STC4423-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4423-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2023-00111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 29 de marzo de 2023 dictado por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en el amparo que promovi\u00f3 Mario Restrepo contra el Juzgado Civil de Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a las partes e intervinientes en las acciones populares 66682-31-03-001-2023-00045-00, 66682-31-03-001-2023-00057-00, 66682-31-03-001-2023-00058-00, 66682-31-03-001-2023-00059-00, 66682-31-03-001-2023-00060-00 y 66682-31-03-001-2023-00061-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante, precursor de las acciones populares identificadas previamente, solicit\u00f3 dejar sin efecto las providencias a trav\u00e9s de las cuales se rechazaron las demandas por agotamiento de jurisdicci\u00f3n y, en su lugar, que aplique el art\u00edculo 23 de la Ley 472 de 1998, para que contin\u00fae con su tr\u00e1mite hasta la sentencia que ponga fin a los procesos o, de forma subsidiaria, que se concedan los recursos de apelaci\u00f3n contra los autos que rechazaron las demandas. Adicional a ello, solicit\u00f3 que se ordene a ese Despacho aportar las copias digitales de los expedientes. <\/p>\n
Adujo que el rechazo de acciones populares por agotamiento de jurisdicci\u00f3n va en contrav\u00eda del art\u00edculo 23 de la Ley 472 de 1998, por cuanto, en caso de existir cosa juzgada, debe terminarse el proceso con sentencia y no a trav\u00e9s de auto, debido a que ello cercena la posibilidad de interponer apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 el amparo por razonabilidad. <\/p>\n
4.- El gestor impugn\u00f3 sin esgrimir argumento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, dado que las decisiones objeto de censura son razonables y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
1.- De la revisi\u00f3n de los expedientes de cada una de las acciones populares identificadas en precedencia, tal como lo adujo el actor, se observa que se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n por la configuraci\u00f3n del \u00abagotamiento de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, determinaciones que fueron recurridas por el interesado sin \u00e9xito (6 mar 2023). En todas las providencias que rechazaron las demandas instauradas por el gestor, la autoridad judicial invoc\u00f3 una posici\u00f3n de unificaci\u00f3n del Consejo de Estado, en la que se ha se\u00f1alado que, si una demanda de acci\u00f3n popular fue admitida sin advertir que, en una anterior, ya se hab\u00edan discutido los mismos derechos, objeto y causa, necesariamente ello deber\u00e1 conllevar al rechazo del segundo de los libelos incoados. Sobre el particular, en concreto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
El agotamiento de jurisdicci\u00f3n en acciones populares <\/p>\n
2.1. El agotamiento de jurisdicci\u00f3n es una figura procesal que opera de pleno derecho en las acciones populares, aunque para su formalizaci\u00f3n requiera pronunciamiento judicial y, en t\u00e9rminos generales, se presenta en aquellos eventos en que existe ausencia absoluta de jurisdicci\u00f3n para definir un determinado asunto jur\u00eddico sustancial, en tanto sobre los mismos derechos, objeto y causa, ya son materia de un proceso iniciado con antelaci\u00f3n, o que ya se encuentra fallado, circunstancia por la cual no es posible que se de un segundo proceso o un nuevo pronunciamiento sobre la misma materia. <\/p>\n
Esta figura se da, para el caso de las acciones populares, a causa de la naturaleza, contenido y alcance de las mismas que son de rango constitucional, las cuales est\u00e1n instituidas para la protecci\u00f3n de los derechos colectivos frente a una eventual amenaza o vulneraci\u00f3n a la cual se ven sometidos\u201d. <\/p>\n
Consecuencialmente la Sala unifica jurisprudencia en el sentido de que, ante situaciones como las antes descritas, procede que si la segunda demanda fue admitida sin advertir la existencia de cosa juzgada en las modalidades se\u00f1aladas, se declare la nulidad de todo lo actuado y se rechace esta nueva demanda por presentarse agotamiento de jurisdicci\u00f3n, y que igual tratamiento aplica (el rechazo de la segunda demanda), cuando se est\u00e9 en la oportunidad procesal de decidir sobre la admisi\u00f3n.\u00bb (Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia del 11 de septiembre de 2012, Consejera Ponente: Dra. SUSANA BUITRAGO VALENCIA en proceso de ACCION POPULAR instaurado por el se\u00f1or N\u00c9STOR GREGORY D\u00cdAZ RODRIGUEZ en contra del MUNICIPIO DE PITALITO). <\/p>\n
As\u00ed, del an\u00e1lisis de cada una de las acciones populares instauradas por el recurrente, la judicatura reprochada constat\u00f3 que, en todas ellas, el se\u00f1or Uner Augusto Becerra Largo hab\u00eda instaurado tambi\u00e9n acciones populares previas, con iguales pretensiones, causas y contra las mismas entidades contra las que el recurrente apunto las suyas, lo que conllev\u00f3 al rechazo de estas.1 <\/p>\n
En este orden de ideas, la posici\u00f3n del juzgador criticado no luce arbitraria o antojadiza, pues las razones que ofreci\u00f3 para adoptar las decisiones cuestionada, aun cuando eventualmente no se compartan, no son producto de un actuar irracional. Es m\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n en un caso similar, en el cual Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga se dol\u00eda porque \u00abel [juez] tutelado viol[\u00f3] el debido proceso, pues termin[\u00f3] una acci\u00f3n popular anormalmente bajo auto, olvidando que deb[\u00eda] terminar la acci\u00f3n con sentencia, amparando o negando pero [en] sentencia\u00bb, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida no pod\u00eda tildarse de abiertamente caprichosa habida cuenta que: <\/p>\n
(\u2026) se observa que el prove\u00eddo cuestionado en el cual se declar\u00f3 el agotamiento de la jurisdicci\u00f3n (\u2026), no luce arbitrario, pues no contraviene la normatividad que gobierna esta clase de acciones que \u00abest\u00e1n orientadas a garantizar la defensa y protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos\u00bb y cuyo tr\u00e1mite \u00abse desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones \u00bb (Ley 472 art. 1\u00b0 y 5\u00b0), siendo viable que en ejercicio de los citados \u00abprincipios\u00bb y para lograr tales fines, acudiera a la rese\u00f1ada figura por cuanto exist\u00edan dos acciones populares con la misma finalidad, resultando innecesario la continuaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de la que es ahora materia de debate por cuanto dicha actuaci\u00f3n se encontraba enfilada contra las mismas autoridades y por los mismos hechos que la que se encuentra en tr\u00e1mite en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira (STC6673-2019). <\/p>\n
2.- Ahora, en cuanto a la inadmisi\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n contra las decisiones de rechazo de las demandas, el Juzgado accionado adujo que \u201cNo se REPONDR\u00c1 entonces la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado en prove\u00eddo del 22 de febrero del presente a\u00f1o, tampoco se conceder\u00e1 la apelaci\u00f3n por cuanto en trat\u00e1ndose de acciones populares solo es apelable la sentencia y el auto que resuelva medidas cautelares\u201d <\/p>\n
El anterior pronunciamiento encuentra sustento en la jurisprudencia de esta Sala, en la que se explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En efecto, al analizarse los fundamentos de la demarcada resoluci\u00f3n, se observa que los mismos se ajustan a la normatividad y jurisprudencia aplicables al asunto, pues es claro el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 en prescribir, que \u00ab[e]l recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb (resalto intencional), lo cual quiere decir que dicho mecanismo est\u00e1 vedado para las dem\u00e1s decisiones que adopte el juez del conocimiento, como lo es, en este caso, la del rechazo de la demanda, determinaci\u00f3n que solo podr\u00e1 ser impugnada, entonces, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, el que procede a voces del canon anterior, \u00ab[c]ontra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Sala en pret\u00e9rita oportunidad, al se\u00f1alar al respecto, que: <\/p>\n
\u00abLa misma consideraci\u00f3n puede realizarse respecto de las providencias del Tribunal, por medio de las cuales declar\u00f3 inamisible el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 la s\u00faplica formulada contra la anterior resoluci\u00f3n, pues lucen coherentes y ajustadas a la normatividad, en tanto que de conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 , contra las providencias dictadas en el curso de estas acciones populares, s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n y la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia\u00bb (CSJ, STC 4 nov. 2010, Rad. 00540-01) (CSJ. STC5660-2021) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el recurso de apelaci\u00f3n solo procede en virtud del principio de taxatividad, seg\u00fan el cual solamente son apelables las providencia que expresamente se\u00f1ale la ley, siendo estas la sentencia y el auto de medidas cautelares previas en las acciones populares, todo lo cual conlleva a negar la pretensi\u00f3n subsidiaria del actor, pues, la decisi\u00f3n de negar los recursos de apelaci\u00f3n contra los autos que rechazaron las demandas es razonable. <\/p>\n
Bajo el marco descrito, puede afirmarse que la autoridad judicial encartada no vulner\u00f3 los derechos del gestor, en la medida en que las decisiones de rechazo de las demandas y la inadmisi\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n no lucen irrazonables, motivo por el cual se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed la acci\u00f3n popular 2023-00045-00 hab\u00eda sido agotada por la acci\u00f3n 2015-139; la 2023-00057-00 se hab\u00eda agotado por la 2019-00047-00, la 2023-00058-00 por la 2019-00052-00; la 2023-00059-00 por la 2018-00494-00, la 2023-00060-00 por la 2018-00500-00 y la 2023-00061-00 por la 2015-00137-00. <\/p>\n
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