STC4393-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4393-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2023-00010-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en los tr\u00e1mites referidos. <\/p>\n
1.1 Manifest\u00f3 que, Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Pallares solicit\u00f3 el 21 de agosto de 2021 a la Comisar\u00eda de Familia de Bochalema, se\u00f1alar fecha para realizar una conciliaci\u00f3n con el fin de declarar la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, y sin tener competencia para ese tr\u00e1mite, lo cit\u00f3 a una audiencia que se llev\u00f3 a cabo el 9 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que teniendo en cuenta que durante los 34 a\u00f1os que llevaban de casados el \u00fanico bien que pose\u00edan era una casa, \u00abpropongo venderla y dividir el dinero en partes iguales\u00bb, f\u00f3rmula que aval\u00f3 la funcionaria y \u00abordena vender el bien inmueble y el dinero ser entregado a cada uno entre partes iguales\u00bb, liquidaci\u00f3n que, en su sentir, \u00abcarece de fundamento legal por falta de competencia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en auto de 19 de abril de 2022, program\u00f3 para el 30 siguiente continuar la audiencia de tr\u00e1mite en la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Pallares propuso como f\u00f3rmula la divisi\u00f3n del inmueble que \u00e9l acept\u00f3 y fue avalada por la Comisaria de Familia, quien orden\u00f3 suspender la diligencia con el fin de recaudar las indagaciones necesarias en la oficina de planeaci\u00f3n municipal de Bochalema, y declar\u00f3 en suspenso el tr\u00e1mite por violencia intrafamiliar que se adelantaba en su contra, y fij\u00f3 de cuota de alimentos y r\u00e9gimen de visitas en beneficio de su hijo, sin que fuera solicitado por las partes. <\/p>\n
Sostuvo que el 31 de mayo de 2022 se dio continuaci\u00f3n a la audiencia, y en \u00e9sta, \u00e9l se retract\u00f3 del acuerdo anterior y present\u00f3 una nueva propuesta de divisi\u00f3n del inmueble que no fue aceptada por la demandante, y dio origen a que se continuara con el proceso de violencia que hab\u00eda sido suspendido. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 8 de junio de 2022 envi\u00f3 una comunicaci\u00f3n en la que nuevamente inform\u00f3 que se retractaba de \u00abla divisi\u00f3n del inmueble\u00bb y contrat\u00f3 un abogado para que lo representara, y \u00e9ste solicit\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia no aprobar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal porque no fueron tenidos en cuenta todos los pasivos y activos que conformaban el patrimonio, y requiri\u00f3 convocar nuevamente a las partes para corregir la f\u00f3rmula de acuerdo ya desistida, lo que se neg\u00f3 en auto de 16 de junio de 2022, en el que orden\u00f3 la audiencia para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que la Comisaria de Familia de Bochalema carec\u00eda de competencia para adelantar el tr\u00e1mite de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, por lo que actu\u00f3 de manera ilegal y extralimit\u00e1ndose en sus funciones, porque esta competencia recae en un Notario o en el Juez de Familia. <\/p>\n
1.2 Afirm\u00f3, de otra parte, que el 9 de septiembre de 2021 Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Pallares lo denunci\u00f3 ante la Comisar\u00eda de Familia por actos de violencia intrafamiliar y solicit\u00f3 medida de protecci\u00f3n, actuaci\u00f3n que le fue notificada como presunto agresor y en la que se orden\u00f3 realizarle examen toxicol\u00f3gico, entrevista con el equipo interdisciplinario, citaci\u00f3n para descargos y valoraci\u00f3n por medicina general a la denunciante, medida que ahora considera \u00abarbitraria y desproporcionada ya que en primer momento la Comisar\u00eda debi\u00f3 buscar una valoraci\u00f3n familiar y establecer si las acusaciones realizadas en mi contra eran ciertas\u00bb, y como medida provisional, orden\u00f3 su desalojo de la vivienda, sin tener en cuenta que era su \u00fanica residencia y que es una persona de la tercera edad. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, conforme a lo ordenado, la psic\u00f3loga de la Comisaria de Familia le realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n a Mar\u00eda del Pilar, y en su informe indic\u00f3 que \u00e9sta se encontraba \u00abafectada psicol\u00f3gicamente por las diversas problem\u00e1ticas de la convivencia en la cual se gener\u00f3 violencia intrafamiliar por parte de su c\u00f3nyuge durante los 34 a\u00f1os de convivencia, en las diferentes modalidades, violencia f\u00edsica, violencia psicol\u00f3gica y violencia econ\u00f3mica\u00bb. (Negrilla en texto), sin que se valorara el entorno familiar o le realizaran una valoraci\u00f3n a \u00e9l, \u00abni buscaron acercamientos con el fin de mejorar la relaci\u00f3n de pareja\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 8 de febrero de 2022, la trabajadora social y la psic\u00f3loga de la Comisar\u00eda de Familia realizaron una visita y recomendaron renovar la medida provisional de protecci\u00f3n, por lo que, el 25 de marzo de 2022 \u00absin realizarme valoraci\u00f3n alguna\u00bb, ni tener soporte probatorio de las agresiones que presuntamente ocasion\u00f3, fue renovada y desalojado de su hogar, sin tener en cuenta su condici\u00f3n de adulto mayor. <\/p>\n
Sostuvo que el 31 de mayo de 2022 la Comisaria dispuso continuar el proceso por violencia intrafamiliar y program\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas para el 2 de junio de 2022, diligencia que, en su criterio, no debi\u00f3 haber sido celebrada porque ese proceso se encontraba suspendido conforme a lo ordenado en la audiencia de 30 de abril de 2022 en la que igualmente se aval\u00f3 la divisi\u00f3n material del inmueble. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en auto de 16 de junio de 2022 dispuso realizar control de legalidad al proceso de violencia intrafamiliar con el fin de sanear el ac\u00e1pite de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, y orden\u00f3 repetir la recepci\u00f3n de los testimonios de Fredy Pinto, Fredy Mari\u00f1o y Rafael Quintero que \u00e9l solicit\u00f3, sin embargo, en la audiencia de pruebas y fallo, llevada a cabo el 14 (sic) de julio de 2022, la Comisaria indic\u00f3 que se reconstruir\u00edan las declaraciones de Fredy Pinto y Rafael Quintero en atenci\u00f3n a que el d\u00eda de la audiencia anterior no hab\u00edan firmado los documentos de su testimonio, situaci\u00f3n frente a la cual su apoderado manifest\u00f3 su desacuerdo y afirm\u00f3 que a su juicio, podr\u00eda configurarse una nulidad al no interrogar a sus testigos nuevamente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que luego de valoradas las pruebas, en un solo d\u00eda y en una sola audiencia, sin mediar procedimiento administrativo, la Comisaria culmin\u00f3 el 31 de julio de 2022 \u00abel proceso de violencia intrafamiliar y el de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, y concluy\u00f3 la existencia de violencia verbal, econ\u00f3mica, f\u00edsica y psicol\u00f3gica contra Mar\u00eda del Pilar Pallares Mart\u00ednez, y concedi\u00f3 como medida de protecci\u00f3n definitiva su desalojo del hogar. <\/p>\n
1.3 Indic\u00f3 que su apoderado apel\u00f3 la determinaci\u00f3n, y el Juzgado Promiscuo de Familia de Pamplona avoc\u00f3 el conocimiento el 22 de agosto de 2022 y en providencia de 16 de septiembre de 2022, dispuso modificar y adicionar la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda de Familia en la audiencia celebrada el 31 de julio de 2022, as\u00ed, <\/p>\n
(\u2026) Primero: Dar por probados los actos de agresi\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica del se\u00f1or RAM\u00d3N CORREDOR JACOME en contra de la se\u00f1ora MARIA DEL PILAR MART\u00cdNEZ PALLARES. <\/p>\n
Segundo: Imponer como medida de protecci\u00f3n definitiva al se\u00f1or RAM\u00d3N CORREDOR JACOME, abstenerse de realizar las conductas objeto de la queja o cualquier otra similar; deber\u00e1 observar el buen trato, la buena conducta sin revanchismo de ninguna clase, de ning\u00fan tipo y deber\u00e1 cumplir sus obligaciones alimentarias de manera independiente, aislada a esta coyuntura de violencia intrafamiliar; prohibi\u00e9ndosele el ingreso al lugar de residencia de la se\u00f1ora MARIA DEL PILAR MART\u00cdNEZ PALLARES. <\/p>\n
CUARTO: Advi\u00e9rtase a RAM\u00d3N CORREDOR JACOME, que el incumplimiento a la medida impuesta ser\u00e1 sancionado con multa entre dos y diez salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes convertibles en arresto y en caso de reincidencia con prisi\u00f3n entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas, de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 294 de 1996, ley 575 de 2000. Que todo comportamiento de retaliaci\u00f3n, venganza o evasi\u00f3n a la medida de protecci\u00f3n impuesta se tendr\u00e1 como incumplimiento y ser\u00e1 sancionada seg\u00fan lo preceptuado en la Ley 294 de 1996, ley 575 de 2000 y 1257 de 2008\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Comisar\u00eda de Familia de Bochalema (i) iniciar el procedimiento que corresponda a efectos de considerar y evaluar la presunta violencia que se le endilg\u00f3, con el objeto de efectuar el debido proceso administrativo, realizar el seguimiento psicosocial y proteger la condici\u00f3n de su hijo en situaci\u00f3n de discapacidad, (ii) Analizar las condiciones especiales que tiene su n\u00facleo familiar, que fue afectado con la medida de protecci\u00f3n, particularmente la condici\u00f3n de su hijo. <\/p>\n
Igualmente, requiri\u00f3 (iii) declarar que la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona vulner\u00f3 su debido proceso, \u00abpues la misma fue objeto de una serie de actuaciones irregulares, haciendo que el operador judicial incurriera en error y no pudiera evidenciar las falencias del procedimiento administrativo surtido en la comisaria de familia\u00bb y, (iv) que el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal se adelante de conformidad al ordenamiento. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona, adem\u00e1s de allegar el link de acceso al expediente, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y el incumplimiento del requisito de la temporalidad, porque que el t\u00e9rmino transcurrido entre la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela superaba seis meses, sin que el peticionario hubiese explicado su inactividad en acudir a este mecanismo. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 16 de septiembre de 2022 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el accionante contra la decisi\u00f3n de 30 de julio de 2022 mediante la cual, la Comisaria de Familia de Bochalema dirimi\u00f3 el proceso de violencia intrafamiliar formulado por Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Pallares, tr\u00e1mite administrativo que fue revisado y estudiado por ese Despacho profiriendo una decisi\u00f3n debidamente motivada. <\/p>\n
Igualmente afirm\u00f3 que se absten\u00eda de emitir pronunciamiento frente a la solicitud de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, en la medida que tal tr\u00e1mite no fue puesto en conocimiento de ese despacho. <\/p>\n
2. La Comisaria de Familia de Bochalema, se refiri\u00f3 a los hechos planteados en el escrito de tutela, y se\u00f1al\u00f3 que Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Pallares solicit\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n para disoluci\u00f3n liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, pero esa Comisar\u00eda nunca abri\u00f3 proceso alguno como lo afirma el accionante, tan solo concedi\u00f3 turno y cre\u00f3 un espacio conciliatorio como un mero tr\u00e1mite administrativo extraprocesal de atenci\u00f3n al usuario. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 31 de mayo de 2022 se presentaron las partes para verificar el cumplimiento de las gestiones pactadas de com\u00fan acuerdo entre las partes, sobre la gesti\u00f3n de permisos de planeaci\u00f3n y dem\u00e1s para la construcci\u00f3n de un muro divisorio en la vivienda familiar, asunto que termin\u00f3 obstruy\u00e9ndose por retractaci\u00f3n del accionante, dando paso a la reactivaci\u00f3n del tr\u00e1mite por violencia intrafamiliar con la audiencia de pr\u00e1ctica de pruebas y fallo donde se declar\u00f3 probada la violencia intrafamiliar. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el contrario a lo afirmado por el actor, la medida de desalojo no fue ordenada en etapa de verificaci\u00f3n, y \u00abnunca se lleg\u00f3 a practicar, puesto que como bien lo rese\u00f1a el juzgado que desata el recurso de apelaci\u00f3n, Ram\u00f3n Corredor ya se hab\u00eda ido de la casa para cuando se emite el fallo\u00bb. <\/p>\n
Igualmente indic\u00f3 que, si alg\u00fan reparo ten\u00eda sobre las actuaciones del equipo psicosocial, pudo en el respectivo momento procesal objetar las mismas o solicitar dictamen forense alterno para confrontar los hallazgos. <\/p>\n
Sobre las reiteradas acusaciones de usurpaci\u00f3n de funciones, manifest\u00f3 que eran elucubraciones especulativas sin fundamento legal o probatorio, puesto que aun si hubiera considerado merito para abrir un proceso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal lo hubiera realizado por estar facultada para hacerlo amparada en el art\u00edculo 82 numeral 9 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia que la faculta, en virtud de la competencia subsidiaria, actuar por no contar con Defensores de Familia en la jurisdicci\u00f3n de Bochalema. <\/p>\n
3. El Procurador 169 II Judicial de Familia, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n incumple el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que fue presentada el 24 de marzo de 2023 excediendo los 6 meses exigidos por la jurisprudencia; adem\u00e1s, consider\u00f3 que las autoridades accionadas actuaron dentro del marco de lo razonable, de manera que no se pod\u00eda tildar la interpretaci\u00f3n probatoria como una v\u00eda de hecho vulneradora del debido proceso. <\/p>\n
4. La Psic\u00f3loga de la Comisar\u00eda de Familia de Bochalema se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos por el actor e hizo referencia a las entrevistas practicadas, los informes rendidos y su gesti\u00f3n en el proceso de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
5. La Trabajadora Social refiri\u00f3 que para el momento del inicio de las actuaciones cuestionadas se encontraba desvinculada y cuando retom\u00f3 sus labores, fue su hom\u00f3loga la encargada del seguimiento del proceso cuestionado. <\/p>\n
6. El Personero Municipal de Bochalema expuso que, revisados los expedientes del asunto, no se evidenci\u00f3 solicitud alguna de intervenci\u00f3n en ese proceso. <\/p>\n
7. Mar\u00eda del Pilar Mart\u00ednez Pallares hizo referencia a las circunstancias que motivaron la solicitud de audiencia de conciliaci\u00f3n para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y el proceso por violencia familiar, tr\u00e1mites en los que, seg\u00fan afirm\u00f3, el accionante ejerci\u00f3 su derecho de defensa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pamplona, declar\u00f3 la improcedencia del amparo, al estimar el incumplimiento del requisito de la inmediatez al haber transcurrido un a\u00f1o y seis meses despu\u00e9s de haberse realizado la audiencia de conciliaci\u00f3n el 9 de septiembre de 2021 en la que la Comisaria de Familia tom\u00f3 la decisi\u00f3n para atender la petici\u00f3n respecto al tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n para la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, as\u00ed como frente al proceso por violencia intrafamiliar, porque la tutela fue interpuesta el 24 de marzo de 2023 esto es, transcurridos seis meses y siete d\u00edas despu\u00e9s de que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia profiriera la decisi\u00f3n de segunda instancia el 16 de septiembre de 2022, sin que el actor hubiese expuesto motivos v\u00e1lidos sobre su tardanza en acudir a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Asimismo, consider\u00f3 el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, argumentando que el accionante no ha hecho uso de los mecanismos judiciales ordinarios que le brinda el sistema jur\u00eddico para la defensa de sus derechos, en tanto la medida de protecci\u00f3n de la que se duele, puede ser cancelada mediante tr\u00e1mite incidental por el mismo funcionario que la impuso, ya sea por solicitud de las partes, del Ministerio P\u00fablico o del Defensor de Familia, siempre que se hayan superado las razones que la originaron, cuya decisi\u00f3n es susceptible de ser revisada por el Juez de Familia en segunda instancia. <\/p>\n
Por otra parte, explic\u00f3 que mal pod\u00eda argumentar el peticionario consecuencias funestas frente a la orden de desalojo de su hogar, en raz\u00f3n a que la misma, se dispuso en la diligencia de audiencia celebrada el 2 de junio de 2022 como cl\u00e1usula compromisoria consecuente del acuerdo que en ese momento aceptaron las partes y que aval\u00f3 la funcionaria de conocimiento, tendiente a dividir f\u00edsicamente el inmueble concediendo para el efecto un lapso de cinco meses al t\u00e9rmino del cual, bien pod\u00eda el actor habitar su parte, convenio frente al cual, Corredor J\u00e1come posteriormente se retract\u00f3, y, adem\u00e1s porque la Comisar\u00eda de Familia, contrario a lo afirmado por el accionante, previo a proferir la decisi\u00f3n \u00abcomprob\u00f3 el lugar de residencia actual de las partes y temporalidad de ella\u00bb, requerimiento frente al cual el apoderado judicial del se\u00f1or Corredor J\u00e1come inform\u00f3 \u00abme permito indicar que la direcci\u00f3n donde mi prohijado se encuentra domiciliado y residenciado, con vocaci\u00f3n de permanencia es la (\u2026) de la ciudad de Pamplona\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior agreg\u00f3, \u00abtan es as\u00ed que la decisi\u00f3n de segunda instancia, tras encontrar que el accionante al momento de proferir la decisi\u00f3n de primera instancia \u00e9ste ya no resid\u00eda en la vivienda conyugal y adem\u00e1s de verificar que esa circunstancia se manten\u00eda, con vocaci\u00f3n de permanencia, consider\u00f3 innecesaria la medida de desalojo frente a quien no estaba viviendo bajo el mismo techo con la v\u00edctima, por lo tanto, lo que se orden\u00f3 en definitiva no fue el desalojo sino la prohibici\u00f3n de ingreso del agresor al lugar de residencia de la se\u00f1ora MDELPMP\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 que es procedente la tutela, aunque no cumpla con el requisito de la inmediatez, porque con el paso del tiempo contin\u00faa la vulneraci\u00f3n o amenaza de sus derechos, de manera que esa exigencia no puede constituir una barrera para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Agreg\u00f3 agot\u00f3 todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial, puesto que en el proceso que se adelant\u00f3 ante el Comisaria de Familia, se surtieron todas las instancias hasta que se profiri\u00f3 decisi\u00f3n que le vulnera sus derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ram\u00f3n Corredor J\u00e1come acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, que considera vulnerados con las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n para la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y el proceso por violencia intrafamiliar adelantados ante la Comisaria de Familia de Bochalema y el segundo ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Pamplona en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo alegado, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por inobservancia del presupuesto de la inmediatez, en raz\u00f3n a que, de una parte, en el tr\u00e1mite administrativo conciliatorio cuestionado se llev\u00f3 a cabo audiencia el 9 de septiembre de 2021 y, de otro, en el proceso por violencia intrafamiliar se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia el 16 de septiembre de 2022, mientras que la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 24 de marzo de 2023, esto es, luego de transcurrir alrededor de un a\u00f1o y seis meses de celebrada la audiencia de conciliaci\u00f3n y, seis meses y siete d\u00edas desde la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Pamplona, como presuntos hechos vulneradores, t\u00e9rmino que supera el plazo de seis meses establecido por la jurisprudencia como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
No debe olvidar el reclamante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, pues de no hacerlo, dicho descuido resulta suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que el interesado tampoco acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad en acudir a este mecanismo excepcional, exigencia sobre la cual la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4117-2011, y recientemente en STC7485-2022, entre otras). <\/p>\n
4. De otra parte, si bien el actor reprocha que la vulneraci\u00f3n de sus derechos contin\u00faa con el paso del tiempo por la medida de protecci\u00f3n que le fue impuesta, una vez revisadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, as\u00ed como los informes rendidos por los accionados y vinculados, no se evidenci\u00f3 que hubiera acudido ante las autoridades competentes para alegar la inconformidad que ahora expone, lo que cierra el paso a la acci\u00f3n de tutela, que como es sabido es de car\u00e1cter residual y especial, y no ha sido instituida para reemplazar los recursos contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso, tema sobre el que la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00abSi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019, STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
5. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para obtener la revocatoria o modificaci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n, en tanto que, una vez concedida, el funcionario que la expidi\u00f3 mantiene la competencia para su ejecuci\u00f3n y cumplimiento, y en relaci\u00f3n con su vigencia se mantendr\u00e1n por el tiempo que perduren las circunstancias que dieron lugar a las mismas, y ser\u00e1n canceladas mediante incidente por el funcionario que las impuso, a solicitud, entre otras, de las partes cuando se superen las razones que las originaron, como as\u00ed lo ense\u00f1a tanto la ley 294 de 1996 en el art\u00edculo 18 -modificado por el art\u00edculo 12 de la ley 575 de 2020- que establece, <\/p>\n
\u00abEn cualquier momento, las partes interesadas, el Ministerio P\u00fablico, el Defensor de Familia, demostrando plenamente que se han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protecci\u00f3n interpuestas, podr\u00e1n pedir al funcionario que expidi\u00f3 la orden la terminaci\u00f3n de los efectos de las declaraciones hechas y la terminaci\u00f3n de las medidas ordenadas\u00bb, <\/p>\n
Y el art\u00edculo 3, par\u00e1grafo 2, del Decreto 4799 de 2011, que se\u00f1ala, <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2\u00b0. Las medidas de protecci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, tendr\u00e1n vigencia por el tiempo que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a estas y ser\u00e1n canceladas mediante incidente, por el funcionario que las impuso, a solicitud de las partes, del Ministerio P\u00fablico o del Defensor de Familia, cuando se superen las razones que las originaron (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4393-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4393-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2023-00010-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73170","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73170\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}