STC4214-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4214-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00284-01 <\/p>\n
(Aprobado en tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de febrero de 20231, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Oliverio Salazar Abril contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2019-00817. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones SA-, con el fin de que se declarara que la pensi\u00f3n de vejez otorgada se debi\u00f3 reconocer desde el 31 de octubre de 2017, con base en el IBL de toda la vida laboral al ser m\u00e1s favorable y, en consecuencia, se le condenara al pago de la reliquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n con el respectivo retroactivo. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 16 de julio de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a Colpensiones a reliquidar la pensi\u00f3n de vejez, en cuant\u00eda inicial de $1.771.038 a partir del 15 de marzo de 2019, determinaci\u00f3n modificada en sede de apelaci\u00f3n y grado jurisdiccional de consulta, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 30 de octubre de 2020, en el sentido de establecer que la cuant\u00eda inicial de la prestaci\u00f3n reconocida ascend\u00eda a $1.784.176. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL2618-2022 de 13 de julio de 2022 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo el peticionario que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial respecto a la fecha de disfrute de la pensi\u00f3n, y que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no valor\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
Asimismo, sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en error inducido, ya que los valores liquidados por el Tribunal no corresponden a los cotizados, as\u00ed como en defecto sustantivo, al desconocer lo estipulado en los art\u00edculos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 y, en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al desconocer los principios de confianza leg\u00edtima, seguridad jur\u00eddica, buena fe e igualdad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que como padre cabeza de familia se le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable por el error de las accionadas, al considerar ajustado tanto el tiempo para el disfrute, como el c\u00e1lculo del IBL de toda la vida laboral, de la pensi\u00f3n a pesar de estar sustentada en el recurso extraordinario. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 anular las sentencias cuestionadas y, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral proferir una decisi\u00f3n favorable a sus pretensiones dando aplicaci\u00f3n a los principios enunciados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Primero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, argumentando que no ha vulnerado los derechos invocados por el actor. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral refiri\u00f3 apartes de la decisi\u00f3n cuestionada y remiti\u00f3 copia de esta. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS) indic\u00f3 que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, siendo Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar el mencionado r\u00e9gimen. <\/p>\n
4. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, adem\u00e1s porque existe cosa juzgada en el asunto y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al estimar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, porque el abogado que present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela no adjunt\u00f3 el poder especial para instaurarla en favor de Oliverio Salazar Abril, adem\u00e1s, precis\u00f3 que, si bien en la demanda fue enunciado el documento como un anexo, lo cierto era que al revisar el expediente digital no se evidenciaba el mismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 que, si por omisi\u00f3n no se aport\u00f3 el poder, el a quo debi\u00f3 proferir un auto se sustanciaci\u00f3n antes de admitir la acci\u00f3n, requiri\u00e9ndolo para que aportara tal anexo de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, no lo hizo, ya que fue admitida sin observaciones. <\/p>\n
En ese orden, solicit\u00f3 \u00absea valorado por el superior, la acci\u00f3n impetrada y las razones del recurso, para que en su lugar se ordene dejar sin efecto el fallo de tutela del pasado 23 de febrero de 2023, notificado el 21 de marzo de 2023, y proceda a pronunciarse de nuevo y de fondo con el poder allegado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Oliverio Salazar Abril por conducto de apoderado, acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de octubre de 2020 y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 13 de julio de 2022, en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones SA- con el fin de obtener la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta que el abogado Jaime Enrique Camargo Fr\u00edas alleg\u00f3 con el escrito de impugnaci\u00f3n el poder especial otorgado por Oliverio Salazar Abril para actuar en el presente tr\u00e1mite, se tendr\u00e1 por acreditada la legitimaci\u00f3n por activa y se proceder\u00e1 al estudio de fondo de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Igualmente se se\u00f1ala que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL2618-2022 de 13 de julio de 2022, por cuanto con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
4. Analizados los fundamentos de la inconformidad del accionante se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, en raz\u00f3n a que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n acusada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al estudiar el primer cargo formulado por Oliverio Salazar Abril, hizo referencia al establecimiento del disfrute de la pensi\u00f3n de vejez, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Se tiene en principio, que el juez colegiado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n, en que a la luz de los art\u00edculos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por remisi\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 100 de 1993, es desatinado el alcance que le pretendi\u00f3 dar el demandante, al buscar el reconocimiento de la pensi\u00f3n el 31 de octubre de 2017 (fecha hasta la cual cotiz\u00f3 al sistema general de pensiones), es decir, antes de cumplir los requisitos establecidos para su causaci\u00f3n, por cuanto, atendiendo lo establecido por la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, las exigencia all\u00ed establecidas para dicho fin, las cumpli\u00f3 el 15 de marzo de 2019, cuando arrib\u00f3 a los 62 a\u00f1os de edad y acredit\u00f3 m\u00e1s de 1300 semanas de cotizaci\u00f3n, por lo cual, concluy\u00f3, que solo a partir de aquella fecha se caus\u00f3 y es dable reconocer el derecho pensional. <\/p>\n
Esgrime el recurrente, que el anterior an\u00e1lisis se torna err\u00e1tico, por cuanto se dej\u00f3 de observar, que en el historial laboral solo se registran aportes hasta el 31 de octubre de 2017. <\/p>\n
Al respecto, se tiene que si bien el juez al desatar el tema de la fijaci\u00f3n de la fecha de disfrute de la pensi\u00f3n, no hizo alusi\u00f3n expresa a alg\u00fan medio probatorio, de su argumentaci\u00f3n resulta evidente que impl\u00edcitamente acudi\u00f3 al conjunto de pruebas arrimadas al expediente, entre ellas, a la Resoluci\u00f3n SUB 80030 del 30 de marzo de 2019 y el reporte de semanas cotizadas, para dar por acreditado, sin que exista discusi\u00f3n al respecto, que el demandante cumpli\u00f3 los requisitos exigidos por el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, el 15 de marzo de 2019, fecha en que satisfizo el presupuesto de la edad de los 62 a\u00f1os y m\u00e1s de las 1300 semanas de cotizaci\u00f3n, y que, con fundamento en ello, proced\u00eda concluir que no era posible diferir la exigibilidad del derecho en forma retroactiva al momento pretendido, esto es, el 31 de octubre de 2017, fecha en que realiz\u00f3 la \u00faltima cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que el Tribunal atendiendo la facultad que le otorga el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de apreciar libremente los diferentes medios de prueba, tuvo por acreditado que Oliverio Salazar Abril realiz\u00f3 la \u00faltima cotizaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones el 31 de octubre de 2017, sin embargo, atendiendo el alcance de los art\u00edculos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 concluy\u00f3 que la fecha del disfrute de la pensi\u00f3n de vejez no pod\u00eda tener lugar en fecha anterior a la que se hab\u00eda causado el derecho. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que esa Sala compart\u00eda plenamente dicha hip\u00f3tesis, pues no era posible asumir un razonamiento distinto al acogido por el Tribunal, porque lo que ten\u00eda se\u00f1alado esa Corporaci\u00f3n en la jurisprudencia frente a la materia, era que el disfrute puede tener lugar con posterioridad, cuando el trabajador desee continuar cotizando al sistema para mejorar el monto de su prestaci\u00f3n, porque esa garant\u00eda, por regla general, estaba condicionada a la desafiliaci\u00f3n formal del sistema. <\/p>\n
De esa manera, destac\u00f3 que no era admisible lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el simple retiro del sistema genere el disfrute del derecho, sin que haya cumplido los dos requisitos exigidos para su causaci\u00f3n \u2013semanas cotizadas y edad-, ya que, si bien ten\u00eda acreditadas las semanas de aportes, lo cierto era que la exigencia de la edad solo se materializ\u00f3 el 15 de marzo de 2019 cuando cumpli\u00f3 62 a\u00f1os, y afirm\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Resulta claro que aquel aspecto de la fecha de desafiliaci\u00f3n del sistema no fue desconocido por el juez colegiado; asunto diferente es que de aquella prueba y de aquel hecho, se itera, no era dable inferir una consecuencia diferente que, para el presente evento, ante la existencia del retiro del sistema pensional del trabajador antes de que se causara el derecho a la pensi\u00f3n de vejez, entr\u00f3 a concurrir el momento de la causaci\u00f3n y el disfrute de la prestaci\u00f3n, el 15 de marzo de 2.019. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Sala el obrar del Tribunal, no constituye un error de hecho de tal envergadura que le permita casar la sentencia fustigada, pues no debe olvidar el recurrente que el yerro f\u00e1ctico en materia laboral \u00abse presenta, seg\u00fan el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado est\u00e1ndolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida\u00bb (sentencia CSJ, 11 feb. 1994, rad. 6043, reiterada en la CSJ SL2879-2019); y que, adem\u00e1s, para que se configure, no solo es necesario que venga acompa\u00f1ado de las razones que lo demuestran, si no como lo ha dicho la Corporaci\u00f3n, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, lo que en este caso no acontece\u00bb. <\/p>\n
4.2 Enseguida, al estudiar el segundo cargo hizo referencia a la Liquidaci\u00f3n del IBL para la pensi\u00f3n de vejez, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Frente al tema referenciado, el Tribunal atendiendo lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, procedi\u00f3 a reliquidar el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez reconocida al actor, soportado en el c\u00e1lculo efectuado por el grupo liquidador designado por el Consejo Superior de la Judicatura, y el reporte de semanas cotizadas de folios 78 a 91, indexado al 2019, determinado que su valor respecto a los \u00faltimos 10 a\u00f1os de cotizaci\u00f3n equival\u00eda a $1.681.307.00, mientras que durante toda la vida laboral sumaba $2.230.220.80, por lo que siendo m\u00e1s favorable este \u00faltimo, aplic\u00f3 la tasa de reemplazo del 80%, atendiendo lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, fijando la mesada pensional a partir del 15 de marzo de 2019 en cuant\u00eda de $1.784.176.64, suma que al resultar superior a la fijada por el a quo, le llev\u00f3 a modificar el fallo de primer grado, en tal sentido. <\/p>\n
Es de recordar, que el recurrente acus\u00f3 al Tribunal de no dar por acreditado est\u00e1ndolo, que el IBL indexando el IBC mes a mes, teniendo en cuenta los aportes realizados durante toda la vida laboral, equivale a $5.209.861.00, y que al aplicarle un monto del 80%, representa una mesada pensional de $4.167.889.00. <\/p>\n
Lo anterior, sustentado en que no tuvo en cuenta la liquidaci\u00f3n que se aport\u00f3 con la demanda, sino \u00fanicamente la efectuada por el contador adscrito a dicha Corporaci\u00f3n, y debido a que apreci\u00f3 err\u00f3neamente la Resoluci\u00f3n SUB 80030 del 30 de marzo de 2019, y el reporte de semanas cotizadas, pues indica que de ellos se aprecia que existi\u00f3 en cada mes un salario de cotizaci\u00f3n diferente, por lo tanto, lo correcto, era indexarlos individualmente, para lo cual referencia la f\u00f3rmula que debi\u00f3 aplicarse al respecto, concluyendo que de haber analizado el Tribunal la liquidaci\u00f3n presentada con la demanda, y estudiado correctamente el reporte de semanas cotizadas, hubiese concluido que el IBL de toda la vida laboral resulta superior al reconocido, puesto que la liquidaci\u00f3n de los \u00faltimos 10 a\u00f1os arroja la suma de $2.068.334 y el de toda la vida de $5.209.86\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente al descender al estudio de fondo, aludi\u00f3 que pese a que el cargo estaba dirigido por la v\u00eda f\u00e1ctica, resultaba necesario memorar lo indicado por esa Corporaci\u00f3n en sentencia SL967-2019, en la que se explic\u00f3 el m\u00e9todo de actualizaci\u00f3n de los salarios percibidos por el afiliado para determinar el IBL. Sobre lo cual, consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Conforme a lo expresado, se tiene que ciertamente, para actualizar el salario base de cotizaci\u00f3n, lo correcto es tomar los IBC de cada per\u00edodo e indexarlos, teniendo en cuenta como IPC inicial el correspondiente a diciembre del a\u00f1o anterior a la fecha en que se deveng\u00f3 cada salario, y como IPC final, el de 31 de diciembre anterior a la data en que se reconozca la pensi\u00f3n. <\/p>\n
Asunto diferente es, que el juez colegiado le hubiese dado un alcance distinto al art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, y con base en \u00e9l hubiese entrado a promediar aquellos salarios base de cotizaci\u00f3n en cada anualidad, como se observa a folios 118 a 129 del cuaderno principal, y sobre aquella base promediada actualizara su valor hasta el momento del reconocimiento de la pensi\u00f3n (f.130). No obstante, ello, tal planteamiento jur\u00eddico advierte la Sala, no fue objeto de ataque por la censura, la cual constituy\u00f3 el soporte fundamental del juez de alzada para cuantificar el valor del IBL, y reajustar el valor de la pensi\u00f3n de vejez, en los t\u00e9rminos plasmados en la sentencia, de manera que, deja inc\u00f3lume en este aspecto la decisi\u00f3n cuestionada, y con ello la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad de que est\u00e1 revestida\u00bb. (Destaca esta Sala). <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a lo alegado por el demandante respecto a que, si el Tribunal hubiese valorado la liquidaci\u00f3n del IBL que se present\u00f3 con la demanda, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que el promedio de lo cotizado en toda la vida laboral era superior al valor fijado en la sentencia, se\u00f1al\u00f3 que no proced\u00eda el an\u00e1lisis del contenido del referido c\u00e1lculo, al no haberse demostrado yerro alguno con la prueba apta. <\/p>\n
De ese modo, sostuvo que, el estudio referido por el recurrente constitu\u00eda un simple argumento adicional a lo plasmado en la demanda, que no representaba una prueba h\u00e1bil para estructurar un yerro f\u00e1ctico en casaci\u00f3n, de conformidad con lo establecido por esa Sala, lo que, a su vez, supon\u00eda un desconocimiento de las reglas m\u00ednimas que reg\u00edan el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Adem\u00e1s, que tampoco era viable que el demandante edificara sus propias pruebas, siendo para el caso concreto, el c\u00e1lculo que realiz\u00f3 sobre lo que estimaba deb\u00eda ser el IBL de la mesada pensional, para que fuera tenido como prueba. <\/p>\n
4.3 Con fundamento en lo anterior, determin\u00f3 que el recurrente no demostr\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 hubiera incurrido en el error f\u00e1ctico endilgado, por lo cual determin\u00f3 que los cargos no prosperaban y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de octubre de 2020. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Oliverio Salazar Abril y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto y la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n que rige la materia, determinando que el Tribunal Superior no incurri\u00f3 en los errores endilgados, pues si bien el demandante realiz\u00f3 la \u00faltima cotizaci\u00f3n al sistema general de pensiones el 31 de octubre de 2017 cumpliendo con el requisito de semanas cotizadas exigidas, lo cierto es que no pod\u00eda obtener el disfrute de la pensi\u00f3n de vejez desde esa fecha, porque la exigencia de la edad establecida por la norma, la alcanz\u00f3 el 15 de marzo de 2019. <\/p>\n
Igualmente, y atendiendo el reclamo elevado por el actor a trav\u00e9s de este mecanismo, en relaci\u00f3n con la supuesta falta de valoraci\u00f3n de las pruebas por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se evidenci\u00f3 que dicha autoridad explic\u00f3 de manera suficiente y razonada, el motivo por el cual no proced\u00eda el an\u00e1lisis de la liquidaci\u00f3n del IBL presentada con la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Oliverio Salazar Abril a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, y en cuanto a la expectativa del actor para que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, ya que es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. En punto al perjuicio irremediable alegado por el interesado, debe indicarse que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). <\/p>\n
7. Igualmente, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00ba 004279 de 20 de abril de 2023 y asignada con Acta de reparto de 21 de abril del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
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STC4214-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4214-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00284-01 (Aprobado en tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73098","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73098\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}