STC4216-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4216-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-22-14-000-2023-00020-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil el 11 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Arnulfo Mateus Berm\u00fadez, \u00c1lvaro Ernesto Velasco L\u00f3pez y Olga Lucia Fontecha Rueda formularon contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal, la Alcald\u00eda Municipal y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Gambita, Santander, y citados los intervinientes en el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual n\u00famero 68861-31-03-002-2018-00053-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Agregaron, que para la diligencia se comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal del referido municipio, autoridad que solicit\u00f3 al comitente autorizaci\u00f3n para subcomisionar, potestad que le fue otorgada. <\/p>\n
Indicaron que, una vez adelantada la comisi\u00f3n por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Gambita, en la que se present\u00f3 oposici\u00f3n por un tercero y una solicitud de nulidad, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez las neg\u00f3, pero, mediante auto de 12 de diciembre de 2022, de oficio, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado y orden\u00f3 rehacer el secuestro. <\/p>\n
Explicaron, que esta \u00faltima decisi\u00f3n vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, debido a que el error atribuido a la autoridad que subcomision\u00f3, no era una causal de nulidad procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicitaron, ordenar al Juzgado accionado dejar sin efecto el auto cuestionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de G\u00e1mbita realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda realizado el tr\u00e1mite previsto en la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Municipio de G\u00e1mbita se opuso a las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Mar\u00eda Libia Consuelo Fajardo de Forero y Edward Ortiz T\u00e9llez, solicitaron la desestimaci\u00f3n del amparo, debido a que el Juzgado accionado no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de San Gil, neg\u00f3 el amparo tras encontrar razonable la decisi\u00f3n judicial cuestionada, en la medida en que no era cierto \u00abtal y como lo afirma la parte actora, que, la nulidad declarada por el a quo no tiene cabida en la actual legislaci\u00f3n procesal civil, pues si bien es cierto la causal de nulidad deprecada no est\u00e1 prevista en el art. 133 del C.G.P. -Causales de nulidades procesal- no menos cierto es, que, la misma se halla prevista en el art. 40 ut supra, la cual dicho sea de paso, fue alegada por la parte interesa en la oportunidad procesal pertinente, esto es, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto que ordene agregar el despacho comisorio devuelto y diligenciado al expediente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario, que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales-. <\/p>\n
Por regla general, no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Arnulfo Mateus Berm\u00fadez, \u00c1lvaro Ernesto Velasco L\u00f3pez y Olga Lucia Fontecha Rueda acudieron inconformes con el auto de 12 de diciembre de 2022, a trav\u00e9s del cual, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, decret\u00f3 la nulidad de la diligencia de secuestro adelantada por la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Gambita, en el proceso ejecutivo seguido dentro del expediente de responsabilidad civil extracontractual radicado bajo el n\u00famero 68861-31-03-002-2018-00053-00, adelantado contra Edgar Humberto Prieto Ariza y Edward Ortiz T\u00e9llez. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En la referida decisi\u00f3n, el Juzgado accionado, con fundament\u00f3 en el art\u00edculo 29 Superior y en uso del control de legalidad establecido en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, visto lo consignado en los art\u00edculos 37 a 39 del mismo Estatuto Procesal, as\u00ed como la Ley 1801 de 2016, se\u00f1al\u00f3 que esta \u00faltima, hab\u00eda limitado a los Inspectores de Polic\u00eda \u00abpara auxiliar comisiones conferidas por autoridades judiciales\u00bb, y que, como el Consejo de Estado, en decisi\u00f3n de 13 de febrero de 20181, hab\u00eda aclarado la naturaleza, los alcances y requisitos de la figura de la comisi\u00f3n, y de lo anterior concluy\u00f3, que el \u00abJuez Municipal de G\u00e1mbita subcomision\u00f3 indebidamente al inspector de polic\u00eda de esa localidad, cuando es el se\u00f1or Alcalde Municipal de G\u00e1mbita como primera autoridad de polic\u00eda, quien est\u00e1 llamado a cumplir con el mandato judicial para llevar a cabo dicha actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, decret\u00f3 la nulidad de la diligencia y le advirti\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de G\u00e1mbita comisionado, que \u00ablas facultades otorgadas para subsomisionar deben ser ce\u00f1idas a la normatividad vigente, y por tanto, en apego a la Ley 1801 de 2016 NO ES POSIBLE que subcomisione directamente al inspector de polic\u00eda del municipio para la ejecuci\u00f3n de la diligencia, pues es el Alcalde Municipal la primera autoridad de polic\u00eda.\u00bb Y, mediante auto de 28 de febrero de 2023 orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del despacho comisorio 001 al Juzgado Promiscuo Municipal de G\u00e1mbita, la que se materializ\u00f3 a trav\u00e9s del oficio 045 remitido por correo electr\u00f3nico el 7 de marzo de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El art\u00edculo 37 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la figura de la comisi\u00f3n puede conferirse para la diligencia de secuestro, as\u00ed, los Jueces podr\u00e1n comisionar a las autoridades judiciales de igual o inferior categor\u00eda y, en igual sentido, a las administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales o administrativas en lo que concierne a esa especialidad (Art. 38 Ib.). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por su parte, la Ley 1801 de 2016 \u00abPor la cual se expide el C\u00f3digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana\u00bb, que se ocupa en el art\u00edculo 206 de las atribuciones de los Inspectores de Polic\u00eda rurales, urbanos y corregidores, se\u00f1ala el numeral 7\u00b0 (adicionado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 2030 de 2020) que, les corresponde -entre otros- \u00abEjecutar las comisiones que trata el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo General del Proceso o subcomisionar a una autoridad que tenga jurisdicci\u00f3n y competencia, quienes ejercer\u00e1n transitoriamente como autoridad administrativa de polic\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto, el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 206 en cita, en su versi\u00f3n original, se\u00f1alaba que los inspectores de Polic\u00eda no ejercer\u00edan funciones, ni realizar\u00edan diligencias jurisdiccionales por comisi\u00f3n de los jueces, norma con base en la cual, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emiti\u00f3 el concepto 2363 de 13 de febrero de 2018, -fundamento para la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada-, no menos lo es, que el art\u00edculo 4 de la mencionada Ley 2030 de julio 27 de 2020 modific\u00f3 el aludido par\u00e1grafo, y le adicion\u00f3 un inciso, que establece, \u00abPAR\u00c1GRAFO 1. Las autoridades a que se refieren los art\u00edculos anteriores deber\u00e1n realizar las diligencias jurisdiccionales o administrativas por comisi\u00f3n de los jueces o subcomisi\u00f3n de los alcaldes de acuerdo con las normas especiales sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. De otra parte, debe recordarse que esta Sala, de tiempo atr\u00e1s ha sostenido, que <\/p>\n
(\u2026) los \u00abinspectores de polic\u00eda\u00bb cuando son \u00abcomisionados\u00bb para la pr\u00e1ctica de un \u00absecuestro\u00bb o una \u00abdiligencia de entrega\u00bb no emprenden un labor\u00edo distinto al de sencillamente servir de instrumentos de la justicia para materializar las \u00f3rdenes previamente impartidas por los funcionarios judiciales que as\u00ed disponen, por lo propio deviene que bajo ninguna \u00f3ptica puede predicarse que est\u00e1n desarrollando funci\u00f3n o diligenciamiento de tenor judicial, sino que simplemente, it\u00e9rase, lo que all\u00ed cumplimentan es el ejercicio de una eminente \u00abfunci\u00f3n administrativa\u00bb, por lo que no es plausible predicar que a la luz del canon 206 de la Ley 1801 de 2016 o C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia se hallen impedidos para asumir el diligenciamiento de las comisiones que en ese sentido se les impongan los jueces de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
(\u2026) De ese modo las cosas, como los inspectores de polic\u00eda en las diligencias ut supra mentadas se desempe\u00f1an sencillamente como netos ejecutores de las providencias judiciales, lo cual, se insiste, les anula para adoptar decisi\u00f3n alguna que por supuesto le corresponde emitir s\u00f3lo al funcionario judicial comitente\u00bb (CSJ. STC22050-2017, 19 dic. 2017, rad. 00310-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Posteriormente, citando la providencia anterior, dijo que no pod\u00eda \u00abla autoridad policiva justificar el desobedecimiento de una orden judicial en una interpretaci\u00f3n inadecuada del ordenamiento jur\u00eddico, ni menos a\u00fan exculpar su desidia ampar\u00e1ndose en directrices emitidas por otras dependencias administrativas de mayor jerarqu\u00eda; por cuanto dicho comportamiento contraviene las obligaciones procesales que le han sido designadas por la ley\u00bb, y cuestion\u00f3 al ente judicial entonces accionado, por \u00abdesconocer deliberadamente el precedente jurisprudencial antes citado, donde se precisa que el acatamiento de las comisiones ordenadas judicialmente con ocasi\u00f3n de las diligencias procesales de entrega o secuestro, no constituyen, en manera alguna una funci\u00f3n jurisdiccional sino una gesti\u00f3n meramente administrativa de las autoridades policivas, raz\u00f3n por la cual no pueden eludir el cumplimiento de dichas delegaciones\u00bb (CSJ. STC10670-2018, 21 ago. 2018, rad. 00090-01). <\/p>\n
Y a continuaci\u00f3n, en la sentencia STC16012-2018, record\u00f3 los escenarios anteriores, para reiterar que la comisi\u00f3n de los jueces hac\u00eda los inspectores de Polic\u00eda, no correspond\u00eda al ejercicio de facultades de \u00edndole jurisdiccional, sino que comprend\u00eda una gesti\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente administrativo, y que, en tales circunstancias, esos despachos municipales o distritales est\u00e1n legalmente facultados para prestar su apoyo en la actividad judicial, sin que con ello comprometan las funciones que son propias al comitente ni desborden las que corresponden a la naturaleza jur\u00eddica del funcionario comisionado. <\/p>\n
<\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, surge evidente que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, emiti\u00f3 un pronunciamiento judicial alejado de las normas y la jurisprudencia proferida por esta Corte sobre el particular, en la medida en que, contrario a lo afirmado en la providencia de 12 de diciembre de 2022, los Jueces comisionados pueden subcomisionar a los Inspectores de Polic\u00eda para la pr\u00e1ctica de -entre otras- la diligencia de secuestro, sin que fuera cierto que, el Juzgado Promiscuo Municipal de G\u00e1mbita hubiera incurrido en la causal de nulidad establecida en el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
8. De este modo, se configuraron en el evento en estudio, los defectos denominados por la jurisprudencia constitucional como sustancial y procedimental por exceso de ritual manifiesto, lo que condujo, sin duda alguna, al quebranto de los derechos de fundamentales de la parte actora, que hace posible la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, escenarios sobre los que esta Corporaci\u00f3n ha manifestado, que, <\/p>\n
<\/p>\n
i. el defecto sustantivo se registra \u00abcuando en desarrollo de la actividad judicial el juez se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo una determinaci\u00f3n que vulnera derechos fundamentales\u00bb (CSJ. STC de 31 de octubre de 2012, exp. 1800122140002012-02455-00, reiterada en STC 11060-2022. Entre muchas), <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abel defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el operador judicial concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, convirtiendo su actuar en un acto de denegaci\u00f3n de justicia, concretamente por los siguientes supuestos: (i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CSJ. STC4307-2020, STC16410-2022, STC2172-2023 y, STC3965-2023. Entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
9. En consecuencia, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada, se acceder\u00e1 al amparo solicitado y se le ordenar\u00e1 al Juzgado accionado lo que corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas y, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso invocado por Arnulfo Mateus Berm\u00fadez, \u00c1lvaro Ernesto Velasco L\u00f3pez y Olga Lucia Fontecha Rueda. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin efecto el auto de 12 de diciembre de 2022, as\u00ed como los que de \u00e9l se hubiesen desprendido y, que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes, adopte la decisi\u00f3n que corresponda, con apego a la ley y la jurisprudencia emitida sobre el particular, conforme a lo resuelto en esta sentencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente enviar el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado No. 11001-03-06-000-2017-00197-00(2363). <\/p>\n
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