STC4176-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4176-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01574-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Liliana Pedraza Beltr\u00e1n contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo 2019-00262. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. De la demanda y de los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Liliana Pedraza Beltr\u00e1n formul\u00f3 un ejecutivo contra la sociedad Inversiones y Negocios Cerros de Oriente Ltda. -en liquidaci\u00f3n- (en adelante Cerroriente Ltda.) buscando la satisfacci\u00f3n de un cr\u00e9dito contenido en un pagar\u00e9. <\/p>\n
2.2. El conocimiento de dicho asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, libr\u00f3 la respectiva orden de pago y decret\u00f3 el embargo del predio denominado \u00abEl Porvenir\u00bb, propiedad de la ejecutada y ubicado en el municipio de Vista Hermosa (Meta). <\/p>\n
2.3. Inscrita la aludida cautela se dispuso el secuestro, para lo cual se comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de la \u00faltima localidad mencionada. <\/p>\n
2.4. La diligencia se llev\u00f3 a cabo el 5 de noviembre de 2019 y en ella Leonel Alberto Buitrago, quien se identific\u00f3 como administrador del bien, formul\u00f3 oposici\u00f3n en favor de Qu\u00e9nedi Osorio Sierra, su empleador. Ante la insistencia de la ejecutante, se declar\u00f3 legalmente secuestrado el predio siendo designado como secuestre el primero de los nombrados. <\/p>\n
2.5. Las diligencias retornaron al despacho cognoscente a efectos de resolver la oposici\u00f3n, lo que ocurri\u00f3 el 21 de noviembre de 2021, mediante auto en el cual se accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.6. Dicha decisi\u00f3n fue apelada por Pedraza Beltr\u00e1n y Cerroriente Ltda., y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 27 de septiembre de 2022; a su turno, la sociedad ejecutada solicit\u00f3 la adici\u00f3n de este prove\u00eddo, pero su pretensi\u00f3n fue desestimada el 6 de diciembre siguiente. <\/p>\n
3. Liliana Pedraza Beltr\u00e1n fundamenta su queja constitucional en que, supuestamente, \u00abel Juzgado\u2026 aparte de dilatar el proceso, de oficio armo la defensa del opositor, cambio el tr\u00e1mite de incidente de levantamiento de medidas cautelares a oposici\u00f3n al secuestro, de oficio decreto pruebas y las que presento la ejecutada para demostrar que all\u00ed no hab\u00eda poseedor sino invasor de tierras, nada valoro y contra derecho y ley acepto la oposici\u00f3n al secuestro y desafortunadamente el Honorable Tribunal\u2026 sin an\u00e1lisis del recurso presentado y las pruebas allegadas, confirmo la decisi\u00f3n [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, critica la sind\u00e9resis de las autoridades de primer y segundo grado al acceder a la oposici\u00f3n en tanto, a su juicio, no tuvieron en cuenta que: \u00ab(\u2026) La oposici\u00f3n del bien embargado y que tiene medida cautelar de estado de protecci\u00f3n patrimonial no puede ser objeto de oposici\u00f3n al secuestro del mismo con fundamento en oposici\u00f3n de un tercero que alega posesi\u00f3n, pues elemental es que ni siquiera el due\u00f1o puede prometer v\u00e1lidamente la venta de este (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, asegura que \u00ab(\u2026) el juzgado de instancia ignora de forma torticera el caudal probatorio presentado\u2026 en la cual se demostraba que el opositor a la diligencia de secuestro no es ning\u00fan poseedor sino un invasor de tierras denunciado penalmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abse anule[n]\u00bb las determinaciones cuestionadas y ordenar a la c\u00e9lula judicial de primer grado que, en su lugar, \u00abemita auto que corresponda con el derecho sobre la ley de v\u00edctimas, con la realidad procesal vista en las pruebas legalmente obtenidas e incorporada al proceso ejecutivo [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente del prove\u00eddo atacado se opuso a la prosperidad de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que la gestora no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de alguna de las denominadas \u00ab\u201ccausales de procedencia\u201d, tanto gen\u00e9ricas como espec\u00edficas que menoscaben su legitimidad y legalidad, determinen una indebida labor de adecuaci\u00f3n normativa o un impropio entendimiento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, advirti\u00f3 que \u00ablos aspectos materia de censura expuestos en sede de tutela\u2026 se analizaron en el referido auto [de 27 de septiembre de 2022]\u2026 de modo que lo pretendido por la promotora del ruego tuitivo es reabrir un debate ya clausurado\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo atenerse a lo resuelto al interior del compulsivo fustigado, advirtiendo que en su tramitaci\u00f3n \u00abno vulner\u00f3 ninguna prerrogativa fundamental a las partes intervinientes\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Promiscuo Municipal de Vista Hermosa, infirm\u00f3 que, por virtud de la comisi\u00f3n otorgada por la c\u00e9lula judicial indicada en el p\u00e1rrafo precedente, llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro del predio denominado El Porvenir el 5 de noviembre de 2019 y que, una vez agotado el objeto de la misma, devolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n al juzgado de origen el 10 de diciembre de aquel a\u00f1o. <\/p>\n
4. Leonel Alberto Buitrago indic\u00f3 que, en efecto, se opuso a la diligencia de secuestro, porque as\u00ed le fue solicitado \u00abpor [su] patr\u00f3n Quenedi Osorio Sierra, quien es el due\u00f1o del predio\u2026 pues para la \u00e9poca [se] desempe\u00f1aba como capataz de la finca contratado por el se\u00f1or Osorio\u00bb. Solicit\u00f3 ser \u00abdesvinculado\u00bb del tr\u00e1mite por cuanto no le constan ninguno de los dem\u00e1s hechos se\u00f1alados por la gestora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Liliana Pedraza Beltr\u00e1n, dentro del proceso ejecutivo 2019-00262 en el que es demandante, al confirmar el auto por medio del cual el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito admiti\u00f3 la oposici\u00f3n al secuestro formulada por Qu\u00e9nedi Osorio Sierra quien adujo ser poseedor del predio sobre el que recay\u00f3 la diligencia. <\/p>\n
Lo anterior porque, aun cuando el reclamo abarca la determinaci\u00f3n de primera instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la Sala Civil de la aludida colegiatura, dado que fue la que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada pues, tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones que sirvieron de sustento a la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto del 27 de septiembre de 2022 por medio del cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la admisi\u00f3n de la oposici\u00f3n al secuestro presentada por Qu\u00e9nedi Osorio Sierra, quien dijo ser poseedor del bien, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, como de las pruebas practicadas en el juicio respectivo. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura accionada, luego de hacer un recuento del acontecer procesal, de los motivos de disenso formulados por los apelantes1 y de las disposiciones legales aplicables al asunto concreto, advirti\u00f3 que la persona que se resisti\u00f3 al secuestro del predio denominado \u00abEl Porvenir\u00bb se encontraba legitimado en tanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Leonel Alberto Buitrago, como tenedor del inmueble, en representaci\u00f3n de Quenedi Osorio Sierra, present\u00f3 oposici\u00f3n al secuestro, para lo cual manifest\u00f3 encontrarse en el terreno como administrador, igualmente, el opositor es ajeno a la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no le son oponibles las consecuencias jur\u00eddicas que de ella puedan derivarse (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 de los reparos formulados contra la providencia impugnada, dividi\u00e9ndolos en dos grupos. El primero de ellos relativo a la imposibilidad de declarar acto posesorio alguno sobre el predio objeto de la diligencia de secuestro \u00abpor virtud de la \u201cmedida cautelar: 04006protecci\u00f3n jur\u00eddica del predio\u201d, decretada mediante la Resoluci\u00f3n No. 2163 del 7 de septiembre de 2020, por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de Villavicencio y que obra registrada en la anotaci\u00f3n No. 11 del referido documento\u00bb. Frente a este tema dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es cierto, tal y como lo alegaron los apelantes, que la juez a quo se limit\u00f3 a referir, de manera lac\u00f3nica, la fecha en la que la medida fue decretada y, seg\u00fan lo aducido por la mentada Unidad, esta ser\u00eda \u201clevantada hasta que se profiera una decisi\u00f3n de fondo\u201d que defina el tr\u00e1mite administrativo en el que fue dispuesta. <\/p>\n
Empero, m\u00e1s all\u00e1 de eso, y como lo especific\u00f3 la UAEGRT en la respuesta que brid\u00f3 en el marco del incidente de oposici\u00f3n, mediante oficio URT-DTMV-01714 de 6 de abril de 2011, la pluricitada cautela tiene un car\u00e1cter \u201cpreventivo y publicitario\u201d con base en lo normado en el numeral 6 del art\u00edculo 73 de la Ley 1448 de 2011, esto es, que los terceros interesados conozcan el tr\u00e1mite administrativo adelantado por esa entidad, sin que pueda esgrimirse, de manera alguna, que la misma se constituye en un obst\u00e1culo de car\u00e1cter \u201clegal\u201d para la prosperidad de la oposici\u00f3n promovida\u2026 fundada en un \u201checho\u201d que, de encontrarse probado, no acarrear\u00e1 otra consecuencia distinta a la del levantamiento del escuestro\u00bb. <\/p>\n
Hizo \u00e9nfasis en que, tanto el decreto del embargo como la pr\u00e1ctica del secuestro fueron anteriores a la inscripci\u00f3n de la restricci\u00f3n decretada en el marco del tr\u00e1mite administrativo de restituci\u00f3n de tierras, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sin que por cuenta de esta \u00faltima, hubiera procedido el respectivo registrador a levantar la primera, significando entonces, que la causa civil prosegu\u00eda su curso normal, hasta tanto se ordene lo contrario o se disponga el saneamiento del predio, como consecuencia de la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras del respectivo solicitante, si es que a ello hubiere lugar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En torno al segundo grupo de reparos, que abarcaban las quejas relativas a \u00ab(i) qui\u00e9n es la persona que aparece registrada como titular\u2026 en el respectivo certificado de tradici\u00f3n, (ii) la falta de an\u00e1lisis de todas las anotaciones del referido folio y (iii) la inconducencia de la prueba de oficio decretada, con el fin de que se aportara la sentencia dictada en primer grado dentro del proceso de usucapi\u00f3n promovido por el opositor\u00bb, al amparo de las pruebas decretadas y practicadas en el tr\u00e1mite del incidente de oposici\u00f3n, indic\u00f3 que ninguna estuvo dirigida a: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) atacar la condici\u00f3n de poseedor del opositor para el momento de la pr\u00e1ctica del secuestro -5 de noviembre de 2019-, circunstancia esta sobre la que gravita el incidente bajo an\u00e1lisis; contrario sensu, se contraen a establecer contextos que en nada desdicen de esa calidad, la cual, seg\u00fan lo manifestado por el tercero en la diligencia de interrogatorio decretado de oficio, y por los testigos Leonel Alberto Buitrago y Arqu\u00edmedes Z\u00e1rate, administrador y trabajador de la finca, en su orden, logr\u00f3 demostrarse (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, advirti\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es el tr\u00e1mite incidental de oposici\u00f3n, la v\u00eda jur\u00eddica id\u00f3nea para analizar ni calificar, las circunstancias y los medios por los cuales el opositor ingres\u00f3 al inmueble objeto de la cautela y, si su posesi\u00f3n es o no de buena fe, pues, como tambi\u00e9n ya se indic\u00f3 de manera preliminar, el asunto se circunscribe a establecer si Quenedi Osorio Sierra es se\u00f1or y due\u00f1o del predio objeto del mismo, en el momento en que la diligencia fue practicada, tal y como qued\u00f3 demostrado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis ponderado y cr\u00edtico de las pruebas allegadas por las partes a la actuaci\u00f3n, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas adosadas al proceso y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recu\u00e9rdese que el auto fue impugnado tanto por Liliana Pedraza Beltr\u00e1n como por Cerroriente Ltda. <\/p>\n
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