STC4389-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4389-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00514-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhonny Contreras Vel\u00e1squez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado Laboral de Oralidad del Circuito de Chiriguan\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la sociedad Servicios y Asesor\u00edas Litoral, Drummond y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario. <\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, protecci\u00f3n social, m\u00ednimo vital, trabajo y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la sociedad Servicios y Asesor\u00edas Litoral y Drummond, con el fin de que se condenara a las demandadas a su reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando como mec\u00e1nico y al pago de los salarios, pensi\u00f3n, salud y prestaciones sociales dejados de percibir, as\u00ed como las indemnizaciones por el despido ineficaz ante la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Chiriguan\u00e1 en sentencia de 14 de octubre de 2015, neg\u00f3 las pretensiones y absolvi\u00f3 a las demandadas, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Valledupar el 12 de noviembre de 2019, tras determinar que al momento de la terminaci\u00f3n del contrato no ten\u00eda incapacidades y no estaba calificado con un porcentaje superior al 15% de discapacidad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia SL882-2022 de 22 de marzo de 2022 dispuso no casar el fallo de segundo grado, argumentando que no toda discapacidad goza de la protecci\u00f3n por estabilidad contenida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Adujo que la Sala accionada incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente constitucional relacionado con la garant\u00eda de la estabilidad laboral reforzada, en especial de las sentencias SU-049 de 2019, T-052 de 2020, T-099 de 2020, T-386 de 2020, T-187 de 2021, T-434 de 2020 y SU-380 de 2021, as\u00ed como en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que impone un deber especial de protecci\u00f3n a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta. <\/p>\n
Igualmente, afirm\u00f3 que desde la ocurrencia del accidente en la empresa ha seguido con tratamiento de ortopedia, columna, rectificaci\u00f3n de la lordosis fisiol\u00f3gica lumbar probable posici\u00f3n antalgica – discopat\u00eda degenerativa difusa lumbar, entre otras, y adem\u00e1s, que ha sido diagnosticado con diabetes, lo que lo llev\u00f3 a un estado de crisis durante 2021 y 2022 y, \u00abpolineuropat\u00eda \u2013 Hernia inguinal derecha y umbilical, (\u2026) trastorno ocular\u00bb, entre otros padecimientos que han requerido cirug\u00edas y le hab\u00edan imposibilitado interponer la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL882-2022 de 22 de marzo de 2022 y, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral proferir una nueva decisi\u00f3n acorde con sus intereses. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, manifest\u00f3 que en la sentencia no se incurri\u00f3 en causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s, destac\u00f3 que en el caso concreto no se encontr\u00f3 acreditado que el demandante tuviera condici\u00f3n alguna que evidenciara la la protecci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la sentencia sigui\u00f3 el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, y enunci\u00f3 las providencias en las que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, mismas que, el hoy accionante pretende mostrar como erradas y revivir un debate ya concluido y que era objeto \u00fanicamente del proceso ordinario. <\/p>\n
2. Drummond Ltda., refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela resultaba improcedente, no solo por la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, sino por incumplimiento del requisito de requisito de la inmediatez, toda vez que entre la supuesta conducta que dio lugar a la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos y la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo transcurrieron m\u00e1s de once meses, sin que el actor acreditara de manera alguna la necesidad de la protecci\u00f3n inmediata a sus prerrogativas. <\/p>\n
3. La Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas Confianza SA, luego de pronunciarse frente a los hechos expuestos por el peticionario solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n, argumentando que no se advert\u00eda alg\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n a los derechos invocados. <\/p>\n
4. El apoderado de la sociedad Servicios y Asesor\u00edas del Litoral Ltda., en el proceso ordinario cuestionado, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, indicando que la actuaci\u00f3n en todas sus instancias se ajust\u00f3 al ordenamiento legal vigente y al an\u00e1lisis racional y cr\u00edtico de la prueba por parte del juzgador, valoraci\u00f3n que es de su exclusiva competencia, adem\u00e1s, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo al considerar el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, en atenci\u00f3n a que la \u00faltima decisi\u00f3n cuestionada por la parte accionante fue proferida el 22 de marzo de 2022 y la acci\u00f3n constitucional fue presentada el 13 de marzo de 2023 es decir, 11 meses despu\u00e9s, excediendo los 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como un plazo razonable. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, aun cuando el peticionario en su escrito refiri\u00f3 que los quebrantos de salud que ha sufrido en el a\u00f1o 2021 y 2022, le imposibilitaron la presentaci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, estos no se encontraban acreditados, porque de las historias cl\u00ednicas aportadas al expediente, las constancias m\u00e9dicas y dem\u00e1s ex\u00e1menes que se le han realizado, se extra\u00eda que ninguna es del a\u00f1o 2022, desvirtuando con esto la justificaci\u00f3n a la tardanza expuesta por Jhonny Contreras Vel\u00e1squez. Igualmente, destac\u00f3 que el interesado no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien afirm\u00f3 que resulta \u00abirrisorio\u00bb que el a quo constitucional niegue la tutela por incumplimiento del requisito de la inmediatez sin hacer un an\u00e1lisis de fondo, especialmente cuando la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que no es admisible la imposici\u00f3n jurisprudencial de un t\u00e9rmino de caducidad en la acci\u00f3n de tutela, toda vez que la literalidad del art\u00edculo 86 constitucional propugna por permitir la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales \u00aben todo momento y lugar\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que un t\u00e9rmino de 10 meses, no se advierte irrazonable o desproporcionado para que una persona en una condici\u00f3n de debilidad manifiesta acuda al mecanismo de amparo, m\u00e1xime teniendo en cuenta los antecedentes de la Corte Constitucional y el hecho que la presunta vulneraci\u00f3n persiste, pues desde el retiro de la empresa no ha logrado ubicarse laboralmente a fin de contar con recursos para procurarse su congrua subsistencia, a juzgar por lo afirmado en la tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jhonny Contreras Vel\u00e1squez acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por la sala Laboral del Tribunal Superior de Valledupar el 12 de noviembre de 2019 y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral 22 de marzo de 2022, en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra la sociedad Servicios y Asesor\u00edas Litoral y Drummond. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por inobservancia del presupuesto de inmediatez, en raz\u00f3n a que la sentencia de casaci\u00f3n SL882-2022 fue proferida el 22 de marzo de 2022, mientras que la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 9 de marzo de 2023, esto es, luego de transcurrir alrededor de once meses desde el presunto hecho vulnerador, t\u00e9rmino que supera el plazo de seis meses establecido por la jurisprudencia como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ahora, si bien el accionante afirm\u00f3 que desde la ocurrencia del accidente en la empresa ha seguido con tratamiento de ortopedia, columna, rectificaci\u00f3n de la lordosis fisiol\u00f3gica lumbar probable posici\u00f3n antalgica – discopat\u00eda degenerativa difusa lumbar, entre otras, adem\u00e1s de haber sido diagnosticado con diabetes, circunstancias que lo llevaron a un estado de crisis durante 2021 y 2022, as\u00ed como otros padecimientos que han requerido cirug\u00edas y, que le imposibilitaron interponer la acci\u00f3n de tutela, lo cierto es que la revisi\u00f3n de las historias cl\u00ednicas y dem\u00e1s documentos aportados a este tr\u00e1mite1, se evidenci\u00f3 que sus afectaciones datan de 2018, 2019 y 2021, sin embargo, no se encontr\u00f3 acreditado que en el a\u00f1o 2022 hubiera tenido alg\u00fan cuadro de salud que le impidiera acudir a este mecanismo excepcional para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
No debe olvidar el reclamante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, pues de no hacerlo, dicho descuido resulta suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Tampoco se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que debiera ser evitado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ. STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC860-2018). (Negrilla de esta Sala). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital. Archivo \u201c0016Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
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