{"id":73149,"date":"2024-05-20T22:43:42","date_gmt":"2024-05-20T22:43:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc4363-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:43:42","modified_gmt":"2024-05-20T22:43:42","slug":"stc4363-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc4363-2023\/","title":{"rendered":"STC4363 2023"},"content":{"rendered":"<p>STC4363-2023<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrada &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC4363-2023 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;N\u00b0 &nbsp;73001-22-13-000-2023-00020-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide &nbsp;la Corte la &nbsp;impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil &nbsp;Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 &nbsp;el 6 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Elizabeth &nbsp;Jim\u00e9nez Bri\u00f1ez promovi\u00f3 &nbsp;contra Juzgado &nbsp;Segundo Civil del Circuito del Guamo, tr\u00e1mite &nbsp;al que fueron vinculadas las partes e interesados en la acci\u00f3n &nbsp;popular con radicado 2022-00110. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos &nbsp;fundamentales al debido &nbsp;proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, &nbsp;presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. &nbsp;<\/p>\n<p>Manifest\u00f3 &nbsp;que, el Juzgado Segundo &nbsp;Civil del Circuito del Guamo &nbsp;mediante auto de 18 de octubre de 2022, inadmiti\u00f3 la acci\u00f3n &nbsp;popular que formul\u00f3 contra Gabriel Grimaldo Galindo, &nbsp;soslayando que el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del &nbsp;Proceso, contempla en forma taxativa las causales de inadmisi\u00f3n &nbsp;y corresponden a \u00abcircunstancias &nbsp;formales y no materiales\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Refiri\u00f3 &nbsp;que en la aludida providencia se le solicit\u00f3 se\u00f1alar &nbsp;los fundamentos de derecho por los cuales la servidumbre con el paso &nbsp;del tiempo se convirti\u00f3 en una v\u00eda p\u00fablica &nbsp;\u00abdebiendo &nbsp;precisar si la misma se extingui\u00f3 por causa legal o &nbsp;convencional\u00bb, y &nbsp;adem\u00e1s &nbsp;se\u00f1alar si \u00abla &nbsp;franja de terreno o camino p\u00fablico fue constituida de manera &nbsp;voluntaria o judicial\u00bb, &nbsp;<\/p>\n<p>Indic\u00f3 &nbsp;que present\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n, y el Juzgado &nbsp;accionado en providencia de 8 de noviembre de 2022 rechaz\u00f3 la &nbsp;demanda, porque no se aport\u00f3 prueba id\u00f3nea de que el &nbsp;\u00abcamino &nbsp;p\u00fablico\u00bb &nbsp;es un bien p\u00fablico, como tampoco la naturaleza del bien en &nbsp;donde se encuentra trazado, y adem\u00e1s porque debi\u00f3 &nbsp;vincularse al ente territorial correspondiente para constituir un &nbsp;litisconsorte necesario. &nbsp;<\/p>\n<p>Se\u00f1al\u00f3 &nbsp;que recurri\u00f3 la anterior decisi\u00f3n en apelaci\u00f3n, &nbsp;recurso que fue negado con el argumento que en las acciones populares &nbsp;es improcedente. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado &nbsp;accionado que revise nuevamente la demanda y de existir una causal de &nbsp;inadmisi\u00f3n, corresponda a aspectos formales y no materiales. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo, solicit\u00f3 negar &nbsp;el amparo, porque las decisiones fueron proferidas conforme &nbsp;a la regulaci\u00f3n legal y jurisprudencial que existe sobre la &nbsp;materia. &nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 &nbsp;que lo pretendido por la accionante es que se vuelva a revisar el &nbsp;contenido de la demanda pare determinar si existe causal de &nbsp;inadmisi\u00f3n, no obstante que, en las providencias proferidas en &nbsp;el tr\u00e1mite reprochado, qued\u00f3 claramente explicado y &nbsp;soportado las razones por las cuales se determin\u00f3 inadmitir y &nbsp;luego rechazar la demanda. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;SENTENCIA IMPUGNADA &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 la protecci\u00f3n &nbsp;al advertir que la &nbsp;determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado en la &nbsp;providencia de 8 de noviembre de 2022 por la que rechaz\u00f3 la &nbsp;demanda, se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, &nbsp;puesto que obedeci\u00f3 a una indebida subsanaci\u00f3n de la &nbsp;demanda, en la medida en que no se brind\u00f3 claridad sobre los &nbsp;hechos expuestos en el escrito inicial que se encontraban &nbsp;relacionados con la servidumbre all\u00ed referida, pese a haber &nbsp;advertido tal situaci\u00f3n en el auto de 18 de octubre de 2022, &nbsp;mediante el cual se inadmiti\u00f3 la demanda, por lo anterior &nbsp;correspond\u00eda dar aplicaci\u00f3n a lo establecido en el &nbsp;art\u00edculo 20 de la Ley 472 de 1998. &nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 &nbsp;que la acci\u00f3n popular reviste un tr\u00e1mite preferencial, &nbsp;con miras a garantizar la efectiva protecci\u00f3n de los derechos &nbsp;e intereses colectivos, raz\u00f3n por la que, contrario a lo &nbsp;argumentado por la actora, en el estudio de admisi\u00f3n de la &nbsp;demanda de acci\u00f3n popular la autoridad judicial no solo debe &nbsp;contemplar lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso &nbsp;sino tambi\u00e9n los presupuestos consagrados en la Ley 472 de &nbsp;1998, por medio de la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la &nbsp;Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el &nbsp;ejercicio de las acciones populares, en especial lo previsto en los &nbsp;art\u00edculos 5 y 18 que contemplan el tr\u00e1mite y los &nbsp;requisitos de la demanda para promover una acci\u00f3n popular. &nbsp;<\/p>\n<p>LA &nbsp;IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>Inconforme &nbsp;con la decisi\u00f3n, la accionante la impugn\u00f3 reiterando &nbsp;que en el auto que rechaz\u00f3 la demanda no se advierte que el &nbsp;Juzgado de conocimiento haya tenido en cuenta la existencia de &nbsp;pruebas que permiten se\u00f1alar que la franja de terreno ocupada &nbsp;por el se\u00f1or Gabriel Grimaldo es de naturaleza p\u00fablica. &nbsp;<\/p>\n<p>Censur\u00f3 &nbsp;que se exija una prueba espec\u00edfica para probar la naturaleza &nbsp;de una v\u00eda p\u00fablica, desconociendo la libertad &nbsp;probatoria del C\u00f3digo &nbsp;General del Proceso, &nbsp;m\u00e1xime cuando se trata de un \u00abhecho &nbsp;notorio\u00bb &nbsp;como lo es la utilizaci\u00f3n de un camino p\u00fablico por &nbsp;parte de los habitantes de Salda\u00f1a, sin restricci\u00f3n &nbsp;alguna. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Por &nbsp;regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra &nbsp;determinaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma &nbsp;excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas &nbsp;cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos &nbsp;fundamentales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos &nbsp;los medios ordinarios de defensa y se ejerza el en un plazo &nbsp;prudencial. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al examinar las &nbsp;pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, y en especial las &nbsp;providencias de &nbsp;8 de noviembre de 2022 mediante la cual, el Juzgado Segundo Civil del &nbsp;Circuito de El Guamo rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular que la &nbsp;aqu\u00ed accionante formul\u00f3, &nbsp;y la de 28 de noviembre por la que mantuvo &nbsp;en firme la anterior, no &nbsp;advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales &nbsp;invocados, porque esa decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una &nbsp;interpretaci\u00f3n razonable de los elementos de juicio que &nbsp;obraban en el tr\u00e1mite. &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. &nbsp;En efecto, se observa que el Juzgado accionado mediante auto de 18 de &nbsp;octubre de 2022 advirti\u00f3 las siguientes falencias en la &nbsp;demanda de acci\u00f3n popular formulada por la se\u00f1ora &nbsp;Elizabeth &nbsp;Jim\u00e9nez Bri\u00f1ez contra &nbsp;Gabriel Grimaldo Galindo, &nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026) &nbsp;1. Por virtud de lo dispuesto en el literal a) del art\u00edculo 18 &nbsp;de la Ley 472 de 1998, y el art\u00edculo 04 de la misma ley, &nbsp;indique de manera clara el inter\u00e9s o derecho colectivo &nbsp;amenazado o vulnerado. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;Precisi\u00f3n y claridad en el ac\u00e1pite de HECHOS, &nbsp;especialmente, el hecho 11, al contener varios hechos y estos deben &nbsp;ser expresados de forma separada y comprensible. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Precisi\u00f3n y claridad en el ac\u00e1pite de HECHOS y en el &nbsp;PODER CONFERIDO, como quiera que se se\u00f1ala que el sector donde &nbsp;se disputa la obstrucci\u00f3n es urbano. No obstante, las &nbsp;escrituras p\u00fablicas aportadas y las relacionadas en el HECHO &nbsp;11 refieren son a actos sobre bienes veredales. En tal sentido, &nbsp;deber\u00e1 rendir las explicaciones del porqu\u00e9 esa &nbsp;imprecisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp;Precisi\u00f3n y claridad en las PRETENSIONES, especialmente las &nbsp;pretensiones 03 y 04, pues la declaraci\u00f3n de bienes de uso &nbsp;p\u00fablico y de inoponibilidad de contratos, son aspectos no &nbsp;comprendidos dentro de las \u00f3rdenes a emitir en una eventual &nbsp;sentencia, seg\u00fan el art\u00edculo 34 de la ley 472 de 1998. &nbsp;De ser necesario, suprima esos pedimentos\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, &nbsp;se\u00f1al\u00f3 a la demandante deb\u00eda acatar los &nbsp;siguientes requerimientos, &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>A. \u00abInformar &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;expresamente si con ocasi\u00f3n a actos anteriores entre &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;primigenios compradores, la franja de terreno o camino p\u00fablico &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a que hace alusi\u00f3n fue constituida de manera voluntaria o &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;judicial como una servidumbre.<\/p>\n<p>B. Si &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;previamente a la posesi\u00f3n ejercida por el demandado GABRIEL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;GRIMALDO GALINDO, aquella franja de terreno o camino p\u00fablico &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;sufri\u00f3 modificaciones, ya fuera por compraventas, divisiones &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;o desenglobes.<\/p>\n<p>C. Explique &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;los fundamentos de derecho por los cuales, seg\u00fan asegura, la &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;servidumbre \u201ccon el paso del tiempo se convirti\u00f3 en una &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;v\u00eda p\u00fablica\u201d, puntualmente, si la misma se &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;extingui\u00f3 por causa legal o convencional (Art. 942 C.C). En &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;todo caso, deber\u00e1 esgrimir los fundamentos que respalden su &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;afirmaci\u00f3n.<\/p>\n<p>D. De &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;haberse extinguido la servidumbre por alguna de las causas &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;enlistadas en el art\u00edculo 942 del C.C, deber\u00e1 allegar &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;prueba de ello. En caso contrario, deber\u00e1 allegar la prueba &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;id\u00f3nea de que la franja de terreno o camino mencionado es un &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bien p\u00fablico seg\u00fan la autoridad distrital o municipal, &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a tono con la ley 09 de 1989 y dirigir la demanda contra &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dicho ente p\u00fablico que es propietario de dicha v\u00eda &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;p\u00fablica\u00bb &nbsp;<\/p>\n<p>2.2 &nbsp;La peticionaria present\u00f3 el 24 de octubre escrito de &nbsp;subsanaci\u00f3n, sin embargo, el Juzgado de conocimiento en &nbsp;providencia de 8 de noviembre de 2022 consider\u00f3, que no se dio &nbsp;estricto cumplimiento a lo solicitado en la inadmisi\u00f3n y &nbsp;procedi\u00f3 al rechazo de la demanda con los siguientes &nbsp;argumentos, &nbsp;<\/p>\n<p>Primero &nbsp;refiri\u00f3 que, la demandante insisti\u00f3 en asegurar que &nbsp;servidumbre es \u00absin\u00f3nimo\u00bb &nbsp;de camino p\u00fablico, al considerar que tal t\u00e9rmino es &nbsp;procedente utilizarlo en una acci\u00f3n popular seg\u00fan la &nbsp;ley 9 de 1989, \u00abNo obstante, al escrutar esa &nbsp;normativa, no se encuentra que tal afirmaci\u00f3n tenga soporte &nbsp;alguno, por lo que no es m\u00e1s que una apreciaci\u00f3n &nbsp;subjetiva del apoderado\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Acto &nbsp;seguido, se ocup\u00f3 de la manifestaci\u00f3n realizada por el &nbsp;apoderado judicial de la peticionaria, tendiente en se\u00f1alar &nbsp;que el Decreto 21 de 1909 en su art\u00edculo 3\u00ba equipara las &nbsp;servidumbres a los caminos p\u00fablicos, y afirm\u00f3 que la &nbsp;lectura de dicho canon advierte que \u00ablos caminos &nbsp;p\u00fablicos tienen SOBRE LOS PREDIOS r\u00fasticos colindantes &nbsp;las siguientes servidumbres activas (\u2026)\u00bb, y &nbsp;afirm\u00f3, que una cosa es el camino p\u00fablico, considerado &nbsp;bien p\u00fablico y otra muy dis\u00edmil las servidumbres que &nbsp;soportan los predios aleda\u00f1os. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;el mismo orden, sostuvo que, los requerimientos efectuados en cuanto &nbsp;a que se se\u00f1alaran los fundamentos de derecho o hechos que &nbsp;soportan las pretensiones, obedecen a lo contemplado en el art\u00edculo &nbsp;5 de la ley 472 de 1998 en el que se contempla \u00abse &nbsp;aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo &nbsp;de Procedimiento Civil [hoy CGP] cuando \u00e9stos no se &nbsp;contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u201d, y tales &nbsp;exigencias se enmarcan en los requisitos formales\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 &nbsp;que, \u00abes viable requerirle prueba id\u00f3nea de &nbsp;que el aludido camino es un bien p\u00fablico, en virtud de que el &nbsp;art\u00edculo 83 del CGP contempla como requisito especial que &nbsp;cuando la demanda verse sobre inmuebles deber\u00e1 especificarse &nbsp;las circunstancias que los identifiquen,- sin conocerse si la v\u00eda &nbsp;es municipal, distrital o nacional, y la entidad responsable de su &nbsp;custodia, &#8211; lo cual no se suple con el simple dicho del vocero &nbsp;judicial, y mucho menos que sea un hecho notorio, pues recordemos que &nbsp;en materia de acciones populares el asunto debe gravitar en intereses &nbsp;colectivos, y no privados, como lo ser\u00eda un tema de &nbsp;servidumbres entre particulares de cualquier acci\u00f3n (Art. 82 &nbsp;No. 5, 8 CGP)\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Lo &nbsp;anterior, teniendo en cuenta que en la demanda se indic\u00f3 que &nbsp;fueron los mismos propietarios del globo de terreno quienes optaron &nbsp;por dejar una franja de terreno para el tr\u00e1nsito de personas, &nbsp;es decir, que el llamado camino p\u00fablico se desprendi\u00f3 &nbsp;de un bien privado y por la mera liberalidad de los titulares de &nbsp;dominio, sin que se acreditara participaci\u00f3n alguna de la &nbsp;administraci\u00f3n municipal, distrital o nacional, por lo que &nbsp;debi\u00f3 allegarse un certificado de uso de suelos de planeaci\u00f3n &nbsp;municipal con base en la cartograf\u00eda existente, por as\u00ed &nbsp;posibilitarlo la ley 388 de 1997. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3 &nbsp;Inconforme con lo decidido, el apoderado de la demandante el 15 de &nbsp;noviembre apel\u00f3 la decisi\u00f3n, y el Juzgado accionado en &nbsp;auto de 28 de noviembre de 2022 dispuso adecuar el recurso al de &nbsp;reposici\u00f3n, y mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n &nbsp;de rechazo de la demanda. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Conforme a lo transcrito, no se observa entonces el desafuero alegado &nbsp;por la accionante, pues, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n &nbsp;expuesta por el Juzgado accionado contiene un criterio razonable que &nbsp;se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n respetable, que desde &nbsp;luego no puede ser alterada por esta v\u00eda, la &nbsp;inadmisi\u00f3n de la demanda por las causales indicadas no fue &nbsp;arbitraria, toda vez que, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 el &nbsp;Juzgado accionado, no se cumpli\u00f3 con las exigencias requeridas &nbsp;para impartir el tr\u00e1mite correspondiente. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;estudio de un caso un caso similar al ac\u00e1 revisado, esta &nbsp;Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, &nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026) &nbsp;no &nbsp;se observan excesivas o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, &nbsp;las exigencias relativas a adecuar sus pretensiones en cuanto (\u2026) &nbsp;y &nbsp;lo concerniente a suministrar su nombre completo, si en cuenta se &nbsp;tiene que el contenido de los literales c) y g) del canon 18 de la &nbsp;Ley 472 de 1998, que establecen como formalidad para la presentaci\u00f3n &nbsp;de la demanda en acciones populares, la enunciaci\u00f3n de las &nbsp;pretensiones y el nombre de quien las propone, respectivamente; por &nbsp;tanto, no puede reprocharse la actividad del Juzgado censurado si &nbsp;\u00e9ste evidenci\u00f3 yerros en el escrito introductor por &nbsp;omitirse y no precisarse cu\u00e1l era el nombre completo del &nbsp;interesado y &nbsp;aducirse pedimentos ambiguos. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;las cosas, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional &nbsp;del juez de tutela, cuando se tiene claro que no se puede recurrir a &nbsp;este mecanismo para pretender de fallador ordinario una particular &nbsp;interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado que &nbsp;coincida con el de las partes, porque como esta Corte ha resaltado, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del &nbsp;juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en &nbsp;caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de &nbsp;hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la &nbsp;determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n &nbsp;subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad &nbsp;jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, &nbsp;circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb &nbsp;(CSJ. &nbsp;27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la &nbsp;STC6086-2022, 18 may. 2022, rad. 00065-01 y, STC2515-2023). &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp;Por lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre &nbsp;de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, &nbsp;CONFIRMA &nbsp;la &nbsp;sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. &nbsp;<\/p>\n<p>Notif\u00edquese &nbsp;por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, &nbsp;rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su &nbsp;eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>NOTIF\u00cdQUESE &nbsp;Y C\u00daMPLASE &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA &nbsp;GONZ\u00c1LEZ NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO &nbsp;WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS &nbsp;ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO &nbsp;AUGUSTO TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC4363-2023 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MARTHA &nbsp;PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp; Magistrada &nbsp;ponente &nbsp; STC4363-2023 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;N\u00b0 &nbsp;73001-22-13-000-2023-00020-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp; Decide &nbsp;la Corte la &nbsp;impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}