STC4337-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4337-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de abril de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Candelaria Sep\u00falveda Escobar contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita en consecuencia que se ordene \u00abdeclar[ar] nulo el auto de fecha 22 de noviembre de 2019 y se le ordene al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena que apruebe el inventario y aval\u00fao presentado el 31 de mayo de 2012, por no haber sido objetado por las partes, en sus oportunidades legales; declar[ar] nulo el auto de fecha 20 de mayo de 2019 y el [precitado estrado] dicte sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n presentada por el partidor el 9 de julio de 2018, por no haber sido objetada por las partes en sus oportunidades legales; declarar[ar] nulo tambi\u00e9n el auto de fecha 2 de noviembre de 2018 porque el [Juzgado] no puede ordenarle al partidor hacer otra partici\u00f3n (\u2026); declar[ar] nulo el auto de fecha 9 de agosto de 2022, porque el [Juzgado] debe hacer control de legalidad al auto del 22 de noviembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto, la gestora expuso que dentro del proceso de sucesi\u00f3n del causante Santiago Sep\u00falveda D\u00edaz, el 31 de mayo de 2012 el Juzgado accionado celebr\u00f3 la audiencia de inventario de bienes y aval\u00faos, y seg\u00fan aquella, el inventario no fue objetado, pero el 22 de noviembre de 2019 fueron excluidos del mismo los bienes, activos y pasivos que a solicitud suya se hab\u00edan inventariado en esa oportunidad, por lo que pidi\u00f3 se hiciera control de legalidad a las actuaciones a lo cual no accedi\u00f3 el estrado cognoscente el 9 de agosto de 2022, decisi\u00f3n que atac\u00f3 mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero no se dio tr\u00e1mite al mismo. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DEL CONVOCADO <\/p>\n
El Juzgado Cuarto de Familia inform\u00f3 que el 30 de septiembre de 2015 resolvi\u00f3 las objeciones presentadas por Bernarda G\u00f3mez contra los inventarios y aval\u00faos adicionales y el 29 de marzo de 2019 Bernarda Arias G\u00f3mez pidi\u00f3 la declaratoria de ilegalidad del auto de 28 de noviembre de 2019 que fij\u00f3 fecha de inventario y aval\u00fao adicional; el 29 de mayo de 2019 dej\u00f3 sin efectos el auto de 30 de septiembre de 2015 con que se resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos adicionales y el numeral 2\u00ba del auto de 18 de abril de 2018 que decret\u00f3 la partici\u00f3n y nombr\u00f3 partidor, el numeral 2\u00ba del auto de 9 de agosto de 2018, el auto de 2 de noviembre de 2018 y el numeral 2\u00ba del auto de 1\u00ba de marzo de 2019; por lo cual el 22 de noviembre de 2019 decidi\u00f3 sobre la objeci\u00f3n al inventario y aval\u00fao adicional. <\/p>\n
Narr\u00f3 que el 9 de agosto de 2022 no accedi\u00f3 a la solicitud de control de legalidad que present\u00f3 la aqu\u00ed accionante y decret\u00f3 la partici\u00f3n, decisi\u00f3n atacada por las partes mediante el recurso de reposici\u00f3n, decidido el 6 de febrero de 2023, declar\u00e1ndose extempor\u00e1neo el mecanismo presentado por la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, ya que la \u00faltima decisi\u00f3n cuestionada data del 9 de agosto de 2022, es decir, se dejaron transcurrir 7 meses y 13 d\u00edas para presentar la tutela contra la misma. De otro lado, tambi\u00e9n hall\u00f3 incumplido el presupuesto de la subsidiariedad, porque si bien la precitada decisi\u00f3n fue atacada mediante el recurso de reposici\u00f3n, el mecanismo no fue decidido por extempor\u00e1neo, tal como se anot\u00f3 en el auto de 6 de febrero de 2023, de manera que, evidentemente si hubo pronunciamiento frente al mismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora insistiendo en sus reclamos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado porque el prove\u00eddo m\u00e1s reciente que se acusa de haber vulnerado la prerrogativas superiores invocadas, consistente en el de 9 de agosto de 2022, con que no se accedi\u00f3 a hacer control de legalidad a las actuaciones, fue emitido m\u00e1s de siete (7) meses antes de la interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 22 de marzo de 2023, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, no solo contra esa decisi\u00f3n, sino obviamente tambi\u00e9n respecto de las anteriores, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. De otro lado, aunque la gestora atac\u00f3 esa decisi\u00f3n mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, los interpuso de manera extempor\u00e1nea, tal como qued\u00f3 establecido en prove\u00eddo de 6 de febrero de 2023, con que se les neg\u00f3 el tr\u00e1mite por tal motivo, lo que evidencia su descuido en el empleo de los m\u00faltiples medios de protecci\u00f3n con que cont\u00f3 al interior del proceso, circunstancia que impide al juez de tutela interferir dentro del mismo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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