STC4383-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4383-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00292-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 21 de febrero de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Yehyson Javier Trujillo Flores contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al \u00abprincipio de la buena fe\u00bb, que dice vulneradas por el estrado accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al despacho encausado revocar \u00abtoda la actuaci\u00f3n llevada a cabo hasta la fecha\u2026 dentro del proceso verbal\u2026 No. 2021-00201\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luis Jorge Capote promovi\u00f3 proceso verbal en contra de Yehyson Javier Trujillo Flores, con el fin de obtener \u00abla reivindicaci\u00f3n\u00bb del inmueble con folio inmobiliario 50S-222444; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y el 22 de noviembre de 2021 reconoci\u00f3 a Iv\u00e1n Alejandro, C\u00e9sar Orlando y Jorge Ernesto Capote Mart\u00ednez como sucesores procesales del demandante. <\/p>\n
2.2. El 21 de febrero de 2022 se indic\u00f3 que la contestaci\u00f3n a la demanda fue extempor\u00e1nea. <\/p>\n
2.3. El 24 de octubre de 2022 se adelant\u00f3 la audiencia inicial, a la que no asisti\u00f3 Yehyson Javier ni su apoderado, siendo el togado el \u00fanico que dentro del t\u00e9rmino justific\u00f3 su inasistencia; el 22 de noviembre siguiente, se continu\u00f3 con la diligencia, a la que tampoco compareci\u00f3 el ac\u00e1 accionante ni su abogado; luego, el promotor pidi\u00f3 tener por justificada su inasistencia, pues, a su parecer, no fue citado debidamente, sin embargo, el 9 de diciembre de esas calendas, se precis\u00f3 que su inasistencia no fue justificada, pues las decisiones fueron notificadas por estado, adem\u00e1s, el numeral 11 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, refiere que el apoderado tiene el deber de comunicar a su representado, entre otras, la fijaci\u00f3n de diligencias, asimismo, cit\u00f3 a la de audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 27 de enero de 2023. <\/p>\n
2.4. El 24 de enero de 2023 el abogado present\u00f3 renuncia a su mandato; y, el 27 de enero siguiente, se adelant\u00f3 la audiencia de fallo, en la que no se acept\u00f3 dicha renuncia, comoquiera que, no cumpl\u00eda con las disposiciones del art\u00edculo 76 del Estatuto Procesal Civil; asimismo, se dej\u00f3 constancia de la ausencia del demandado y su representante, procediendo a dictar sentencia, a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a las pretensiones, ordenando la restituci\u00f3n del predio. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones atr\u00e1s referidas, pues, de un lado, la notificaci\u00f3n de la demanda careci\u00f3 de validez, toda vez que, se hizo 2 meses despu\u00e9s de que el demandante inicial hab\u00eda fallecido; por otra parte, porque el proceso debi\u00f3 suspenderse, habida cuenta que, ante el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esta ciudad est\u00e1 tramitando un proceso de uni\u00f3n marital de hecho contra los herederos de Gabriel Enrique Capote (q.e.p.d.), raz\u00f3n por la que ese predio deb\u00eda ingresar a la haber de la sociedad. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el estrado judicial el 21 de noviembre de 2022 remiti\u00f3 a su abogado un link para la audiencia programada para el d\u00eda siguiente, sin embargo, no registr\u00f3 en la p\u00e1gina de consulta siglo XXI dicha actuaci\u00f3n, raz\u00f3n por la que \u00e9l no se enter\u00f3 de la misma. <\/p>\n
2.7. Destac\u00f3 que la renuncia del poder de su defensor \u00abfue una decisi\u00f3n de mutuo acuerdo\u00bb, el cual ten\u00eda efectos a partir del 24 de enero de 2023, raz\u00f3n por la que la audiencia del 27 de enero siguiente, no era posible adelantarla, pues \u00e9l carec\u00eda de representaci\u00f3n; adem\u00e1s, no fue notificado debidamente de la realizaci\u00f3n de la misma \u00abpara haber tenido la oportunidad procesal de presentar[se] de forma virtual\u2026 y haber podido\u2026 aplaza[miento]\u2026 por cuanto no contaba con abogado defensor\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 precis\u00f3 que el asunto fustigado corresponde a un reivindicatorio y no de pertenencia; relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado, destacando que, en todo momento el actor dispuso de las v\u00edas adecuadas e id\u00f3neas para refutar las aspiraciones de los demandantes, pero por voluntad propia ni \u00e9l ni su apoderado asistieron, asumiendo una actitud dilatoria; que en la audiencia de 27 de enero de 2023 no acept\u00f3 la renuncia del abogado, pues no estaba acompa\u00f1ada del escrito dirigido al poderdante y, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara la misma, solo tendr\u00eda efectos pasados 5 d\u00edas, por lo que era deber del mandatario asistir a la diligencia y all\u00ed exponer todo lo que por esta v\u00eda se duele; remiti\u00f3 link del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. \u00d3scar Iv\u00e1n Garz\u00f3n Guevara, quien indic\u00f3 actuar como \u00abapoderado de la vinculada\u00bb, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Jorge Ernesto, C\u00e9sar Orlando e Iv\u00e1n Alejandro Capote Mart\u00ednez pidi\u00f3 negar la salvaguarda, al considerar que el promotor contaba con todos los medios de defensa al interior del proceso, incluso, la apelaci\u00f3n contra la sentencia, lo que no agot\u00f3; que contrario a lo afirmado por el gestor, los autos que fijaron fecha para audiencia, fueron debidamente enterados por estados; pidi\u00f3 se compulsen copias para que se investigue el actuar del abogado del gestor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto el presupuesto de la subsidiariedad est\u00e1 insatisfecho, en la medida en que el promotor cont\u00f3 con la posibilidad de controvertir la sentencia con el fin de que el ad quem revisara las actuaciones, empero, no agot\u00f3 dicho mecanismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presente la parte accionante reiterando sus alegaciones iniciales, a los que adicion\u00f3 que el Tribunal no realiz\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n frente a la sentencia de 27 de enero de 2023, m\u00e1xime cuando el estrado encausado interpuso con rigurosidad en derecho formal sobre el sustancial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja del promotor del amparo se dirige a cuestionar el tr\u00e1mite que el estrado acusado imparti\u00f3 al juicio reivindicatorio que en su contra adelant\u00f3 Luis Jorge Capote (q.e.p.d.), ahora como sucesores Iv\u00e1n Alejandro, C\u00e9sar Orlando y Jorge Ernesto Capote Mart\u00ednez, el que culmin\u00f3 con sentencia emitida el 27 de enero de 2023, pues, en su sentir, se presentaron irregularidades que quebrantan sus garant\u00edas de primer grado; sin embargo, de entrada, advierte la Corte que el resguardo debe ser confirmado, dado que no se encuentra presente el presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n tuitiva, cual es el agotamiento de todos los recursos ordinarios ante el fallador natural. <\/p>\n
Ciertamente, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el actor no expuso en la diligencia de 27 de enero de 2023 todas las alegaciones que tard\u00edamente trae a la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En efecto, si bien el abogado present\u00f3 renuncia a su poder el 24 de enero de 2023, lo cierto es que, adem\u00e1s de que no hab\u00eda sido aceptado, incumpl\u00eda con las disposiciones del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la comunicaci\u00f3n previa a su representado, lo que, de contera deven\u00eda el deber de asistir a la diligencia, donde pudo, se itera, exponer todas las irregularidades que ac\u00e1 expone, incluso, de ser desfavorable a sus intereses el fallo adoptado, formular apelaci\u00f3n contra la sentencia all\u00ed emitida; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
A lo anterior se debe a\u00f1adir que el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00abla renuncia del poder no pone t\u00e9rmino al poder sino cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompa\u00f1ado de la comunicaci\u00f3n enviada al poderdante en tal sentido\u00bb, de donde se advierte que, aun de haber sido aceptada la renuncia al mandato, aquella ten\u00eda efectos pasados 5 d\u00edas, es decir, para la diligencia del 27 de enero de 2023 dicha temporalidad no hab\u00eda concurrido, por lo que, se insiste, era deber del togado acudir a la diligencia, relievando, por dem\u00e1s, el deber de vigilancia que le asiste a las partes para atender las actuaciones de los procesos, m\u00e1xime cuando las decisiones fueron debidamente enteradas. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, sin que sean de recibo los argumento expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, respecto a la compulsa de copias que pretenden los sucesores procesales del juicio criticado, frente a las supuestas irregularidades del apoderado del demandado que, a su parecer, requieren ser investigados disciplinariamente, es menester precisar que si aqu\u00e9llos consideran que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el tr\u00e1mite que fustiga, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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