STC4401-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4401-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01640-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Reinales Agudelo contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de esta Corte. Al rito fueron vinculados los interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abdefensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la Corporaci\u00f3n repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido -en tiempo reciente- dentro de la investigaci\u00f3n penal n.\u00b0 \u00ab110010247000202100101000\u00bb – \u00abNI. 00507\u00bb. <\/p>\n
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1. Ante la Sala Especial de Instrucci\u00f3n se surte la causa punitiva arriba descrita contra el tutelante, por la posible incursi\u00f3n en los delitos de \u00abconcusi\u00f3n\u00bb y \u00abenriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico\u00bb en su otrora calidad de miembro de la C\u00e1mara de Representantes1. <\/p>\n
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2. De ese paginario provino, grosso modo, auto mayoritario CSJ AEI00273 de 3 de noviembre de 2022, por cuya virtud el ente instructor en cita dispuso \u00abDENEGAR\u00bb la solicitud del defensor, tendiente a \u00abdejar sin efecto\u00bb la declaraci\u00f3n rendida -ante juez comisionado- por una de las testigos de descargo, as\u00ed como el subsidiario pedimento de obtener la \u00abrepetici\u00f3n\u00bb de tal deposici\u00f3n. Mientras que con prove\u00eddo AEI00297 del d\u00eda 24 de iguales mes y a\u00f1o opt\u00f3 por decretar \u00abel cierre de la (\u2026) investigaci\u00f3n\u00bb y correr traslado, luego de en firme la resoluci\u00f3n, para los fines de las \u00abalegaciones\u00bb correspondientes. <\/p>\n
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3. Ambos pronunciamientos fueron ratificados por la autoridad en cuesti\u00f3n mediante decisi\u00f3n tambi\u00e9n de mayor\u00eda, AEI00003-2023 de 19 de enero de los corrientes, en sede de reposici\u00f3n del all\u00ed involucrado -ahora promotor-, por conducto de su abogado frente a las dos providencias. <\/p>\n
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4. El titular de la s\u00faplica de amparo del ep\u00edgrafe critic\u00f3 los anteriores autos, por perpetraci\u00f3n de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, pues en s\u00edntesis la Corporaci\u00f3n judicial ac\u00e1 accionada, de una parte, quiso pasar por alto la inviabilidad del testimonio tan en comento, practicado sin enteramiento previo y comparecencia de su defensa de confianza -como solicitante de esa declaraci\u00f3n de tercero-, convirti\u00e9ndose la \u00abprobanza\u00bb en \u00abnula de pleno derecho, conforme al par\u00e1grafo del art\u00edculo 29\u00bb Superior, cual lo dijera el magistrado disidente en los salvamentos de voto, por cercenamiento de la respectiva premisa de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Y de otro lado, porque la misma Sala instructora hubo de emitir la clausura de la fase investigativa sin gozar de ejecutoria la soluci\u00f3n adversa al petitorio sobre la atestaci\u00f3n testimonial y, peor a\u00fan, sin miramiento del deber de trasladar el \u00abdictamen\u00bb de \u00abestudio patrimonial\u00bb que rindiera profesional contable, en los t\u00e9rminos del canon 254 de la ley 600 de 2000, con el prop\u00f3sito de reclamar su \u00abaclaraci\u00f3n, ampliaci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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3. Se dio inicio al ruego supralegal y, en paralelo, quedaron libradas las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LA CONVOCADA <\/p>\n
Memor\u00f3 lo acontecido y se opuso al \u00e9xito de la clama por ausencia de vulneraci\u00f3n de los prove\u00eddos materia de ataques -respetuosos de los postulados de los all\u00e1 intervinientes- y, con todo, en tanto que \u00abla refutaci\u00f3n\u00bb en esta especial\u00edsima senda alberga tem\u00e1tica \u00abintr\u00ednseca de una actuaci\u00f3n\u00bb penal en tr\u00e1mite. Brind\u00f3 copia de varias piezas del referido dossier. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para respaldar las garant\u00edas fundamentales, siempre que sean trasgredidas o puestas en peligro por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en algunas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en trat\u00e1ndose del desempe\u00f1o de los jueces, el resguardo cabe de manera excepcional y sujeto a la consumaci\u00f3n de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Deviene carente de ventura el acudimiento de marras, en tanto que la causa punitiva en donde fueron proferidos los autos en actual censura, se halla en curso. Obs\u00e9rvese que ni siquiera ha habido calificaci\u00f3n formal del sumario, ya sea con determinaci\u00f3n de preclusi\u00f3n o con resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, cierto es que el implemento de la radicaci\u00f3n no es el camino id\u00f3neo para elucidar los aspectos aqu\u00ed tra\u00eddos, referentes a la aducci\u00f3n y pr\u00e1ctica de los medios de conocimiento puestos de relieve, ya que la ley penal ofrece a los sujetos involucrados precisas herramientas de apoyo a fin de que expongan ante el juez natural sus planteamientos o inconformidades, sin que las mismas puedan quedar soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos superiores, de donde configurada permanece la causal establecida en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991, en lo ata\u00f1edero a la insubsistencia de la acci\u00f3n tutelar \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb salvo para precaver un perjuicio irremediable, que ahora no se vislumbra. <\/p>\n
En postrera ocasi\u00f3n, la Corte puntualiz\u00f3 que <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada(\u2026) y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094]\u2026 (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 01155-01; replicada, entre muchas otras, en STC10591, 3 ag. 2016, rad. 01093-01. Citada en STC17175, 15 dic. 2021, rad. 04389-00). <\/p>\n
Constatada la improsperidad del presente ruego, por la presencia de otra alternativa jur\u00eddica al alcance, el juez constitucional est\u00e1 relevado de analizar el fondo de la controversia reprochada, porque de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del juez ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que el inicialista tilda de irregulares, pues lo cierto es que, como qued\u00f3 dicho, a\u00fan no se han zanjado, de forma definitiva, la causa penal en su contra. <\/p>\n
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3. Lo consignado conlleva, ergo, a zanjar adversamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Durante el per\u00edodo constitucional 2018-2022. <\/p>\n
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