STC4373-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4373-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2023-00651-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 30 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Daniel Atuesta Pizano contra el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Autogermana SAS, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, y las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor no. 2019-21811. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderada judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 31 de agosto de 2017 adquiri\u00f3 por compraventa que realiz\u00f3 a Autogermana SAS, una motocicleta BMW de placas DCZ92E por valor de $60\u00b4990.000, la cual desde su entrega ha presentado m\u00faltiples fallas mec\u00e1nicas, y se encuentra en el taller desde el 20 de mayo de 2019. <\/p>\n
Expuso que el 3 de julio de 2019, present\u00f3 reclamaci\u00f3n directa a la empresa vendedora con el fin de hacer efectiva la garant\u00eda, pidiendo la devoluci\u00f3n del dinero o la entrega de una motocicleta nueva, y como recibi\u00f3 como respuesta que el veh\u00edculo se encontraba en perfectas condiciones y no le encontraron falla alguna, el 23 de septiembre siguiente present\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor para hacer efectiva la garant\u00eda en contra de Autogermana SAS, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de rad. 2019-21811. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, en sentencia de 28 de agosto de 2020, se negaron las pretensiones demandadas, con base en el dictamen pericial aportado por la parte demandada, pese a las inconsistencias evidenciadas sobre el mismo, e igualmente mostr\u00f3 descontento con que el juzgador no encendiera la c\u00e1mara durante la audiencia de fallo. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por lo anterior apel\u00f3 la decisi\u00f3n, y el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, sin pronunciarse frente a todos los reparos que formul\u00f3, ni analizar las pruebas recaudadas, como tampoco los videos de las audiencias realizadas. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el que el fallo de segunda instancia se basara en un dictamen pericial rendido por CESVI aportado el 27 de agosto de 2022 por la demandada, cuando ya se encontraba cerrado el debate probatorio y sin que se surtiera su contradicci\u00f3n, desconociendo as\u00ed la oportunidad establecida por el legislador para aportar pruebas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia de 25 de noviembre de 2022 del Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y, en su lugar, ordenarle que profiera un nuevo fallo el que tenga en cuenta las inconsistencias advertidas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones del proceso de protecci\u00f3n al consumidor rad. 2019-21811, se refiri\u00f3 a la falta de demostraci\u00f3n que la falla de la motocicleta se haya presentado en vigencia de la garant\u00eda, y afirm\u00f3 que el dictamen pericial rendido fue incorporado al proceso de oficio, surti\u00e9ndose su debida contradicci\u00f3n, y la decisi\u00f3n de segunda instancia se pronunci\u00f3 frente a los reparos formulados en apelaci\u00f3n, por lo que ninguna vulneraci\u00f3n se observa de su parte, como quiera, adem\u00e1s, que la sentencia censurada es la del Juzgado ad quem. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que, pese a algunos inconvenientes que se presentaron, mediante auto de 25 de noviembre de 2021 se tuvo por sustentado en tiempo el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el demandante. Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que el 25 de noviembre de 2022 profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia, dejando claro que \u00abel inconformismo del quejoso se basa en la interpretaci\u00f3n que el despacho [h]a dado al material probatorio obrante en el expediente, de lo cual, manifiesta esta sede judicial que act\u00fao conforme a derecho y en garant\u00eda del debido proceso de las partes, no dando lugar a los defectos sustanciales y procedimentales enrostrados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La sociedad Autogermana SAS, demandada en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor, aleg\u00f3 la inexistencia de los defectos procesales para que proceda la tutela contra providencias judiciales y manifest\u00f3, que el accionante no pretende evidenciar la subsistencia de un defecto factico en la valoraci\u00f3n probatoria, sino discutir las razones del Juzgado de segunda instancia para fundamentar su decisi\u00f3n, lo que no es procedente mediante esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que el accionante durante la etapa de saneamiento del proceso no expuso las irregularidades que ahora atribuye a las pruebas recaudadas y que en la sentencia se resolvieron todos los reparos que \u00e9ste present\u00f3. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n constitucional en raz\u00f3n a que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto algunas de las irregularidades advertidas que son objeto de reproche, \u00abno fueron planteadas en las respectivas instancias para que fuesen las autoridades judiciales convocadas, las llamadas a efectuar el estudio de legalidad correspondiente, y en sede ordinaria, calificar la procedencia o no de las presuntas nulidades. La solicitud de nulidad es el mecanismo que estuvo al alcance del promotor del amparo para tal fin\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, sostuvo que, si \u00abse adentrara en el fondo de la queja constitucional, no hallar\u00eda configurada las causales espec\u00edficas de procedibilidad identificadas por el accionante (p\u00e1rrafo 6 supra), pues el juez ad quem se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los reparos efectivamente planteados en el recurso de apelaci\u00f3n y valor\u00f3 los medios de prueba que explica el accionante, fueron inobservados\u00bb. Con todo, concluy\u00f3 que la decisi\u00f3n del Juzgado accionado no se apreciaba arbitraria ni dedujo an\u00e1lisis parcial de las pruebas practicadas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 y se refiri\u00f3 a los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela, aclarando que se cumple el requisito de la subsidiariedad de la tutela, toda vez que el Juzgado Cuarenta y Seis accionado profiri\u00f3 fallo con base en un dictamen elaborado por CESVI que no fue decretado como prueba y, por ende, no fue objeto de contradicci\u00f3n, sin que se pudiera alegar tal irregularidad en la etapa de saneamiento del proceso, porque para ese momento no se hab\u00eda aportado tal experticia. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que en el fallo de tutela impugnado no se repar\u00f3 sobre las pruebas documentales, declaraciones y videograbaciones aportadas por el demandante que acreditan la falla del veh\u00edculo para que su acci\u00f3n saliera avante, y que el Juzgado accionado traslad\u00f3 la carga probatoria al consumidor en contrav\u00eda de lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y Decreto 1074 de 2015 y en desconocimiento del precedente constitucional relacionada con la posici\u00f3n d\u00e9bil del consumidor frente al proveedor. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el hecho de que el juzgador de primer grado no haya prendido la c\u00e1mara para adelantar las audiencias virtuales, es una nulidad insaneable que vulnera el derecho al debido proceso, y para el efecto cit\u00f3 una decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el en un plazo prudencial. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, al examinar la queja y los soportes allegados, se advierte que el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que, adem\u00e1s que se incumpli\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n adecuada de la norma aplicable al caso y del material probatorio recaudado, lo que lo llev\u00f3 a adoptar una determinaci\u00f3n carente de arbitrariedad. <\/p>\n
3. Frente a lo primero, el accionante advierte la configuraci\u00f3n de una nulidad insaneable consistente en que juzgador de primer grado no encendi\u00f3 la c\u00e1mara para adelantar las audiencias correspondientes, bajo el entendido de que estas se adelantaron de manera virtual, vulner\u00e1ndose as\u00ed su derecho al debido proceso. <\/p>\n
Contrario a lo expuesto en la decisi\u00f3n impugnada, , el accionante, aunque superficialmente, formul\u00f3 como reparo a la sentencia proferida en primera instancia en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor bajo estudio, el que el fallador no haya hecho \u00abpresencia f\u00edsica en la audiencia virtual, solo con su voz como si estuviera en una Justicia sin rostro olvidando su deber de comparecer con su toga y dando la cara a quienes intervinimos en la audiencia (\u2026)\u00bb, cuestionamiento respecto al que la Juez Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno. <\/p>\n
Sin embargo, frente a tal omisi\u00f3n, el accionante no solicit\u00f3 adici\u00f3n de la sentencia, lo que evidencia la improcedencia del amparo, pues cont\u00f3 con la oportunidad de pedir a la autoridad judicial accionada que especialmente resolviera ese reparo, y sobre los dem\u00e1s que considerara que no fueron decididos, pero no lo hizo. <\/p>\n
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, que ense\u00f1a que, \u00ab[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (\u2026)\u00bb, en armon\u00eda con el art\u00edculo 328 ib\u00eddem, el cual dispone que \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (\u2026)\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
En esa medida, la omisi\u00f3n advertida imposibilita y descarta la procedencia de este mecanismo extraordinario, si se tiene en cuenta que este es subsidiario y no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa judicial dispuestos en la codificaci\u00f3n adjetiva, dado su car\u00e1cter residual, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda desconociendo los principios edificantes de esta herramienta constitucional, por cuanto, al dejar las partes de utilizar los mecanismos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria, sin olvidar que al Juez de tutela le est\u00e1 vedado interferir en las determinaciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y discrecional (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022 y STC6025-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, realmente, lo que cuestiona el accionante es la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 25 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada el 28 de agosto de 2020 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor promovida por el recurrente contra Autogermana SAS rad. 2019-21811. <\/p>\n
En sus escritos de tutela y de impugnaci\u00f3n, discute que el Juzgado accionado i) tom\u00f3 como pilar de su decisi\u00f3n un dictamen pericial rendido por CESVI el cual no fue decretado como prueba, no fue objeto de contradicci\u00f3n y se aport\u00f3 cuando ya se hab\u00eda clausurado la etapa probatoria, ii) invirti\u00f3 la carga de la prueba en tanto correspond\u00eda a la demandada demostrar que la motocicleta estaba en \u00f3ptimas condiciones; y, iii) no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis exhaustivo a los documentos, declaraciones y videograbaciones allegadas al proceso por el demandante, pruebas que acreditan la falla de la motocicleta, con lo cual la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor debi\u00f3 prosperar. <\/p>\n
Para la Sala, m\u00e1s a all\u00e1 de las inconsistencias advertidas respecto a la incorporaci\u00f3n al proceso del dictamen pericial rendido por CESVI, lo cierto es que este no es el \u00fanico elemento probatorio que tuvo en cuenta el Juzgado accionado para adoptar su decisi\u00f3n. En pocas palabras, aun sin tener en cuenta la experticia aducida, la sentencia se mantendr\u00eda intacta en el mismo sentido con soporte en los dem\u00e1s medios de prueba y las otras razones all\u00ed expuestas. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n reprochada se hizo alusi\u00f3n a algunas pruebas y a la necesidad de que el demandante acreditara la falla que atribuy\u00f3 a la motocicleta mediante una prueba especializada o t\u00e9cnica, para hacer efectiva la garant\u00eda. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado accionado sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme al material probatorio que obra en el expediente, resulta concl\u00fayete el poder establecer el fracaso de las pretensiones invocadas, pues no se acredit\u00f3 dentro de la presente lid la presunta falla que se aduce detenta el producto automotor, pues como bien puede observarse ninguna prueba objetiva se aport\u00f3 con el fin de determinar dicha afirmaci\u00f3n, lo cual frustra ineludiblemente el existo e la acci\u00f3n. T\u00e9ngase en cuenta que seg\u00fan el art\u00edculo 58 numeral 5\u00b0 literal A de la ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor) en concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, le corresponde al consumidor como demandante, probar la falla o da\u00f1o del bien o servicio adquirido con el empresario para lograr que sus pretensiones salgan avante. Carga probatoria que se itera, debe declararse insatisfecha en el presente asunto donde no logr\u00f3 ser acreditado el supuesto del defecto en la aceleraci\u00f3n u \u201cahogo\u201d de la motocicleta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, por tratarse de asunto netamente t\u00e9cnico, como lo es el funcionamiento del rodante, dicho aspecto escapa a la \u00f3rbita com\u00fan del juez que conoce del asunto, quien requiere de conceptos especializados para tomar una determinaci\u00f3n al respecto; tal como lo sostuvo la Superintendencia de Industria Comercio en la Sentencia 6408 del 16 de junio de 2022 quien dentro de un caso en el cual se pretend\u00eda acreditar una falla o deficiencia en un producto mediante pruebas fotogr\u00e1ficas, lleg\u00f3 a la siguiente conclusi\u00f3n \u201cEstos documentos resultan ser insuficientes para demostrar los defectos alegados de que el motor del producto empez\u00f3 a fallar hasta tal punto oler a quemado y que dej\u00f3 de encender el aparato como tal (\u2026)\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[A]unque militan en el expediente diferentes elementos audiovisuales con los cuales el consumidor pretende acreditar la deficiencia que el producto adquirido apartemente presentaba, se tratan de pruebas sumarias que debieron ser complementadas dentro de la presente lid, donde dada la naturaleza del defecto esgrimido (de car\u00e1cter t\u00e9cnico), debi\u00f3 ser acreditado mediante una prueba id\u00f3nea que as\u00ed lo demostrara. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[A]unque bien es cierto que militan en el expediente las ordenes de trabajo No. 1449327 del 7 de julio de 2018 (fol. 57), la OTV1450 322 del 3 de agosto de 2018 y la OTV1463138 del 20 de mayo de 2019 (fol. 18), de aquellas tampoco se deduce con exactitud la existencia de la falla que el accionante aduce presentaba la motocicleta \u201calgunos meses despu\u00e9s de ser comprada\u201d, t\u00f3mese en cuenta que por el contrario la orden de trabajo No. 1449327 del 7 de julio de 2018 establece en su contenido \u201cNota: se realiza ajuste comprobaci\u00f3n y verificaci\u00f3n en pu\u00f1o de acelerado, no se evidencia ning\u00fan fallo en prueba de ruta\u201d por dem\u00e1s en la orden de trabajo de fecha OTV1450 322 del 3 de agosto de 2018, se consign\u00f3 que la convocada efectu\u00f3 un cambio o pu\u00f1o del acelerador. <\/p>\n
Igual suerte acontece respecto a la segunda objeci\u00f3n formulada, esto es que \u201cno existe ni fue presentada en el proceso ninguna prueba documental que sustente la negativa de la demandada de hacer efectiva la garant\u00eda\u201d pues tomando en cuenta que nunca fue aceptado ni demostrado que efectivamente la motocicleta detentaba est[e] tipo de afectaci\u00f3n, no resultaba procedente u obligatorio que la convocada afectara la garant\u00eda del producto; por dem\u00e1s se debe tener en cuenta que mediante la orden de trabajo OTV1450 322 del 3 de agosto de 2018 la convocada procedi\u00f3 a efectuar el cambio del pu\u00f1o del acelerador antes rese\u00f1ado. <\/p>\n
Ya en lo ateniente al \u00faltimo punto igual surte correr\u00e1, pues, aunque si bien la parte actora aduce que la sentencia transgrede varias disposiciones procesales, como lo ser\u00edan los art\u00edculos 164, 225, 232, 280, 281, lo cierto es que no resultan visibles o notorias a juicio de esta sede judicial, pues ninguna causal o defecto procesal converge con el fin de acreditar que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria por parte del Superintendente Delegado, pues como puede evidenciarse, la actuaci\u00f3n surtida se resolvi\u00f3 conforme con los elementos de juicios que militan efectivamente dentro del expediente\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Bajo ese panorama, concluy\u00f3 que era viable confirmar la sentencia apelada, al no haber quedado demostrada la falla en la aceleraci\u00f3n o ahogo de la motocicleta, carga que le correspond\u00eda al demandante. <\/p>\n
5. En ese orden, no se vislumbra defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega el accionante, quien buscan imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y normativa sobre la decisi\u00f3n que debi\u00f3 adoptarse para resolver la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las decisiones que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022 y STC9932-2022). <\/p>\n
6. En lo que concierne a la supuesta falta o indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente, tales aserciones no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia atacada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, pues es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022), sin olvidar que, <\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022 y, STC4609-2022). <\/p>\n
8. En consecuencia, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed explicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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