiento del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, la cual fue denegada el 12 de mayo de 2022 por el despacho, decisi\u00f3n confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de esta ciudad, Sala Penal, el 18 de noviembre de esa anualidad, refrendando la argumentaci\u00f3n del a quo en torno a que, \u00abel t\u00e9rmino m\u00e1ximo dispuesto por el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal deb\u00eda aumentarse por ser los acusados servidores p\u00fablicos\u00bb, seg\u00fan jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal; y porque, la sentencia SU-433 de 2020 \u2013 citada como soporte de la pretensi\u00f3n \u2013 \u00abno era aplicable al caso concreto al no versar sobre la prescripci\u00f3n de servidores p\u00fablicos\u00bb. Destac\u00f3 que actualmente, el juicio contin\u00faa ante el juzgado de primera instancia. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 su queja contra las determinaciones rese\u00f1adas pues considera que los accionados, al resolver como lo hicieron, incurrieron en v\u00eda de hecho por \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb adoptando una postura restrictiva y en contrav\u00eda de los principios pro homine y pro libertate al momento de interpretar las normas regulatorias de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (cit\u00f3 al respecto las sentencias SU-433 de 2020 y SU-126 de 2022 de la Corte Constitucional). <\/p>\n
Sostuvo que, para el procurador delegado \u2013 proponente de la solicitud \u2013, el 21 de marzo de 2022 se habr\u00edan cumplido 10 a\u00f1os desde la imputaci\u00f3n de cargos sin que se haya proferido sentencia de segunda instancia, lo que significaba que, se encontraba superado el t\u00e9rmino m\u00e1ximo contemplado en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal para la prescripci\u00f3n luego de la interrupci\u00f3n con dicho acto procesal. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, los accionados fundaron su tesis en precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal del a\u00f1o 2013 ampliando la interpretaci\u00f3n de la preceptiva mencionada y resolviendo \u00aben favor del poder punitivo del Estado, violando directamente la Constituci\u00f3n (\u2026)\u00bb, y que, en concreto, el tribunal admiti\u00f3 la existencia de dos posibles comprensiones de la norma, por tanto, deb\u00eda proceder de acuerdo a lo indicado por la Corte Constitucional, es decir, elegir la que mejor se mostrara acorde con las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Finalmente, adujo que, continuar un tr\u00e1mite penal con la acci\u00f3n penal prescrita genera \u00abun defecto procedimental absoluto\u00bb e insisti\u00f3 en que el canon 86 del C\u00f3digo Penal es claro en su redacci\u00f3n y no admite ninguna otra interpretaci\u00f3n y menos una que extienda los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n. Aleg\u00f3 que el legislador nunca tuvo la intenci\u00f3n de alterar el tope de los diez (10) a\u00f1os de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal tras la primera interrupci\u00f3n, por lo que las decisiones cuestionadas fueron \u00abm\u00e1s all\u00e1 de lo dispuesto en la ley\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse dejen sin efecto los autos del 12 de mayo de 2022 y de 1\u00ba de noviembre de 2022, emitidos por los accionados dentro del proceso penal [2012-00492] (\u2026) se ordene al Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, emita una nueva decisi\u00f3n relacionada con la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que resulte conforme los principios reconocidos por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 20 de la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso penal 2012- 00492 y se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado ninguna garant\u00eda fundamental del accionante o de alguno de los coprocesados. <\/p>\n
2. El apoderado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural manifest\u00f3 que, el actor pretende \u00abconvertir v\u00eda excepcional en una tercera instancia, apoyando su inconformidad en argumentos personales de interpretaci\u00f3n normativa, lo cual, no es procedente\u00bb A\u00f1adi\u00f3 que el proceso penal se encuentra en tr\u00e1mite, cursando la audiencia de juicio oral y a\u00fan no se ha emitido fallo. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 237 Judicial I Penal de Bogot\u00e1 coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda, e indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) asiste raz\u00f3n al tutelante, si bien, al momento de proponer la preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n, los argumentos para sustentarla, [\u2026] fueron limitados, del an\u00e1lisis jurisprudencial y normativo de los hechos en el escrito nugatorio del doctor Daza Hern\u00e1ndez, se ampl\u00eda a\u00fan m\u00e1s aspectos que son fundamentales para despachar favorablemente sus peticiones, el primero, que la argumentaci\u00f3n de la sentencia en que se basan los pronunciamientos atacados, no soporta, a diferencia de lo que sostienen el Juzgado 19 y el Tribunal, suficientemente la ampliaci\u00f3n arbitraria de los l\u00edmites m\u00ednimo y m\u00e1ximo de la prescripci\u00f3n una vez se produce la imputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, la postura adoptada por los accionados, violenta el principio de favorabilidad, \u00abentra en el terreno del populismo punitivo [y] erosiona derechos y garant\u00edas fundamentales (\u2026)\u00bb.\u201d <\/p>\n
4.- Leonardo Andr\u00e9s Carvajal, quien funge como defensor p\u00fablico de Jairo Cano Gallego \u2013 coprocesado \u2013, tambi\u00e9n coadyuv\u00f3 los argumentos del accionante, y asever\u00f3 que, \u00ab(\u2026) no es factible en el presente caso que tanto el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se apoyen de manera exclusiva en la l\u00ednea jurisprudencial fijada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando dicha l\u00ednea jurisprudencial, a pesar de ser uniforme, contrar\u00eda la interpretaci\u00f3n constitucional que sobre prescripci\u00f3n penal ha hecho la Corte Constitucional del alcance de los art\u00edculos 83 y 86 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos atacados se advierten razonables. De otro lado, precis\u00f3 que, no obstante, la demanda incumple el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que, \u00ab(\u2026) al continuar el proceso penal, la parte actora tiene a su disposici\u00f3n medios id\u00f3neos para proteger sus derechos, como el aporte de elementos de prueba, solicitud de preclusi\u00f3n, ejercicio de los recursos ordinarios, entre otros, por lo que no es la acci\u00f3n publica la llamada a resolver las pretensiones del actor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando en extenso los argumentos del escrito introductor. As\u00ed mismo, refut\u00f3 lo resuelto por la Sala a quo y reproch\u00f3 que hubiese omitido pronunciarse de forma concreta sobre la causal invocada de \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, al igual, que no se detuviera en precisar \u00absobre cu\u00e1l era la correcta interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 83 y 86 del C\u00f3digo Penal de acuerdo con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. En relaci\u00f3n con el presupuesto de la subsidiariedad, sostuvo que no resulta viable su aplicaci\u00f3n por cuanto \u00ablas decisiones de los accionados fueron producto de una petici\u00f3n de preclusi\u00f3n elevada por el Ministerio P\u00fablico, de volverse a presentar una petici\u00f3n en similar sentido, se podr\u00eda considerar que est\u00e1 actuando de mala fe o temeridad, siendo imposible volver a acudir a la preclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, como tambi\u00e9n lo previno la Sala Hom\u00f3loga, al encontrase el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde al promotor del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
As\u00ed entonces, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior de la causa y, hall\u00e1ndose vigente la etapa del juicio, subsisten las posibilidades jur\u00eddicas para reformular los planteamientos relacionados con la cesaci\u00f3n del procedimiento por la causal objetiva que propone en esta senda excepcional. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la tesis del gestor del resguardo respecto a la forma en que deben interpretarse los art\u00edculos 83 y 86 del C\u00f3digo Penal, y si en su caso ser\u00eda aplicable o no el incremento del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n penal contemplado en el inciso 6\u00ba del primer canon mencionado, puede ser objeto de resoluci\u00f3n en la sentencia, y eventualmente, a trav\u00e9s de los recursos ordinarios y extraordinarios a que haya lugar, si es que aqu\u00e9lla le es desfavorable. <\/p>\n
En lo concerniente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal al resolver sobre una problem\u00e1tica similar, planteada en una acci\u00f3n de tutela, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a partir de la revisi\u00f3n de las pruebas obrantes, la Sala constata que la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el proceso penal adelantado contra el accionante no ha concluido, por lo que la censura sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal debe ser definida en la v\u00eda ordinaria, en la sentencia, y de ser condenatoria, mediante los recursos de apelaci\u00f3n y extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala ha precisado que la acci\u00f3n de tutela no fue dise\u00f1ada con miras a reemplazar al juez competente, de ah\u00ed que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro medio judicial para invocar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados\u00bb (CSJ STP1237-2021, 19 ene., rad. 114220) Negrillas fuera texto. <\/p>\n
Por lo tanto, en esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de las determinaciones aqu\u00ed atacadas ser\u00eda no solo, se reitera, una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, dado que el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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