STC4422-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4422-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2023-00045-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Restrepo contra el fallo de 27 de febrero de 2023, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 66682-31-03-001-2022-00404-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 que se ordene dejar sin valor y efecto el auto que fij\u00f3 agencias en derecho, en el tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
De otra parte, solicit\u00f3 que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n act\u00fae en la acci\u00f3n constitucional y presente acciones legales a su nombre y que el Ministerio de Justicia garantice que se le brinde un verdadero acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Expuso que, en la acci\u00f3n popular en comento se fijaron agencias en derecho teniendo en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, el cual a su parecer no se debe aplicar en acciones populares. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada remiti\u00f3 el link del expediente cuestionado, hizo un relato de las actuaciones a su cargo, dijo que en auto de 18 de noviembre de 2022 se fijaron y liquidaron las costas procesales en primera instancia y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda y el Ministerio de Justicia dijeron que no han tenido ninguna participaci\u00f3n en la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n, por lo cual solicitaron su desvinculaci\u00f3n. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que el actor no le ha presentado ninguna petici\u00f3n relacionada con lo ac\u00e1 pedido. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el resguardo porque la pretensi\u00f3n del accionante no puede considerarse de importancia constitucional al ser estrictamente econ\u00f3mica y, no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque el actor omiti\u00f3 agotar las v\u00edas ordinarias con las que contaba para controvertir la providencia que ahora critica. <\/p>\n
4.- El promotor recurri\u00f3 y aleg\u00f3 la nulidad por falta de competencia de la primera instancia. El 10 de abril de 2023 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la solicitud de nulidad planteada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, porque el amparo solicitado carece de relevancia constitucional y, adem\u00e1s, no cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Para que se abra paso la intervenci\u00f3n supralegal es necesario que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n denunciada sea trascendente frente a los derechos fundamentales del interesado. Sobre el particular, la Corte Constitucional, recientemente, en SU128-2021, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha entendido la tutela contra providencias judiciales como un \u201cjuicio de validez\u201d y no como un \u201cjuicio de correcci\u00f3n\u201d del fallo cuestionado. Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El contenido de la solicitud de amparo debe buscar \u201cresolver cuestiones que trascienden la esfera legal, el car\u00e1cter eminentemente econ\u00f3mico de la controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales\u201d, lo que implica la existencia de \u201cun probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma procesal, salvo que de \u00e9sta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d. <\/p>\n
En el caso, la discusi\u00f3n planteada por Mario Restrepo es estrictamente legal y econ\u00f3mica, pues se duele de que para fijar las agencias legales se tuviera en cuenta lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. Protestas que al no revelar entidad iusfundamental, descartan la injerencia del juez de tutela. <\/p>\n
Con todo, se evidenci\u00f3 que el censor no promovi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n ni de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que liquido las costas, el cual era procedente en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. Entonces, como el gestor no hizo uso de todos los medios ordinarios que ten\u00eda para cuestionar las decisiones de las que hoy se duele, no se cumple con el requisito de subsidiariedad. En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (STC3579-2020). <\/p>\n
Ahora, respecto de las pretensiones contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Justicia, tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad comoquiera que el actor no demostr\u00f3 -ni se infiere del expediente- que tales pedimentos se expusieran primigeniamente ante las autoridades accionadas. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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