STC4219-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC4219-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01590-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Aura Raquel Ni\u00f1o Sep\u00falveda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el divisorio radicado n\u00ba 2018-00268. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abcorrecta administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, Dorieth Alfonso Vega promovi\u00f3 proceso divisorio (contra Marlen Molina Hurtado) del inmueble identificado con matr\u00edcula 070-330446 denominado \u00abToquira y Paladeros\u00bb ubicado en la vereda Chipacat\u00e1 del municipio de Cucaita, del cual aduce ser cesionaria del 52.5% (de los derechos litigiosos de la demandada), y que la parte que le pertenece al demandante equivale al 47.5%, porciones adjudicadas en la sucesi\u00f3n de Obdulio Ni\u00f1o. <\/p>\n
Refiere que, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, mediante providencia del 29 de octubre de 2020 dispuso la divisi\u00f3n material del predio en cuesti\u00f3n, no obstante, alega que el \u00e1rea de terreno all\u00ed indicada no corresponde a \u00ablas \u00e1reas verdaderas de la adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n\u00bb, ya que, por lo menos \u00ab7.9 fanegadas [50.609 mts] no existen real y f\u00edsicamente y se pretende hacer una entrega con este yerro en la sentencia (\u2026)\u00bb (Se present\u00f3 apelaci\u00f3n contra la sentencia, pero el recurso fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n). <\/p>\n
Manifiesta que, en el mes de diciembre de 2022 interpuso recurso de revisi\u00f3n del fallo divisorio, a fin de que por medio de ese mecanismo se corrijan las imprecisiones se\u00f1aladas; empero, critica que, desde entonces, y pese a que el expediente se encuentra al despacho del magistrado Jos\u00e9 Horacio Tolosa Aunta, este no ha emitido pronunciamiento. <\/p>\n
As\u00ed mismo, destaca que, ante el juez de conocimiento solicit\u00f3 nulidad del auto de 30 de septiembre de 2022 (que orden\u00f3 la entrega del bien y design\u00f3 la comisi\u00f3n para ese efecto) y a su vez, que se realice un control de legalidad al proceso; empero, el despacho rechaz\u00f3 la primera petici\u00f3n y neg\u00f3 la segunda, al no advertir irregularidad que viciara lo actuado \u2013 auto del 28 de octubre de 2022 -, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia (unitaria) del Tribunal Superior de Tunja con prove\u00eddo de 24 de marzo de 2023. <\/p>\n
Dirige entonces tambi\u00e9n su queja contra estas \u00faltimas determinaciones, y se\u00f1ala que, si bien reconoce que hubo incuria o descuido al momento de apelar la sentencia de primera instancia, \u00abno por ese hecho se tiene que convalidar judicialmente estas actuaciones irregulares (\u2026)\u00bb; de forma que, ante la decisi\u00f3n adversa respecto de la nulidad planteada y \u00abel silencio del recurso de revisi\u00f3n [\u2026] no me queda m\u00e1s camino que acudir a la intervenci\u00f3n del [juez] constitucional en garant\u00eda de mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide, en primer lugar que, se declare que el Tribunal Superior de Tunja vulner\u00f3 su derecho al debido proceso con la decisi\u00f3n confirmatoria del rechazo de la nulidad incoada (auto del 24 de marzo de 2023); y, segundo, que se suspenda la entrega del inmueble \u00abhasta tanto no se defina, se aclare las \u00e1reas de terreno a entregar conforme los reparos puestos de presente en el recurso de revisi\u00f3n [\u2026] con ocasi\u00f3n de la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, divisorio n\u00ba 2018-268\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Tercero Civil del Circuito de Tunja relacion\u00f3 lo acontecido en el divisorio en cuesti\u00f3n, en el que dict\u00f3 sentencia el 29 de octubre de 2020 aprobando el trabajo de partici\u00f3n, distribuci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n del predio, decisi\u00f3n que qued\u00f3 ejecutoriada al ser declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n que se interpuso. Indic\u00f3 que, el 30 de octubre de 2022 comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Cucaita para la entrega del bien, no obstante, frente a dicha providencia la aqu\u00ed accionante formul\u00f3 \u00abcontrol de legalidad\u00bb y subsidiariamente, incidente de nulidad, este \u00faltimo fue rechazado de plano en determinaci\u00f3n del 28 de octubre, decisi\u00f3n confirmada por el tribunal superior. Sostuvo que, en la causa se han adoptado todas las determinaciones conforme a derecho, pero lo cesionaria \u00abha dilatado el proceso, formulando defensas, recursos y tutelas sin sustento jur\u00eddico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi inform\u00f3 que Dorieth Alfonso Vega solicit\u00f3 desenglobe del predio involucrado en el juicio objeto de reproche, petici\u00f3n que se aprob\u00f3 mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 15-224-000023-2022. <\/p>\n
3. \u00c1lvaro Hernando Ni\u00f1o Sierra, vinculado, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda tutelar en virtud de \u00ablas irregularidades puestas de presente\u00bb, y requiri\u00f3 que se conceda el amparo, \u00abhasta tanto se defina las \u00e1reas reales por parte de los vinculados y del tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n en el Tribunal de Tunja se proceda lo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
4. Dorieht Alfonso Vega, demandante en el divisorio referido, se opuso a la acci\u00f3n de tutela pues, las alegaciones de la accionante fueron objeto de discusi\u00f3n dentro del proceso en su oportunidad, \u00abpor consiguiente no es dable a estas alturas en las circunstancias de modo, tiempo y lugar a portas de una entrega real y material del inmueble ordenado (\u2026) son discusiones bizantinas pues estas reclamaciones no son sujeto de remedio procesal alguno por estar fuera de t\u00e9rmino [\u2026] pues la tutela no est\u00e1 para remediar omisiones acaecidas por los apoderados judiciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Tunja, Sala Civil Familia (unitaria), vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas al, (i) no haberse pronunciado frente al recurso de revisi\u00f3n presentado por la ac\u00e1 accionante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, en la causa divisoria n\u00ba 2018-00268, incurriendo en mora judicial; y (ii) por confirmar la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad y control de legalidad del proceso que plante\u00f3 (auto de 24 de marzo de 2023). <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n admisible, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
2.2. Entonces, en cuanto al reproche por la presunta mora judicial para resolver el recurso de revisi\u00f3n que propuso la quejosa y que le atribuye a la magistratura convocada, desde ya anticipa la Corte que no observa la transgresi\u00f3n de la prerrogativa alegada en virtud de esa circunstancia por lo siguiente. <\/p>\n
Ahora, aunque pudiera eventualmente se\u00f1alarse una dilaci\u00f3n para emitir el pronunciamiento respectivo, no advierte la Corte que el lapso transcurrido entre el reparto del expediente y la interposici\u00f3n de la presente queja, considerando el sistema de turnos al que se encuentran sometidos dichos funcionarios para resolver los asuntos a su cargo, luzca inexcusablemente desproporcionado como para predicar de \u00e9l una patente vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del peticionario. <\/p>\n
Debe recordarse que, este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha puntualizado que, en las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se reitera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, el tiempo denunciado no podr\u00eda calificarse como desmedido o atentatorio de los plazos razonables, o producto de una evidente dejadez del responsable. <\/p>\n
2.3. Adicionalmente, la Corte ha se\u00f1alado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras est\u00e1 la de dictar las providencias, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o a su tr\u00e1mite que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por la querellante, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda revisar la posibilidad de darle una prioridad especial al caso, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, magistrado Tolosa Aunta, teniendo en cuenta que la accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permitir\u00edan al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan sin raz\u00f3n alguna la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
3. El auto que confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la nulidad propuesta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, auscultada la juridicidad del prove\u00eddo del 24 de marzo de 2023 \u2013 con el que el tribunal accionado confirm\u00f3 el rechazo de la nulidad y la denegaci\u00f3n del control de legalidad del juicio divisorio pretendidos por la actora, no se observa un desafuero jur\u00eddico que se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, toda vez que esa decisi\u00f3n fue el resultado de una respetable ex\u00e9gesis del contexto procesal analizado y conforme al problema jur\u00eddico trazado por la proponente. <\/p>\n
3.1. En efecto, luego de realizar un recuento del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, explic\u00f3 que la aqu\u00ed accionante, arrib\u00f3 al proceso con posterioridad a la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, siendo reconocida su calidad de cesionaria de los derechos litigiosos de la demandada Marlen Molina Hurtado, de quien destac\u00f3 que, omiti\u00f3 contestar el libelo y controvertir los dict\u00e1menes periciales y, aunque apel\u00f3 el fallo, finalmente no alleg\u00f3 la respectiva sustentaci\u00f3n por lo que fue declarado desierto. <\/p>\n
Precis\u00f3 seguidamente que, si bien la cesionaria constituy\u00f3 un fideicomiso respecto del inmueble, este no le otorga derechos diferentes a los que tiene y tampoco podr\u00eda afectar la copropiedad ni la divisi\u00f3n ordenada. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, explicit\u00f3 que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hab\u00eda lugar a que la parte que est\u00e1 en el tramite no gestione, no act\u00fae, no solicite la designaci\u00f3n de administrador, nada diga en relaci\u00f3n a la demanda, y acuda despu\u00e9s de las diligencias de entrega del bien objeto de partici\u00f3n a solicitar nulidad, su actuaci\u00f3n es tard\u00eda. La cesionaria recoge el proceso en el momento que est\u00e1 cuando concurre al tr\u00e1mite. Ya se explic\u00f3 atr\u00e1s que el llegar como cesionaria no la habilita para retrotraer etapas ya expiradas. El auto que rechaza la nulidad por extempor\u00e1nea y por fundarse en causales distintas a las previstas en la ley procesal, ser\u00e1 confirmada. Y m\u00e1s bien se recuerda los deberes que tiene las partes y sus apoderados de ajustarse a los deberes previstos en el art. 78 del CGP. <\/p>\n
Es claro el tr\u00e1mite en definirse que, a la se\u00f1ora AURA RAQUEL NI\u00d1O SEPULVEDA se le reconoci\u00f3 como cesionaria de la demandada Marlen Ni\u00f1o Hurtado. Se le reconoci\u00f3 cesionaria el 23 de septiembre del a\u00f1o 2021, y tiene una cuota parte del 52.25 % del inmueble objeto de divisi\u00f3n. Pero no es en el a\u00f1o 2023, cuando corresponde venir a solicitar nulidad, porque no se gestion\u00f3 una designaci\u00f3n de administrador del bien objeto de divisi\u00f3n. Divisi\u00f3n que nunca solicit\u00f3 y administrador que nunca solicit\u00f3. Nunca se ocup\u00f3 de definir el tema correspondiente a la comunidad, a la administraci\u00f3n de los bienes de la comunidad y las cuentas en beneficio de la comunidad. Su petici\u00f3n de nulidad era improcedente y deb\u00eda ser rechazada. Es el tercer apoderado que llega al proceso. Y el dr. Luis Rene Rodr\u00edguez Benavides, estaba llamado a estudiar, a revisar, a consultar la realidad del tr\u00e1mite y de la conducta de la parte que representa antes de presentar solicitudes infundadas de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 indicando que la instituci\u00f3n de las nulidades, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) son para sanear y corregir, no para obstruir, ni dilatar la definici\u00f3n de un proceso y la ejecuci\u00f3n de la sentencia. Si bien las partes tienen derechos, sus derechos son legalmente proporcionales a sus deberes en el proceso. Para el caso, la pasiva no ha registrado actuaciones oportunas y conformes con los deberes de parte, en miras a que el tr\u00e1mite se desarrolle y el objeto del proceso se cumpla\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme lo rese\u00f1ado, se tiene que la resoluci\u00f3n a la que lleg\u00f3 la autoridad accionada no comporta defecto de procedibilidad alguno, dado que, como se anticip\u00f3, fue producto de una ponderaci\u00f3n razonada del contexto procesal puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que se extrae de los argumentos en que se soporta la presente acci\u00f3n, es que lo pretendido por la actora es anteponer su propio criterio al de la colegiatura tutelada y atacar, por esta senda, la providencia que le fue desfavorable, finalidad ajena a la tutela, la cual no fue establecida como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, y menos para hacer prevalecer una determinada tesis que sustituya a la de los funcionarios de conocimiento como si fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. No es posible endilgarle al magistrado convocado una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial en relaci\u00f3n con el recurso de revisi\u00f3n impetrado. <\/p>\n
6.3. Y, porque la determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la negativa de la nulidad y el control de legalidad planteados no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al advertirse razonable y ajustada a las preceptivas aplicables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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