STC4357-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC4357-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00571-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 11 de abril de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Anderson Andr\u00e9s S\u00e1nchez Restrepo, Diego Alejandro y Juan Andr\u00e9s Ca\u00f1as S\u00e1nchez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, los Juzgados D\u00e9cimo Penal Municipal y Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, ambos de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de su garant\u00eda a la libertad, que dicen vulnerada por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidieron \u00abexpedir [su] boleta de libertad\u2026 y remitirla por el medio m\u00e1s expedido a la c\u00e1rcel del Pedregal en San Crist\u00f3bal Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Anderson Andr\u00e9s S\u00e1nchez Restrepo, Diego Alejandro y Juan Andr\u00e9s Ca\u00f1as S\u00e1nchez se adelanta proceso penal por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado\u00bb, conforme imputaci\u00f3n realizada en audiencia del 10 de octubre de 2020. <\/p>\n
2.2. Iniciada la audiencia preparatoria, los imputados solicitaron la nulidad de la actuaci\u00f3n, que fue desestimada con decisi\u00f3n del 5 de julio de 2022, decisi\u00f3n que apelaron los peticionarios, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia de 24 de febrero de 2023. <\/p>\n
2.3. En curso del prenotado tr\u00e1mite, los procesados reclamaron \u00abla revocatoria de la medida de aseguramiento por el vencimiento de los t\u00e9rminos seg\u00fan el numeral 5 del art\u00edculo 317 A del CPP\u00bb, que fue negada el 18 de enero de 2023, determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con auto del 14 de febrero pasado. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que los falladores accionados \u00abolvidaron que bien [la interposici\u00f3n de la apelaci\u00f3n] pudo tratarse de una maniobra dilatoria de la defensa de los procesados\u2026, tambi\u00e9n es cierto que el recurso\u2026 tiene unos t\u00e9rminos para resolverse\u2026, que no se cumplieron\u2026\u00bb, toda vez que \u00abel Tribunal ten\u00eda trece d\u00edas para resolver el recurso y no ocho meses; en otras palabras, ten\u00eda el Tribunal ten\u00eda 13 d\u00edas y se demor\u00f3 doscientos cuarenta (240) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.5. Finalmente, precisaron que \u00abtienen 568 d\u00edas en detenci\u00f3n preventiva, superando ampliamente el plazo legal prescrito para la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, tras rendir informe sobre las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, manifest\u00f3 que \u00abno le ha flagelado derecho fundamental alguno a los accionantes\u00bb, toda vez que \u00abla actuaci\u00f3n que se ataca por v\u00eda de tutela, se escapa de [su] competencia, habida cuenta que la inconformidad planteada\u2026, es del resorte\u2026 de los Juzgados con funciones de control de garant\u00edas que conocieron la solicitud de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de este mismo departamento, dijo \u00abno haber vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes, pero [que] est\u00e1 presto a cumplir lo que se ordene\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resalt\u00f3 que \u00absi bien, lo deseable hubiese sido brindar una r\u00e1pida soluci\u00f3n a asuntos como el [criticado], materialmente ello resulta imposible, dado el grado de congesti\u00f3n que enfrenta [ese] despacho, donde existen muchos procesos con personas privadas de la libertad por diferentes delitos\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado Jorge Alejandro Tob\u00f3n Vergara, quien dijo fungir \u00abcomo defensor de\u2026 Carlos Antonio Jaramillo Osorno, Andr\u00e9s Felipe Guti\u00e9rrez Sierra y Andr\u00e9s Felipe Gonz\u00e1lez\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlos en el presente asunto, pidi\u00f3 conceder la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6. El Juzgado D\u00e9cimo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa localidad esgrimi\u00f3 que \u00abel actor pretende utilizar la acci\u00f3n\u2026 de tutela como una tercera instancia de decisi\u00f3n, en tanto, posterior al agotamiento de los recursos ordinarios, se pretende obtener una opini\u00f3n diversa con los mismos elementos e inclusive revivir un debate\u2026 sobre un asunto que claramente se encuentra resuelto\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por cuanto \u00ablas pretensiones formuladas por los accionantes deben discutirse en el marco de la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los promotores destacaron que \u00abno hay otro mecanismo que pueda acoger o proteger [su] derecho a la libertad\u00bb, toda vez que \u00abya los Despachos fallaron en primera y segunda instancia y como tal no puede hacerse nada diferente a impetrar la protecci\u00f3n v\u00eda tutela\u00bb. Por lo dem\u00e1s, reiteraron sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad de su privaci\u00f3n de la libertad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. En el presente asunto, de los documentos obrantes en el expediente, advierte la Corte que el amparo incoado estaba llamado a fracasar, por lo que debe confirmarse la determinaci\u00f3n impugnada, pues como lo pretendido por los actores es obtener su libertad, bajo el supuesto de que las decisiones que se la denegaron no se ajustan al ordenamiento jur\u00eddico, prolog\u00e1ndose, sin justificaci\u00f3n, la restricci\u00f3n de su autonom\u00eda personal, es evidente que cuentan con otro mecanismo judicial, id\u00f3neo y eficaz, para obtener su cometido, el cual no es otro que la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, como acertadamente lo concluyera el fallador de tutela de primer grado. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia contemplada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, a saber, \u00ab[c]uando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus\u00bb. <\/p>\n
Frente a un asunto con alguna similitud al de ahora, la Sala expuso decisivamente que: <\/p>\n
En el caso que es objeto de estudio, se advierte que el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para invocar la protecci\u00f3n del derecho fundamental que estima le fue vulnerado por las autoridades judiciales con las providencias que profirieron, como lo es la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, la cual est\u00e1 prevista en la ley como un mecanismo de salvaguarda id\u00f3neo para proteger la garant\u00eda que por esta v\u00eda reclama. <\/p>\n
En efecto, como quiera que el reclamante pretende que a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, se ordene la libertad condicional que le fue negada por los falladores accionados, es plausible que puede acudir al referido mecanismo judicial conforme lo dispone el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que establece: \u201cquien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por s\u00ed o por interpuesta persona, el h\u00e1beas corpus\u201d. <\/p>\n
Resulta, entonces, ostensible, conforme lo concluy\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, que si el promotor del amparo considera que los juzgadores con las determinaciones proferidas, est\u00e1n prolongando ilegalmente la privaci\u00f3n de su libertad, \u2026debe acudir a la referida acci\u00f3n, medio judicial id\u00f3neo para propender la protecci\u00f3n aludida, adem\u00e1s porque el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991 en su numeral 2\u00ba establece la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando para proteger el derecho presuntamente vulnerado se pueda invocar el recurso de h\u00e1beas corpus (CSJ STC, 22 nov. 2012, rad. 2012-02302-01, reiterada en CSJ STC, 28 feb. 2014, rad. 2014-00185-01; STC19000-2017, 16 nov., rad. 2017-01596-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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