STC4197-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4197-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01541-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Boris Gartner Caballero contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00c1lvaro Rafael Mendoza Saray y a Martha Isabel Zuluaga Jaramillo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado en el juicio de radicado 11001310301020180049300 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El accionante y \u00c1lvaro Rafael Mendoza Saray promovieron el referido proceso contra Martha Isabel Zuluaga Jaramillo, cuya demanda fue admitida por el Juzgado vinculado en auto del 16 de octubre de 20181, del cual se notific\u00f3 a la convocada por aviso el 14 de marzo de 20192, quien propuso excepciones de m\u00e9rito y formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 25 de noviembre de 20203 se adelant\u00f3 la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C.G.P., con la participaci\u00f3n de la parte demandante. <\/p>\n
2.3. El 23 de marzo de 20224, el actor solicit\u00f3 remitir el expediente al juez de turno, por p\u00e9rdida de competencia, de conformidad con la nulidad contemplada en el art\u00edculo 121 del C.G.P. <\/p>\n
2.4. El 25 de julio de 20225, el Juzgado de conocimiento rechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta, dado que, luego de transcurrido un a\u00f1o despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n a la demandada, incluyendo los t\u00e9rminos suspendidos con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid-19, la parte actu\u00f3 en la audiencia inicial sin proponerla, raz\u00f3n por la cual el vicio se hab\u00eda saneado. Frente a lo resuelto, el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n6. <\/p>\n
2.5. Tal decisi\u00f3n fue ratificada, en sede de reposici\u00f3n, el 7 de febrero de 20237 y, en auto separado de la misma fecha, se fij\u00f3 el 25 de mayo de 2023 para realizar \u00abaudiencia de tr\u00e1mite\u00bb. El 31 de marzo de 20238, el Tribunal accionado confirm\u00f3 el rechazo de la nulidad propuesta. <\/p>\n
3. El tutelante sostiene que el periodo de un a\u00f1o comenz\u00f3 el 14 de marzo de 2019 y se suspendi\u00f3 durante 92 d\u00edas por disposici\u00f3n del Decreto 564 de 2020, por lo que el t\u00e9rmino para dictar sentencia habr\u00eda vencido el 6 de agosto de 2020 o el 6 de febrero de 2021, si se hubiera prorrogado. Advirti\u00f3 que feneci\u00f3 el t\u00e9rmino para dictar fallo y esta se aleg\u00f3 antes de la sentencia de primera instancia, con lo cual estaban dados los presupuestos para remitir el expediente, sumado a que, aunque las actuaciones surtidas entre el vencimiento del plazo para fallar y el memorial que solicit\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia fueron convalidadas, ello no significa que el Juzgador conserve o recupere la competencia para seguir conocimiento el asunto sin l\u00edmite temporal para decidirlo, de manera que, en su criterio, lo actuado con posterioridad a su solicitud es nulo, de acuerdo con lo referido en la sentencia CC C\u2013443 de 2019. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se revoquen las decisiones de instancia que negaron la p\u00e9rdida de competencia y se ordene al Tribunal convocado emitir una providencia que la declare. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Martha Isabel Zuluaga Jaramillo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la tutela, pues busca la p\u00e9rdida de competencia del fallador ante las resultas desfavorables de la audiencia inicial, en la cual la parte interesada particip\u00f3 sin alegar la nulidad. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dio cuenta de las actuaciones surtidas en el proceso y consider\u00f3 que no se han vulnerado los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el auto del 31 de marzo de 2023, mediante el cual el Tribunal confirm\u00f3 el que rechaz\u00f3 la nulidad propuesta por p\u00e9rdida de competencia. <\/p>\n
2. La Sala centrar\u00e1 el an\u00e1lisis en la providencia del 31 de marzo de 2023, pues fue la que zanj\u00f3 el debate. <\/p>\n
Para resolver el asunto, el Tribunal comenz\u00f3 por citar el art\u00edculo 121 del C.G.P. y la sentencia C-443 de 2019, que declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb y la exequibilidad condicionada del resto de la norma, en \u00abel entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Sobre el caso particular, precis\u00f3 que la demanda hab\u00eda quedado notificada el 14 de marzo de 2019, por lo que el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal fenecer\u00eda el 16 de marzo de 2020 (dado que el 14 de marzo fue inhabil), no obstante, conforme al art\u00edculo 2 del Decreto 564 de 2020 y los distintos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, los t\u00e9rminos \u00abestuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 01 de agosto de la misma anualidad, es decir, durante cuatro meses y diecis\u00e9is d\u00edas. Entonces, efectuados los c\u00e1lculos de rigor, el vencimiento del asunto se fij\u00f3 para el 11 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 que el apoderado del demandante particip\u00f3 en la audiencia inicial de noviembre de 2020, sin que hubiese propuesto la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, la cual s\u00f3lo deprec\u00f3 hasta el 23 de marzo del 2022, de manera que, \u00abde conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 135 y 136 el del C.G.P. y la constitucionalidad condicionada del precepto 121 ejusdem, esta nulidad qued\u00f3 saneada toda vez que no la interpuso de manera oportuna y la convalid\u00f3 con sus actuaciones posteriores\u00bb, raz\u00f3n por la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
3. Al respecto, se evidencia que la Sala accionada abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que el actor esgrimi\u00f3 en la apelaci\u00f3n, motivadamente y de acuerdo con las actuaciones surtidas en el proceso, la normatividad aplicable y jurisprudencia realacionada. <\/p>\n
3.1. Al respecto, esta Sala, en sentencia CSJ SC845-2022, sostuvo: <\/p>\n
(…) la extinci\u00f3n del marco temporal para el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional no conduce inexorablemente a la p\u00e9rdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o t\u00e1cito se quebrantar\u00e1n tales consecuencias, dentro del marco del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (…). Dicho de otra manera, queda fuera de dubitaci\u00f3n que (…) para que se produzcan los efectos invalidantes despu\u00e9s de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que act\u00fae o de que se profiera el veredicto, pues en caso contrario se sanear\u00e1 el vicio y se dar\u00e1 prevalencia al principio de conservaci\u00f3n de los actos procesales. <\/p>\n
(…) [Se] tiene por admitido que la \u2018posibilidad de saneamiento, expreso o t\u00e1cito (…), apareja la desaparici\u00f3n del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el inter\u00e9s p\u00fablico, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas\u2019 (SC, 1\u00b0 mar. 2012, rad. n.\u00b0 2004-00191-01). De manera que, como el art\u00edculo 136 de la nueva codificaci\u00f3n procesal estableci\u00f3 \u00fanicamente como insaneables las \u2018nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019, qued\u00f3 por fuera de esta categor\u00eda la causada por el vencimiento del plazo m\u00e1ximo para fallar (…). Explicado de otra forma, en tanto el mandato 121 nada dispuso sobre el saneamiento de la p\u00e9rdida de competencia temporal (…) deber\u00e1 acudirse al marco general de las nulidades, compuesto por un listado taxativo de motivos que no la admiten, dentro de los cuales no se encuentra aqu\u00e9lla, siendo aplicable, entonces, el principio general de la convalidaci\u00f3n (CSJ SC3377-2021, de 1 de septiembre) (Se resalta). <\/p>\n
En ese sentido, ha dicho esta Colegiatura que es inviable la petici\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia elevada, pues <\/p>\n
con su silencio convalid\u00f3 la totalidad de actuaciones que adelant\u00f3 el juzgado querellado, toda vez que, se reitera, despu\u00e9s de fenecido el plazo que ten\u00eda el fallador de primera instancia para proferir sentencia, la demandante continu\u00f3 actuando en el juicio sin aducir la ausencia de competencia que ahora esgrime, por v\u00eda constitucional (CSJ STC10478-2021. Se destaca). <\/p>\n
3.2. Como las conclusiones del juez natural, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia, mucho menos para variar o cuestionar, sin m\u00e1s, el criterio del operador judicial de conocimiento, m\u00e1xime que este se emiti\u00f3 bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intromisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 348, Documento 01, Cuaderno Principal, expediente 2018-00493. <\/p>\n
2\u0002 Folio 375, Documento 01, Cuaderno Principal, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta 15 Cuaderno Principal, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Documento 17, cuaderno principal, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Carpeta 18, Cuaderno Principal, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Documento 24, Cuaderno principal, ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Documento 05, Cuaderno Tribunal, ibidem. <\/p>\n
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STC4197-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4197-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01541-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Boris Gartner Caballero contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73081","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73081","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73081"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73081\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73081"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73081"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73081"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}