STC4392-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4392-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la Entidad Promotora de Salud Sanitas EPS frente al fallo proferido el 23 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite ordinario laboral que en su contra promovi\u00f3 Luis Alberto Villadiego Chisays bajo el radicado 23001310500320160009001, que culmin\u00f3 con sentencia de 6 de abril de 2022 en la cual cas\u00f3 la proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda (SL1233-2022). <\/p>\n
Cuestiona la solicitante la legalidad de tal decisi\u00f3n, pues en su criterio desconoce los precedentes de la Sala Laboral permanente relativos a la declaratoria de contratos de trabajo en las relaciones contractuales entre m\u00e9dicos y EPS. En concreto se\u00f1al\u00f3 desechadas las decisiones SL1179-2022; SL3345-2021 y SL1439 de 2021, argumentos que sostuvo en el incidente de nulidad promovido con posterioridad a la sentencia de casaci\u00f3n ante la misma sala y que fue decidido el 22 de septiembre \u00faltimo por esta colegiatura. <\/p>\n
En el sentir de la accionante, en el caso concreto \u00ab(i) NO se comprob\u00f3 la continuada subordinaci\u00f3n por parte del demandante, (ii) no se acredit\u00f3 que el accionante le correspondiera cumplir horarios impuestos por mi mandante, (iii) NO se prob\u00f3 que hubiera recibido \u00f3rdenes por parte de EPS Sanitas, (iv) NO se prob\u00f3 que hubiere recibido llamados de atenci\u00f3n o la existencia de procesos disciplinarios por haber cometido alguna falta ni por haber indicado que NO asistir\u00eda a prestar el servicio en algunas fechas que ya ten\u00eda programadas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, reclama mediante la presente acci\u00f3n de constitucional revocar la decisi\u00f3n proferida por la Sala de descongesti\u00f3n demandada y ordenar la remisi\u00f3n de su expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente para que decidan su caso. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 negar el resguardo por incumplir el requisito de inmediatez, pero adem\u00e1s por razonabilidad de la decisi\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 que la SL1233-2022 fue proferida con estricto apego a la Constituci\u00f3n y a la Ley. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la sala se sujet\u00f3 al par\u00e1metro jurisprudencial vigente, que da cuenta de que deben valorarse varios indicadores de la presencia de un v\u00ednculo subordinado. <\/p>\n
2. Luis Alberto Villadiego Chisays se opuso a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n y cuestion\u00f3 que lo realmente pretendido por la aqu\u00ed accionante es abrir una instancia adicional a la culminada mediante el veredicto de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Monter\u00eda remiti\u00f3 link del expediente ordinario laboral. <\/p>\n
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda manifest\u00f3 atenerse a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Posterior a identificar el problema jur\u00eddico, relativo a \u00abverificar si la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en un yerro trascendental al casar el fallo dictado por la Sala Civil, Familia y laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Monter\u00eda \u2026 para, en su lugar, declarar la existencia de un contrato de trabajo entre EPS Sanitas y Luis Alberto Villadiego Chisays\u00bb, e ncontr\u00f3 razonable la decisi\u00f3n atacada v\u00eda tutela, por lo cual neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la entidad accionante, remiti\u00e9ndose a lo esgrimido en el escrito genitor de la controversia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que las cuestionadas providencias de 6 de abril y 21 de septiembre de 2022, no lucen arbitrarias, habida cuenta que la sede judicial acusada explic\u00f3 los motivos por los cuales no observ\u00f3 deficiencia probatoria de la sentencia proferida por el fallador de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral, espec\u00edficamente, en punto a los elementos demostrados de la relaci\u00f3n laboral precis\u00f3: <\/p>\n
En este punto, resulta oportuno destacar que esta Sala tiene adoctrinado que el elemento intuitu personae, es uno de los rasgos distintivos de todo contrato de trabajo, por manera que fluye evidente que el demandante deb\u00eda ejecutar personalmente las actividades contratadas, que no a trav\u00e9s de otra persona, como lo ense\u00f1a el acuerdo que suscribieron. <\/p>\n
Si bien, en ocasiones el promotor del juicio pod\u00eda ausentarse y encargar moment\u00e1neamente a otro galeno en calidad de reemplazante, tal comprobaci\u00f3n en nada desvirt\u00faa la condici\u00f3n referida, en tanto no es un elemento relevante que pueda resultar \u00fatil para acreditar que fuera totalmente aut\u00f3nomo para designar al m\u00e9dico que ocupara su lugar en caso de necesidad. Lo precedente, pone de presente que no se trat\u00f3 de un convenio en que el contratista se obligara a atender un n\u00famero determinado de pacientes a cambio de unos honorarios, directamente o a trav\u00e9s de un equipo de trabajo al margen de autorizaciones o permisos de la entidad contratante; es decir, con total prescindencia de la intervenci\u00f3n de la segunda en cuanto a la forma y t\u00e9rminos en que deb\u00eda atender a los pacientes. <\/p>\n
Bien ha dicho la jurisprudencia que una cosa es que se convenga la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos especializados con una persona natural o jur\u00eddica que cuente con la posibilidad real y efectiva de garantizarlos, \u00e9l mismo o con el personal que aut\u00f3nomamente elija a fin de cumplir los objetivos del contrato. Otra, completamente diferente, es que la labor deba ser cumplida por un sujeto en particular, sin la potestad real de cederla o delegarla en un tercero a su libre albedr\u00edo (CSJ SL3345-2021). <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, la Corporaci\u00f3n en sentencia CSJ SL13020-2017, discurri\u00f3: <\/p>\n
Ahora del mismo contrato surge incontrastable que las partes textualmente convinieron que \u00ablos derechos y obligaciones (…) no podr\u00e1n cederse en todo o en parte, salvo que exista autorizaci\u00f3n expresa y escrita\u00bb de Saludcoop. <\/p>\n
Ello significa, ni m\u00e1s ni menos, como lo pone de presente la censura, que el elemento intuito personae estuvo presente en el acuerdo propio de un contrato de trabajo, incompatible en los de car\u00e1cter civil o comercial, pues una cosa es que se pacte la obligaci\u00f3n de garantizar la prestaci\u00f3n de un servicio m\u00e9dico a los pacientes de la cl\u00ednica y otra bien distinta es que esa exigencia deba cumplirla un sujeto espec\u00edfico; en este \u00faltimo caso, se itera, la relaci\u00f3n es intuito personae (Subrayas fuera de texto) <\/p>\n
El programa de vacunaci\u00f3n e inmunizaci\u00f3n para los usuarios del contrato \u00abColsanitas-Banco de la Rep\u00fablica\u00bb (fls. 59-77), el listado de medicamentos \u00abdescontinuados agotados y con cambio de presentaci\u00f3n para usuarios del banco de la Rep\u00fablica\u00bb (fls. 78-82), los programas para la detecci\u00f3n precoz y control del c\u00e1ncer de mama (fls. 86-93), de hipertensi\u00f3n arterial (fls. 94-105), diabetes (fls. 106-115), detecci\u00f3n temprana de c\u00e1ncer de pr\u00f3stata (fls.128-142), detecci\u00f3n precoz y control de c\u00e1ncer de cuello uterino (fls. 143-148), la custodia y traslado de historias cl\u00ednicas del Banco de la Rep\u00fablica (fls. 179-190), el acta de \u00abresultado de auditor\u00eda de Historias Cl\u00ednicas de los usuarios del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb (fls. 159-160), el listado \u00abpara tener en cuenta visita del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb (fi. 169), el instructivo de diligenciamiento que busca \u00abunificar criterios\u00bb <\/p>\n
(fls. 51-58) y el documento para la \u00abatenci\u00f3n y egreso de pacientes en consulta externa\u00bb (fls. 186-190), son registros que dan cuenta de que el m\u00e9dico prestaba personalmente sus servicios a la entidad, a tal punto que estaba incorporado a la estructura organizacional de la EPS, pues le correspond\u00eda atender a los pacientes que hac\u00edan parte del negocio que la empresa de salud sosten\u00eda con el Banco de la Rep\u00fablica, bajo los par\u00e1metros y las indicaciones que Sanitas S.A. le suministraba. <\/p>\n
Las documentales enlistadas se erigen como derroteros que el m\u00e9dico deb\u00eda cumplir de manera obligatoria, a la hora de atender, diagnosticar y efectuar el seguimiento a los pacientes, sin que pudiera adelantar dichos procesos de forma aut\u00f3noma y bajo su propio criterio profesional, en la medida en que estaba atado a los est\u00e1ndares impuestos por la accionada, hasta el punto de que esta parametriz\u00f3 todo lo concerniente a la recepci\u00f3n y egreso de pacientes en consulta externa, as\u00ed como el diligenciamiento de historias cl\u00ednicas. <\/p>\n
Sin perder de vista la orientaci\u00f3n f\u00e1ctica de la acusaci\u00f3n, conviene recordar que en un contencioso de similares caracter\u00edsticas, la Sala discurri\u00f3: <\/p>\n
[…I Estas precisiones adquieren mayor relevancia en el sub lite, <\/p>\n
dado que la controversia se suscita entre un profesional m\u00e9dico <\/p>\n
y una entidad prestadora de servicios de salud, ambos sometidos a las reglas del sistema de seguridad social en salud previstas en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que la complementan y reglamentan, como la Ley 1164 de 2007 o ley de talento humano en salud. <\/p>\n
Ello, porque el subsistema de salud se rige por un conjunto de principios, normas y procedimientos a los cuales deben someterse todos los actores del sistema, incluidos los profesionales de la salud. Asimismo, debe considerarse que una de las transformaciones m\u00e1s relevantes es que las instituciones aseguradoras o prestadoras de servicios de salud deben cumplir con la normativa que las regula, por lo cual, frecuentemente se ven compelidas a trasladar algunas de las obligaciones en quienes prestan el servicio de manera directa al paciente, como es el caso de los m\u00e9dicos. <\/p>\n
Esas circunstancias, en ocasiones, pueden dar a entender que el contratista de prestaci\u00f3n de servicios est\u00e1 subordinado a la empresa contratante; de ah\u00ed que, ante esa situaci\u00f3n, el juez tambi\u00e9n est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de determinar, en cada caso en particular, si la imposici\u00f3n y correlativo cumplimiento de las funciones que debe desempe\u00f1ar el demandante son derivadas del sistema de salud o, por el contrario, son propias del contrato de trabajo (…). <\/p>\n
De igual modo, pese a que en este tipo de contratos no est\u00e1 vedado que en funci\u00f3n de una adecuada coordinaci\u00f3n, el contratante establezca algunas pautas para la prestaci\u00f3n del servicio, m\u00e1xime si sus funciones est\u00e1n enmarcadas en las normativas dispuestas para el sistema de seguridad social en salud, estas tampoco deben desbordar su finalidad; en dicha perspectiva, aunque puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas as\u00ed como ciertas responsabilidades connaturales al objeto contractual, insoslayablemente, debe prevalecer la autonom\u00eda e independencia del contratista, m\u00e1xime cuando, como lo refiere la misma recurrente, se trata de un conocimiento cient\u00edfico que solo le concierne al galeno. (Subrayas fuera de texto) (CSJ SL4347-2020). <\/p>\n
Los testigos Carlos G\u00f3mez Castillo y Jos\u00e9 Orlando Oquendo Rodr\u00edguez, aseveraron haber sido supervisores del actor, quien estaba sometido a horario, peri\u00f3dicamente presentaba informes de gesti\u00f3n y deb\u00eda acatar las instrucciones que le impart\u00eda la demandada. De esta manera, lejos estuvo el galeno de tener la posibilidad de desempe\u00f1arse con libertad en el cumplimiento de sus obligaciones. Si bien, los declarantes no hicieron parte de la organizaci\u00f3n Sanitas durante todo el tiempo que dur\u00f3 el v\u00ednculo contractual del actor, la versi\u00f3n que entregaron si constituye una muestra significativa del conocimiento directo que tuvieron de los pormenores del desarrollo de la relaci\u00f3n que se forj\u00f3 entre los contendientes. <\/p>\n
Por su parte, Lorena Luc\u00eda Mahuad Ruche y Lenys Leonor Rodr\u00edguez, informaron que el demandante no estaba sometido a subordinaci\u00f3n por parte de la EPS. Sin embargo, explicaron que deb\u00eda atender los pacientes que le asignaba la entidad en las horas de la ma\u00f1ana y usar los recetarios que le eran suministrados por ella. En punto a lo primero, cumple destacar que, debido a que viene probada la prestaci\u00f3n personal del servicio, lo afirmado no es suficiente para desvirtuar la presunci\u00f3n de existencia del contrato de trabajo. Se impone memorar que la infirmaci\u00f3n de una presunci\u00f3n legal no se logra con la sola negaci\u00f3n del hecho presumido, sino que para ese cometido, es indispensable devastar los supuestos f\u00e1cticos que le sirvieron de soporte. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lejos de probar que Luis Alberto Villadiego Chisays ejerci\u00f3 su actividad profesional con total autonom\u00eda, los medios de prueba denunciados ratifican la exclusividad y la disponibilidad, as\u00ed como los par\u00e1metros que deb\u00eda seguir para ejercer sus funciones. Estos, fueron rasgos que caracterizaron la ejecuci\u00f3n del v\u00ednculo suscitado entre los contendientes, por manera que, contrario a lo inferido por el colegiado de instancia, Sanitas S.A. no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Por tanto, el corolario inexorable de lo comprobado, es que el Tribunal cometi\u00f3 los yerros f\u00e1cticos atribuidos. Se casar\u00e1 la sentencia gravada. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como tambi\u00e9n de la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, concluyendo que no acert\u00f3 el fallador de segundo grado en sus conclusiones, an\u00e1lisis que fund\u00f3 en las sentencias SL225-2020, SL3345-20221 y SL1439-2021, entre otras, justificando su intervenci\u00f3n como juez de instancia y dictando la sustitutiva aqu\u00ed fustigada. <\/p>\n
Es as\u00ed, como tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la especialidad laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Por tanto, se impone mantener el fallo refutado el cual goza de presunci\u00f3n de acierto y legalidad m\u00e1xime trat\u00e1ndose de organismos de cierre a menos que sean visibles los yerros sustantivos, f\u00e1cticos o adjetivos que har\u00edan procedente de manera excepcional este medio de amparo. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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