STC4390-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4390-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00693-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 12 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milena Ortiz Rubiano, contra el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2021-88270-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor que promovi\u00f3 contra la Sociedad Com Automotriz SA y la Sociedad Distribuidora Nissan SA, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, remiti\u00f3 el expediente en referencia, para que se tramitara el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia por fuera del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, aun cuando, en diferentes oportunidades, solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad por perdida autom\u00e1tica de la competencia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en esa providencia se deb\u00eda discutir si, como lo indic\u00f3 el a quo, hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, o si, en virtud de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales con ocasi\u00f3n de la pandemia por COVID 19, entre el 16 de marzo y el 1\u00ba de julio de 2020, la demanda fue presentada de manera oportuna. <\/p>\n
Revel\u00f3 que, contrario a lo manifestado en la segunda instancia, \u00abla prueba de la reclamaci\u00f3n directa (\u2026) se aport\u00f3 como prueba documental que, adem\u00e1s tuvo respuesta por las demandadas, fue objeto de recurso de reposici\u00f3n, en la contestaci\u00f3n de demanda se contest\u00f3 como ciertos estos hechos y, adem\u00e1s, no fue tachada de falsa\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 revocar el fallo proferido por el Juzgado accionado y en su lugar, ordenar la declaraci\u00f3n de nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y, como petici\u00f3n subsidiaria \u00abordenar al juzgado accionado tener en cuenta las normas que derog\u00f3 y practicar las pruebas obrantes dentro del proceso, para que de esta manera se profiera un fallo en derecho y se garanticen los derechos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que, conoci\u00f3 en segunda instancia del tr\u00e1mite en referencia y que, el 22 de marzo de 2023 confirm\u00f3 la sentencia proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio el 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
2. La Distribuidora Nissan SA, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo con fundamento en que adem\u00e1s que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, la sentencia controvertida estuvo debidamente fundamentada en los hechos probados, la jurisprudencia vigente y las normas aplicables. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n se profiri\u00f3 en aplicaci\u00f3n de la Ley 1480 de 2011, como tambi\u00e9n de las normas procesales que regulan el recurso de apelaci\u00f3n, y que lo planteado por la accionante, corresponde a la exposici\u00f3n de su propio criterio, raz\u00f3n que no es suficiente para desvirtuar lo decidido en el proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, con argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela, y en particular reclam\u00f3 que, el Juez accionado, no valor\u00f3 las pruebas documentales aportadas para soportar la reclamaci\u00f3n directa y en su lugar, consider\u00f3 que la reclamaci\u00f3n no se present\u00f3 en tiempo y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Sandra Milena Ortiz Rubiano solicit\u00f3 revocar la sentencia proferida por el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y en su lugar, ordenar la declaraci\u00f3n de nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y, en subsidio, \u00abordenar al juzgado accionado tener en cuenta las normas que derog\u00f3 y practicar las pruebas obrantes dentro del proceso, para que de esta manera se profiera un fallo en derecho y se garanticen los derechos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
3. Al revisar la actuaci\u00f3n cuestionada, se observan relevantes las siguientes actuaciones para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
3.1 La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, remiti\u00f3 en septiembre de 2021 a reparto el expediente para el tr\u00e1mite de recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
El 23 de septiembre de 2021, le fue asignado al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3.2 El Juzgado mencionado en auto de 8 de julio de 2022, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3 En providencia de 2 de marzo de 2023, previa solicitud de la se\u00f1ora Ortiz Rubiano, resolvi\u00f3, <\/p>\n
\u00abPrimero: No decretar la nulidad de pleno derecho por improcedente e inconstitucional. (\u2026) Segundo: Negar el decreto de perdida de competencia que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo expuesto anteriormente. (\u2026) Tercero: En firme el presente prove\u00eddo, ingrese el proceso al despacho a fin de proferir la respectiva sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Contra esta determinaci\u00f3n la accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n, como instrumento dise\u00f1ado para combatir todas las irregularidades ante el juez de conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En sentencia de 22 de marzo de 2023, confirm\u00f3 la de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Del anterior recuento, y teniendo en cuenta que la actora solicita \u00abse revoque el fallo proferido por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. y en su lugar, ordenarle al juzgado accionado a tramitar la nulidad del art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb se observa que la interesada no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n de 2 de marzo de 2023, que resolvi\u00f3 sobre la nulidad y p\u00e9rdida de competencia de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, como tampoco ha elevado tal petici\u00f3n despu\u00e9s de proferida la sentencia que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que como lo ha sostenido esta Sala, no puede olvidarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios ordinarios de defensa, constituye una indiferencia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n subsidiaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC494-2021 y STC2814-2022, entre muchas). <\/p>\n
As\u00ed entonces, como la interesada desaprovech\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos con los que contaba para la protecci\u00f3n de sus derechos, no puede valerse de esta acci\u00f3n de tutela para resarcir su incuria, atendiendo que la oportunidad en la que deb\u00eda exponer sus argumentos era en el curso del proceso y no en el escenario constitucional, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De otra parte, y en cuanto a la petici\u00f3n subsidiaria de la actora, dirigida a \u00abordenar al juzgado accionado tener en cuenta las normas que derog\u00f3 y practicar las pruebas obrantes dentro del proceso, para que de esta manera se profiera un fallo en derecho y se garanticen los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva por medio de la aplicaci\u00f3n de las normas que rigen las acciones de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, no se establece irregularidad que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que, revisada la mencionada sentencia de 22 de marzo de 2023, se evidencia que la autoridad judicial accionada, refiri\u00e9ndose a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que acogi\u00f3 el a quo, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abes cierta la precisi\u00f3n que hace el recurrente al afirmar que no se tuvo en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judicial suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales a causa de la pandemia del COVID 19, por cuanto el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o consagrado en el numeral 3 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 se\u00f1ala que ese t\u00e9rmino transcurre desde el vencimiento de la garant\u00eda, por lo cual pareciera que esa demanda se present\u00f3 en tiempo, teniendo en cuenta que al ser la fecha de entrega del veh\u00edculo automotor el 13 de diciembre de 2016, y la garant\u00eda por 3 a\u00f1os finaliz\u00f3 el 13 de diciembre de 2019, la fecha m\u00e1xima para presentar la demanda no era el 13 de diciembre de 2020, sino el 28 de marzo de 2021, debido a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos incluidos los de prescripci\u00f3n que se indic\u00f3 en el decreto 564 de 2020 donde se estableci\u00f3 que los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y de caducidad para ejercer derechos, acciones o presentar demandas ante la rama judicial o tribunales arbitrales se suspendieron desde el 16 de marzo hasta el d\u00eda el 1 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, y aunque consider\u00f3 que la demanda se interpuso en tiempo, al analizar el siguiente medio exceptivo propuesto por el demandado denominado \u00abdeber\u00e1 aportarse prueba de que la reclamaci\u00f3n fue efectuada durante la vigencia de la garant\u00eda\u00bb, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino de presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n directa se\u00f1alado en la Ley 1480 de 2011, agreg\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) A pesar de lo anterior, nos encontramos frente otra situaci\u00f3n que permite confirmar el fallo recurrido, y es que en la parte final del ya mencionado numeral 3 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, se indic\u00f3 expresamente que: \u201c\u2026En cualquier caso deber\u00e1 aportarse prueba de que la reclamaci\u00f3n fue efectuada durante la vigencia de la garant\u00eda.\u201d, significando que el 13 de diciembre de 2019 era la fecha m\u00e1xima para presentar la reclamaci\u00f3n, lo cual solo se efectu\u00f3 hasta el 20 de septiembre de 2020, es decir que se efectu\u00f3 de manera extempor\u00e1nea, por eso, bajo ese escenario resulta irrelevante determinar si la presentaci\u00f3n de la demanda se present\u00f3 dentro del t\u00e9rmino del a\u00f1o, por cuanto se reitera esa contabilizaci\u00f3n de t\u00e9rminos solo procede efectuarlo siempre y cuando se aportare prueba de que la reclamaci\u00f3n fue efectuada durante la vigencia de la garant\u00eda. <\/p>\n
De las anteriores consideraciones, no se extrae irregularidad que le abra paso a esta acci\u00f3n extraordinaria, pues el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3 con suficiencia la apelaci\u00f3n propuesta por la accionante, atendiendo la competencia del juez en segunda instancia, es decir los temas que pod\u00eda resolver en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso, descart\u00e1ndose de esta manera la necesidad de intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n realizada por el Juez de instancia, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no puede ser considerado como una instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n ni para calificar cu\u00e1l de las posiciones resulta la correcta en el caso en concreto, m\u00e1xime, cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta caprichosa o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. (CSJ. STC860-2018). <\/p>\n
8. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4390-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4390-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00693-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73167","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73167\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}