STC4427-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4427-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01666-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Lilia B\u00e1ez de N\u00fa\u00f1ez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Miguel \u00c1ngel N\u00fa\u00f1ez B\u00e1ez, la Fundaci\u00f3n Cultural Asia Iberoam\u00e9rica, Alejandro y Carlos Jos\u00e9 L\u00f3pez Zapata. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores, presuntamente vulneradas en el proceso de radicado 11001310300820200027800 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La Fundaci\u00f3n Cultural Asia Iberoamericana, Alejandro y Carlos Jos\u00e9 L\u00f3pez Zapata (en calidad de arrendatarios) promovieron una demanda de restituci\u00f3n de tenencia contra la accionante y Miguel \u00c1ngel N\u00fa\u00f1ez B\u00e1ez (como arrendadores), para que se declarara terminado el contrato de arrendamiento de un local comercial suscrito el 1\u00ba de agosto de 2018 entre las partes, con efectos desde el 30 de junio de 2020, seg\u00fan la carta que los contratistas enviaron el 16 de junio de 2020, y se ordenara a los convocados recibir el inmueble, de conformidad con lo establecido en el Decreto legislativo 797 del 4 de junio de 2020, que contempl\u00f3 la facultad del arrendatario para finalizar unilateralmente el contrato a partir del 1 de junio de 2020, si en el inmueble se ejerc\u00edan actividades econ\u00f3micas que implicaran aglomeraci\u00f3n de personas, dado que, pese a la comunicaci\u00f3n aludida, los contratantes se negaban a aceptar la devoluci\u00f3n del bien. <\/p>\n
2.2. El Juzgado accionado profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 23 de noviembre de 20221, declarando que el referido contrato termin\u00f3 unilateralmente el 30 de junio de 2020, seg\u00fan la misiva enviada en ese sentido el 16 de junio de ese a\u00f1o. Asimismo, precis\u00f3 que no hab\u00eda lugar a ordenar a los demandados que recibieran el local comercial, \u00abtoda vez que (\u2026) han tenido el dominio y la posesi\u00f3n desde antes del inicio de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 7 de marzo de 20232, la Sala accionada confirm\u00f3 el fallo apelado. <\/p>\n
3. Sobre las sentencias de instancia, la tutelante aduce que: i) los demandantes no reun\u00edan las condiciones para ser cobijados por el Decreto Legislativo 797 de 2020, pues el local era utilizado como instituci\u00f3n de educaci\u00f3n en idiomas, escuela de la lengua coreana, actividades culturales asi\u00e1ticas y asesoramiento de relaciones internacionales, pero no para eventos que implicaran aglomeraciones de m\u00e1s de 500 personas, como lo establec\u00eda el Decreto; ii) el contrato ten\u00eda cl\u00e1usula penal y, por tanto, no se pod\u00eda aplicar el inciso tercero del art\u00edculo tercero de ese Decreto; iii) la sentencia C-409 del 17 de septiembre del 2020 declar\u00f3 inexequible el referido Decreto Legislativo y, si bien mencion\u00f3 que tendr\u00eda efectos hacia el futuro, ello no tiene sentido, pues la vigencia de la norma fue de s\u00f3lo tres meses hasta el 31 de agosto de 2020, de manera que lo all\u00ed dispuesto no se pod\u00eda aplicar despu\u00e9s de dicho fallo; iv) no fue admitida la demanda de reconvenci\u00f3n que pretend\u00eda rescindir el contrato por mora en el pago del canon; v) el fallador abarc\u00f3 temas que no le compet\u00edan, dado que se demand\u00f3 para que se obligara al arrendador a recibir el inmueble, pero los Juzgadores se involucraron \u00aben las obligaciones pecuniarias derivadas de un contrato y t\u00edtulo ejecutivo nacido de la voluntad libre de las partes\u00bb; vi) los diferentes decretos expedidos en el estado de emergencia suspendieron los contratos de arrendamiento de inmueble comercial hasta el 15 de julio del 2020, pero no dispusieron su desaparici\u00f3n o la extinci\u00f3n de las obligaciones all\u00ed contenidas, adem\u00e1s, en cuanto al aislamiento, plantearon como excepci\u00f3n las actividades desplegadas por los demandantes;, vii) se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 2003 del C\u00f3digo Civil; y viii) Los arrendatarios incurrieron en mora de abril de 2020 a julio de 2021. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Miguel \u00c1ngel N\u00fa\u00f1ez B\u00e1ez coadyuv\u00f3 la tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con las sentencias de instancia que declararon que hab\u00eda operado la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el Decreto 797 de 2020. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en el fallo del 3 de marzo de 2023, que fue el que zanj\u00f3 el debate, se advierte que, en primer lugar, el Tribunal descart\u00f3 lo alegado por los recurrentes, en cuanto a que el a quo abarc\u00f3 temas que no eran de su competencia, pues advirti\u00f3 que la juzgadora hizo un pronunciamiento acorde con los hechos y pretensiones de la demanda, dado que analiz\u00f3 los presupuestos del Decreto 797 de 2020, para que los arrendatarios ejercieran la potestad de dar por terminado unilateralente el contrato de arrendamiento, lo referente a la cl\u00e1usula penal y el recibo del bien, tal y como lo solicitaron los convocantes, con fundamento en lo previsto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 385 del estatuto procesal. <\/p>\n
En cuanto a la denegaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan el numeral 6 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, esta es inadmisible en los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arredendado, por lo cual era procedente su rechazo de plano, como, en efecto, ocurri\u00f3. <\/p>\n
Frente al desconocimiento del oficio suscrito por el Alcalde Local de Barrios Unidos, se\u00f1al\u00f3 que ese docuemnto no fue incorporado en las oportunidades probatorias y, por tanto, no pod\u00eda valorarse; m\u00e1xime que, en la audiencia inicial, se neg\u00f3 oficiar a esa autoridad, determinaci\u00f3n que no fue recurrida por la parte interesada. <\/p>\n
De otro lado, respecto de la indebida aplicaci\u00f3n del Decreto Legislativo 797 de 2020, destac\u00f3 que este era extensible a \u00ablos contratos de arrendamiento de locales comerciales cuyos arrendatarios, a partir del 1o. de junio de 2020 por las instrucciones de orden p\u00fablico, se encuentran en la imposibilidad de ejercer\u00bb, entre otras, las actividades como cines, teatros y eventos de car\u00e1cter p\u00fablico o privado que implicaran aglomeraciones; adem\u00e1s, facult\u00f3 a los arrendatarios de esos locales comerciales para terminar unilateralmente el contrato hasta el 31 de agosto de 2020, contemplando que el arrendatario estaba obligado al pago del valor correspondiente a un tercio de la cl\u00e1usula penal pactada en el contrato, sin que procediera cualquier otra sanci\u00f3n legal o contracgtual y, en caso de inexistencia de cl\u00e1usula penal, quedaba sujeto al pago de un canon de arrendamiento, siempre que estuviere al d\u00eda con las dem\u00e1s cargas del contrato. Seguidamente, estudi\u00f3 tales presupuestos a la luz de las pruebas recaudadas, encontrando que, <\/p>\n
\u2026 (i) el representante legal de la Fundaci\u00f3n Cultural Asia Iberoam\u00e9rica envi\u00f3 escrito de fecha 16 de junio de 2020 dirigido a los arrendadores, en el que comunic\u00f3 la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de arrendamiento a partir del 30 de junio siguiente, manifestando que las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional durante el estado de emergencia sanitaria, afectaron el desarrollo de su objeto social, por cuanto ofrece actividades de ense\u00f1anza cultural, formaci\u00f3n art\u00edstica, teatral y musical, obras teatrales para el p\u00fablico en general, entre otros; (ii) la misiva fue entregada a los demandados mediante correo certificado el 17 de junio de ese mismo a\u00f1o; (iii) la parte demandante pag\u00f3 el 11 de junio de 2020, los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados de los meses de abril, mayo y junio de 2020, as\u00ed mismo, cancel\u00f3 los servicios p\u00fablicos causados y un canon de arrendamiento adicional a t\u00edtulo de pena. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que se cumpl\u00edan las condiciones establecidas en el Decreto 797 de 2020, dado que la terminaci\u00f3n unilateral se present\u00f3 en el plazo fijado, se acredit\u00f3 el acatamiento de las obligaciones impuestas a los arrendatarios y la afectaci\u00f3n para desarrollar su objeto social, el cual, conforme al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, estaba relacionado con \u00abactividades de ense\u00f1anza cultural, formaci\u00f3n art\u00edstica, teatral y musical, (\u2026) espect\u00e1culos musicales, entre otros, las cuales implicaban la aglomeraci\u00f3n de personas, seg\u00fan se comprob\u00f3 con la declaraci\u00f3n de los testigos convocados por la parte demandante\u00bb. En ese aspecto, el Tribunal puntualiz\u00f3 que, si bien en principio se suspendieron los eventos con aforo de m\u00e1s de 500 personas, posteriormente esa restricci\u00f3n se redujo a 50 personas, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 450 del 17 de marzo de 2020, aunado a que el Decreto 797 de 2020 nada dijo sobre el n\u00famero de personas necesarios para definir la afluencia all\u00ed referida; m\u00e1xime que tal aspecto no fue desvirtuado por la parte demandada. <\/p>\n
Acerca de la inaplicabilidad del referido Decreto, por la declaratoria de inexequibilidad dispuesta en la sentencia C-409 de 2020 del 17 de septiembre de 2020, precis\u00f3 que sus efectos fueron hacia el futuro y, por tanto, no cobijaba el caso de marras, pues la facultad de finalizaci\u00f3n unilateral se ejerci\u00f3 por los arrendatarios con anterioridad a la expedici\u00f3n de dicho fallo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sobre lo alegado acerca de que se desconocieron los art\u00edculos 1602 y 2003 del C\u00f3digo Civil, determin\u00f3 que no se presentaba tal infracci\u00f3n, dado que fue el mismo legislador, a trav\u00e9s del referido Decreto, el que dispuso, como consecuencia directa de la terminaci\u00f3n unilateral de esos contratos, las sumas que deb\u00eda cancelar el arrendatario, resaltando que, en este caso, no deb\u00edan pagar las cifras reclamadas a t\u00edtulo de cl\u00e1usula penal, referente a los c\u00e1nones aplicables hasta 2021, como quiera que en el contrato se pact\u00f3 que \u00ablos arrendatario(s) y sus garantes ser\u00e1n deudores a t\u00edtulo de la cl\u00e1usula penal como tasaci\u00f3n anticipada de perjuicios del duplo de las sumas insolutas derivadas del contrato\u00bb, pues se demostr\u00f3 que cancelaron el arriendo y los servicios p\u00fablicos hasta junio de 2020, por virtud de la terminaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
3. Al respecto, se evidencia que, en la sentencia controvertida, la Sala accionada abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que la actora esgrimi\u00f3 en la apelaci\u00f3n y que repite en esta sede, con una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y bajo un an\u00e1lisis razonado de las pruebas allegadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela no es viable, dado que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia, aunado a que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural3, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 097, cuaderno principal, expediente 2020-00278. <\/p>\n
2\u0002 Documento 08, cuaderno Tribunal, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares ver cita en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
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STC4427-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4427-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01666-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Lilia B\u00e1ez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73203","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73203\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}