STC4198-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 29 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Oscar Fernando Correa Rojas formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, la Procuradur\u00eda Judicial para Asuntos de Familia, la Defensor\u00eda de Familia y citados Gloria Nancy L\u00f3pez Cardona en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de permiso de salida del pa\u00eds con radicado 2022-00082. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso de permiso de salida del pa\u00eds de su hija menor de edad contra Gloria Nancy L\u00f3pez Cardona, el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma admiti\u00f3 la demanda el 27 de mayo de 2022, y mediante auto de 7 de junio siguiente, dispuso notificar a la demandada y efectuar el traslado conforme al art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, actuaci\u00f3n que realiz\u00f3 el 3 de junio de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 14 de junio siguiente, a trav\u00e9s de su apoderada solicit\u00f3 el retiro de la demanda, atendiendo que la solicitud de permiso de salida del pa\u00eds era para viajar el 9 de junio anterior, por lo que la pretensi\u00f3n del escrito inicial ya hab\u00eda perdido su fin. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la demandada alleg\u00f3 contestaci\u00f3n y propuso las excepciones de m\u00e9rito que consider\u00f3 pertinentes, sin embargo, en providencia de 21 de junio, el Juzgado de conocimiento accedi\u00f3 al retiro de la demanda pese a la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la apoderada judicial de la demandada solicit\u00f3 condena en costas porque al haber sido notificada y contestado la demanda incurri\u00f3 en gastos de representaci\u00f3n, y solicit\u00f3 adem\u00e1s en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso le fuera impuesta una sanci\u00f3n, peticiones a las que se opuso su abogada y fueron resueltas en auto de 21 de julio de 2022, que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, manteniendo el Juzgado la decisi\u00f3n en providencia de 17 de agosto siguiente. <\/p>\n
Sostuvo que, en sentencia del 21 de octubre de 2022 el Juzgado resolvi\u00f3 no acceder a la solicitud de permiso de salida del pa\u00eds, y lo conden\u00f3 en costas, finalmente agreg\u00f3 que, elaborada la liquidaci\u00f3n y aprobada en auto de 31 de octubre de 2022, lo recurri\u00f3 en reposici\u00f3n sin \u00e9xito porque el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n el 21 de febrero de 2023. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 (i) revocar el numeral 5 del auto de 21 de julio de 2022 por medio del cual se le impuso una multa equivalente a 1 SMLMV y, (ii) revocar el numeral 2 de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 respecto de la condena en costas en su contra. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma, una adujo que no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el actor, y que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2. El Procurador 15 Judicial II de Familia sostuvo \u00abque el hecho de haber incurrido en la causal de nulidad que contempla el art\u00edculo 133.8 del C.G.P. y no haberla declarado en el momento procesal oportuno, lesion\u00f3 seriamente el debido proceso de la parte accionante, pues ha sido ella la que ha sufrido las consecuencias de tal omisi\u00f3n, no solo con un tr\u00e1mite viciado desde el principio, sino que ha debido soportar una sentencia que, no por anticipada, fue totalmente inocua por la preclusi\u00f3n de los extremos planteados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales, neg\u00f3 el amparo por improcedente ante la ausencia del requisito de la inmediatez, en la medida en que el auto cuya revocatoria solicita, por medio del cual se le impuso multa por el equivalente a 1 SMLMV, proferido el 21 de julio de 2022, que fue objeto de recurso de reposici\u00f3n que se neg\u00f3 el 17 de agosto de 2022, siendo notificado por estado el 18 de agosto siguiente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la petici\u00f3n de dejar sin efectos el numeral segundo de la sentencia de 21 de octubre de 2022 a trav\u00e9s de la cual se le conden\u00f3 en costas, igualmente no cumple con el aludido requisito porque \u00abla conculcaci\u00f3n alegada por el actor constitucional no emerge en la sentencia, sino que la misma es consecuencia de que haya proseguido el tr\u00e1mite, en especial del auto de 17 de agosto de 2022 que dej\u00f3 en firme la decisi\u00f3n de continuar con el tr\u00e1mite fustigado\u00bb, sin embargo, afirm\u00f3 que la aludida decisi\u00f3n de condena en costas, no se evidencia irrazonable o arbitraria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el interesado, alegando que el \u00faltimo auto proferido, tiene fecha de 21 de febrero de 2023, siendo este el que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado por su apoderada judicial contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, raz\u00f3n por la cual el a quo constitucional debi\u00f3 centrarse en el estudio de la vulneraci\u00f3n y no en las fechas de las decisiones. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el procurador judicial advirti\u00f3 igualmente los yerros cometidos por el funcionario en el tr\u00e1mite del proceso analizado en esta sede, vulnerando su derecho al debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que, si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la inmediatez, acerca del cual la Sala ha sostenido, \u00ab(\u2026) Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ. STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros, en STC11374-2016, STC7032020, STC6690-2021, STC11745- 2021, STC16398-2021 y STC23152022, entre muchas). <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la solicitud de amparo en estudio satisface el presupuesto indicado y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial accionada, vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, con motivo de las circunstancias narradas en el escrito de tutela. <\/p>\n
3. Ahora bien, conforme a lo se\u00f1alado en el escrito de tutela se advierte que la pretensi\u00f3n del se\u00f1or Oscar Fernando Correa Rojas, se circunscribi\u00f3 a la revocatoria de 2 decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma, (i) el numeral 5 del auto de 21 de julio de 2022 por medio del cual se le impuso una multa equivalente a 1 SMLMV y, (ii) el numeral 2 de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 respecto de la condena en costas impuesta en su contra. <\/p>\n
4. Frente a la primera de las decisiones, por la cual el Juzgado accionado impuso \u00aba la parte demandante una multa equivalente a un salario M\u00ednimo legal mensual vigente, es decir, la suma de $1.000.000oo M\/cte, en favor de la parte demandada (\u2026)\u00bb, no se satisface el aludido requisito de la inmediatez, habida cuenta que, si bien fue recurrida en reposici\u00f3n, \u00e9sta se resolvi\u00f3 en providencia de 17 de agosto de 2022, super\u00e1ndose as\u00ed el semestre que se ha estimado como prudente para ejercer la acci\u00f3n de tutela, como quiera que el amparo constitucional fue formulado el 16 de marzo de 2023. <\/p>\n
En este sentido, el requisito de la oportunidad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual, m\u00e1xime cuando \u00abno se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). <\/p>\n
5. Ahora, respecto a la determinaci\u00f3n adoptada por el el 21 de octubre de 2022, mediante la cual resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante aqu\u00ed accionante, no observa la Corte, que la decisi\u00f3n este viciada de defecto que permita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Y es as\u00ed, por que el Juez de conocimiento para arribar a tal determinaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abLa demanda en cuesti\u00f3n fue admitida con auto del veintisiete (27) del mes de mayo del a\u00f1o que avanza, donde se dispuso darle el tr\u00e1mite de verbal sumario y el de notificarle y correrle traslado de ella a la demandada, se\u00f1ora L\u00d3PEZ CARDONA. <\/p>\n
Sin embargo y puesto que este estrado judicial no ten\u00eda conocimiento de que a la demandada ya se le hab\u00eda notificado y corrido traslado de la demanda, ante petici\u00f3n elevada por la apoderada de la parte demandante, se accedi\u00f3 al retiro de la demanda, lo que fue impugnado por la parte pasiva, saliendo airosa sus s\u00faplicas, raz\u00f3n por la cual se orden\u00f3 seguir adelante con el tr\u00e1mite del proceso y puesto que se encontr\u00f3 que el t\u00e9rmino para sacar a la menor de edad del pa\u00eds ya hab\u00eda vencido, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el Inciso Segundo del Par\u00e1grafo 3\u00ba del Art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, se dispuso que la sentencia en este asunto se profiriera en forma escritural, ya que as\u00ed lo autoriza la norma en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien: Como se indic\u00f3 inicialmente, la solicitud de autorizaci\u00f3n para sacar a la ni\u00f1a SALOM\u00c9 CORREA L\u00d3PEZ del pa\u00eds estaba programada entre el 9 de junio y el 16 de Julio de este a\u00f1o, fecha de regreso, lo que indica que ello ya precluy\u00f3. <\/p>\n
Ante lo anterior, considera este Juzgador, salvo mejor criterio, que las pretensiones de la demanda ya caducaron, siendo \u00e9ste el motivo por el cual se dispuso dictar este fallo en forma escritural, pues ante ello no se vio en la necesidad de practicar prueba alguna, lo que necesariamente conduce a negar la solicitud elevada por el se\u00f1or OSCAR FERNANDO CORREA ROJAS.\u00bb <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, conden\u00f3 en costas al demandado fij\u00e1ndose como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV, en favor de la parte demandada, conforme a lo previsto en el Literal b) del art\u00edculo 5\u00ba del Acuerdo No. PSAA16-10554 del agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la pretensi\u00f3n invocada a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional no resulta de recibo, porque la decisi\u00f3n de imponer la condena en costas se fundamenta en lo establecido en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. De lo expuesto, surge evidente que la pretensi\u00f3n del accionante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, como lo ha sostenido la Sala \u00abal sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (CSJ. STC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01 y STC1889-2022, entre otras) <\/p>\n
7. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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