STC4208-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4208-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00287-01 <\/p>\n
(Aprobado en tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Empresa de Buses Blanco y Negro SA contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esa ciudad y citados Omar Valencia, F\u00e9lix Clodomiro Velasco S\u00e1nchez, y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2014-00634. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Omar Valencia promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Empresa de Buses Blanco y Negro SA, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre las partes, ejecutado entre el 1\u00ba de marzo de 2001 y el 31 de julio de 2012 y, en consecuencia, se condenara a la demandada al pago de las cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas, primas de servicio y vacaciones, indemnizaci\u00f3n por despido, la sanci\u00f3n moratoria prevista en el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, as\u00ed como la del art\u00edculo 65 de C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 28 de febrero de 2017 absolvi\u00f3 a la demanda de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 18 de julio de 2018. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que inconforme con ese pronunciamiento, el demandante Omar Valencia interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2802-2022 de 18 de junio de 2022, dispuso casar el fallo de segundo grado y, en sede de instancia revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado, para en su lugar condenar a la empresa al pago de unas sumas por concepto de diferencias salariales, reajustes a las prestaciones derivados de dichas diferencias y las sanciones moratorias. <\/p>\n
Sostuvo que la Sala accionada incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto por violaci\u00f3n al principio de congruencia, al condenarla al pago de unas acreencias derivadas de unas \u00abdiferencias salariales\u00bb que no fueron solicitadas en las pretensiones de la demanda, y omiti\u00f3 tener en cuenta que en el ac\u00e1pite de pretensiones de la demanda el actor solicit\u00f3 el reconocimiento del trabajo suplementario de lunes a s\u00e1bado y el dominical, que son rubros salariales (art. 127 CST) cuyo eventual impago generar\u00eda las mismas sanciones moratorias del art. 65 CST y art. 99 L-50\/1990 de manera que, lo \u00fanico que pod\u00eda razonablemente concluirse era que el demandante hab\u00eda fundamentado en la demanda la solicitud de sanciones moratorias en el no pago del trabajo suplementario y dominical. <\/p>\n
En ese orden refiri\u00f3 que, al haber casado la sentencia y proferido la condena por un rubro no solicitado en las pretensiones de la demanda vulner\u00f3 de manera flagrante el derecho fundamental al debido proceso, pues infringi\u00f3 la regla de congruencia prevista en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en el salvamento de voto efectuado por uno de los Magistrados integrantes de la Sala, entre otras razones de disenso, manifest\u00f3 que el demandante nunca puso en conocimiento de la jurisdicci\u00f3n aquello por lo que se termin\u00f3 condenando a la empresa. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL2802-2022 de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, en consecuencia, ordenarle proferir una nueva decisi\u00f3n ateniendo el principio de congruencia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n y argument\u00f3 que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con sustento en la Constituci\u00f3n, la ley y en la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que al momento de decidir el recurso extraordinario, analiz\u00f3 la demanda y su contestaci\u00f3n, encontrando las reales aspiraciones del accionante, las cuales entr\u00f3 a efectivizar en esa decisi\u00f3n, situaci\u00f3n que no implica un desconocimiento al principio de congruencia y tampoco del debido proceso, pues la sociedad demandada, al momento de pronunciarse sobre el escrito inicial, se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda cancelado, en forma oportuna y completa, el salario acordado con el demandante, lo cual, estuvo alejado de la realidad, pues, no reconoci\u00f3 el acordado entre las partes y tampoco se ajust\u00f3 al salario m\u00ednimo legal vigente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que no deb\u00eda pasarse por alto que el representante legal de empresa confes\u00f3 que el salario no fue cancelado en su integridad y se encontr\u00f3, que con lo afirmado, desconoci\u00f3 que no pod\u00eda retenerse o deducirse suma alguna, sin previa autorizaci\u00f3n del trabajador o sin la autorizaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, se ocup\u00f3 en relacionar las actuaciones del proceso cuestionado y remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
3. Omar Valencia demandante en el proceso cuestionado, intervino por conducto de apoderado, se pronunci\u00f3 frente a los hechos del escrito de tutela y solicit\u00f3 declarar la improsperidad del amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo al considerar que no existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la sociedad reclamante, que pudiera endilg\u00e1rsele a la Sala de Casaci\u00f3n accionada y agreg\u00f3 que lo pretendido por la sociedad actora es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para adoptar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no pod\u00eda la parte accionante, pretender que en sede de tutela, se impartieran decisiones diferentes a las proferidas en el proceso ordinario laboral, cuando se evidenciaba que la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la solicitud de amparo constitucional, solo se fundament\u00f3 en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la Empresas de Buses Blanco y Negro SA, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, adujo que el a quo constitucional, no estudi\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito de tutela, ni compar\u00f3 las pretensiones de la demanda con la parte resolutiva de la sentencia, para evidenciar lo alegado respecto a la vulneraci\u00f3n del principio de congruencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, si tal labor se hubiese realizado, no habr\u00eda dudas acerca de que la condenaron por acreencias derivadas de unas supuestas \u00abdiferencias salariales\u00bb que el demandante jam\u00e1s pidi\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Empresa de Buses Blanco y Negro SA acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL2802-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 18 de julio de 2022 a trav\u00e9s de la cual dispuso casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali, en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 Omar Valencia en su contra y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado, para en su lugar condenar a la sociedad al pago de unas sumas por concepto de diferencias salariales, los reajustes a las prestaciones derivados de esas diferencias y las sanciones moratorias. <\/p>\n
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad de la sociedad reclamante se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, en raz\u00f3n a que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Corporaci\u00f3n accionada al estudiar el cargo \u00fanico formulado por Omar Valencia, procedi\u00f3 a definir si el Tribunal Superior de Cali err\u00f3 al concluir que, entre los requerimientos del demandante, no estaba el relativo al reajuste de la remuneraci\u00f3n. Luego de revisar la demanda inicial, los hechos expuestos y las pretensiones, indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Lo anterior, muestra que, en los requerimientos de la accionada, se solicit\u00f3, entre otros, la sanci\u00f3n del art\u00edculo 65 del CST y del 99 de la Ley 50 de 1990, que se apoy\u00f3, en la falta completa de pago de la remuneraci\u00f3n acordada en todas y cada una de las vinculaciones, as\u00ed como en distintas cuestiones, e implicaba que el sentenciador, no pod\u00eda abstraerse de esa realidad y negar el estudio de esa pretensi\u00f3n, bajo el argumento de que, sobre la diferencia salarial, no giraba su pago, tanto que la enjuiciada, al momento de referirse frente a esos supuestos, sostuvo que cancel\u00f3, en forma oportuna y completa, la remuneraci\u00f3n pactada. <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n ense\u00f1a que el sentenciador se soport\u00f3 en un ritualismo excesivo, amparado en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 25 del Estatuto Procesal Laboral, pues, para decidir en la forma como lo hizo, se\u00f1al\u00f3 que las pretensiones de la demanda, no estaban encaminadas al reajuste de la remuneraci\u00f3n, decant\u00e1ndose por una exagerada exegesis y sacrificando el derecho a lo material, con violaci\u00f3n al principio general sobre interpretaci\u00f3n de normas de procedimiento, de manera que se hagan efectivos los derechos sustanciales que ellos tutelan, como lo dice el art\u00edculo 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 11 del General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no se desconoc\u00eda que existi\u00f3 una deficiencia en la enunciaci\u00f3n de los requerimientos del demandante, situaci\u00f3n que no significaba que la causa petendi no hubiera quedado claramente determinada, puesto que en los hechos se indic\u00f3 que el pago convenido no se cancel\u00f3 completo y, en las solicitudes se requiri\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria, situaci\u00f3n que impon\u00eda al Tribunal Superior, verificar la veracidad de esas manifestaciones, para luego, establecer si era o no procedente el reconocimiento de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y en el 99 de la Ley 50 de 1990 y tambi\u00e9n verificar si la retribuci\u00f3n de los servicios del recurrente se cancel\u00f3 en forma \u00edntegra y respetando el salario m\u00ednimo legal mensual. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ten\u00eda establecido que, en materia del debido proceso laboral, con la excepci\u00f3n de las potestades del fallador de \u00fanica o primera instancia, las decisiones deb\u00edan estar circunscritas a las pretensiones del demandante y que su resoluci\u00f3n se ajustara a la causa petendi, pues si se decid\u00eda sobre pretensiones no debatidas en las instancias se quebrantar\u00eda el principio de congruencia, sin embargo, lo anterior no imped\u00eda al juez interpretar la demanda, a efectos de establecer las reales aspiraciones del demandante. <\/p>\n
En ese orden determin\u00f3 que el Tribunal se apart\u00f3 de su deber y desconoci\u00f3 que, en los hechos de la demanda, se aleg\u00f3 que el salario fue cancelado en forma deficitaria, lo que conduc\u00eda a que se determinara esa situaci\u00f3n para despu\u00e9s establecer la procedencia de las indemnizaciones moratorias. <\/p>\n
Posteriormente, procedi\u00f3 a revisar los comprobantes de pago relacionados, y de ese an\u00e1lisis concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los elementos atr\u00e1s relacionados, muestran, contundentemente, que el salario cancelado al se\u00f1or Valencia se hizo por montos inferiores, no solo frente al sueldo acordado en cada uno de los contratos, sino tambi\u00e9n, desconociendo el salario m\u00ednimo legal mensual de los a\u00f1os 2010, 2011 y 2012, cuya fijaci\u00f3n, modifica autom\u00e1ticamente los contratos de trabajo, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 148 del CST, y genera unas diferencias a favor del demandante, por valor de $1.148.791, $868.855 y $737.197. <\/p>\n
Esas situaciones, le habr\u00edan permitido al Tribunal, si hubiera comprendido en su real dimensi\u00f3n la demanda, analizar lo relativo a las sanciones previstas en los art\u00edculos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Estatuto del Trabajo, pues, esas diferencias, afectan el monto de las cesant\u00edas y prima de servicios a las que ten\u00eda derecho el reclamante y as\u00ed mismo, se est\u00e1 frente a una deuda por concepto de salarios, que persiste, con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de cada una de las vinculaciones, permitiendo efectivizar esos textos legales, siempre y cuando, se comprobara que el actuar de la accionada, no estuvo revestido de buena fe y que era procedente su pago, porque, no debe olvidarse, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 de la primera disposici\u00f3n mencionada con antelaci\u00f3n, que, si a la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, existen saldos de cesant\u00edas, a favor del trabajador, no entregados al fondo, el dador del empleo, los debe pagar directamente. <\/p>\n
Ahora, el representante legal de la compa\u00f1\u00eda, en su interrogatorio de parte, justific\u00f3 la divergencia salarial, argumentando, que solo se retribu\u00eda por el servicio prestado y no se cancelaban los d\u00edas en que no acud\u00eda a laborar; manifestaci\u00f3n que, de valorarse adecuadamente, le habr\u00eda permitido al sentenciador, entrar a determinar si la raz\u00f3n aducida en esa diligencia, era v\u00e1lida y suficiente, pues, confes\u00f3 que no se cancel\u00f3 en su integridad, el salario acordado, situaci\u00f3n que adem\u00e1s es concordante con los comprobantes de n\u00f3mina ya estudiados. <\/p>\n
Ese argumento, en todo caso, no justifica el actuar de la accionada, pues, al empleador le es prohibido deducir, retener o compensar \u00absuma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero\u00bb, sin la autorizaci\u00f3n previa del trabajador o sin mandamiento judicial, salvo las excepciones contempladas en los art\u00edculos 113, 150, 151, 152 y 400 del CST, como lo dice el 59 de la misma obra. <\/p>\n
Es m\u00e1s, atendiendo que la remuneraci\u00f3n del convocante era de un salario m\u00ednimo legal mensual, no era posible realizar retenciones o deducciones \u00absin mandamiento judicial\u00bb, aun cuando existiera orden expresa de quien prest\u00f3 su fuerza de trabajo (numeral 2 del art\u00edculo 149 del CST)\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, refiri\u00f3 algunas de las pruebas y consider\u00f3 que no entrar\u00eda a estudiar los contratos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, habida cuenta que el recurrente incumpli\u00f3 con la carga de demostrar cual fue el error cometido por el Tribunal, y los someti\u00f3 a la voluntad de la Sala, pasando por alto que era a \u00e9l quien le correspond\u00eda acreditar el yerro del ad quem. De esa forma, determin\u00f3 que los cargos prosperaban, pero solo en lo relacionado con los contratos de 2009, 2010 y 2011 y dispuso casar la sentencia de 18 de julio de 2018 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
3.2 En sede de instancia, y considerando la afectaci\u00f3n de los derechos m\u00ednimos del trabajador, orden\u00f3 el pago de los conceptos de salarios por $737.997, cesant\u00edas por $737.997, intereses a las cesant\u00edas por $88.559, prima de servicios por $737.997 y vacaciones por $368.999 y determin\u00f3 que la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990 no era viable, porque, aun cuando quedaron saldos por cesant\u00edas, los mismos se verificaron a la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, sin embargo, indic\u00f3 que si era posible analizar la prevista en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Para ello se destaca, que no existe una raz\u00f3n seria y poderosa que ubique a la demandada, en el campo de la buena fe, pues los descuentos que realiz\u00f3 sobre el salario, no cuentan con soportes, que permitan concluir, que se ocasionaron por la ausencia del se\u00f1or Valencia a su sitio de labores, tanto que el contador de la compa\u00f1\u00eda, al rendir su testimonio inform\u00f3, que se realizaban descargos para verificar esa situaci\u00f3n, sin que los medios de convicci\u00f3n, arrimados al expediente, dieran cuenta de esa situaci\u00f3n y lo \u00fanico claro, es que de forma continua y sistem\u00e1tica, la accionada no pago, en forma completa el salario acordado, siendo, tambi\u00e9n censurable, que no se ocup\u00f3 en actualizar la remuneraci\u00f3n con sustento en el salario m\u00ednimo fijado por el Gobierno Nacional. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed y como el estipendio del actor, correspond\u00eda al salario m\u00ednimo legal mensual vigente para el a\u00f1o 2012, es decir $566.700, se condenar\u00e1 a la accionada a pagar, a favor del demandante, un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de retardo, esto es $18.890, desde el 1\u00b0 de agosto de esa anualidad, hasta que se cancelen los salarios y prestaciones debidas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ordenar\u00e1 el pago, para cada una de las tres vinculaciones, del d\u00e9ficit en la cotizaci\u00f3n a pensi\u00f3n, con sustento en los cuadros relacionados al momento de resolver la demanda de casaci\u00f3n, que contienen las diferencias salariales, causadas quincena a quincena. Para ello, la entidad administradora de pensiones a la que se encuentre afiliado el actor, deber\u00e1 realizar los c\u00e1lculos pertinentes, aplicando el inter\u00e9s moratorio que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a las anteriores consideraciones, considera la Sala la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto procedimental y desconocimiento del principio de congruencia alegados por la Empresa de Buses Blanco y Negro SA y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n que rige la materia y las pruebas aportadas, determinando que el Tribunal Superior de Cali se separ\u00f3 de la realidad de los requerimientos del demandante y se sustrajo del estudio de la pretensi\u00f3n de la demanda que estaba encaminada al reajuste de la remuneraci\u00f3n, por lo cual, resalt\u00f3 que si bien, se ha establecido que se quebrantar\u00eda el principio de congruencia, si el fallador decide sobre pretensiones no debatidas en las instancias, lo cierto era que ello no imped\u00eda al juez interpretar la demanda a efectos de establecer las reales aspiraciones del demandante. <\/p>\n
De esa forma, determin\u00f3 que el Tribunal se hab\u00eda apartado de su deber y hab\u00eda desconocido que, en los supuestos f\u00e1cticos de la demanda, se indic\u00f3 que el salario no hab\u00eda sido cancelado en forma total, lo que llevaba a que se determinara esa situaci\u00f3n para luego establecer sobre la procedencia de las indemnizaciones moratorias. <\/p>\n
5. As\u00ed, los cuestionamientos de la sociedad actora no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, porque es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. En punto al perjuicio irremediable alegado por la interesad, debe indicarse que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ. STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). <\/p>\n
7. Igualmente, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4208-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4208-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00287-01 (Aprobado en tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73092","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73092\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}