STC4178-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02004-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 14 de octubre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido, mediante apoderado, por Mar\u00eda Edith Riasa Ortiz contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado 8 Laboral del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado 050013105008201700998. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital y dignidad humana. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Edith Riasa Ortiz y su hija interpusieron una demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, para que se declarara su condici\u00f3n de beneficiarias de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el compa\u00f1ero permanente de la primera, \u00d3scar Henao Chica, y se le condenara al pago de la prestaci\u00f3n, el retroactivo, la indexaci\u00f3n y los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 1993. <\/p>\n
Expusieron que Riasa Ortiz y Henao Chica convivieron en uni\u00f3n libre y que este \u00faltimo falleci\u00f3 el 18 de noviembre de 1986, estando afiliado al I.S.S. y casado al tiempo con Mar\u00eda Luc\u00eda Hern\u00e1ndez de Henao. <\/p>\n
2.2. El 2 de abril de 2019, el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Medell\u00edn absolvi\u00f3 a Colpensiones, decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 el 26 de mayo de 2020, tras considerar que, para la fecha del fallecimiento del causante, estaba vigente el Decreto 3041 de 1966, que dispon\u00eda que el derecho de las compa\u00f1eras permanentes para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes era secundario, ya que era desplazado por la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. <\/p>\n
2.3. En sentencia CSJ SL1730-2022, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte no cas\u00f3 el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.4. En criterio de la actora, la Sala de Casaci\u00f3n convocada desconoci\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Constitucional -sentencia SU 454 de 2020-, que estableci\u00f3 que el Decreto 3041 de 1966 generaba una discriminaci\u00f3n injustificada para las compa\u00f1eras permanentes, por lo que, en aplicaci\u00f3n del principio de la retrospectividad de la ley, esta norma deb\u00eda ser analizada en consonancia con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en sus art\u00edculos 5, 13 y 42. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 revocar la sentencia CSJ SL1730-2022 y que se ordene proferir otra que resguarde los derechos reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Colpensiones pidi\u00f3 negar la tutela, por cuanto ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales se materializ\u00f3 en la sentencia reprochada. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del I.S.S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, dado que no hizo parte en el proceso ordinario laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque la decisi\u00f3n censurada no incurri\u00f3 en los vicios alegados, destacando, a su vez, que lo relativo a la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad s\u00ed fue analizado y descartado en el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la actora reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial y solicit\u00f3 revocar el fallo de primera instancia, en tanto se apart\u00f3 de la interpretaci\u00f3n que para el caso dio la Corte Constitucional en la sentencia SU454 de 2020, sin exponer razones para su desconocimiento. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se revoque el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n convocada y que se ordene emitir uno nuevo, dado que, argumenta, desconoce la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la igualdad de la compa\u00f1era permanente en la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
3. En el fallo cuestionado, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral puso de presente, inicialmente, que en este caso no se controvirtieron los supuestos f\u00e1cticos que el Tribunal encontr\u00f3 demostrados, esto es, que el c\u00f3nyuge de la se\u00f1ora Mar\u00eda Luc\u00eda Hern\u00e1ndez de Henao falleci\u00f3 el 17 de noviembre de 1986 y que para entonces hab\u00eda cotizado al ISS un total de 651,43 semanas. <\/p>\n
Precisado lo anterior, la Sala accionada sostuvo que el Tribunal Superior de Medell\u00edn consider\u00f3 que, en el sub examine, resultaba aplicable la Ley 90 de 1946, dado que esta norma se encontraba vigente cuando se produjo el fallecimiento del causante, lo cual le permiti\u00f3 deducir que la actora no era destinataria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por cuanto al causante le sobreviv\u00eda su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, quien, seg\u00fan la normativa entonces aplicable, ten\u00eda un derecho prevalente y excluyente frente a la compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
Ahora bien, en particular sobre el argumento de la recurrente en casaci\u00f3n, referente a que, bajo el principio de favorabilidad de que trata el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los derechos de las compa\u00f1eras permanentes se encontraban en un plano de igualdad frente a los de las c\u00f3nyuges sup\u00e9rstites, la Sala de Casaci\u00f3n accionada afirm\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n -CSJ SL4200-2016-, el art\u00edculo 1 de la Ley 12 de 1975 mantuvo el car\u00e1cter supletorio del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes en favor de las compa\u00f1eras permanentes, condicionado a la falta de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, seg\u00fan lo establecido por el art\u00edculo 55 de la Ley 90 de 1946, siendo esta la disposici\u00f3n aplicable para el momento de la muerte del causante -17 de noviembre de 1986-, criterio que fue ratificado en la sentencia CSJ SL2469-2021. <\/p>\n
De manera que, como se acredit\u00f3 que el causante se encontraba casado con Mar\u00eda Luc\u00eda Hern\u00e1ndez de Henao, con quien conviv\u00eda, la compa\u00f1era no pod\u00eda acceder a la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Frente a esa conclusi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n demandada destac\u00f3 que el suceso de la convivencia simult\u00e1nea como acontecimiento previsible por la seguridad social para concebir la coexistencia de beneficiarias de la pensi\u00f3n de sobrevivientes -c\u00f3nyuge y compa\u00f1era permanente-, vino a establecerse con el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 47 de la Ley 100 de 1993, no siendo posible su aplicaci\u00f3n a situaciones ocurridas con antelaci\u00f3n, por cuanto la preceptiva aplicable era la vigente al momento del fallecimiento del causante que, para el caso en estudio, era la prevista por el art\u00edculo 55 de la Ley 90 de 1946, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo a\u00f1o y la Ley 12 de 1975. <\/p>\n
En cuanto al reproche de la recurrente en casaci\u00f3n de que no deb\u00eda aplicarse el derecho supletorio de la compa\u00f1era permanente frente a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, con fundamento en el principio de favorabilidad establecido por el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada expres\u00f3 que, seg\u00fan lo afirmado por esa Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL982-2021, tal proceder no era posible, dado que <\/p>\n
ante la claridad de la interpretaci\u00f3n de la norma en comento, el Tribunal no estaba habilitado para acudir al principio de favorabilidad constitucional, pues este solo es aplicable cuando existe una duda real, seria, aut\u00e9ntica y objetiva que genere dos comprensiones o m\u00e1s de la misma norma (in dubio pro operario) o se est\u00e9 ante dos o m\u00e1s normas aplicables (regla m\u00e1s favorable), caso en el cual se debe optar por la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n m\u00e1s favorable a la parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n de trabajo. <\/p>\n
En ese contexto, dijo que no le asist\u00eda raz\u00f3n a la censura en invocar la rectificaci\u00f3n jurisprudencial contenida en la sentencia CSJ SL672-2021 y, con base en ella, pretender la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad para resolver la solicitud prestacional deprecada, pues, en esa oportunidad, la Corte no se enfrent\u00f3 al fen\u00f3meno de la aplicaci\u00f3n m\u00e1s favorable de la norma, sino a la existencia de un vac\u00edo legislativo respecto de los destinatarios de la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1 de la Ley 12 de 1975. <\/p>\n
4. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, por virtud de los cuales concluy\u00f3 que la actora no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n reclamada, pues era un hecho aceptado que, al momento del fallecimiento del se\u00f1or Oscar Henao Chica, este se encontraba casado y conviv\u00eda con Mar\u00eda Luc\u00eda Hern\u00e1ndez de Henao, por lo que era esta quien ten\u00eda un derecho prevalente y excluyente a la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, dado que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha definido que lo procedente es aplicar las normas vigentes al momento del fallecimiento, que no contemplaban un derecho concurrente para la c\u00f3nyuge y la compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, es menester se\u00f1alar que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb, ni para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto\u00bb1, sumado a que esta instancia no tiene por objeto volver a realizar un estudio del material probatorio allegado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
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