STC4386-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4386-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00452-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Franquelina Vargas Medina contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2015-00400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante a trav\u00e9s de apoderado invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital, vida digna y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones SA-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, ante el fallecimiento de su esposo Crist\u00f3bal de Jes\u00fas L\u00f3pez Caro ocurrido el 31 de diciembre de 1983, as\u00ed como el pago de los reajustes anuales e intereses moratorios. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira en sentencia de 12 de septiembre de 2018 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la demandada al pago de la prestaci\u00f3n desde el 10 de junio de 2011 en un monto equivalente al salario m\u00ednimo legal mensual vigente, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 en grado jurisdiccional de consulta la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 26 de agosto de 2020. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia SL2785-2022 de 2 de agosto de 2022 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que la Sala accionada le di\u00f3 un trato desigual respecto a otras personas que obtuvieron el reconocimiento pensional en aplicaci\u00f3n \u00abretrospectiva de la ley\u00bb bajo los mismos lineamientos legales, mientras que a ella se le neg\u00f3 por la presunta imposibilidad de aplicar ese efecto a la normativa laboral. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que es una persona pr\u00f3xima a cumplir 87 a\u00f1os, v\u00edctima del conflicto armado y tiene bajo su cuidado a una hija en condici\u00f3n de discapacidad, que no cuenta con recursos econ\u00f3micos para su sostenimiento y cubrir sus necesidades b\u00e1sicas, por lo que resulta imperiosa la necesidad de intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dejar sin efecto la sentencia SL2785-2022 y, en su lugar, confirmar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira el 12 de septiembre de 2018 que otorg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que lo pretendido por la peticionaria es reabrir el debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias referente a la norma aplicable para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada, lo cual no puede ser avalado por el juez constitucional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la jurisprudencia ha puntualizado que es la norma vigente al momento de la muerte del afiliado la que regula el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por tanto, no le es posible al juzgador acudir a otra norma posterior al hecho que origina la prestaci\u00f3n para resolver la litis. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS) indic\u00f3 que no tiene facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, siendo Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar el mencionado r\u00e9gimen. <\/p>\n
3. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, argumentando que no cumple con los requisitos de procedibilidad y tampoco se encuentra demostrado que esa entidad haya vulnerado los derechos reclamados por la accionante, adem\u00e1s porque existe cosa juzgada en el asunto y este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al estimar el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, porque la accionante interpuso la acci\u00f3n constitucional el 2 de marzo de 2023, transcurridos m\u00e1s de 6 meses de proferida la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que a\u00fan si se diera por superada dicha falencia, en raz\u00f3n a que seg\u00fan afirm\u00f3 la actora, la providencia fue notificada hasta el 17 de enero de 2023, no se advert\u00eda una circunstancia que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela, porque la demandante simplemente pretend\u00eda que en sede constitucional se estudiara, una vez m\u00e1s, si en su caso era aplicable de manera retroactiva, el Acuerdo 019 de 1983, aprobado mediante el Decreto 232 de 1984. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se evidenciaba la existencia de una v\u00eda de hecho que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues la sentencia controvertida conten\u00eda una interpretaci\u00f3n razonable y respond\u00eda a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la peticionaria, quien hac\u00eda uso de la tutela como una instancia adicional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 su desacuerdo frente a lo afirmado por el a quo constitucional sobre el requisito de la inmediatez y argument\u00f3 que existi\u00f3 un error en la valoraci\u00f3n de dicho presupuesto, pues si bien, mediante edicto de 12 de agosto de 2022, la Sala acusada public\u00f3 el aviso informativo, solo hasta el 17 de enero de 2023, su apoderado recibi\u00f3 notificaci\u00f3n de la providencia, previa solicitud, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, permiti\u00e9ndole as\u00ed que conocer realmente las razones de la decisi\u00f3n y se promoviera esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Franquelina Vargas Medina acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL2785-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 2 de agosto de 2022, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Buga que revoc\u00f3 el fallo de primera instancia que le hab\u00eda otorgado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
3. De manera preliminar debe se\u00f1alarse que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada en marzo de 2023, es decir transcurridos alrededor de 7 meses despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerara actual (CSJ. STC6492-2021 reiterada en la STC7852-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la peticionaria se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, la Corporaci\u00f3n accionada tras relatar los antecedentes del asunto, procedi\u00f3 a estudiar el cargo primero, planteando como problema jur\u00eddico determinar si el Tribunal Superior de Buga incurri\u00f3 en error al establecer que la norma aplicable para dirimir el derecho pensional reclamado era el Acuerdo 224 de 1966 y no el Acuerdo 019 de 1983 invocado por la recurrente. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que la norma aplicable al caso estudiado era el Acuerdo 224 de 1996 vigente al momento del fallecimiento de Crist\u00f3bal de Jes\u00fas L\u00f3pez Caro ocurrido el 31 de diciembre de 1983, tal como lo indic\u00f3 el Tribunal, sin que fuera posible considerar que para esa fecha ya hab\u00eda entrado a regir el Acuerdo 019 de 1983, aprobado mediante Decreto 232 de 31 de enero de 1984, el que dispuso expresamente que esto ocurrir\u00eda a partir de la fecha de su aprobaci\u00f3n por el Gobierno Nacional. Posteriormente, explic\u00f3, <\/p>\n
\u00abDebe recordarse que el art\u00edculo 16 del CST prev\u00e9 que las normas del trabajo y la seguridad social tienen efecto general inmediato, por lo que pueden ser aplicables a situaciones vigentes o en curso, pero no tienen consecuencias retroactivas sobre eventos ya definidos o consumados conforme a leyes anteriores. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Dada esta regla especial de aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, resulta desacertado pretender que la prestaci\u00f3n de sobrevivientes causada a la muerte del afiliado, 31 de diciembre de 1983, se regule por una norma que entr\u00f3 a regir con posterioridad a esta fecha. Ello implicar\u00eda darle un efecto retroactivo que est\u00e1 proscrito en materia laboral\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, aclar\u00f3 que las sentencias enunciadas por la recurrente en el cargo no dispusieron la aplicaci\u00f3n de una norma a una situaci\u00f3n consolidada o extinguida antes de su vigencia, y en ese orden, destac\u00f3 que, en la sentencia T110-2011 se explic\u00f3 como operaba la retrospectividad de la ley y se se\u00f1al\u00f3 la posibilidad de interpretar una norma anterior a la Constituci\u00f3n de 1991 bajo los principios y postulados de esta, en aras de superar un trato desigual o discriminatorio, lo que evidenciaba una situaci\u00f3n diferente a la presentada en el caso estudiado, ya que en \u00faltimas los que se buscaba era que el Acuerdo 019 de 1983 produjera efectos retroactivos, lo cual era improcedente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostuvo, <\/p>\n
(\u2026) Tambi\u00e9n es desacertado entender que, a la muerte del causante, la actora contaba con una expectativa leg\u00edtima de adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en el cumplimiento de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Esto, dado que tal requisito no estaba previsto en la norma vigente y, por tanto, aplicable, esto es, el Acuerdo 224 de 1966, sino que tan solo se introdujo con la reforma prevista en el Acuerdo 019 de 1983, que como se vio, no regula la prestaci\u00f3n pensional reclamada por la demandante, al ser una norma posterior al hecho que la origina. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que la existencia de una expectativa leg\u00edtima se presenta ante un tr\u00e1nsito legislativo y frente a un grupo de personas que, si bien no tienen un derecho adquirido conforme a la norma anterior, se ubican en una posici\u00f3n intermedia, habida cuenta que poseen una situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica concreta, por ejemplo, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas <\/p>\n
necesarias que consagraba la ley derogada (CSJ SL2358-2017). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con fundamento en esas consideraciones determin\u00f3 que la acusaci\u00f3n no prosperaba. <\/p>\n
4.2 Al estudiar el cargo segundo, advirti\u00f3 algunas falencias de orden t\u00e9cnico, destacando que a\u00fan si hubiese sido formulado de manera correcta, el mismo resultaba infundado, en raz\u00f3n a que aspectos jur\u00eddicos como la definici\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, no depend\u00edan de la postura que asumiera una de las partes al respecto, como suger\u00eda, sino lo dispuesto para ello en la norma. Al respecto concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn ese orden de ideas, el hecho de que Colpensiones hubiese reconocido la pensi\u00f3n de sobrevivientes, aplicando la normativa a que alude la censura, no implica que ello se haga extensible a la aqu\u00ed accionante, toda vez que en virtud de las reglas legales existentes al respecto, una pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de un afiliado ocurrida antes de que el Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984 entrara en rigor, no se regula por esta disposici\u00f3n, precisamente por ser una norma posterior al hecho que origina la prestaci\u00f3n aqu\u00ed reclamada, pues, en materia <\/p>\n
laboral rige el principio de retrospectividad de la ley y no el de retroactividad. Por ello, el juzgador no pod\u00eda apartarse de este precepto legal que regulaba la prestaci\u00f3n, y avalar la aplicaci\u00f3n del reglamento del ISS de 1983, y menos hacerlo con fundamento en que, supuestamente, as\u00ed lo entendi\u00f3 esa entidad administradora de pensiones\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, desestim\u00f3 el cargo y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 26 de agosto de 2020. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Franquelina Vargas Medina y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n que rige la materia, determinando que el Tribunal Superior de Buga no err\u00f3 al establecer que la norma aplicable para otorgar la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada era el Acuerdo 224 de 1996 y no el Acuerdo 019 de 1983, pues \u00e9sta \u00faltima fue aprobada mediante Decreto 232 de 31 de enero de 1984, mientras que el causante falleci\u00f3 el 31 de diciembre de 1983, de ah\u00ed que resultara factible acudir a dicha norma. <\/p>\n
Igualmente se evidenci\u00f3 que lo alegado por la peticionaria a trav\u00e9s de este mecanismo relacionado con el derecho a la igualdad, resulta ser un argumento que ya fue debatido en sede de casaci\u00f3n y frente al cual la Sala de Descongesti\u00f3n accionada efectu\u00f3 un pronunciamiento razonable, sin que sea admisible predicar una arbitrariedad, por la diferencia de criterio que pueda tener la accionante. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Franquelina Vargas Medina a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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