STC4186-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4186-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 21 de febrero de 2023, que neg\u00f3, por improcedente, la tutela promovida por Mar\u00eda Rosa1 contra el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, las Comisar\u00edas de Familia de Engativ\u00e1 II y Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda, el Ej\u00e9rcito Nacional, el Ministerio de Defensa, la Polic\u00eda Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica2. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclama, a trav\u00e9s de apoderado, la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores a la vida en condiciones dignas y prevenci\u00f3n del feminicidio, as\u00ed como la protecci\u00f3n de los derechos de su hija menor de edad, Mar\u00eda Luc\u00eda. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se establecen los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora aduce que, el 4 de agosto de 2004, contrajo matrimonio con Pedro Juan, uni\u00f3n de la cual naci\u00f3 su hija, quien ha sido diagnosticada con epilepsia, problemas relacionados con la crianza y trastornos de ansiedad. <\/p>\n
2.2. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que, el 15 de febrero de 2019, fue atendida en la Cl\u00ednica Sagrado Coraz\u00f3n de Medell\u00edn, estableci\u00e9ndose que sufri\u00f3 unos trastornos en la cabeza, por agresiones de su pareja, siendo evaluada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cual le dej\u00f3 una incapacidad de 8 d\u00edas. <\/p>\n
El 21 de marzo de 2019, la Polic\u00eda de Bogot\u00e1, pese a conocer los hechos, se limita a entregarle una cartilla de medidas de autoprotecci\u00f3n, sin brindar apoyo alguno para garantizar su seguridad. <\/p>\n
El 4 de julio de 2019, la Direcci\u00f3n de Familia y Asistencia Social del Ej\u00e9rcito Nacional, en cumplimiento de una orden de la Comisar\u00eda de Familia de Engativ\u00e1 II, emiti\u00f3 el formato de remisi\u00f3n de redes de apoyo, por no adopt\u00f3 medida alguna para salvaguardar su vida. <\/p>\n
El 20 de abril de 2020, la Comisar\u00eda de Familia de Puente Aranda avoc\u00f3 el conocimiento de la medida de protecci\u00f3n 307-2020 y orden\u00f3 al se\u00f1or Pedro Juan abstenerse de ejercer cualquier acto de violencia f\u00edsica, sexual, psicol\u00f3gica, econ\u00f3mica agresi\u00f3n, maltrato, amenaza u ofensa en su contra. El 1\u00ba de diciembre siguiente, le orden\u00f3 cesar todas las conductas anteriores y asistir a tratamiento psicol\u00f3gico; asimismo, ofici\u00f3 a las autoridades de polic\u00eda para la protecci\u00f3n y apoyo a la tutelante, con el fin de evitar nuevos hechos de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las actuaciones referidas, la actora afirma que, como ninguna de las autoridades citadas realiz\u00f3 acciones efectivas para que ella no corriera peligro, el 20 de diciembre de 2020, fue nuevamente agredida por su expareja, en un intento de feminicidio. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la promotora pretende que: i) se efectivice la cautela ordenada en el proceso ejecutivo de alimentos; y ii) se ordene a los accionados que ubiquen al se\u00f1or Pedro Juan en un municipio distinto al suyo y que ella sea reubicada fuera del pa\u00eds, junto con su hija, con el apoyo de las agencias encargadas de proteger a las mujeres v\u00edctimas de violencia intrafamiliar por parte de los miembros de la Fuerza P\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, el 16 de diciembre de 2022, libr\u00f3 mandamiento de pago en el proceso ejecutivo de alimentos impulsado por la tutelante contra Pedro Juan y decret\u00f3 el embargo del 40% del salario del ejecutado, para lo cual ofici\u00f3 al pagador el Ej\u00e9rcito Nacional el 27 de enero de 2023. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Sexta de Familia de Puente Aranda afirm\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2020, porque la actora no inform\u00f3 el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta a su favor. <\/p>\n
3. Pedro Juan asever\u00f3 que ha cumplido sus obligaciones como padre, que ha actuado correctamente, no ha agredido a la actora y que ella busca que \u00e9l sea traslado a una zona de alto riesgo. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Familia y Bienestar del Ej\u00e9rcito Nacional indic\u00f3 que ha cumplido con sus funciones y que no le corresponde investigar las conductas delictivas referidas por la censora, pues esa es funci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ni realizar traslados de los uniformados, dado que esa facultad es de la direcci\u00f3n de personal. <\/p>\n
5. La Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 inform\u00f3 que solo intervino en la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 8 de julio de 2019, en la cual las partes acordaron el r\u00e9gimen de visitas y alimentos de su hija. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda 152 Judicial II de Familia manifest\u00f3 que la tutela es improcedente, ya que no se desconoci\u00f3 la ley. <\/p>\n
7. La Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Comando General del Ej\u00e9rcito, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Personer\u00eda Distrital de Bogot\u00e1 pidieron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo propuesto contra el Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, porque s\u00ed comunic\u00f3 la medida cautelar decretada en el juicio ejecutivo de alimentos al empleador, novedad que se registrar\u00eda en febrero de 2023, lo cual ser\u00eda verificado en su oportunidad. <\/p>\n
De otro lado, advirti\u00f3 que la actora no hab\u00eda elevado petici\u00f3n alguna al Ej\u00e9rcito Nacional y no inform\u00f3 del incumplimiento de la medida impuesta por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Puente Aranda, por lo que la tutela no cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, dada la respuesta emitida por la Direcci\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional, exhort\u00f3 a la entidad, para que informara a la accionante las redes externas de apoyo que ha activado a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante cuestiona que se le exija reclamar ante el Ej\u00e9rcito Nacional el traslado de su agresor, pues se desconoce que ella tiene una medida de protecci\u00f3n que no se ha acatado, la cual se debe hacer cumplir, sin que se le pueda reprochar a la v\u00edctima la falta de acci\u00f3n de las autoridades competentes. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora censura que no se haya materializado la cautela que se emiti\u00f3 en el proceso ejecutivo de alimentos y que, pese a que tiene una medida de protecci\u00f3n a su favor y a que los hechos de violencia intrafamiliar en su contra se han reportado a las autoridades competentes, no se han adoptado medidas para garantizar su integridad y la de su hija, lo cual dio lugar a las agresiones que sufri\u00f3 el 28 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Posteriormente, al radicar escrito de contestaci\u00f3n, el accionado alleg\u00f3 pantallazos de las transferencias bancarias realizadas a la cuenta de ahorros de la actora en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 y en enero de 2023, entre otros de a\u00f1os anteriores. <\/p>\n
Por auto del 19 de abril de 2023, el Juzgado tuvo por contestada oportunamente la demanda, corri\u00f3 traslado de las excepciones propuestas y neg\u00f3 el pago de los t\u00edtulos judiciales pendientes, porque, de la documental aportada por el ejecutado, se extra\u00eda que se efectuaron las trasferencias a favor de la ejecutante en los a\u00f1os 2022 y 2023, por lo cual consider\u00f3 que se requer\u00eda que est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, para resolver lo pertinente. Igualmente, neg\u00f3 la consignaci\u00f3n en la cuenta particular de la ejecutante, aduciendo que las cuotas se deb\u00edan depositar en el Banco Agrario, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, el apoderado de la tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, en particular, referente a la no entrega de los t\u00edtulos judiciales y al pago a la cuenta bancaria de su apoderada, del cual se corri\u00f3 traslado el pasado 28 de abril. <\/p>\n
De lo anterior se deduce que la materializaci\u00f3n de la medida cautelar ordenada y, concretamente, la entrega de los t\u00edtulos judiciales es un aspecto que est\u00e1 siendo objeto de discusi\u00f3n en el proceso, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n interpuesto, de manera que no puede el juez de tutela adelantarse a resolver un asunto que debe decidir el operador judicial de conocimiento, dada la naturaleza residual y subsidiaria y de la acci\u00f3n de amparo constitucional3. <\/p>\n
3. Por otro lado, referente al incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n ordenadas a favor de la accionante por la Comisar\u00eda Sexta de Familia de Puente Aranda, no se advierte que la tutelante hubiera puesto en conocimiento de esa autoridad la situaci\u00f3n planteada, para que adoptara las decisiones pertinentes, raz\u00f3n por la cual no puede el juez de tutela resolver un eventual incumplimiento o desacato, pues estar\u00eda sustituyendo al competente y los procedimientos correspondientes, lo cual es improcedente, pues, como se indic\u00f3, esta instancia es subsidiaria. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 La tutelante, en lo referente a los reproches formulados contra el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, fue enviada, por competencia, a los Jueces Penales del Circuito de la ciudad (reparto), por auto del 8 de febrero de 2023. <\/p>\n
3\u0002 En ese sentido, ver cita en CSJ STC670-2023. <\/p>\n
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