STC4220-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4220-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01600-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2022-00019. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 21 de enero de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Agroindustrial Pan y Queso SA, debido a que, supuestamente, no cuenta con \u00abconvenio actual con entidad idonea (sic) certificada por el ministerio de educaci\u00f3n nacional, apta para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 2 de febrero siguiente admiti\u00f3 la demanda y, luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 19 de diciembre de esa misma anualidad neg\u00f3 lo pretendido, decisi\u00f3n que fue apelada por el accionante, pero mantenida en su integridad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese distrito judicial mediante prove\u00eddo del 21 de abril de 2023. <\/p>\n
Inconforme con lo determinado el actor popular acude al presente mecanismo excepcional, pues \u00abla juez tutelada dice que no existe obligacion (sic) del accionado por cumplir ley 982 de 2005, art 8 y el tribunal consigna que ha SIDO PASIFICA (sic) LA POSTURA DEL TRIBUNAL, RESPECTO A QUE LAS EMPRESAS SON micro, peque\u00f1a, mediana y gran empresa, criterio paci\ufb01co (sic) de este tribunal tutelado, lo cual es falso, pues siempre he tutelado tal postura dond e (sic) el tribunal y el juez han creido (sic) poder negar el cumplimineto (sic) de la ley 982 de 2005 art 8, ACONDICIONANDOLE A UN CRITERIO PERSONAL, SUBJETIVO Y NO TRA\u00cdDO EN LA LEY 982 DE 2005, ART 5.\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a las autoridades judiciales querelladas, \u00abamparar mi accion (sic) POPULAR [y] SE DEMUESTRE QUE LA LEY 982 DE 2005 ART 8, CONDICIONO EL CUMPLIMIENTO DE DICHO ARTICULO A LA CAPACIDAD ECON\u00d3MICA DEL ACCIONADO\u00bb; As\u00ed mismo, que se disponga a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abme garanticen art 29 CN y actuan (sic) en esta tutela y se les requiera que aporten copias digitales de TODOS MIS DERECHOS DE PETICI\u00d3N ART 23 CN, donde les pido su intervenci\u00f3n en derecho a mi favor en acciones populares y ademas (sic) copias de todas las noti\ufb01caciones o escritos donde les pido su intervenci\u00f3n en derecho manifestando no ser abogados (sic), enviados a correos o\ufb01ciales electr\u00f3nicos y asi (sic) probar mi indefensi\u00f3n en derecho y la negativa de sus actuares en derecho a mi favor\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que es objeto de cuestionamiento en la presente acci\u00f3n constitucional, tras indicar que en la misma \u00abse encuentran contenidas las razones por las cuales esta colegiatura resolvi\u00f3 respaldar el fallo de primera instancia que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, a las que respetuosamente me remito, y descartan la existencia de arbitrariedad en lo resuelto\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que \u00ablo que aqu\u00ed se alega es una presunta irregularidad en un proceso judicial\u00bb, y la entidad \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los derechos del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Pereira pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda, toda vez que al interior del asunto cuestionado \u00abse dio cumplimiento al tr\u00e1mite correspondiente por este despacho, sin haberse vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al promotor de esta acci\u00f3n, decisiones que han sido tomadas conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
4. La Alcald\u00eda de Pereira solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron la garant\u00eda denunciada por el gestor en la acci\u00f3n popular que \u00e9ste adelant\u00f3 contra Agroindustrial Pan y Queso SA (2022-00019), al denegar las pretensiones mediante sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, confirmada en sede de apelaci\u00f3n el 21 de abril de 2023, por cuanto, en su criterio, el demandado s\u00ed debe cumplir las exigencias previstas en la ley 982 de 2005. <\/p>\n
2. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC3459-2023, 13 abr. 2023, rad. 01285-00). <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la autoridad convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9llas no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores del actor. <\/p>\n
4.1. En efecto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira mediante prove\u00eddo del 21 de abril de los corrientes, para confirmar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad, que \u00abneg[\u00f3] las pretensiones\u00bb de la acci\u00f3n popular promovida por el querellante contra Agroindustrial Pan y Queso SA, comenz\u00f3 por precisar que la inconformidad del recurrente, aqu\u00ed interesado, se soporta en la supuesta negativa a dar aplicaci\u00f3n a la ley 982 de 2005 con fundamento en el test de razonabilidad que dio prevalencia a la capacidad econ\u00f3mica de la accionada frente a las personas sordas y sordociegas, y, la falta de \u00e9sta al deber de demostrar la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n sordo ciega. <\/p>\n
No obstante, descendiendo al an\u00e1lisis concreto del caso advirti\u00f3, que si bien \u00abDel objeto social de la propietaria del establecimiento de comercio Agroindustrial Pan y Queso S.A. en liquidaci\u00f3n judicial plasmado en el certificado de existencia y representaci\u00f3n se verifica que algunas de las operaciones que realiza el referido establecimiento, est\u00e1 inmersa la atenci\u00f3n al p\u00fablico y, por consiguiente, le es aplicable la citada normativa [ley 982 de 2005], al margen de que a la actividad que realiza no se catalogue como un servicio p\u00fablico, o que los servicios que comercia no sean de primera necesidad\u00bb, lo cierto es que, \u00abla forma c\u00f3mo se defini\u00f3 el debate evidencia una pugna entre el derecho de libertad de empresa de la accionada y el derecho a la integraci\u00f3n social de las personas sordas y sordociegas\u00bb, por lo que \u00abresulta razonable la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005 atendiendo su capacidad econ\u00f3mica con base en el tama\u00f1o de la empresa de propiedad de la demandada. Criterio que ha sido avalado como razonable en sede de tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien determin\u00f3 que el mismo no contiene \u201ccriterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal\u201d (STC1772-2023)\u00bb. <\/p>\n
De este modo, precis\u00f3 el fallador que \u00abAtendiendo el test adoptado por la jueza de primer grado, para resolver este litigio, es dable recordar al recurrente que el juez no es un mero aplicador de la ley, pues \u201csu papel va mucho m\u00e1s all\u00e1, desentra\u00f1a el derecho, lo aplica, en ocasiones lo integra o crea, de all\u00ed que sea su deber resolver aun cuando no exista norma exactamente aplicable al caso (Art.42-6 C.G.P.). Dicha concepci\u00f3n, de ver al juez como la simple voz de la ley, lejos est\u00e1 de responder a la idea que actualmente le corresponde, dentro del marco de un Estado social de derecho (\u2026) Producto de lo anterior, por ejemplo, podr\u00eda el juzgador concluir en la inaplicaci\u00f3n de un principio a un caso concreto por conceder mayor peso a aquel con el que se gener\u00f3 el conflicto, o la imposibilidad de aplicar una norma por restringir de manera grave un derecho fundamental, lo que no implica el desconocimiento de aquellas disposiciones, sino el resultado de resolver su incompatibilidad a trav\u00e9s de medios v\u00e1lidos de interpretaci\u00f3n judicial\u201d (T.S.P. Sentencia SP-0174-2022). <\/p>\n
Para continuar diciendo: \u00abM\u00e1s all\u00e1 de que la Sala haya aplicado el mencionado test en casos semejantes donde se pretende la protecci\u00f3n de grupos de personas en condici\u00f3n de discapacidad, sea f\u00edsica o sensorial, mediante la adopci\u00f3n de medidas que garantizan su accesibilidad en igualdad de condiciones, concluyendo incluso la imposibilidad de acceder a lo pretendido por el actor popular17, lo cierto es que ese an\u00e1lisis en el caso concreto no llega a la conclusi\u00f3n que plantea el recurrente\u00bb, en raz\u00f3n a que \u00abesta instancia ha considerado \u00fatil acudir a las definiciones de las micro, peque\u00f1a, mediana empresa y gran empresa previstas en el art\u00edculo 2 de la Ley 590 de 2000 modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 905 de 2004 y por el art\u00edculo 43 de la Ley 1450 de <\/p>\n
2011. Igualmente, hay lugar a consultar los criterios para la clasificaci\u00f3n del tama\u00f1o empresarial previstos en el art\u00edculo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 957 de 2019, y los rangos para la definici\u00f3n del referido tama\u00f1o establecidos en su art\u00edculo 2.2.1.13.2.2. <\/p>\n
Se trata de un criterio aplicado en forma pac\u00edfica en esta Corporaci\u00f3n (sentencias SP-0046-2023, SP-0035-2023 y SP-0104-2023, entre otras), donde se plante\u00f3, previo entendimiento de la necesidad e idoneidad de la medida, el empleo del concepto \u201ctama\u00f1o de la empresa\u201d, reglado en las leyes 590, 905 y 1450 y D.957\/2019, como criterio objetivo de proporcionalidad (relaci\u00f3n afectaci\u00f3n – beneficio), para determinar qu\u00e9 comerciantes est\u00e1n en condiciones de soportar el imperativo legal, sin comprometer su existencia misma; y se concluy\u00f3, que las medianas y grandes empresas, son las \u00fanicas capaces de hacerlo, sin arriesgar su funcionamiento, habida cuenta de sus activos, planta de personal e ingresos anuales, que son parang\u00f3n para su categorizaci\u00f3n (Arts.43, Ley <\/p>\n
1450 y 2.2.1.13.2.2., D.957\/2019)\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo, entonces, que \u00abAl descender al caso en concreto, se obtiene que no resulta razonable la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005 atendiendo la capacidad econ\u00f3mica con base en el tama\u00f1o de la empresa de propiedad de la demandada. En efecto, al revisar la matr\u00edcula mercantil aportada por el accionado21 se verifica que el tama\u00f1o de la empresa es: peque\u00f1a. <\/p>\n
Atendiendo el tama\u00f1o de la empresa accionada debidamente acreditado en el anterior documento y sus particularidades, se concluye que el demandante NO cuenta con capacidad econ\u00f3mica y es una carga desproporcionada conminarla a que cumpla las obligaciones contenidas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
4.2. De esta manera, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n reprochada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC3620-2023, 20 abr. 2023, rad. 01396-00). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento, en raz\u00f3n a que, se ha resaltado, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n elevada por el tutelante, para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo \u00ab\u00abme garanticen art 29 CN y actuan (sic) en esta tutela y se les requiera que aporten copias digitales de TODOS MIS DERECHOS DE PETICI\u00d3N ART 23 CN, donde les pido su intervenci\u00f3n en derecho a mi favor en acciones populares y ademas (sic) copias de todas las noti\ufb01caciones o escritos donde les pido su intervenci\u00f3n en derecho manifestando no ser abogados (sic), enviados a correos o\ufb01ciales electr\u00f3nicos y asi (sic) probar mi indefensi\u00f3n en derecho y la negativa de sus actuares en derecho a mi favor\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante la autoridad competente sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular intelecci\u00f3n a la actuaci\u00f3n, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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