STC4348-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4348-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-22-14-000-2023-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 27 de marzo de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Guti\u00e9rrez Uribe contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil \u2013 Delegaci\u00f3n Departamental de Santander \u2013 Gerencia de Talento Humano. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que actualmente tiene 54 a\u00f1os de edad y que desde el a\u00f1o 2017 se ha desempe\u00f1ado como registrador en el municipio del Valle de San Jos\u00e9. <\/p>\n
2.1. Inform\u00f3 que actualmente padece las siguientes condiciones de salud: <\/p>\n
– Paciente con antecedente de infarto agudo de miocardio en septiembre de 2020, actualmente con tratamiento por una angioplastia coronaria con Stent coronario medicado a la descendiente posterior marginal obtusa. <\/p>\n
– Paciente con control y seguimiento por nutrici\u00f3n, psicolog\u00eda, cardiolog\u00eda y medicina interna <\/p>\n
– Paciente con programa de vigilancia biomec\u00e1nico, psicolaboral, auditivo y visual <\/p>\n
– Paciente con tratamiento a Programas Especiales en salud de la EPS- SANITAS, con prescripci\u00f3n mensual de medicamentos \u00e1cido acetil salic\u00edlico ASA, Metformina, Levotiroxina, metoprolol, losartan, ezetimiba y Rosuvastatina. <\/p>\n
– Paciente con diagn\u00f3stico de enfermedad ateroscler\u00f3tica del coraz\u00f3n, con orden de control o seguimiento por especialista en cardiolog\u00eda. <\/p>\n
– Paciente con certificado emitido por profesional en medicina ocupacional SAF QUALITAS, el pasado 13 de diciembre de 2022, respecto de aptitud laboral con restricciones y recomendaciones laborales de no suspender tratamiento y con valoraci\u00f3n de manera presencial. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que desde hace 34 a\u00f1os ha cumplido con la totalidad de las tareas asignadas, incluyendo los m\u00faltiples traslados a diferentes municipios a los que nunca se ha opuesto. Se\u00f1al\u00f3 que el 10 de marzo de 2023, recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico de la Oficina de Talento Humano de la Delegaci\u00f3n Departamental de Santander, mediante el cual se le comunica el contenido de la Resoluci\u00f3n No 5496 del mismo a\u00f1o, en la que se dispone su traslado al municipio de Almaguer \u2013 Cauca por necesidad del servicio. Determinaci\u00f3n frente a la cual no proceden recursos. <\/p>\n
2.3. Manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada lo afecta, en la medida que no se tuvo en cuenta sus condiciones de salud, mismas que han sido puestas en conocimiento de la entidad, m\u00e1xime cuando por recomendaci\u00f3n de psicolog\u00eda no debe desplazarse a zonas conflictivas, aludiendo adem\u00e1s a que pudo hab\u00e9rsele dado un traslado a un lugar m\u00e1s cercano. Resalt\u00f3 que su esposa tambi\u00e9n padece problemas de salud por lo que necesita acompa\u00f1amiento, el cual actualmente realiza el promotor. Asimismo, indic\u00f3 que su madre tiene quebrantamientos de salud y \u00e9l es el familiar m\u00e1s cercano. Adicionalmente, destac\u00f3 que su hijo es oficial del Ej\u00e9rcito Nacional y ha sido amenazado por grupos ilegales que delinquen en el Cauca, por ello considera que en ese municipio su vida puede estar en riesgo. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se acceda transitoriamente a la protecci\u00f3n de sus derechos por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses hasta que acuda a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, para instaurar acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resoluci\u00f3n N\u00ba5496 de 2023. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil manifest\u00f3 que el amparo impetrado es improcedente, toda vez que el accionante debi\u00f3 acudir ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa para adelantar el control de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, no prob\u00f3 el perjuicio irremediable. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que la determinaci\u00f3n motivo de inconformidad no es arbitraria, pues se adopt\u00f3 de manera temporal, con fundamento en las elecciones regionales del 29 de octubre del a\u00f1o presente. Por su parte, La Delegaci\u00f3n Departamental de Santander aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para realizar traslados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo rogado. Consider\u00f3 que \u00abla intervenci\u00f3n del juez constitucional, en principio estar\u00eda vedada, lo cual debe en todo caso hacerse solo bajo condiciones enteramente excepcionales o especiales, en procura de evitar un perjuicio irremediable, atendida la amplia doctrina constitucional que rige sobre la materia y la cual no podr\u00eda ser aplicaba en este evento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor insiste en los argumentos expuesto en el escrito inicial. Manifiesta que es evidente \u00abla conculcaci\u00f3n de mis derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando la entidad empleadora ten\u00eda pleno conocimiento de mi estado de salud y los tratamientos que deb\u00eda realizarme\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la libelista, con ocasi\u00f3n de la resoluci\u00f3n No. 5496, con la cual se orden\u00f3 su traslado temporal al municipio de Almaguer \u2013 Cauca. Por lo cual persigue que se acceda transitoriamente a la protecci\u00f3n de sus derechos por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses hasta que acuda a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
2. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, se concluye que las inconformidades planteadas por el actor frente al acto administrativo referido, deben ser propuestas ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativo mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011. Escenario en el cual, incluso puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de dicho acto, con el fin de prevenir el perjuicio inmediato que alega. Por lo tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento de las herramientas que dispone el ordenamiento jur\u00eddico ordinario ante las autoridades competentes. Al respecto, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. (CSJ STC 10855-2019) <\/p>\n
3. Sumado lo anterior, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues si bien el promotor sustent\u00f3 las patolog\u00edas que padece, lo cierto es que estas pueden seguir siendo tratadas en el municipio de Almaguer en el lugar que la EPS le indique. Adem\u00e1s, frente a lo planteado respecto a la salud de su esposa y de su madre, no se demostr\u00f3 el impedimento que le genera a estas el traslado al mencionado municipio, as\u00ed como tampoco las amenazas de las que ha sido objeto su hijo. Por lo tanto, es claro que no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
4. En consecuencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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