STC4171-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4171-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00276-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 23 de febrero de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Patricia Benito Moreno contra la Fiscal\u00eda 32 Local de Acac\u00edas, Meta, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. Narr\u00f3 que, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acac\u00edas -con prove\u00eddo del 6 de febrero de 2022- conden\u00f3 a Luis Ariel Quevedo a una pena de 48 meses de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable del punible de lesiones personales dolosas en su contra. <\/p>\n
2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n al considerar que el delito que se configuraba era el de violencia intrafamiliar agravada m\u00e1s no el de lesiones personales. El Colegiado atacado -con prove\u00eddo del 13 de octubre de 2022- se abstuvo de resolver el recurso propuesto. Y, en su lugar, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado. Consider\u00f3 que sin el registro audiovisual de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n no era posible establecer la presunta vulneraci\u00f3n del principio de congruencia alegada por los recurrentes. <\/p>\n
2.1. La Fiscal\u00eda cuestionada decidi\u00f3 imputarle al se\u00f1or Quevedo Morales el delito de lesiones personales, m\u00e1s no el de violencia intrafamiliar planteado en la primera ocasi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Adujo que con la decisi\u00f3n del 13 de octubre de 2022 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico por desconocimiento de las pruebas obrantes en el proceso penal, con las cuales se pod\u00eda establecer la alegada violaci\u00f3n al principio de congruencia. Por tanto, no era necesario decretar la nulidad. Adem\u00e1s, que la Fiscal\u00eda 32 Local de Acacias, Meta, no debi\u00f3 variar la calificaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n al procesado. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se ordene al Tribunal enjuiciado que de tr\u00e1mite al recurso propuesto. Adem\u00e1s, que se ordene al ente acusador que rectifique su posici\u00f3n y pida medida de aseguramiento por el delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Francisco Morales Soler, quien actu\u00f3 como representante de v\u00edctimas de la aqu\u00ed accionante, tras memorar las actuaciones de la causa penal, destac\u00f3 que comparte las pretensiones expuestas por la libelista. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Treinta y Dos Local de Acacias, luego de relatar las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite penal, expres\u00f3 que el nuevo escrito de acusaci\u00f3n se realiz\u00f3 con fundamento en los pronunciamientos emitidos por esta corporaci\u00f3n, lo cuales permit\u00edan establecer que la conducta del procesado se adecuaba al punible de lesiones personales. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada del 13 de octubre pasado, se fundament\u00f3 en la imposibilidad de escuchar los audios de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y la necesidad de constatar la supuesta incongruencia alegada en el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al constatar que \u00abla decisi\u00f3n cuestionada es razonable y no incurri\u00f3 en el defecto espec\u00edfico alegado por la actora\u00bb. De otra parte, en lo concerniente a la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda encarada, neg\u00f3 el amparo al encontrar que \u00abno vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la demandante y ha actuado dentro del margen de sus competencias y facultades\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante. Se\u00f1al\u00f3 \u00abapelo la decisi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la libelista, con ocasi\u00f3n del fallo proferido el 13 de octubre de 2022 que decret\u00f3 la nulidad, as\u00ed como con la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de variar la imputaci\u00f3n inicial. <\/p>\n
2. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, se abstuvo de resolver la apelaci\u00f3n presentada y con prove\u00eddo del 13 de octubre de 2022, resolvi\u00f3 decretar la nulidad de lo actuado a partir de audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n. Para ello, trajo a colaci\u00f3n la sentencia 48200 del 23 de noviembre de 2016 que sobre el principio de congruencia se\u00f1ala que: <\/p>\n
En efecto, aunque el principio de congruencia se predica, en estricto sentido, de la relaci\u00f3n sustancial f\u00e1ctico-jur\u00eddica entre la acusaci\u00f3n y la sentencia, y est\u00e1 suficientemente decantado que, al momento de la acusaci\u00f3n bien es posible modificar los t\u00e9rminos de la imputaci\u00f3n en su cariz jur\u00eddico \u2013dado su car\u00e1cter provisional-, no as\u00ed en los de naturaleza f\u00e1ctica, es lo cierto que jam\u00e1s podr\u00eda emitirse fallo, en cualquiera de sus sentidos (absolutorio o condenatorio), sin que el injusto t\u00edpico, descrito en su aspecto f\u00e1ctico relevante, haya sido previamente enunciado, con claridad, en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, habida cuenta que el referido acto de comunicaci\u00f3n, constituye una de las bases fundantes del proceso, con efecto sustancial, que adem\u00e1s provee por la salvaguarda del derecho de defensa. Surge, entonces, la regla adjetivo-sustantiva seg\u00fan la cual sin imputaci\u00f3n no puede haber acusaci\u00f3n y mucho menos condena o absoluci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, la legalizaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n formulada por la fiscal\u00eda, la cual est\u00e1 a cargo del juez de control de garant\u00edas, no solo constituye el mecanismo legal de vinculaci\u00f3n del indiciado al proceso sino que tiene la finalidad de que el presunto responsable conozca que el ente investigador lo tiene por autor o part\u00edcipe de unos hechos jur\u00eddicamente relevantes, que lo hacen sujeto del adelantamiento de una acci\u00f3n penal, encaminada a verificar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad que le pueda caber en la misma. <\/p>\n
En realidad, aunque en tan preliminar fase procesal, el funcionario investigador no tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia f\u00edsica y la informaci\u00f3n legalmente obtenida, que se encuentren en su poder, s\u00ed est\u00e1 obligado a expresar, con claridad, al indiciado los hechos de connotaci\u00f3n jur\u00eddico penal que le son endilgados, y las razones por las que, a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, \u00abse puede inferir razonablemente que el imputado es autor o part\u00edcipe del delito que se investiga\u00bb. (Subrayado contenido en el texto) <\/p>\n
2.2. Destac\u00f3 que la incongruencia alegada exige verificar los t\u00e9rminos en que fueron imputados los hechos y su correspondencia con la acusaci\u00f3n y la sentencia. Sin embargo, acot\u00f3 que \u00abla inexistencia de registros magnetof\u00f3nicos de la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos impide confirmar tal irregularidad. Tal como se destac\u00f3, revisado el expediente se advirti\u00f3 la ausencia del registro de audio y del acta de la audiencia de imputaci\u00f3n de cargos adelantada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal (Meta) el 13 de octubre de 2015\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n a ello, en aras de superar lo anotado requiri\u00f3 a los juzgados de control de garant\u00edas y conocimiento para que allegaran el registro correspondiente. El primero, remiti\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico las actas de las audiencias preliminares, pero ante las reiteradas fallas del sistema inform\u00f3 que le hab\u00eda sido imposible cargar los audios respectivos, motivo por el cual a la fecha se desconoce el contenido de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n. Consider\u00f3 que en el asunto debatido era imprescindible escuchar la diligencia para verificar su contenido y al no lograr el acceso a la misma carec\u00eda de elementos para comprobar el yerro en torno a la precisi\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, de cara a la configuraci\u00f3n del delito atribuido al procesado y en concreto, respecto de los eventos lesivos cometidos contra la humanidad de sus dos hijos, referidos \u00fanicamente desde el escrito y la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, tuvo en cuenta que \u00abel defensor no es apelante \u00fanico y que una de las glosas de la fiscal\u00eda y la victima alude a la dosimetr\u00eda punitiva, al sentenciado se le afectar\u00eda con una pena mayor al momento de concretar la pena por el delito de lesiones personales agravadas en el caso concreto y merced a los extremos que la ley fija respecto de los cuartos m\u00ednimos. Es evidente que tal como se formul\u00f3 la acusaci\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar al procesado solo se le podr\u00eda condenar dentro del cuarto m\u00ednimo y por tanto la pena no podr\u00eda superar los 96 meses de prisi\u00f3n. Con el delito de lesiones personales agravadas por la deformidad f\u00edsica que afect\u00f3 el rostro y ponderando como es debido otros aspectos tales como la perturbaci\u00f3n ps\u00edquica sufrida por la victima la dosimetr\u00eda punitiva en el m\u00e1ximo del primer cuarto, esto es 102 meses de prisi\u00f3n con lo cual la afectaci\u00f3n en materia de congruencia es evidente\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.1 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Finalmente, respecto al reproche endilgado a la Fiscal\u00eda encarada, la Sala observa la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados, pues la actuaci\u00f3n desplegada por dicha autoridad fue respetuosa de lo establecido por los art\u00edculos 250 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y 286 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. En efecto, amparada en su poder discrecional concluy\u00f3 que los hechos sometidos a su consideraci\u00f3n se adecuaban t\u00edpicamente al delito de lesiones personales dolosas y bajo ese par\u00e1metro impuls\u00f3 la acci\u00f3n penal. No obstante, el cambio de criterio del ente acusador no representa afrenta de los derechos de la actora, pues conserva la posibilidad de participar en el proceso y aportar las pruebas que estime pertinente. <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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