STC4195-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4195-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01518-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito P.H. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Seguros del Estado S.A. y a Interglobal Solutions S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La propiedad horizontal accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito P.H. formul\u00f3 una demanda contra Seguros del Estado S.A.S. e Interglobal Solutions S.A.S., para que se declarara que: i) la segunda, como contratista, no invirti\u00f3 el anticipo que se le entreg\u00f3 para ejecutar el contrato de obra 005\/2017 ni se allan\u00f3 a devolverlo, y que la primera, por virtud de la p\u00f3liza de cumplimiento otorgada, deb\u00eda pagar la indemnizaci\u00f3n por el correcto y buen manejo de dicho concepto, da\u00f1o emergente que estableci\u00f3 en $ 7\u00b4141.936, m\u00e1s el lucro cesante por el valor de los intereses moratorios; ii) Interglobal Solutions S.A.S. incumpli\u00f3 parcialmente el contrato, oblig\u00e1ndola a pagar $ 64\u00b4560.460 de da\u00f1o emergente, y ordenando a la aseguradora cancelar la cobertura del incumplimiento contractual y el lucro cesante, derivado de los intereses moratorios; iii) la contratista incumpli\u00f3 parcialmente el acuerdo de utilizar en la obra elementos de las calidades exigidas1, siendo responsable de pagar, por da\u00f1o emergente, $ 89\u00b4414.851 (incluido AIU y el IVA sobre la utilidad), y la aseguradora lo relativo amparo de calidad y el lucro cesante por ese aspecto. Lo anterior, qued\u00f3 relacionado en el juramento estimatorio. <\/p>\n
2.2. Admitido el tr\u00e1mite por el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y surtidas las notificaciones pertinentes, las accionadas contestaron la demanda y formularon excepciones de m\u00e9rito. Por su parte, Interglobal Solutions S.A.S. present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n y objet\u00f3 el juramento estimatorio, entre otros, frente a la pretensi\u00f3n tercera, derivada de la calidad de los elementos de la obra, porque: i) la suma de los rubros no arrojaba el valor indicado2; ii) el cambio del asfalto se dio por culpa del contratante y fue asumido por la contratista; y iii) los aspectos relacionados no ten\u00edan soporte ni la cantidad indicada; en consecuencia, pidi\u00f3 que se aplicaran las sanciones previstas en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. Para rebatir la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, la accionante alleg\u00f3 un dictamen pericial. <\/p>\n
2.4. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 6 de mayo de 2022, el Juzgado dict\u00f3 sentencia, en la que, entre otros, declar\u00f3: i) que Interglobal Solutions S.A.S. no invirti\u00f3 $ 7\u00b4145.936 de los $ 20\u00b4275.950 que recibi\u00f3 como anticipo, por lo que conden\u00f3 a Seguros del Estado, como garante, al pago de la indemnizaci\u00f3n correspondiente, en la suma no invertida y los intereses moratorios del 10 de agosto al 5 de octubre de 2018; ii) que la contratista incumpli\u00f3 parcialmente el contrato, imponi\u00e9ndole el pago $ 64\u00b4560.460 por concepto de da\u00f1o emergente, obligando a la aseguradora a pagar por indemnizaci\u00f3n derivada del siniestro de incumplimiento $ 47\u00b4000.000, m\u00e1s interese moratorios; iii) neg\u00f3 la pretensi\u00f3n tercera de la demanda; iv) declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n del juramento estimatorio formulada por Interglobal Solutions S.A.S., referente a la calidad de los materiales incluida en esa pretensi\u00f3n, por lo cual conden\u00f3 a la propiedad horizontal accionante inicial a pagar $ 8\u00b4941.485; v) neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda de reconvenci\u00f3n; y vi) conden\u00f3 en costas a las accionadas a favor de la propiedad horizontal. <\/p>\n
En particular, sobre la pretensi\u00f3n tercera de la demanda, el Juzgador de primera instancia advirti\u00f3, entre otros, que: i) los elementos de mala calidad reclamados deben haber sido instalados en la obra, pues ello no aplica para materiales que a futuro se van a utilizar; ii) la suma de los \u00edtems relacionados en la demanda no cuantificaban $ 89\u00b4414.851, como se dijo en el juramento estimatorio; y iii) el da\u00f1o relativo a ese aspecto, como requisito de la responsabilidad, no estaba demostrado; en consecuencia, tras referirse al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso y a la sentencia de la Corte Constitucional C-153 de 2013, consider\u00f3 que prosperaba la objeci\u00f3n al juramento estimatorio en ese punto, por lo cual aplic\u00f3 la sanci\u00f3n contemplada en el inciso 4\u00ba de dicha norma, en tanto la diferencia entre lo estimado y lo probado superaba el 50%. <\/p>\n
2.5. El 14 de octubre de 2022, el Tribunal convocado resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Conjunto Residencial Los Alcaparros de Sauzalito3, modificando lo relativo a los intereses moratorios, los cuales reconoci\u00f3 desde el 10 de agosto de 2015 hasta la fecha del pago de la obligaci\u00f3n y confirmando en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
3. Sobre las decisiones emitidas, la parte actora censura la condena impuesta por no haberse probado lo relativo a la pretensi\u00f3n tercera de la demanda, referida a la calidad de los materiales utilizados por la contratista, porque el da\u00f1o s\u00ed se demostr\u00f3, pero no se logr\u00f3 cuantificar, de manera que, aplicando lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013, la sanci\u00f3n no era posible, pues ninguna actuaci\u00f3n temeraria, indolente o descuidada de la parte se present\u00f3. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que presentaron un dictamen pericial que acreditaba la cuant\u00eda del perjuicio, pero el Juzgado no lo acept\u00f3, \u00abaspecto desconocido por LA ACCIONADA, quien opin\u00f3 que ese no fue el alcance de la decisi\u00f3n de primera instancia, con base en su particular interpretaci\u00f3n de lo que evidentemente no dice la sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se dejen sin efectos las sentencias de instancia en lo relativo a la condena del 10% de la diferencia entre la suma estimada y probada en el proceso sobre la pretensi\u00f3n tercera, referente a la calidad de los elementos usados en la obra. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado relat\u00f3 las actuaciones surtidas y manifest\u00f3 que se configur\u00f3 un hecho superado. <\/p>\n
2. El Tribunal convocado afirm\u00f3 que el asunto planteado fue analizado en la sentencia y que lo pretendido era reanudar el debate, lo cual es inviable en sede de tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la gestora reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la sanci\u00f3n que fue impuesta por la falta de prueba de lo reclamado en la pretensi\u00f3n tercera de la demanda inicial. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
3. Ahora bien, centrado el an\u00e1lisis en la decisi\u00f3n del Tribunal sobre la sanci\u00f3n derivada de la falta de prueba de lo solicitado en la pretensi\u00f3n tercera de la demanda, se advierte que el Colegiado encontr\u00f3 que, en la sentencia de primera instancia, el Juzgado dijo que lo objetado fue lo relativo a la mezcla de la capa asf\u00e1ltica, la cual se prob\u00f3 que fue reemplazada por la contratista; que los perjuicios por calidad de los elementos por efectividad de la garant\u00eda eran \u00abdivergentes los montos descritos en la demanda y el total probado; y que la demandada present\u00f3 el desglose de los elementos utilizados en la obra con documentos que dan cuenta de los precios unitarios, cuya confrontaci\u00f3n dista de la cuant\u00eda pretendida por la demandante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, de ello no advirti\u00f3 que el juzgador, como lo afirmaba la recurrente, hubiera encontrado probado el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de suministrar los materiales de la calidad debida conforme a los t\u00e9rminos del contrato, por el contrario, lo referido fue que los valores estimados en el juramento no fueron probados. En ese sentido, determin\u00f3 que: <\/p>\n
no err\u00f3 el funcionario de primera instancia, puesto que si bien es cierto que la demandante solicit\u00f3 bajo el juramento estimatorio el reconocimiento de la suma de $81\u00b4605.230,43 fundada en el an\u00e1lisis de precios unitarios extractados de la propuesta presentada por el contratista; y al momento de descorrer el traslado de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio que present\u00f3 Interglobal Solutions S.A.S., manifest\u00f3 que aportar\u00eda un dictamen con miras a demostrar la cuant\u00eda de los perjuicios por tal concepto, como lo autoriz\u00f3 el despacho, lo cierto es que las conclusiones que ofrece el dictamen sobre ese puntual aspecto no se acompasan con las restantes circunstancias verificadas en el asunto, como acontece, por ejemplo, con el hecho de que la obra no se ejecut\u00f3 al 100% y que los valores contenidos en el juramento estimatorio (objetado) deb\u00edan ser probadas como lo adujo el a quo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Colegiado concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Entonces, pese a que en la demanda se present\u00f3 el juramento estimatorio para la pretensi\u00f3n relacionada con el amparo de calidad de los materiales suministrados (\u2026) lo que, en efecto, denota que, si bien existe principio de prueba del perjuicio, no lo est\u00e1 como lo exige el canon 1077 del C\u00f3digo de Comercio, cuando establece que \u201cCorresponder\u00e1 al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, si fuere el caso\u201d, m\u00e1xime cuando se discute el reconocimiento y pago de obligaciones emanadas del contrato de seguro de cumplimiento. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se tiene que la divergencia aludida por el sentenciador de instancia no es contraria a lo que reposa o reflejan los cuadros en que la actora bas\u00f3 la aspiraci\u00f3n, en raz\u00f3n a que la negativa est\u00e1 edificada sobre la base de lo que se registra en \u00e9stos; luego al estar fundada la pretensi\u00f3n en el juramento estimatorio (con sustento en el an\u00e1lisis de los precios unitarios extractado de la propuesta presentada por el contratista), y posteriormente en el dictamen pericial, empero, sin que la apelante lograra con tal actuaci\u00f3n y prueba demostrar con precisi\u00f3n el perjuicio que reclama por tal concepto, se tiene que no existe m\u00e9rito para trastocar la decisi\u00f3n en ese aspecto, al no quedar debidamente acreditado uno de los elementos para la viabilidad de la acci\u00f3n (da\u00f1o), en forma concreta y precisa. <\/p>\n
Y, en concreto, sobre el dictamen allegado para demostrar el da\u00f1o derivado del uso de elementos que no ten\u00edan las calidades exigidas, indic\u00f3 que, aunque la prueba cumpl\u00eda con las exigencias legales, no probaba el da\u00f1o reclamado, pues, al no haberse finalizado la obra, no hab\u00eda actas de liquidaci\u00f3n y, por tanto, sobre los elementos utilizados en reemplazo de la primera mezcla no hab\u00eda reparos, por lo que este no pod\u00eda tenerse por cierto. <\/p>\n
Finalmente, refiri\u00f3 detalladamente las caracter\u00edsticas del juramento estimatorio, como medio de prueba, y las condiciones previstas en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, para concluir que, al haber prosperado la objeci\u00f3n formulada por la demandada en lo relativo a la pretensi\u00f3n tercera de la demanda, por existir una diferencia del 50% entre lo estimado y lo probado, proced\u00eda la sanci\u00f3n prevista en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo, por el 10% de la divergencia aludida, m\u00e1s no la del 5% referida en el par\u00e1grafo ibidem, porque aquella era aplicable cuando no prosperaba la objeci\u00f3n, lo cual s\u00ed ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
4. Sobre la situaci\u00f3n planteada, resulta pertinente se\u00f1alar que el debate propuesto se limita a la discrepancia frente a la interpretaci\u00f3n realizada sobre la normativa aplicable al asunto que afecta derechos netamente econ\u00f3micos, particularmente, por la condena de $ 8\u00b4941.485, por haberse declarado pr\u00f3spera la objeci\u00f3n del juramento estimatorio y, por tanto, la salvaguarda propuesta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que la acci\u00f3n de tutela es inviable para cuestionar providencias judiciales cuando el fin perseguido es el amparo de garant\u00edas esencialmente patrimoniales, destacando lo siguiente: <\/p>\n
La finalidad de la acci\u00f3n de tutela es conjurar aquellas situaciones en que la decisi\u00f3n de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan una decisi\u00f3n incompatible con la Constituci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional\u2026 <\/p>\n
Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de \u00edndole econ\u00f3mica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, dado que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario\u201d, so pena de \u201cinvolucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones\u201d. En tales t\u00e9rminos, un asunto carece de relevancia constitucional, seg\u00fan lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma \u201cde rango reglamentario o legal\u201d, salvo que de esta \u201cse desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales\u201d o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d \u2026 <\/p>\n
\u2026las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotaci\u00f3n patrimonial privada, (ii) que no tiene relaci\u00f3n directa con la presunta afectaci\u00f3n de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuaci\u00f3n arbitraria o ileg\u00edtima de la autoridad judicial. <\/p>\n
\u2026En el sub-lite, el debate se restringe a determinar \u201ccu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada que puede darse a la normatividad\u201d que regula el reconocimiento y pago de una penalidad econ\u00f3mica -sanci\u00f3n moratoria por no consignaci\u00f3n oportuna de las cesant\u00edas- en el r\u00e9gimen prestacional de los docentes oficiales. Lo anterior da cuenta de que, en realidad, la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes versa sobre una cuesti\u00f3n de interpretaci\u00f3n meramente legal, que no impacta la garant\u00eda de derechos fundamentales sino patrimoniales. (Destaca la Sala. CSJ SU573-2019. Postura referida por esta Sala en CSJ STC3680-2023 y STC3685-2023). <\/p>\n
Lo anterior, para la Sala, es suficiente para negar la tutela. <\/p>\n
5. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que, revisada la providencia rebatida, al margen de que se compartan o no todos los argumentos planteados por el Colegiado accionado, lo cierto es que lo establecido no carece de motivaci\u00f3n y no luce abiertamente ileg\u00edtimo, pues se soporta en un an\u00e1lisis del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece que si la cantidad estimada en el juramento excede en el 50% lo probado, se condenar\u00e1 a la actora al pago del 10% de la diferencia. <\/p>\n
Y, aunque la actora aduce que no se tuvo en cuenta el criterio expuesto por la Corte Constituci\u00f3n en la sentencia C-157 de 2013, referente a su actuar diligente y esmerado, debe resaltarse que lo analizado en dicha sentencia fue la sanci\u00f3n prevista en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que no fue aplicada al asunto, pues, se itera, la sanci\u00f3n impuesta se sustent\u00f3 en el inciso 4\u00ba. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala, al resolver un caso similar, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada frente a la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n contemplada en referido inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 del estatuto procesal, dado que <\/p>\n
En el caso concreto, lo que se buscaba era sancionar la estimaci\u00f3n excesiva de los perjuicios. En consecuencia, en virtud de lo previsto en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 ibidem, una vez establecido que la tasaci\u00f3n de los menoscabos solicitados en la demanda excedi\u00f3 el 50% de lo probado, hab\u00eda lugar a imponer una sanci\u00f3n equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad calculada y la acreditada. Ahora, aunque la gestora aludi\u00f3 a que el par\u00e1grafo de dicha norma prev\u00e9 que la sanci\u00f3n solo es procedente cuando la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte, lo cierto es que tal regla rige para lo previsto exclusivamente en el par\u00e1grafo y no para los dem\u00e1s casos contemplados por el legislador\u2026 <\/p>\n
Quiere decir que la disposici\u00f3n en comento prescribe dos sanciones. La primera, contemplada en el numeral cuarto, que no exige que la diferencia all\u00e1 se\u00f1alada haya ocurrido por \u00abel actuar negligente o temerario de la parte\u00bb (sanci\u00f3n objetiva). Y la otra, la del par\u00e1grafo, que s\u00ed requiere dicho elemento subjetivo, pero que opera cuando \u00abse nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, puede afirmarse que la sentencia de segunda instancia referida no luce irrazonable o descabellada de cara a los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada, por el contrario, all\u00ed se expusieron fundadas razones para imponer la sanci\u00f3n prevista en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. Luego, lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la interpretaci\u00f3n judicial desplegada y la forma en la que la accionante considera que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego\u2026 (CSJ STC15505-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como en el asunto se evidencia una divergencia de posturas, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a intervenir como si fuera un \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados ni est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del proceso, como si fuese uno de instancia, mucho menos para variar o cuestionar, sin m\u00e1s, el criterio del operador judicial de conocimiento ni para realizar nuevamente la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas, pues es all\u00ed donde mayor independencia tiene el juez natural, dotado de autonom\u00eda e independencia, al decidir los casos sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
6. Por lo referido, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la salvaguarda propuesta. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Referente a la reparaci\u00f3n de capa rodadero existente (incluye manto de asfalto), canal inferior de aguas lluvias, reparaci\u00f3n, suministro e instalaci\u00f3n de sifones (incluye revisi\u00f3n y ajuste de desag\u00fce), pintura para demarcaci\u00f3n de parqueaderos y flechas y pintura de columnas. <\/p>\n
2\u0002 Dado que las cantidades aludidas en el cuadro que le precede a dicho resultado sobre los materiales reclamados asciende a $ 21\u00b4605.230,4 y no a $ 89\u00b4414.851. <\/p>\n
3\u0002 Por cuanto los de las accionadas se declararon desiertos el 19 de septiembre de 2022. <\/p>\n
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STC4195-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4195-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01518-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el Conjunto Residencial Los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73079","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73079\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}