STC4403-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC4403-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00071-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, dirime la Corte las impugnaciones del fallo emitido el 21 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela que Leidys Calder\u00f3n Mart\u00ednez le formul\u00f3, en nombre de su menor hijo, al Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo por alimentos que la actora le promovi\u00f3 a Carlos Montero Rodr\u00edguez (rad. 20001-31-10-001-2014-01142-00); e igualmente a los Juzgados Sexto de y S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, en representaci\u00f3n de su menor hijo, Diego Montero Calder\u00f3n, solicit\u00f3 dejar sin efecto el interlocutorio por medio del cual, el Juzgado Primero de Familia de Valledupar i) modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que present\u00f3, ii) termin\u00f3, por pago total de la obligaci\u00f3n, el coercitivo de alimentos acusado, iii) orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares que respaldan el cumplimiento de la prestaci\u00f3n, y iv) dispuso la entrega de los dineros consignados a \u00f3rdenes del proceso, a favor del demandado (1\u00b0 feb. 2023). <\/p>\n
En sustento, adujo que dichas decisiones son inviables. En cuanto a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, precis\u00f3 que el juzgado incluy\u00f3 como capital un valor distinto al previsto en el t\u00edtulo ejecutivo. Respecto a la terminaci\u00f3n, destac\u00f3 que, por ser los alimentos una prestaci\u00f3n sucesiva, la finalizaci\u00f3n del ejecutivo solo pod\u00eda darse cuando, por ejemplo, el ni\u00f1o cumpliera la mayor\u00eda de edad. Adicionalmente, de conformidad con el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, el embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que para conjurar la omisi\u00f3n interpuso reposici\u00f3n, pero el juzgado mantuvo la directriz (28 feb. 2023), y luego pidi\u00f3 que no se levantaran las medidas cautelares como garant\u00eda de los alimentos futuros, pero su solicitud tambi\u00e9n fue desestimada (6 mar. 2023). <\/p>\n
2.- El Juzgado reprochado remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente controvertido. <\/p>\n
Carlos Montero Rodr\u00edguez, en calidad de ejecutado, se opuso al amparo, argumentando que no es padre del ni\u00f1o y por eso formul\u00f3 demanda de impugnaci\u00f3n de la paternidad, la cual cursa ante el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla (rad. 2019-00215-00). Asimismo, indic\u00f3 que laboraba en la Polic\u00eda Nacional, pero fue desvinculado en virtud de una actuaci\u00f3n disciplinaria, y, adem\u00e1s, tiene a su cargo otros dos menores de edad, Mar\u00eda Fernanda y German Montero Marenco. <\/p>\n
Andrea Marenco Quintero, progenitora de los otros descendientes del ejecutado, precis\u00f3 que el embargo decretado en el juicio materia de reproche afect\u00f3 sustancialmente el derecho a los alimentos de sus hijos, y por eso se vio obligada a impulsar otro \u201cproceso de embargo\u201d. No obstante, como aquel fue desvinculado de la Polic\u00eda no se pudo hacer efectivo. Agreg\u00f3 que dicha situaci\u00f3n fue advertida por el padre de los ni\u00f1os al juzgado accionado, sin embargo, no adopt\u00f3 ninguna medida. <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, ante quien se adelanta el proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad, inform\u00f3 que en ese asunto se estaban adelantando las gestiones para notificar a la parte demandada, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, quien adelanta el proceso de fijaci\u00f3n de alimentos que instaur\u00f3 Andrea Marenco Quintero a favor de sus dos menores hijos, Mar\u00eda Fernanda y German, indic\u00f3 que la all\u00e1 demandante solicit\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 131 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, \u201ccon el fin de realizar el c\u00e1lculo adecuado de cuota alimentaria, teniendo en cuenta el n\u00famero total de hijos del demandado\u201d. Precis\u00f3 que, en virtud de lo anterior, el 30 de marzo de 2022 ofici\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Valledupar para que informara el estado del coercitivo objetado, y \u201cmediante auto del 31 de enero de 2023 se orden\u00f3 consultar a trav\u00e9s del aplicativo Siglo XXI la sentencia del 22 de septiembre de 2016 para efecto de la regulaci\u00f3n de la cuota alimentaria, sin que se haya dado aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 131 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
El Procurador 145 Judicial II para la Defensa de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, ya que, si el deudor cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n demandada, debe disponerse la terminaci\u00f3n del proceso, y en caso de que la incumpla otra vez, debe iniciarse un nuevo proceso ejecutivo. <\/p>\n
2.- El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que el juzgado no tuvo en cuenta que, de acuerdo con el inciso cuarto del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, \u201cla terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las cautelas decretadas y practicadas en el juicio ejecutivo de alimentos, en favor de un ni\u00f1o, ni\u00f1a, adolescente, se encuentra supeditada a la presentaci\u00f3n de una cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u201d. Asimismo, advirti\u00f3 que no aplic\u00f3 el precepto 131 del mismo estatuto, por cuanto \u201cno adelant\u00f3 ning\u00fan tipo de verificaci\u00f3n de los presupuestos necesarios para ordenar la acumulaci\u00f3n [del juicio de fijaci\u00f3n de alimentos adelantado a favor de Mar\u00eda Fernanda y German y simplemente dio por terminado el proceso y levant\u00f3 las medidas cautelares. <\/p>\n
En consecuencia, dej\u00f3 sin efecto \u201cel auto fechado el 1\u00b0 de febrero de 2023 y toda la actuaci\u00f3n posterior que dependa del mismo, y orden\u00f3 al despacho enjuiciado que \u201cen el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas, contados a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de esta providencia profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u201d. <\/p>\n
3.- Impugnaron Carlos Montero Rodr\u00edguez y la funcionaria convocada. <\/p>\n
La servidora judicial, por su parte, solicit\u00f3 revocar el fallo recurrido \u201cy en su lugar se declare el hecho superado de la acci\u00f3n constitucional, teniendo en cuenta que, si es procedente la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por pago total a la fecha, y no es pertinente la acumulaci\u00f3n de tr\u00e1mites no concurrentes de alimentos en contra del ejecutado\u201d. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que comparte la tesis del Tribunal en torno a que \u201cno es procedente el levantamiento de las medidas cautelares hasta tanto se presente por el ejecutado la cauci\u00f3n de que trata el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Ley 1098 de 2006\u201d, pero difiere de la postura seg\u00fan la cual, no puede terminar el ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n, pues ello es viable, sin perjuicio de dejar vigentes las medidas cautelares. Igualmente, indic\u00f3, con apoyo en el interlocutorio AC2412-2018, que era improcedente acumular el litigio de fijaci\u00f3n de alimentos al ejecutivo, comoquiera que \u201cen el presente proceso ya se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n con base en una fijaci\u00f3n de alimentos previamente acordada por las partes en el Centro de Conciliaci\u00f3n Polic\u00eda Metropolitana de Valledupar, acta de conciliaci\u00f3n #01234 del 10 de septiembre de 2009\u201d, de modo que \u201cno estamos en un proceso concurrente con el tramitado por el hom\u00f3logo\u201d. Finalmente, expuso que con base en dicha hermen\u00e9utica, el pasado 24 de marzo de 2023, termin\u00f3 el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n al 31 de diciembre de 2022, volvi\u00f3 a decretar como medida cautelar la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds del ejecutado tanto preste garant\u00eda suficiente del cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, el embargo de los ingresos del ejecutado, el embargo y secuestro de los dineros a nombre del ejecutado que a\u00fan est\u00e9n depositados en la Polic\u00eda Nacional y en la Caja Promotora de Vivienda Militar, determinar que el embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes. <\/p>\n
Carlos, por un lado, se quej\u00f3 de que el Tribunal no hubiese adoptado ninguna medida a favor de sus hijos Mar\u00eda Fernanda y German, quienes, adujo, tienen los mismos derechos que Diego Montero Calder\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con los argumentos de las impugnaciones, la Sala debe resolver tres puntos, a saber: <\/p>\n
1) Si en virtud de la decisi\u00f3n emitida el 24 de marzo de 2023 por la autoridad accionada se configur\u00f3 la existencia de un hecho superado. <\/p>\n
2) Si el desafuero en que incurri\u00f3 la falladora accionada se predica de la terminaci\u00f3n del ejecutivo, del levantamiento de las cautelas, as\u00ed como del hecho de no acumular al coercitivo el juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que cursa ante el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, o si, como lo afirma la funcionaria convocada, pod\u00eda finalizar el litigio, sin perjuicio de mantener vigentes las cautelas, y la acumulaci\u00f3n de dichos litigios es improcedente; y <\/p>\n
3) Si por este camino, en este escenario deben adoptarse medidas a favor de los menores Mar\u00eda Fernanda y German Montero Marenco, hijos del ejecutado en la causa acusada. <\/p>\n
1) De la inexistencia de un hecho superado. <\/p>\n
No se estructura, como lo alega la servidora enjuiciada, un hecho superado en virtud de la decisi\u00f3n emitida el 24 de marzo de 2023. Si bien, el juzgado a trav\u00e9s de esa determinaci\u00f3n intent\u00f3 conjurar la situaci\u00f3n denunciada por la accionante, debido que decret\u00f3 nuevamente las medidas cautelares que pesaban sobre el demandado, y supedit\u00f3 su levantamiento a que este prestara cauci\u00f3n que garantizara los alimentos futuros del menor, obs\u00e9rvese que esa decisi\u00f3n se expidi\u00f3 en cumplimiento del fallo de tutela emitido por el Tribunal, y como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
(\u2026) pese a que tal situaci\u00f3n podr\u00eda entenderse como una carencia actual de objeto al haberse atendido el fin \u00faltimo de la tutela, \u00e9sta solo se da cuando en el intervalo comprendido entre la interposici\u00f3n del resguardo y el fallo se supera la amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n se pretende. Por lo tanto, no es posible declarar que en este evento se presenta tal presupuesto, pues se reitera, la correcci\u00f3n o resarcimiento de la afectaci\u00f3n debi\u00f3 suceder antes de que se emitiera la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, mas no con ocasi\u00f3n al cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de primer grado\u00bb (STC2325- 2019, reiterado en STC6906-2020, 4 sep., STC411- 2021, 28 ene., STC2014-2021, 3 mar., entre otras) (STC7296-2022). <\/p>\n
2) De los yerros de la providencia acusada: viabilidad de terminar el ejecutivo, sin perjuicio de mantener vigentes las cautelas e improcedencia de decretar la acumulaci\u00f3n de procesos. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que a trav\u00e9s del interlocutorio de 1\u00b0 de febrero de 2023, aqu\u00ed criticado, el juzgado i) modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte demandante, ii) termin\u00f3, por pago total de la obligaci\u00f3n, el coercitivo de alimentos acusado, iii) orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares que respaldan el cumplimiento de la prestaci\u00f3n, y iv) dispuso la entrega de los dineros consignados a \u00f3rdenes del proceso, a favor del demandado (1\u00b0 feb. 2023). <\/p>\n
Ahora, de todas esas determinaciones, como lo alega la servidora querellada, debe reprocharse, exclusivamente, la extinci\u00f3n de las cautelas y la orden de entrega de dineros a favor del demandado, m\u00e1s no la terminaci\u00f3n del proceso en s\u00ed, ni el hecho de \u201cno adelantar ning\u00fan tipo de verificaci\u00f3n de los presupuestos necesarios para ordenar la acumulaci\u00f3n [del juicio de fijaci\u00f3n de alimentos adelantado a favor de Mar\u00eda Fernanda y German], como se expone a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. De la viabilidad de terminar el ejecutivo, sin perjuicio de mantener las cautelas decretadas vigentes, a efectos de garantizar, por dos a\u00f1os, el pago de los alimentos futuros, ante un eventual incumplimiento del obligado. <\/p>\n
Ciertamente, nada hay de arbitrario en que el juzgado finalizara el coercitivo por pago total de la obligaci\u00f3n, ya que, conforme al art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, es la decisi\u00f3n que procede cuando el deudor paga la totalidad de las liquidaciones de cr\u00e9dito y costas causadas en el asunto. Adicionalmente, en el caso, esa determinaci\u00f3n se tom\u00f3 teniendo en cuenta que las mesadas alimentarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2022 fueron saldadas con los abonos realizados por el demandado, y los dineros que se le retuvieron en virtud del embargo decretado sobre las prestaciones que recib\u00eda como miembro de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Lo censurable es que haya finalizado el proceso sin adoptar las medidas que resultaban id\u00f3neas y eficaces para garantizar los alimentos futuros, m\u00ednimo por el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os siguientes a la finalizaci\u00f3n, ante el eventual incumplimiento posterior del ejecutado, las cuales, en el caso, consist\u00edan en dejar subsistentes las cautelas y reservar el saldo de los dineros constituidos a \u00f3rdenes del proceso, con ocasi\u00f3n de las cautelas practicadas. <\/p>\n
En efecto, si practicada las liquidaciones de cr\u00e9dito y costas, el juez de familia advierte que el deudor de los alimentos a favor de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente se encuentra al d\u00eda en los pagos de las cuotas causadas hasta el momento en que aquella se practica, nada obsta para que d\u00e9 por terminado el ejecutivo por pago total de obligaci\u00f3n e, incluso, si es del caso, levante las medidas cautelares. Es que, cumplido el prop\u00f3sito del coercitivo, que es el recaudo de la prestaci\u00f3n alimentaria insatisfecha, lo l\u00f3gico es que el proceso finalice, y el deudor, con posterioridad, pueda sufragar directamente las respectivas mesadas, sin intervenci\u00f3n de la justicia, <\/p>\n
Lo que sucede, es que cuando el fallador toma esa decisi\u00f3n, la misma debe estar acompa\u00f1ada de las medidas que resulten id\u00f3neas y eficaces para garantizar, ante un nuevo incumplimiento del obligado, el pago de los alimentos futuros, m\u00ednimo por el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os siguientes a la finalizaci\u00f3n del proceso1. Medidas, que depender\u00e1n de cada caso en concreto, las cuales pueden consistir en la constituci\u00f3n de un capital o de una cauci\u00f3n, inclusive, dejar subsistentes las cautelas decretadas en el proceso, cuando a trav\u00e9s de aquellas se logre dicho cometido. <\/p>\n
As\u00ed se desprende de las reglas jurisprudenciales que ha trazado esta Corporaci\u00f3n en casos similares, y teniendo en cuenta: i). el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; ii). la naturaleza de la obligaci\u00f3n alimentaria, y iii) la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica en los juicios ejecutivos por alimentos, de los incisos tercero y cuarto del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia2, e igualmente del precepto 130 de dicho estatuto3, reglas que, en esencia, imponen al juzgador el deber de \u00abadoptar las medidas necesarias\u00bb para garantizar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
Al respecto, la Sala en STC2971-2018, al analizar la decisi\u00f3n a trav\u00e9s del cual un juzgado termin\u00f3 un ejecutivo por alimentos y levant\u00f3 las medidas cautelares, advirti\u00f3: <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de un cobro compulsivo respecto de cuotas alimentarias a favor de menores, preliminarmente es menester que el director del proceso verifique con claridad y precisi\u00f3n, antes de levantar las medidas cautelares, que las acreencias futuras en su favor est\u00e9n \u00abefectivamente garantizadas\u00bb por al menos dos a\u00f1os como lo precept\u00faan los incisos 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia (\u2026). <\/p>\n
N\u00f3tese como a pesar de que en el memorado juicio s\u00f3lo se materializ\u00f3 la cautela sobre el automotor de placas HYQ-962, el funcionario decret\u00f3 su levantamiento, bajo el pretexto de que \u00abmantener la medida de embargo y secuestro sobre el veh\u00edculo del demandado resulta excesivamente lesiva, por cuanto se incurrir\u00eda en gastos de administraci\u00f3n y dep\u00f3sito, p\u00e9rdida de su valor comercial y deterioro mec\u00e1nico del mismo\u00bb, lo que a todas luces se muestra improcedente, en la medida que no obra prueba que Juan Esteban Arbel\u00e1ez Gonz\u00e1lez, hubiese suscrito cauci\u00f3n que garantizara de manera real el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria a su descendiente, al menos, en el interregno establecido en la norma atr\u00e1s citada. <\/p>\n
Aceptar este tipo de determinaciones, implicar\u00eda inferir que contrario a lo dispuesto en la preceptiva, no debe asegurarse el pago de las cuotas futuras debidas al infante, porque el ejecutado acudi\u00f3 con prontitud a sufragar lo que hasta la liquidaci\u00f3n deb\u00eda, cuando el legislador fue enf\u00e1tico en establecer las cautelas precisamente para respaldar los gastos de sostenimiento y el pleno desarrollo f\u00edsico e intelectual de \u00e9stos (\u2026). <\/p>\n
En STC1581-2022 precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) para esta Corporaci\u00f3n el precepto 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, en el caso concreto, al margen de la terminaci\u00f3n por pago del juicio ejecutivo por alimentos, impone al juzgador adoptar las medidas respectivas para garantizar los futuros a favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, m\u00ednimo por los dos (2) a\u00f1os siguientes a tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3: <\/p>\n
Lo dicho impon\u00eda al Juzgador acusado un an\u00e1lisis detenido y riguroso de la situaci\u00f3n presentada con el fin de proteger el derecho alimentario del menor de edad involucrado en este tr\u00e1mite y, bajo esa l\u00ednea, la adopci\u00f3n de medidas excepcionales con tal prop\u00f3sito al evidenciar que, por la falta de previsi\u00f3n de esa c\u00e9lula judicial en el auto del 4 de marzo de 2019, no se dispuso ninguna garant\u00eda para satisfacer tal carga ni el padre de aqu\u00e9l, seg\u00fan lo aducido por la quejosa, ven\u00eda satisfaciendo directamente las cuotas alimentarias, a m\u00e1s que fue el mismo ejecutado quien reconoci\u00f3 que no lo hac\u00eda debido a que los descuentos se le segu\u00edan haciendo de forma directa sobre su salario, sin saber, adujo, el destino de tales dineros. <\/p>\n
Y en STC 12 may. 2011, rad. 2011-00093-01, en un caso, en el que en virtud de la finalizaci\u00f3n del coercitivo se orden\u00f3 al empleador del ejecutado que descontara de su salario la cuota alimentaria pactada, y luego la consignara en la cuenta bancaria de la progenitora, se dijo: <\/p>\n
Cosa distinta de las medidas cautelares son las decisiones que toma el juez para el futuro, respecto de la manera como debe ejecutarse la obligaci\u00f3n alimentaria. Tanto el C\u00f3digo del Menor (art. 153 num. 1\u00ba del Decreto 2737 de 1989), como el actual C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (art. 130 num. 1\u00ba de la Ley 1098 de 2006) contemplan la posibilidad de que el juez ordene que el pagador o el patrono del alimentante descuenten por n\u00f3mina el valor de los alimentos, hasta un monto equivalente a un 50% de su salario. Lo all\u00ed dispuesto no busca asegurar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria en funci\u00f3n de un proceso de ejecuci\u00f3n, sino que se trata de una disposici\u00f3n de car\u00e1cter sustancial, sobre la forma como ella debe ser satisfecha con posterioridad a la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El actor considera que en esta \u00faltima orden se declar\u00f3 subsistente una medida cautelar que se hab\u00eda decretado en funci\u00f3n del proceso, y que ya no ten\u00eda raz\u00f3n de ser una vez \u00e9ste hab\u00eda concluido, y por ello solicita al juez de tutela que ordene el levantamiento de dicha medida y que se ordene oficiar al pagador para que \u00e9ste no siga descontando dichas sumas de su n\u00f3mina. <\/p>\n
Sin embargo, analizados los elementos del caso, encuentra la Sala que no asiste raz\u00f3n a la parte actora. En efecto, en el auto de 19 de noviembre de 2010, el Juzgado requerido no orden\u00f3 la preservaci\u00f3n indefinida de la medida cautelar decretada en la providencia de 23 de agosto de 2006, como lo entiende el solicitante. Por el contrario, la providencia atacada s\u00f3lo estableci\u00f3 que las cuotas que se causaran en adelante ser\u00edan pagadas mediante descuentos que har\u00eda directamente el empleador. <\/p>\n
Ahora, no es cierto que el inciso cuarto del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, excluya la posibilidad de terminar el ejecutivo y, si es del caso, levantar las medidas cautelares, pues, el juzgador bien puede hacerlo, si el deudor pag\u00f3 la totalidad de la obligaci\u00f3n causada en el juicio, y existen otras herramientas, distintas a las cautelas, con las que puedan garantizarse los alimentos futuros, en caso de que el obligado, luego de la finalizaci\u00f3n del coercitivo, no los asuma voluntariamente. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, si en el proceso se ha embargado el salario de la parte demandada, pero, adem\u00e1s, fruto de otra cautela, se encuentran consignados a \u00f3rdenes del juzgado un capital suficiente para cubrir las mesadas futuras, producto del remate de un inmueble en un ejecutivo hipotecario, nada obsta para que el funcionario, sin necesidad de que se preste cauci\u00f3n alguna, clausure el litigio y levante el embargo del salario. <\/p>\n
Igualmente, si la \u00fanica garant\u00eda que se tiene para el pago de los alimentos futuros es el embargo del salario del demandado, nada impide que se termine el ejecutivo y la cautela subsista como medida para garantizar los alimentos futuros, o se adopte, a prop\u00f3sito de ella, alguna orden que permita cumplir con ese objetivo, como ser\u00eda, seg\u00fan se vio, la dirigida al empleador para que entregue directamente al representante legal del menor el valor de la cuota correspondiente. <\/p>\n
Es que, se repite, lo reprochable, cuando el juez de familia termina coercitivos de alimentos por pago total de la obligaci\u00f3n y levanta las medidas cautelares sin que previamente se haya prestado cauci\u00f3n, no son por s\u00ed mismas esas determinaciones, sino el hecho de expedirlas sin verificar que en el proceso est\u00e9 garantizado el pago de las mesadas futuras, ante el eventual y posterior incumplimiento en que incurra el alimentante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, emerge de lo anterior, que nada obsta para que el proceso ejecutivo por alimentos a favor de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes sea terminado por pago total de la obligaci\u00f3n, e incluso se levanten las cautelas correspondientes. Pero la eficacia de esa decisi\u00f3n depender\u00e1 de que se adopten las medidas que, de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, resulten id\u00f3neas y eficaces para garantizar, ante un nuevo incumplimiento del obligado, los alimentos futuros del menor, m\u00ednimo, dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la terminaci\u00f3n, siendo viable, entre muchas otras, la orden al demandado de prestar una cauci\u00f3n, la constituci\u00f3n de un capital, o la subsistencia de las cautelas decretadas en el curso del proceso, siempre y cuando ellas cumplan con ese cometido. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la terminaci\u00f3n del ejecutivo acusado por pago total de la obligaci\u00f3n no merece reproche constitucional alguno, pero s\u00ed que el hecho de que el juzgado no hubiese adoptado las medidas que, en el caso concreto, resultaban apropiadas para garantizar los alimentos futuros, frente a un posterior incumplimiento, como dejar vigentes las cautelas y reservar los dineros que restaron tras imputar los abonos correspondientes a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.2. Improcedencia de decretar la acumulaci\u00f3n del juicio de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria adelantado en el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla al ejecutivo controvertido. <\/p>\n
Si bien, como lo expuso el Tribual, de conformidad con el precepto 131 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, es deber del juez de familia decretar la acumulaci\u00f3n de los procesos en los que se ventilen distintas prestaciones alimentarias a cargo de un solo demandado, a efectos de \u201cse\u00f1alar la cuant\u00eda\u201d de cada una de ellas, cuando advierta la existencia de los litigios, lo cierto es que la funcionaria querellada no estaba obligada a aplicarla en el ejecutivo criticado. Esto, porque el juicio de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos adelantado ante el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla y el coercitivo materia de censura son de distinta naturaleza, y, conforme al art\u00edculo 148 del C\u00f3digo General del Proceso, la acumulaci\u00f3n de los litigios solo es viable frente a procesos declarativos, que se tramiten bajo el mismo procedimiento. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que a trav\u00e9s de la primera causa se pretende el establecimiento de la cuota alimentaria, mientras que por medio del segundo se persigue el cobro de una mesada previamente determinada, la cual es exigible en virtud del acta de conciliaci\u00f3n que celebraron los padres del ni\u00f1o Diego Montero Calder\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
En cuanto a la decisi\u00f3n del juez de \u201crechazar por improcedente\u201d la petici\u00f3n de acumulaci\u00f3n del proceso ejecutivo que curs\u00f3 en el Juzgado 21 de Familia de esta ciudad, adelantado por sus otros dos hijos Diego Fernando y Cristian Mantilla Valbuena, como lo pretend\u00eda el reclamante, observa la Sala que tal determinaci\u00f3n de ninguna manera viola el derecho implorado, puesto que son acciones de distinta naturaleza, toda vez que el de alimentos busca imponerle al deudor una mesada alimentaria con la que debe contribuir para la manutenci\u00f3n del hijo, en cambio el \u201cejecutivo por alimentos\u201d est\u00e1 direccionado a obtener el pago de las cuotas que han sido determinadas y dejadas de cancelar por el obligado, circunstancias que no est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 131 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (STC 4 feb. 2013, rad. 2012-00454-01). <\/p>\n
3.- De la situaci\u00f3n de los ni\u00f1os Mar\u00eda Fernanda y Samuel al ejecutivo controvertido. <\/p>\n
No es posible, como lo sugiere Carlos Montero Rodr\u00edguez, que se adopte medida alguna a favor de Mar\u00eda Fernanda y German en este escenario, con ocasi\u00f3n de los alimentos de los que son titulares, y en virtud del litigio criticado. <\/p>\n
En primer lugar, porque la vigencia de las cautelas contra el demandado, y la reserva del dinero consignado a \u00f3rdenes del proceso, para el pago de los alimentos futuros, no les irroga un perjuicio actual, grave e inminente que imponga, en este escenario, emitir una orden a favor de dichos menores. <\/p>\n
F\u00edjese, al respecto, que las medidas cautelares, en este momento, no afectan los bienes del ejecutado, comoquiera que reca\u00edan sobre las prestaciones que \u00e9l percib\u00eda en la Polic\u00eda Nacional, las cuales no devenga, desde septiembre 2021, en virtud de su desvinculaci\u00f3n en esa entidad. <\/p>\n
Adicionalmente, la afectaci\u00f3n de los recursos del ejecutado para suministrar alimentos a Mar no se origin\u00f3 con ocasi\u00f3n de esta salvaguarda, sino a ra\u00edz del embargo de sus prestaciones como miembro de la Polic\u00eda Nacional y las necesidades econ\u00f3micas del hogar que conform\u00f3 con Andrea Marenco Quintero. As\u00ed se desprende del escrito que su apoderado present\u00f3 ante el juzgado el 7 de septiembre de 2020, en el que, entre otros aspectos, se\u00f1al\u00f3: \u201cA mi prohijado desde el momento del embargo de su salario hasta la fecha de hoy, se le ha descontado la suma de cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) aproximadamente, lo cual sin dudas ha afectado el bienestar y estabilidad de su hogar, pues est\u00e1 casado y adem\u00e1s tiene un hijo menor de edad con su esposa\u201d4 <\/p>\n
En segunda medida, para el ejecutado no era extra\u00f1o el deber que ten\u00eda de saldar la obligaci\u00f3n alimentaria a favor del menor Diego Montero Calder\u00f3n, as\u00ed como el de garantizar sus alimentos futuros, ya que as\u00ed se lo advirti\u00f3 la juzgadora accionada al precisarle, en respuesta a la anterior reclamo, que: \u201c[n]o se accede al levantamiento del embargo y secuestro de los ingresos del ejecutado, hasta tanto el obligado pague las cuotas atrasadas y preste cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes, de conformidad con el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006\u201d5. <\/p>\n
En tercer lugar, el ejecutado ni la progenitora de los ni\u00f1os Mar\u00eda Fernanda y German, en su oportunidad, cuando el primero estaba vinculado a la Polic\u00eda Nacional, solicitaron la reducci\u00f3n del embargo que pesaba sobre su salario y prestaciones, pese a que pod\u00edan solicitarlo de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 600 del C\u00f3digo General del Proceso, y los lineamientos trazados en la sentencia STC5006-2021. Adem\u00e1s, nada obsta para que lo promuevan ahora, si en virtud del cumplimiento del deber de la funcionaria accionada, respecto a garantizar los alimentos futuros de Diego Montero, se materializa el embargo de bienes de propiedad del demandado. <\/p>\n
Finalmente, y definida como se encuentra la cuota de alimentos a la que tiene derecho el ni\u00f1o Diego Montero, el ejecutado puede promover el proceso de disminuci\u00f3n o exoneraci\u00f3n de alimentos, a fin de que, si se dan las condiciones para ello, se modifica o extinga la prestaci\u00f3n que adquiri\u00f3 en virtud del acta de conciliaci\u00f3n #03105 del 11 de noviembre de 2009\u201d, que suscribi\u00f3 ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Polic\u00eda Metropolitana de Valledupar, acta de conciliaci\u00f3n #01234 del 10 de septiembre de 2009\u201d, <\/p>\n
Total, no hay razones que impongan, en este sendero, adoptar a favor de los ni\u00f1os Mar\u00eda Fernanda y German Montero Marenco medida alguna para garantizar la satisfacci\u00f3n de sus alimentos. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, el veredicto de primera instancia se confirmar\u00e1 en cuanto concedi\u00f3 el amparo reclamado por la accionante, pero se modificar\u00e1n las \u00f3rdenes emitidas para proteger los derechos del ni\u00f1o Diego Montero, en el sentido de precisar que del interlocutorio acusado quedan sin efecto los numerales tercero y cuarto del auto emitido el 1\u00b0 de febrero de 2023, mediante los cuales dispuso la entrega de dineros a la parte demandada y levant\u00f3 las medidas cautelares. Es decir, quedan inc\u00f3lumes la decisi\u00f3n que modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, punto que, adem\u00e1s, no fue objeto de impugnaci\u00f3n en este tr\u00e1mite, e igualmente la que declar\u00f3 terminado el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n hasta el 31 de diciembre de 2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, MODIFICA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas, la cual queda as\u00ed: <\/p>\n
Primero: Conceder la tutela promovida por Leidys Calder\u00f3n Mart\u00ednez le formul\u00f3, a favor de su menor hijo Diego Montero Calder\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Dejar sin efectos los numerales tercero y cuarto del auto fechado el 1\u00b0 de febrero de 2023 y toda la actuaci\u00f3n posterior que dependa de dichos \u00edtems, proferido dentro del ejecutivo por alimentos n\u00b0 20001-31-10-001-2014-01142-00, que se le sigue a Carlos Montero Rodr\u00edguez. Por tanto, permanecen inc\u00f3lumes los numeral primero y segundo, relativos a la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. ORDENAR a la Juzgado Primero de Familia de Valledupar, que en el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas, contados a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita la decisi\u00f3n de reemplazo teniendo en cuenta las directrices previstas en el numeral 2 de las consideraciones de esta providencia. <\/p>\n
Cuarto. ADVERTIR a la parte accionada que una vez cumpla el mandato constitucional, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, debe enviar al Tribunal de origen prueba de su cumplimiento, y que el desacato de dicha orden le acarrea sanciones pecuniarias, privativa de la libertad y penal. <\/p>\n
Quinto. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, entre otras providencias, se destacan las sentencias STC7296-2022, STC13359-2022, STC9673-2022, STC1581-2022, STC918-2022, STC12298, 2019, STC2971-2018, STC 12 may. 2011, rad. 2011-00093-01 <\/p>\n
2\u0002 El juez deber\u00e1 adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliaci\u00f3n o en la sentencia que los se\u00f1ale. Con dicho fin decretar\u00e1 embargo, secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes o derechos de aqu\u00e9l, los cuales se practicar\u00e1n con sujeci\u00f3n a las reglas del proceso ejecutivo. <\/p>\n
3\u0002 \u00ab[s]in perjuicio de las garant\u00edas de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomar\u00e1 las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb: <\/p>\n
1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podr\u00e1 ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a \u00f3rdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aqu\u00e9l o de este se extender\u00e1 la orden de pago. <\/p>\n
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podr\u00e1 decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligaci\u00f3n y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro quedar\u00e1n excluidos los \u00fatiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligaci\u00f3n alimentaria <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c03 2014-01142 2020-09-07 Memorial\u201d, Cuaderno 1 Ejecutivo objeto de queja constitucional. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c04 2014-01142 2020-10-02 Noreconocepersoner\u00eda\u201d, Cuaderno 1 Ejecutivo objeto de queja constitucional. <\/p>\n
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STC4403-2023 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE STC4403-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00071-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73180\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}