STC4332-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4332-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00166-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que el accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jhon Jairo Valencia Mosquera contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Buenaventura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 que se \u00abdeclare la nulidad de toda la actuaci\u00f3n a partir de la sentencia 037 del 06 de septiembre de 2022, emitida por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de conocimiento de Buenaventura, incluida la sentencia 472 del 13 de diciembre del a\u00f1o 2022, emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga \u2013 Sala de Decisi\u00f3n Penal\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo hizo un recuento de los hechos delictivos que se le atribuyeron y se\u00f1al\u00f3 que el juez al valorarlos, le dio plena credibilidad al denunciante y v\u00edctima de los mismos y no a su versi\u00f3n, pese a que lo dicho por aquel era una \u00abconstrucci\u00f3n especulativa que no responde al principio de razonabilidad\u00bb, que adem\u00e1s no fue corroborada, sino desmentida por uno de los testigos, con lo cual se evidencia una valoraci\u00f3n err\u00f3nea de las pruebas. Agreg\u00f3 que no agot\u00f3 los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n o revisi\u00f3n, porque el tiempo que demore el tr\u00e1mite de los mismos puede generarle un perjuicio irremediable. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a atenerse a la decisi\u00f3n de segunda instancia que dict\u00f3 dentro del juicio cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras constatar incumplido el requisito de la subsidiariedad de la tutela, porque el fallo de segunda instancia no fue atacado mediante el recurso de casaci\u00f3n, a la par que no se demostr\u00f3 como la tardanza en haber intentado el mecanismo habr\u00eda generado un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, insistiendo en los mismos argumentos que expuso en el escrito inicial, con \u00e9nfasis en que no agot\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, porque mientras se resuelve pasar\u00eda varios a\u00f1os privado de la libertad, y en \u00faltimas cumplir\u00eda la condena, lo que tornar\u00eda en ineficaz el mecanismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por el actor, en esencia es la sentencia de 13 de diciembre de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de 6 de septiembre anterior del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Buenaventura, de condenarlo como autor responsable del punible de extorsi\u00f3n, en grado de tentativa. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala corresponde confirmar la negativa al amparo por la que opt\u00f3 el juez constitucional a quo, pues se constata que el gestor abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que las inconformidades que aqu\u00ed expone fueran abordadas por el fallador natural, al no haber recurrido en casaci\u00f3n lo sentenciado por el Tribunal, pese a haber tenido oportunidad para ello. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir en los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. De otro lado, muy a pesar de las alegaciones elevadas por el actor en su impugnaci\u00f3n, no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que no est\u00e1 probado que el solo paso del tiempo que hubiera tardado en tramitarse el mecanismo extraordinario en comento, le cause un detrimento de tales caracter\u00edsticas, ya que, no solo es una eventualidad que tal tardanza se presentara, sino adem\u00e1s, porque la privaci\u00f3n de la libertad obedece al cumplimiento de una decisi\u00f3n judicial que se presume legalmente proferida. Mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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