STC4361-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4361-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-00635-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Isabel Ortiz y Pedro Julio Rodr\u00edguez Cifuentes contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot\u00e1 y a las partes e intervinientes en el proceso censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado, demandan la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados por la autoridad accionada en el proceso 11001310302220090001300. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Los tutelantes promovieron una demanda de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva del predio identificado con el FMI 50C-123396, que fue admitida el 27 de febrero de 20091 contra los herederos determinados e indeterminados de Luis Antonio Le\u00f3n Ortiz Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 de Jes\u00fas y Mar\u00eda Elisa Rodr\u00edguez Cifuentes y dieciocho personas determinadas. <\/p>\n
2.2. El 24 de agosto de 20212, \u00abEn atenci\u00f3n a las diversas manifestaciones del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU\u00bb, se requiri\u00f3 a la parte interesada para que allegara el certificado especial de pertenencia del inmueble en disputa. <\/p>\n
2.3. Los actores informaron3 que, para el efecto, la Oficina de Registro requer\u00eda que fueran adjuntadas las \u00faltimas escrituras de compra, con sellos originales de registro, \u00ablos cuales deber\u00e1n estar en poder de los titulares del derecho de dominio\u00bb, por lo que no estaban obligados a lo imposible, m\u00e1xime que el inmueble, luego de la expropiaci\u00f3n administrativa, pertenec\u00eda al IDU, era un bien p\u00fablico imprescriptible y actualmente inexistente ante su demolici\u00f3n. Expresaron que el actual prop\u00f3sito del proceso era que les pagaran la indemnizaci\u00f3n que, con ese fin, fue consignada a \u00f3rdenes del Juzgado por el IDU. <\/p>\n
2.4. El 25 de noviembre de 20214 se libr\u00f3 oficio a la ORI, a fin de que expidiera el certificado especial para pertenencia del inmueble involucrado y, el 3 de mayo de 2022, la parte demandante explic\u00f3 que, tramitado el respectivo oficio, les fueron requeridos los mismos documentos, que no pod\u00edan allegar, raz\u00f3n por la cual solicitaron fijar fecha para la diligencia de juzgamiento. <\/p>\n
2.5. El 22 de febrero de 20235, el Juzgado cit\u00f3 al IDU en calidad de litisconsorte necesario y orden\u00f3 su notificaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada el 6 de marzo siguiente6, data en la que tambi\u00e9n neg\u00f3 la citaci\u00f3n a audiencia. De otro lado, el Juzgado orden\u00f3 oficiar a las Notar\u00edas 5 y 9, para que expidieran las escrituras p\u00fablicas con la certificaci\u00f3n necesaria, de conformidad con lo pedido por la ORI, y a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para que emitiera copia del plano de ubicaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
3. La parte actora censura que: i) no le es aplicable el inciso 2 del art\u00edculo 61 del CGP y no puede llamarse como litisconsorte necesario al IDU, porque desde la expropiaci\u00f3n es el propietario indiscutible del inmueble, sobre el cual ya no se puede adelantar el proceso de pertenencia, por tratarse de una entidad p\u00fablica, de manera que lo \u00fanico que se persigue en el juicio es que se declare que ellos se encontraban en posesi\u00f3n antes de la expropiaci\u00f3n y que se les entregue la indemnizaci\u00f3n pertinente; ii) se prejuzg\u00f3, al manifestar que el precio pagado por la expropiaci\u00f3n del predio no es del resorte del proceso, desconociendo que el IDU realiz\u00f3 un dep\u00f3sito judicial a \u00f3rdenes el Juzgado de conocimiento de la \u00e9poca; iii) no es necesario el certificado especial para proceso de pertenencia, pues ya no hay duda de la titularidad del derecho de dominio y de la improcedencia de la declaraci\u00f3n de pertenencia; adem\u00e1s, luego de adelantarse el juicio por catorce a\u00f1os, se pretende someter el asunto a un tr\u00e1mite adicional ante el IDU para reclamar la indemnizaci\u00f3n; iv) en cuanto a las pruebas ordenadas en el segundo auto del 6 de marzo de 2023, sostuvo que era in\u00fatil oficiar a las notar\u00edas, porque los instrumentos p\u00fablicos requeridos reposan en el Archivo General de la Naci\u00f3n y en otra Notar\u00eda; v) la posible declaraci\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito es una v\u00eda de hecho; vi) se impuso la carga de notificar al IDU de conformidad con los art\u00edculos 315 y 320 del C.P.C., pese a que el numeral 6 del art\u00edculo 627 del C.G.P. establece su entrada en vigor en un plazo m\u00e1ximo de tres a\u00f1os y tiene norma especial para notificar entidades p\u00fablicas; vii) el Juzgado accionado est\u00e1 en mora de fijar fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
4. Conforme a lo narrado, piden que se ordene al Juzgado accionado fijar fecha para adelantar la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento y, si la sentencia es favorable, que se ordene la entrega del t\u00edtulo judicial que consign\u00f3 el IDU. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que la vinculaci\u00f3n del IDU al proceso era necesaria, para evitar un fallo inhibitorio, y que la prueba documental ordenada se requer\u00eda para verificar la naturaleza y condici\u00f3n actual del predio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El IDU sostuvo que, luego del proceso de expropiaci\u00f3n, el predio con FMI 50C-123396 pas\u00f3 a ser de su propiedad y que las pretensiones de la tutela no reca\u00edan sobre asuntos de su competencia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al establecer que las razones expuestas en los autos de 22 de febrero y de 6 de marzo del 2023 sobre la vinculaci\u00f3n del IDU no luc\u00edan caprichosas y que la tutela era improcedente, por falta del requisito de subsidiariedad, en tanto que los actores no formularon reparo alguno sobre las cargas procesales impuestas en el prove\u00eddo del 6 de marzo de 2023 y la notificaci\u00f3n de la entidad vinculada. A\u00f1adi\u00f3 que el debate sobre la indemnizaci\u00f3n proveniente de la expropiaci\u00f3n \u00abdebe ser en su momento, no antes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los gestores, quienes manifestaron que el auto que dispone integrar el litisconsorcio necesario no es susceptible de alzada y que frente al que ordena pruebas de oficio no procede recurso alguno. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los tutelantes pretenden el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con los autos del 6 de marzo de 2023, que dispusieron la vinculaci\u00f3n al proceso del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y librar oficios, con el fin de obtener una prueba documental. <\/p>\n
2. En cuanto al auto del auto del 6 de marzo de 2023, que mantuvo la decisi\u00f3n del 22 de febrero anterior de vincular como litisconsorte necesario al Instituto de Desarrollo Urbano, se observa que el Juzgado accionando cit\u00f3 como fundamento el inciso 2 del art\u00edculo 61 del CGP y precis\u00f3 que debe comparecer al juicio respectivo, pues, al margen de que no se discuta la propiedad, s\u00ed la posesi\u00f3n, \u00abya que, tanto la norma actual como la anterior, ordenan que la demanda sea dirigida contra los propietarios de derechos reales inscritos y si en el transcurso del proceso esos cambian, se debe dar aplicaci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico memorado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n pretendida por la parte activa, \u00aben principio no es del resorte de esta clase de procesos, pues a lo que se limita el mismo es a resolver sobre la declaraci\u00f3n de pertenencia\u00bb y, en tal virtud, le asist\u00eda inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n al IDU. <\/p>\n
Por otra parte, aclar\u00f3 que lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 375 del estatuto procesal \u00abes un asunto que de ser del caso, se resolver\u00eda con la decisi\u00f3n final y previo el acreditamiento de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n incoada\u00bb, destacando que, conforme a las reglas que rigen la expropiaci\u00f3n, la entidad p\u00fablica deb\u00eda establecer a qui\u00e9n corresponde la respectiva indemnizaci\u00f3n, \u00abraz\u00f3n de m\u00e1s para considerar la improcedencia de se\u00f1alar fecha de audiencia cuando no se ha integrado en debida forma el contradictorio\u00bb. <\/p>\n
2.1. Como se observa, la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y de las pruebas allegadas, a la luz de la normatividad aplicable y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no luce irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado accionado consider\u00f3 necesario vincular al proceso al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, para decidir el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, dado que esa entidad adelant\u00f3 la expropiaci\u00f3n administrativa a su favor sobre el inmueble objeto del litigio, en el que dispuso el pago de la indemnizaci\u00f3n que pretenden los demandantes, de all\u00ed que su comparecencia al juicio, como titular del derecho de dominio no luce antojadizo; y, por lo mismo, no era procedente fijar a\u00fan fecha para adelantar la respectiva audiencia de fallo. <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a la forma en que se dispuso efectuar el enteramiento al litisconsorte necesario, se observa que tal aspecto no fue objeto de reparo en el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra aquella decisi\u00f3n, de manera que los accionantes despreciaron la oportunidad de exponer tal inconformidad ante el competente, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar su desidia (CSJ STC949-2023). <\/p>\n
4. En cuanto a las pruebas documentales dispuestas en el segundo auto del 6 de marzo de 2023, referentes a unas escrituras p\u00fablicas y a un plano catastral, se advierte que las mismas fueron decretadas en atenci\u00f3n a los anexos requeridos por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, para la obtenci\u00f3n del certificado especial para el proceso de pertenencia, prueba que fue ordenada de oficio en auto del 24 de agosto de 2021, por lo que frente a ella y a lo necesario para su materializaci\u00f3n el ruego no cumple con el presupuesto de inmediatez, dado que ello es consecuencia de esa decisi\u00f3n. A lo anterior se suma que lo dispuesto est\u00e1 relacionado con el tema a resolver, pues corresponde con aspectos pertinentes frente a la titularidad y propiedad discutida. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en cuanto a los reparos consistentes en i) la eventual omisi\u00f3n de pronunciamiento sobre lo que los accionantes consideran ahora debe ser el objeto de la litis, ii) la advertencia sobre la posible declaraci\u00f3n de desistimiento t\u00e1cito y iii) la solicitud de que en la futura sentencia se ordene el pago a su favor del t\u00edtulo judicial, por concepto de la expropiaci\u00f3n, advierte la Sala que tales asuntos no han sido objeto de decisi\u00f3n por parte del juez de conocimiento, de manera que no se han concretado las presuntas irregularidades u omisiones alegadas como vulneradoras de los derechos fundamentales, por lo que el ruego carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 124, Cuaderno principal, expediente 2009-00013-00. <\/p>\n
2\u0002 Folio 425, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 460, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 463, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 2, documento 04, expediente 2009-00013. <\/p>\n
6\u0002 Folio 17, ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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