STC4378-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4378-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01742-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Julio Mel\u00e9ndez Barco contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, libertad, igualdad y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto las sentencias condenatorias proferidas en su contra, as\u00ed como el auto de 21 de abril de 2023 emitido por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y, en consecuencia, se \u00abconmine\u2026 a tumbar el agravante del art\u00edculo 104 num. 4 del estatuto represor colombiano, ya que no se adecua al acontecer f\u00e1ctico\u00bb, procediendo a \u00abredosifi[car] la pena en 219 meses 05 [d\u00edas], conforme qued\u00f3 por el juez de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Carlos Julio Mel\u00e9ndez Barco se adelant\u00f3 un proceso penal por las conductas punibles de \u00abhomicidio agravado, tentativo de homicidio agravado y porte ilegal de armas\u00bb, por lo que, tras aceptar cargos, fue condenado a 219 meses y 5 d\u00edas de prisi\u00f3n por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de sentencia del 8 de mayo de 2014; decisi\u00f3n que, en sede de alzada, modific\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, el 2 de diciembre de 2016, en el sentido de incrementar la pena de prisi\u00f3n a 387 meses y 5 d\u00edas, atendiendo la agravaci\u00f3n contemplada en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
2.2. Contra tal determinaci\u00f3n, la defensa del condenado interpuso recurso de casaci\u00f3n, que con fallo de 16 de mayo de 2018 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte dispuso no casar el fallo recurrido; determinaci\u00f3n que, deduce el gestor, que \u00abesta Corporaci\u00f3n debi\u00f3 darse cuenta de que el agravante que aplic\u00f3 el honorable tribunal\u2026 es decir, el art\u00edculo 104 numeral 4 del estatuto represor colombiano, por motivo abyecto o f\u00fatil no era aplicable al caso concreto, ya que dicho agravante no se adecua al acontecer f\u00e1ctico, pues esto es aplicable cuando no medie motivo, empero en el caso presente, se trat\u00f3 de un enfrentamiento entre dos pandillas rivales territoriales que cada que se cruzaban hab\u00eda enfrentamiento b\u00e9lico\u00bb. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal no atendi\u00f3 su reparo sobre la falta de defensa t\u00e9cnica, destacando que el abogado que lo represent\u00f3 en primera instancia \u00abno fue id\u00f3neo ni t\u00e9cnico, ya que por [su] propia iniciativa tom[\u00f3] la decisi\u00f3n de aceptar los cargos para mitigar [su] pena\u00bb, y \u00abel segundo defensor\u2026 fue a\u00fan m\u00e1s p\u00e9simo que el primero, pues como es posible que ya habiendo aceptado cargos, presente un recurso extraordinario de casaci\u00f3n encaminado a pedir [su] absoluci\u00f3n y se decretara la nulidad de todo lo actuado, es decir, un desacierto grave\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el Tribunal cometi\u00f3 un desafuero al aplicar el agravante del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal, pues, en su sentir, \u00ablo hizo para complacer a las v\u00edctimas, pasando por encima de la constituci\u00f3n y la ley, desconociendo el principio de la prevalencia de la dignidad humana\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n de la pena con el fin de que no se tuviera en cuenta el agravante, sin embargo, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas accionado se abstuvo de resolver por falta de competencia, sin tener en cuenta que dicha autoridad \u00abno es un simple observador de la pena, pues este debe mirar que la sentencia que llega a su conocimiento sea correcta y de lo contrario hacer un ajuste constitucional con base en las normas\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considera que la salvaguarda incumple el presupuesto de inmediatez, toda vez que, el fallo que dispuso no casar la sentencia del Tribunal data del 16 de mayo de 2018; destac\u00f3 que dicha decisi\u00f3n no luce arbitraria, relievando que all\u00ed se desarroll\u00f3 el reparo sobre la deficiencia t\u00e9cnica, concluyendo con suficiencia que el defensor de turno lo asesor\u00f3 sobre la aceptaci\u00f3n de cargas, adem\u00e1s, si la demanda de casaci\u00f3n fue aceptada, ello denota que quien la present\u00f3 guard\u00f3 los presupuestos para conseguir su admisi\u00f3n; que la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada para revivir un tema ya resuelto dentro de un proceso ordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; sostuvo que actualmente vigila el cumplimiento de la penal impuesta al accionante; que el 21 de abril de 2023 se abstuvo de emitir pronunciamiento frente a la solicitud de redosificaci\u00f3n de pena por falta de competencia, pues el promotor pretend\u00eda que se reevaluara la dosificaci\u00f3n punitiva del fallador ordinario, lo que no es de su competencia, adem\u00e1s, destac\u00f3 que s\u00ed puede evaluar la sanci\u00f3n impuesta, pero por aplicaci\u00f3n de favorabilidad de una ley surgida con posterioridad a la sentencia, lo que no es el caso; que el resguardo no satisface el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que, la referida determinaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo; remiti\u00f3 copia de dicho prove\u00eddo y su respectiva notificaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; manifest\u00f3 que el 7 de marzo de 2023 remiti\u00f3 la solicitud de redosificaci\u00f3n al estrado de ejecuci\u00f3n de penas. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo, en cuanto al reparo formulado a la sentencia condenatoria, carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha en que se decidi\u00f3 no casar el fallo del Tribunal (16 de mayo de 2018), con la que cobr\u00f3 ejecutoria la pena a \u00e9l impuesta, y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 2 de mayo de 2023, transcurri\u00f3 cerca de 5 a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Por otra parte, respecto al reparo tra\u00eddo al prove\u00eddo de 21 de abril de 2023 por medio del cual el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja se abstuvo de resolver sobre la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena, concluye la Sala que la solicitud de resguardo tambi\u00e9n deviene inviable. <\/p>\n
Ciertamente, el promotor tuvo a su alcance los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la supuesta competencia del despacho para modificar la pena impuesta por los falladores naturales. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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