STC4193-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4193-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-21-000-2023-10021-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 30 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Lissette Montiel de \u00c1vila formul\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, la Gobernaci\u00f3n del Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Santa Catalina y Providencia, y la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia – OCCRE, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Consejo Superior de la Judicatura (Unidad de Carrera Judicial) la Procuradur\u00eda Regional y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andr\u00e9s. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo e igualdad, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que fue nombrada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andr\u00e9s Isla, mediante Resoluci\u00f3n 004 de 2 de marzo de 2023 en el cargo de Asistente Social Grado 1 de Juzgado y la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia OCCRE le neg\u00f3 la solicitud de residencia temporal que le radic\u00f3 el 6 de marzo de 2023, la cual necesitaba para posesionarse en el cargo para el que concurs\u00f3, ingres\u00f3 en lista como \u00fanica aspirante. <\/p>\n
Indic\u00f3 que tem\u00eda 39 a\u00f1os de edad, era madre cabeza de familia con una hija de 16 a\u00f1os, no gozaba de un trabajo estable ni de una vinculaci\u00f3n laboral con alguna empresa, por lo que el acceso al cargo p\u00fablico referido, le representar\u00eda su mejor oportunidad para seguir progresando en su profesi\u00f3n y lograr el bienestar de su familia, eventualidad que se vio afectada con la decisi\u00f3n negativa que obtuvo de esa entidad, pues se declarar\u00eda vacante el puesto al que se postul\u00f3 y perder\u00eda la posibilidad de ser posesionada. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que era de conocimiento p\u00fablico el \u00abmal recibimiento hacia los empleados que proven\u00edan de afuera de la dicha zona insular y que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar no hab\u00eda hecho pronunciamiento alguno en cuanto a concientizar a las personas residentes y nativas de San Andr\u00e9s, sobre la naturaleza y el derecho de acceso para el ejercicio de dichos cargos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3, ordenar (i) a la \u00abGobernaci\u00f3n de San Andr\u00e9s Isla y\/o a la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia OCCRE (\u2026) otorgar la tarjeta de residencia\u00bb pretendida y, (ii) al \u00abConsejo Seccional de la Judicatura (\u2026) concientizar a los profesionales aspirantes residentes y nativos de San Andr\u00e9s sobre la naturaleza y acceso al ejercicio de los empleos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Como medida provisional, pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos concedidos por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andr\u00e9s Isla para posesionarse en el cargo en el que fue nombrada, petici\u00f3n a la que se accedi\u00f3 con la admisi\u00f3n de la tutela. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia – OCCRE, inform\u00f3 que el cargo que pretend\u00eda ocupar la accionante, no contaba con la calidad de autoridad (jurisdiccional) exigida para expedirle la tarjeta de residencia solicitada. Resalt\u00f3, que el acuerdo de la convocatoria en la que particip\u00f3 la interesada hab\u00eda establecido las reglas del proceso de selecci\u00f3n para proveer los empleos de vacancia definitiva en la Isla, para lo que deb\u00eda acreditar el dominio del idioma ingl\u00e9s y la residencia en esta, conforme a las normas especiales migratorias que rigen en ese departamento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, indic\u00f3 que no hab\u00eda incurrido en ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que amenazara o vulnerara los derechos fundamentales invocados por la actora. Advirti\u00f3, que no le correspond\u00eda realizar comunicados o jornadas de sensibilizaci\u00f3n del c\u00f3mo se deb\u00eda entender una norma, por lo que tal petici\u00f3n exced\u00eda sus competencias. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que en el Acuerdo CSJBOA17-609 de 2017, comunic\u00f3 las reglas de la convocatoria aludida, marco bajo el cual, en atenci\u00f3n a los art\u00edculos pertinentes de la Ley 270 de 1996, as\u00ed como el Acuerdo 4856 de 2008, los respectivos nominadores deb\u00edan realizar el proceso de nombramiento y posesi\u00f3n de los aspirantes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de San Andr\u00e9s, se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda nombrado a la accionante en el cargo que ten\u00eda vacante, sin embargo, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de San Andr\u00e9s Isla le hab\u00eda informado, que no se hab\u00eda radicado \u00absolicitud alguna para la aplicaci\u00f3n del San Andr\u00e9s Creole oral proficiency test (SACOPT) a nombre de la se\u00f1ora Lissette Aurelia Montiel de Avila\u00bb, de obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de dicho territorio insular, cuya implementaci\u00f3n inici\u00f3 el 10 de octubre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Consejo Superior de la Judicatura (Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial) aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que la expedici\u00f3n de la tarjeta de residencia mencionada, le compet\u00eda a la OCCRE. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, tras rese\u00f1ar la Ley 47 de 1993, el Decreto 2762 de 1991 y lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencias C-530 de 1993, T-294 de 2018 y C-102 de 2022, asumi\u00f3 la postura de la Sala Laboral de esta Corte en fallo de tutela STL15246 de 20221, e indic\u00f3 que la negativa de la OCCRE -en estos casos- originaba un trato \u00abdiscriminatorio\u00bb para las personas que se encontraban pendientes por ser posesionadas en los cargos para los que se hab\u00edan postulado, luego de haber superado las etapas de un concurso de m\u00e9ritos como el mencionado. <\/p>\n
De esa manera, concedi\u00f3 el amparo solicitado, pese a que la accionante no ejercer\u00eda \u00abfunciones jurisdiccionales dada su condici\u00f3n de empleada judicial, ejerce funci\u00f3n p\u00fablica y en orden a ello, no habr\u00eda raz\u00f3n para no ser incluida dentro de la excepci\u00f3n contemplada en la plurirese\u00f1ada sentencia C-530 de 1993 sin finalidad leg\u00edtima que justifique este trato diferenciado\u00bb. <\/p>\n
TR\u00c1MITE POSTERIOR A LA SENTENCIA <\/p>\n
En auto de 13 de abril de 2023, el Tribunal Superior neg\u00f3 la solicitud de nulidad presentada por Yamilet Williams Bryan, actual ocupante -en provisionalidad- del cargo para el cual fue nombrada la aqu\u00ed demandante, en el Juzgado vinculado. <\/p>\n
Para lo anterior, precis\u00f3 \u00abque la figura de nulidad de las sentencias no se encuentra contemplada en el Decreto 2591 de 1991 y que si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional la aplica, ello es, de forma excepcional ya que en el decurso normal del proceso de acci\u00f3n de tutela, el inconforme con una decisi\u00f3n de instancia cuenta con la impugnaci\u00f3n del fallo y a\u00fan el recurso de revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, consider\u00f3 innecesaria la vinculaci\u00f3n echada de menos, pues la tutela solo estaba \u00abencaminada (\u2026) a lograr la superaci\u00f3n de un requisito de residencia, lo que no depend\u00eda sino de las entidades accionadas (\u2026) ya que el fin de la acci\u00f3n de amparo se dirig\u00eda a lograr un pronunciamiento de las Agencias del Estado que fueron vinculadas como demandadas\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a otra petici\u00f3n de invalidaci\u00f3n de lo actuado que, por falta de competencia, formul\u00f3 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andr\u00e9s, se\u00f1al\u00f3 que \u00abfue concomitante con la impugnaci\u00f3n planteada con argumentos para ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia, raz\u00f3n por la cual (se abstuvo) de realizar pronunciamiento al respecto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La formul\u00f3 la Oficina de Control Circulaci\u00f3n y Residencia – OCCRE para insistir en su negativa a expedir la tarjeta de residencia solicitada por la accionante, debido a que \u00e9sta no cumpl\u00eda los requisitos legales para tal finalidad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la concursante conoc\u00eda las reglas de la convocatoria desde el inicio, por lo que ahora no pod\u00eda quejarse por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, los que consider\u00f3 libres de esa afectaci\u00f3n, habida cuenta que el derecho a acceder a cargos p\u00fablicos no era absoluto, y estaba sujeto a l\u00edmites y requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, en especial, los controles de densidad poblacional de la isla de la San Andr\u00e9s. <\/p>\n
Subray\u00f3, que situaciones como la relatada, regeneraron \u00edndices de sobrepoblaci\u00f3n y problemas econ\u00f3micos y medio ambientales en la Isla, y, asimismo, tild\u00f3 de nulo el fallo, por cuanto el Tribunal que decidi\u00f3 no era competente para proferirlo, como s\u00ed lo ser\u00edan los Jueces de San Andr\u00e9s Isla, lugar donde se pusieron en riesgo los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En similar sentido, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andr\u00e9s, aleg\u00f3, que, en el asunto bajo an\u00e1lisis, era evidente que el cargo para el cual se postul\u00f3 la accionante no se encontraba relacionado dentro de las causales identificadas en el Sentencia C-530 de 1993. <\/p>\n
Acentu\u00f3, en que desde la expedici\u00f3n del Acuerdo PCSJA17-10643, el Consejo Superior de la Judicatura hab\u00eda puesto de presente los requisitos necesarios para aspirar a cargos como el referido e indic\u00f3, que el art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo 574 de 1999, expedido por la misma entidad, se\u00f1alaba, \u00abcon el formato de opci\u00f3n de sedes, en las oportunidades previstas en la ley y los reglamentos, deber\u00e1n allegar certificaci\u00f3n expedida por la Oficina de Control de Circulaci\u00f3n y Residencia \u2013 OCCRE, donde conste la calidad de Residente y acreditar el dominio del idioma ingl\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que si la entidad accionada de control poblacional de la isla -OCCRE- ya se hab\u00eda manifestado sobre la solicitud de la accionante, este pronunciamiento equival\u00eda a \u00abun acto administrativo, por lo que al interponerse esta acci\u00f3n constitucional y al no haberse se\u00f1alado que la misma se interpon\u00eda de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, deber\u00eda entonces la accionante haber acudido ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativa, pues (\u2026) se tornar\u00eda improcedente ya que lo que se ataca es el pronunciamiento que se dio por parte de la administraci\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
Igualmente reiter\u00f3, que el fallo se encontraba viciado de nulidad, pues el Tribunal de instancia no era el competente, debido a que la vulneraci\u00f3n alegada se registr\u00f3 en la Isla de San Andr\u00e9s. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ser\u00e1 lo primero se\u00f1alar que el tr\u00e1mite de primera instancia no se observ\u00f3 afectado de las nulidades mencionadas, primero, porque el Tribunal a quo se encontraba facultado para conocer del asunto, porque la acci\u00f3n de tutela se dirigi\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, al que la accionante le atribuy\u00f3 una omisi\u00f3n en relaci\u00f3n con la falta de \u00abconcientizar a las personas residentes y nativas de San Andr\u00e9s, sobre la naturaleza y el derecho de acceso para el ejercicio\u00bb de cargos p\u00fablicos, debido al presunto \u00abmal recibimiento hacia los empleados que proven\u00edan de afuera de la dicha zona insular\u00bb y, adem\u00e1s, porque si del lugar donde ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n o la amenaza que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n de esta tutela se tratara, era claro que el domicilio y residencia actual de la accionante, supuesta afectada con la vulneraci\u00f3n alegada, era la ciudad de Cartagena. <\/p>\n
Y es que, si bien, la interesada tambi\u00e9n pod\u00eda radicarla en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneraci\u00f3n, conforme a lo se\u00f1alado en el inciso primero del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, no pod\u00eda perderse de vista que se trataba de una facultad \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb de la titular del derecho, potestad que, para este caso, se vio materializada en la actuaci\u00f3n de la demandante, al haber accionado en su lugar de domicilio y residencia. <\/p>\n
Tampoco se observ\u00f3 falta de vinculaci\u00f3n en cuanto a la persona que ocupaba el cargo en el que fue nombrada la se\u00f1ora Montiel de \u00c1vila, en provisionalidad, o de los dem\u00e1s participantes de la convocatoria en la que fue enlistada como \u00fanica aspirante, pues, como se ver\u00e1 a espacio, la controversia aqu\u00ed otra, no hace referencia a la posesi\u00f3n final en dicha vacante, ni a las precisas reglas del concurso o situaci\u00f3n similar, sino, simplemente, a la inconformidad de la accionante con el acto administrativo a trav\u00e9s del cual, la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia OCCRE se neg\u00f3 a expedirle la tarjeta de residencia en San Andr\u00e9s, para posesionarse en el cargo para el que se postul\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Establecido lo anterior, debe recordarse que la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario, que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales-. <\/p>\n
Igualmente, para acudir a este mecanismo, los interesados deben agotar, ante la jurisdicci\u00f3n o entidad competente, la totalidad de los recursos ordinarios y extraordinarios que existan en la ley, para prevenir la situaci\u00f3n espec\u00edfica que cause una eventual violaci\u00f3n constitucional, so pena de incumplir uno de sus requisitos generales de procedibilidad, esto es, el de la subsidiariedad. (CSJ. STC2513-2023, entre muchas otras) <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora bien, cuando de actos administrativos se trata, la excepcionalidad de este amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, habida cuenta que, por su propia naturaleza, aquellos se encuentran amparados por una presunci\u00f3n de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, al momento de manifestarse a trav\u00e9s de sus distintos canales, debe acatar las normas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. (CSJ. STC11851-2022, STC1182-2023 y STC3703-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
De all\u00ed que el inconforme se encuentre obligado a demostrar, que el respectivo pronunciamiento de la administraci\u00f3n se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la entidad que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de controversia o, en su defecto, ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, previo el agotamiento de los recursos correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Lissette Montiel de \u00c1vila acudi\u00f3 inconforme con el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, la Gobernaci\u00f3n del Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Santa Catalina y Providencia, y la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia – OCCRE, porque esta \u00faltima, a trav\u00e9s de oficio 4939-2023 de 13 de marzo de 2023, se neg\u00f3 a expedirle la tarjeta de residencia temporal porque no se trataba de un cargo con funciones jurisdiccionales, documento necesario para posesionarse en el cargo para el que fue nombrada en Resoluci\u00f3n 004 de 2 de marzo anterior por el Juzgado Promiscuo de Familia de dicha Isla, esto es, el de Asistente Social de Juzgado de Familia, Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes Grado 1. <\/p>\n
En cuanto al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, ech\u00f3 de menos un pronunciamiento de este, en relaci\u00f3n con lo que denomin\u00f3 el rechazo de los residentes de la isla, cuando del nombramiento de personas procedentes de afuera para ocupar cargos p\u00fablicos se trataba. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Frente al primero de los reparos, ha de tenerse en cuenta, que el art\u00edculo 43 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, define los actos definitivos como aquellos que \u00abdecidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuaci\u00f3n\u00bb, es decir, disposiciones que crean, modifican o extinguen ciertas situaciones jur\u00eddicas concretas de los administrados, contra los que, por regla general, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 74 de la norma en cita, proceden los siguientes recursos, \u00ab1. El de reposici\u00f3n, ante quien expidi\u00f3 la decisi\u00f3n para que la aclare, modifique, adicione o revoque; 2. El de apelaci\u00f3n, para -sic- ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo prop\u00f3sito [\u2026] y, 3. El de queja, cuando se rechace el de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De tal manera, es claro que el oficio 4939-2023 de 13 de marzo de 2023, con el que la OCCRE se neg\u00f3 a expedir la tarjeta de residencia temporal varias veces mencionada, es uno de aquellos actos ante los que proced\u00edan los aludidos mecanismos de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En este caso, la se\u00f1ora Montiel de \u00c1vila no acredit\u00f3 haber agotado los se\u00f1alados recursos, como tampoco haber acudido ante la especialidad de lo contencioso administrativo, a solicitar, del juez natural, el pronunciamiento correspondiente, autoridad ante la cual, como se ha repetido en m\u00faltiples ocasiones, era posible pedir medidas cautelares, como la que, a manera de medida provisional, se elev\u00f3 en esta tutela (suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para posesionarse). <\/p>\n
Tal escenario debi\u00f3 traducirse por el a quo como el abierto desconocimiento del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a este tipo de acciones constitucionales, con lo que no pod\u00eda concluirse algo diferente, m\u00e1s que el fracaso del amparo en primer grado, ya que, es evidente, la accionante contaba con otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para discutir los argumentos que, de manera equivocada, trajo a conocimiento de esta especial jurisdicci\u00f3n constitucional, en acciones especialmente dise\u00f1adas por el Legislador para tales fines, y en ausencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En igual sentido lo que giraba en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n formulada frente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, pues, tampoco certific\u00f3 la accionante, que se hubiera dirigido al mismo a solicitarle lo que de manera improcedente pidi\u00f3 por medio de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque como lo ha replicado en m\u00faltiples ocasiones esta Corte, \u00absi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC483 de 2023, STC2513 de 2023). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Resta decir que en este asunto tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar la herramienta de manera excepcional, pues para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para proceder a revisar la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que el referido menoscabo debe consistir en un grave e inminente detrimento de un derecho fundamental que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su quebrantamiento, excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios, (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un evento de consideraci\u00f3n; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean inaplazables. Escenarios que no fueron probados en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
8. En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y, en su lugar, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, y, en consecuencia, NIEGA el amparo solicitado por Lissette Montiel de \u00c1vila. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con el que se revoc\u00f3 el dictado por la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, de 10 de junio de 2022, <\/p>\n
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STC4193-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4193-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-21-000-2023-10021-01 Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 30 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73077\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}