STC4211-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4211-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00115-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 29 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Restrepo promovi\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, la EPS Suramericana SA, y Cotty Morales Caama\u00f1o, y citados los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00251. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Sostuvo que, en la citada acci\u00f3n popular que promovi\u00f3, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira se niega a proferir sentencia anticipada y a aceptar la solicitud de desistimiento de la acci\u00f3n, ante la \u00abmora judicial y la renuencia\u00bb, e igualmente, a expedir las constancias secretariales que ha pedido. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en ese tr\u00e1mite, para garantizar su derecho al debido proceso, como tambi\u00e9n para que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, en su nombre. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado i) proferir sentencia anticipada en la acci\u00f3n popular con radicado 2022-00251, ii) expedir constancia de las etapas procesales agotadas dentro de ese tr\u00e1mite, y, iii) disponer la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que lo represente en la acci\u00f3n popular objeto de queja, y para que presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en su nombre contra la administraci\u00f3n de justicia, por error judicial. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, describi\u00f3 las actuaciones adelantadas en la acci\u00f3n popular e inform\u00f3 que el accionante no ha presentado solicitud de sentencia anticipada ni expedici\u00f3n de constancia del proceso, y aclar\u00f3 que la Ley 472 de 1998, que regula el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, no contempla la sentencia anticipada, situaci\u00f3n que impide la aplicaci\u00f3n de esa figura consagrada en el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto, las normas de esa codificaci\u00f3n no son aplicables al tr\u00e1mite de la sentencia, al existir normas expresas que lo regulan. <\/p>\n
2. El apoderado de la Alcald\u00eda de Pereira solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del actor. <\/p>\n
3. La Procuradora Regional de Risaralda, sostuvo que el accionante no ha presentado ante esa entidad queja o reclamo relacionado con los hechos narrados en el escrito inicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente el amparo, tras advertir la ausencia de los requisitos de la subsidiariedad, y se\u00f1al\u00f3 que el accionante no recurri\u00f3, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, las decisiones que negaron las solicitudes de sentencia anticipada y de desistimiento, proferidas por el Juzgado accionado el 6 de marzo de 2023, y, en ese orden, cerraba la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el solicitante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que, al no ser profesional del derecho, desconoc\u00eda el recurso que proced\u00eda frente a las decisiones del despacho. De igual forma, se mantuvo en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada y la consecuente confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado, habida cuenta que no se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este mecanismo excepcional, adem\u00e1s que, las decisiones proferidas en el curso de la acci\u00f3n popular se ajustan a la ley. <\/p>\n
Examinado el expediente, y como actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, se tiene que, Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra la EPS Suramericana SA de Pereira, la que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en auto de 18 de marzo de 2022, ordenando el tr\u00e1mite que contempla la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
El actor popular radic\u00f3 varias solicitudes tendientes a que se profiriera sentencia anticipada y se aceptara el desistimiento de la acci\u00f3n, peticiones que fueron resueltas, de manera negativa, mediante autos de 6 de marzo de 2023, decisiones que no fueron reprochadas por el peticionario a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
3. Ante este panorama, no cabe duda para la Corte que lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 llamado al fracaso, como quiera que incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, el se\u00f1or Mario Restrepo desaprovech\u00f3 el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que, conforme a lo establecido en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, sin que pueda pretender ahora subsanar su propia desidia, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 el Juzgado de conocimiento por no proferir la sentencia anticipada o aceptar el desistimiento del tr\u00e1mite que, seg\u00fan sus afirmaciones proceden, ha debido interponer el recurso de reposici\u00f3n, conforme lo establece el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, contra las decisiones de 6 de marzo de 2023 a trav\u00e9s de las cuales se desestimaron sus peticiones. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021, STC14292-2021, STC2296-2022, STC2818-2022, STC2912-2022 y, STC3871-2022 entre muchos otros). <\/p>\n
4. Finalmente, en cuanto a la petici\u00f3n dirigida a ordenar a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, que lo represente en la acci\u00f3n popular objeto de queja y que, en su nombre, presente acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por error judicial resulta totalmente improcedente, porque entre las funciones asignadas al Ministerio P\u00fablico no se encuentra la de representar judicialmente al actor popular. <\/p>\n
Lo anterior, como quiera que, por ley fue instituida, para desarrollar tres funciones espec\u00edficas, i) Preventiva a fin de vigilar la actuaci\u00f3n de los servidores p\u00fablicos, y advertir cualquier hecho violatorio de las normas vigentes, ii) Disciplinaria para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por los servidores p\u00fablicos, e iii) Intervenci\u00f3n como sujeto procesal entre otros ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en las diferentes especialidades, por disposici\u00f3n del Procurador (CSJ. STC2044-2023). <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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