STC4201-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4201-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00453-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (03) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando Jaramillo Rodas contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -Secretar\u00eda Judicial-. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y buen nombre. <\/p>\n
2. Narra que -con sentencias del 21 de mayo de 20141, 13 de abril de 20162 y 9 de noviembre de 20173- fue sancionado disciplinariamente con exclusi\u00f3n de la profesi\u00f3n de abogado. Manifiesta que fue rehabilitado por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caldas mediante autos del 11 de noviembre de 20224 y 27 de enero de 20235. <\/p>\n
2.1. Destaca que, una vez fue excluido de las sanciones de los procesos de radicado 2012-00468-01 y 2012-00276-01, solicit\u00f3 a la accionada que se excluyera de sus \u00abantecedentes disciplinarios esas dos sanciones\u00bb por cuanto ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 5 a\u00f1os desde la ejecutoria de las sentencias y cumpl\u00eda con el requisito de rehabilitaci\u00f3n. No obstante, -en oficio del 16 de diciembre de 2022- le indiciaron que los antecedentes se ver\u00edan reflejados por \u00ab5 a\u00f1os m\u00e1s\u00bb y que, cumplido el t\u00e9rmino, estos se eliminar\u00edan de forma autom\u00e1tica del sistema. <\/p>\n
2.2. Inconforme con ello, present\u00f3 escrito del 13 de enero de 2023 reiterando su solicitud y manifestando no estar de acuerdo con la permanencia se\u00f1alada por la autoridad cuestionada pues, \u00abla rehabilitaci\u00f3n no es una sanci\u00f3n, sino el procedimiento para darle vigencia nuevamente a la Tarjeta Profesional\u00bb. Dicha petici\u00f3n fue resuelta desfavorablemente el 23 de enero siguiente. <\/p>\n
2.3. Finalmente, el pasado 13 de marzo, instaur\u00f3 -nuevamente- derecho de petici\u00f3n con fundamento en los mismos hechos que originan la presente tutela y reiterando su solicitud. Sin embargo, en oficio S.J.-SPG09962 del 31 de marzo de 2023, la accionada neg\u00f3 -de nuevo- su petici\u00f3n y le se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas sanciones de exclusi\u00f3n se iban a ver reflejadas por cinco (5) a\u00f1os m\u00e1s, al igual que las rehabilitaciones\u00bb. <\/p>\n
2.4. Considera vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto el art\u00edculo al que hace referencia la accionada -que exige un t\u00e9rmino de permanencia de 10 a\u00f1os- aplica para los abogados \u00abque hayan actuado o desempe\u00f1ado como apoderado o contraparte de una entidad p\u00fablica\u00bb, circunstancia que no corresponde a su caso. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se amparen las garant\u00edas fundamentales invocadas. En consecuencia, requiri\u00f3 que se le ordene a la accionada \u00abefectuar la actualizaci\u00f3n de datos de mi certificado de antecedentes disciplinarios\u00bb y se excluya del mismo \u00ablas anotaciones de exclusi\u00f3n y de rehabilitaci\u00f3n\u00bb a fin de que \u00abno registre sanciones de ninguna naturaleza\u00bb6. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Manifest\u00f3 que su competencia radica en \u00abel registro de la sanci\u00f3n, as\u00ed como de la rehabilitaci\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb7. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior de cada proceso cuestionado. Indic\u00f3 que, si bien el art\u00edculo 26 de la Ley 1123 de 2007 \u00abestablece la rehabilitaci\u00f3n como una causa de extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb esta tambi\u00e9n deber\u00e1 reflejarse en el registro p\u00fablico \u00abcomo documento que da fe de las vicisitudes acaecidas durante el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado y que, por tanto, tambi\u00e9n han de permanecer por el lapso de 5 a\u00f1os, a partir de su anotaci\u00f3n\u00bb. Asimismo, inform\u00f3 que \u00abel programa que administra el sistema de registro de antecedentes est\u00e1 dise\u00f1ado para que, de manera autom\u00e1tica retire la anotaci\u00f3n, una vez fenecido el ya mencionado lapso de 5 a\u00f1os\u00bb8. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el asunto sub examine corresponde a la Corte establecer si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasi\u00f3n a la negativa de la accionada de eliminar los registros de las sanciones -ya rehabilitadas- de sus antecedentes disciplinarios. <\/p>\n
2. Esta Sala observa que en los oficios9 que dieron respuesta a las peticiones del accionante y a la presente tutela, la autoridad cuestionada le inform\u00f3 que tanto las sanciones como rehabilitaciones deber\u00e1n estar registradas en sus antecedentes disciplinarios por tratarse de un \u00abdocumento que da fe de las vicisitudes acaecidas durante el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb. Sumado a que, una vez cumplido el requisito temporal, el sistema de registro de antecedentes \u00abde manera autom\u00e1tica\u00bb retirar\u00e1 las anotaciones. Adem\u00e1s, del certificado de antecedentes disciplinarios -aportado por el promotor10- se evidencia las fechas de expiraci\u00f3n de las sanciones y de sus respectivas rehabilitaciones, lo que da cuenta que estas ya fueron superadas y a la fecha no se encuentran vigentes. De lo anterior, no se evidencia ninguna conducta atribuible a la querellada respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, ya que <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculo 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisitos l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (\u2026). En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026). Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en cierto eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela. Ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2017). (CC T-130\/14. Citada por esta Sala, entre otras, en STC137-2021. <\/p>\n
3. En consecuencia, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALFONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRACISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Para el proceso de radicado 17001-11-02-000-2012-00468-01. <\/p>\n
2\u0002 Para el proceso de radicado 17001-11-02-000-2012-00276-01. <\/p>\n
3\u0002 Para el proceso de radicado 17001-11-02-000-2015-00142-01. <\/p>\n
4\u0002 En los procesos 2012-0468-01 y 2012-00276-01. <\/p>\n
5\u0002 En el proceso 2015-00142-01. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c11001023000020230045300-0013Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Oficio S.J.-MNC 01178 del 23 de enero de 2023 y S.J. SPG 09962 del 31 de marzo de 2023. Archivo \u201c0004Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Archivo \u201c0009Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
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