STC4334-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4334-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Felipe Vargas Mora contra el Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda y la Secretar\u00eda de Gobierno del Municipio de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En concreto solicita que \u00abse le ordene al Juez Segundo de Familia de Monter\u00eda, Secretar\u00eda de Gobierno de C\u00facuta, que de forma inmediata expida medida provisional de suspensi\u00f3n frente a las decisiones y actuaciones procesales que se han tomado y generado en contra del inmueble objeto de secuestro debido a que esto configura un perjuicio irremediable con ocasi\u00f3n a la violaci\u00f3n del debido proceso y a la indebida notificaci\u00f3n\u00bb, y que el precitado estrado \u00able permita acceder al expediente digital a [su] apoderada (\u2026) del proceso ejecutivo de familia (sic) con radicado 23001311100020220008100\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Narra el accionante que tuvo que irse del pa\u00eds y no ha podido enviar dinero para la manutenci\u00f3n de su menor hija, pero el 17 de abril de 2021 le inform\u00f3 a la mam\u00e1 de \u00e9sta su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico mediante mensaje enviado por la aplicaci\u00f3n WhatsApp, no obstante, el 17 de marzo de 2023 solicit\u00f3 un certificado de registro de instrumentos p\u00fablicos de un inmueble de su propiedad y encontr\u00f3 que fue embargado el derecho que ostenta sobre el mismo por cuenta del proceso ejecutivo de alimentos antes identificado. <\/p>\n
2.2. Expone que el mismo 17 de marzo su apoderada judicial envi\u00f3 al juzgado el poder por \u00e9l conferido y solicit\u00f3 link de acceso al expediente, sin que a la fecha le haya sido proporcionado el mismo ni se le haya reconocido personer\u00eda a su mandataria, entretanto se va a ejecutar la medida cautelar de secuestro de su inmueble por intermedio de la Alcald\u00eda Municipal de C\u00facuta, lo que, dice, le generar\u00eda un perjuicio irremediable, ya que no ha sido debidamente notificado del juicio en su contra, pese a que la ejecutante tiene su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, los n\u00famero telef\u00f3nicos de su hermana y su mam\u00e1 y la direcci\u00f3n del predio objeto de cautelas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda inform\u00f3 que el 24 de marzo del presente a\u00f1o se reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada del aqu\u00ed interesado y se orden\u00f3 por secretar\u00eda enviarle el link de acceso al expediente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el decreto de las medidas cautelares sobre el inmueble del gestor se ajust\u00f3 a las normas aplicables y en cuanto a la notificaci\u00f3n de \u00e9ste, precis\u00f3 que se realiz\u00f3 mediante emplazamiento y se le design\u00f3 curador ad litem para representarlo, quien en su nombre contest\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Solicit\u00f3 que se niegue el amparo porque el gestor no ha solicitado la nulidad del proceso por la supuesta indebida notificaci\u00f3n que alega. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de C\u00facuta pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, o en su defecto se niegue la protecci\u00f3n, porque la cautela a practicar obedece al cumplimiento de una comisi\u00f3n por parte del Juzgado Segundo de Familia de Monter\u00eda, para que se secuestre el 50% del bien del actor. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Gobierno de C\u00facuta tambi\u00e9n pidi\u00f3 ser apartada de la presente actuaci\u00f3n, porque no le compete dirimir discusiones en materia de familia. <\/p>\n
4. Jessica Tiria Ar\u00e9valo resalt\u00f3 que el gestor cuenta con otros medios para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
5. La Defensora de Familia adscrita al juzgado convocado indic\u00f3 que seg\u00fan informe del equipo interdisciplinario, la menor de edad involucrada en la queja constitucional cuenta con un medio familiar garante de sus derechos y precis\u00f3 que fueron las diferencias entre sus progenitores lo que motiv\u00f3 el inicio del referido cobro ejecutivo de alimentos, con base en el acta de conciliaci\u00f3n celebrada el 21 de abril de 2017 ante la Procuradur\u00eda 11 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de C\u00facuta. <\/p>\n
6. La Procuradora de Familia resalt\u00f3 que en el decurso criticado no se presenta mora judicial y que al accionante le corresponde alegar all\u00ed la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, lo que torna en improcedente el resguardo pedido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, porque el accionante cuenta con un medio de defensa dentro del proceso cuestionado, consistente en la posibilidad de alegar la nulidad del mismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora del resguardo, con \u00e9nfasis en que la cautela sobre el bien de su propiedad le genera un perjuicio irremediable y que solo hasta el 24 de marzo de 2023 su apoderada present\u00f3 incidente de nulidad del juicio desde el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, adem\u00e1s de que el 28 de marzo siguiente se verific\u00f3 el secuestro de su inmueble. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, porque seg\u00fan lo inform\u00f3 el actor en su impugnaci\u00f3n, el pasado 24 de marzo su mandataria pidi\u00f3 al juzgado accionado la nulidad del proceso por su indebida notificaci\u00f3n, solicitud que se encuentra pendiente de pronunciamiento. <\/p>\n
Se encuentra entonces en debate dentro del proceso cuestionado, la legalidad de la notificaci\u00f3n del demandado, con la eventual consecuencia de que se deje sin efecto todo lo actuado desde que se libr\u00f3 el mandamiento de pago en contra de \u00e9ste, lo que impide al juzgador constitucional anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Aunado a lo expuesto, de la situaci\u00f3n encontrada no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, no est\u00e1 probado que mientras se define la anotada solicitud de invalidaci\u00f3n procesal, se cause un perjuicio irremediable al gestor debido las medidas cautelares decretadas sobre el bien de su propiedad; mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, est\u00e1n ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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