STC4429-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4429-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01370-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Frankli John Mazorca Casas contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la se\u00f1ora Clara Ximena Quintero Fajardo, el Agente del Ministerio P\u00fablico, el Defensor de Familia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Santa Marta. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 6 de octubre de 2020, el Juzgado accionado declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de Frankli John Mazorca Casas y Claudia Ximena Quintero Fajardo entre marzo de 2015 y noviembre de 2018; en consecuencia, las partes pidieron la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial2. <\/p>\n
2.3. El 9 de noviembre siguiente, el Juzgado resolvi\u00f3 las objeciones presentadas a los inventarios y aval\u00faos y determin\u00f3 que hac\u00edan parte de los activos de la sociedad las siguientes partidas: i) veh\u00edculo de placas BNE181, adquirido por el actor el 26 de septiembre de 20173, por $ 13\u00b4690.000; ii) el derecho de posesi\u00f3n y la construcci\u00f3n edificada sobre el lote de terreno ubicado la calle 20b 1 396 de Taganga4, por $ $802.934.9745. A su vez, excluy\u00f3 los pasivos presentados por las partes y compuls\u00f3 copias contra el accionante y su apoderada, por la presunta falsedad de un pagar\u00e9 allegado al proceso. <\/p>\n
2.4. El 16 de diciembre de 2022, la Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal accionado confirm\u00f3 el auto anterior. <\/p>\n
3. Frente a las actuaciones referidas, el tutelante cuestiona que: i) se tuvo como prueba trasladada el interrogatorio de parte rendido en el tr\u00e1mite previo, pese a que en el auto admisorio se hab\u00edan decretado como pruebas \u00fanicamente las aportadas con la demanda; ii) de la promesa de compraventa allegada no se puede establecer que a \u00e9l le pertenezca el lote de Taganga incluido en los activos, pues el negocio no se concret\u00f3; iii) dicho terreno no mide 275 m2 sino 42 m2; iv) prim\u00f3 su declaraci\u00f3n sobre lo escrito en el referido contrato, sin tener en cuenta que su dicho fue confuso y que estaba nervioso; v) el veh\u00edculo no puede hacer parte de los activos, pues \u00e9l lo compr\u00f3 con recursos propios. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pide que se excluya de la masa patrimonial de la sociedad el lote ubicado en la calle 20b 1396 del corregimiento de Taganga. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS6 <\/p>\n
1. La Sala accionada defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n y al Juzgado Cuarto de Familia asever\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno. <\/p>\n
2. Clara Ximena Quintero Fajardo, a trav\u00e9s de apoderado, pidi\u00f3 negar la tutela y que se estudie la conducta del actor, en tanto intent\u00f3 incluir un pasivo fraudulento en el proceso. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 148 Judicial II Familia afirm\u00f3 que la discusi\u00f3n se centraba en un aspecto probatorio que corresponde al juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con la providencia del 6 de octubre de 2021, que traslad\u00f3 al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n el interrogotorio de parte rendido por \u00e9l en el proceso anterior, y las proferidas por los accionados el 9 de noviembre de 2021 y el 16 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se advierte que, frente al auto del 6 de octubre de 2021, que tuvo \u00abcomo [prueba] trasladada el interrogatorio del se\u00f1or FRANKLI MAZORCA, tal como dispone el art\u00edculo 174 del C.G.P.\u00bb, la tutela no cumple con el presupuesto de inmediatez, pues se present\u00f3 superado ampliamente el plazo de 6 meses que se ha considerado razonable para acudir a esta acci\u00f3n. <\/p>\n
3. De otro lado, referente a la inclusi\u00f3n del veh\u00edculo de placas BNE181 en los activos de la sociedad se evidencia que, al exponer los reparos concretos en los que se sustentar\u00eda la alzada, la apoderada del actor no formul\u00f3 reproches particulares en torno al tema, raz\u00f3n por la cual el Tribunal, en el auto del 16 de diciembre de 2022, precis\u00f3 que la apelaci\u00f3n se limitaban a la segunda partida, de manera que, frente a ello, la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues lo decidido en ese aspecto no fue apelado. Igual consideraci\u00f3n debe hacerse sobre aval\u00fao de la construcci\u00f3n realizada en la posesi\u00f3n incluida en la segunda partida, pues ninguna objeci\u00f3n propuso el actor contra esa experticia y tampoco alleg\u00f3 pruebas para desvirtuarla. <\/p>\n
Tales omisiones imposibilitan el uso de esta senda extraordinaria para controvertir dichos asuntos, dado que esta acci\u00f3n no est\u00e1 contemplada para rescatar oportunidades procesales fenecidas. <\/p>\n
4. De otro lado, centrado el an\u00e1lisis en lo definido por el Tribunal sobre la posesi\u00f3n incluida en la segunda partida, se observa que el Colegiado consider\u00f3 que, aunque la promesa de compraventa no conten\u00eda toda la informaci\u00f3n sobre la materializaci\u00f3n del negocio, en el interrogatorio de parte rendido en el proceso declarativo anterior el tutelante ratific\u00f3 que s\u00ed adquiri\u00f3 los derechos posesorios sobre el bien en disputa cuando conviv\u00eda con ex pareja, sin que el argumento expuesto por su apoderada en la apelaci\u00f3n, referente a que no sab\u00eda si su cliente se sent\u00eda preocupado o nervioso al momento de contestar, pudiera ser suficiente para derruir las conclusiones a las que arrib\u00f3 el a quo, al analizar la promesa de compraventa en conjunto con la declaraci\u00f3n del accionante. <\/p>\n
Tampoco consider\u00f3 valido desconocer ese negocio, bajo el argumento de que el comprador no hubiera ejercido la posesi\u00f3n del bien por 5 o 10 a\u00f1os, pues ello no ten\u00eda relaci\u00f3n con lo discutido en ese tr\u00e1mite, que se limitada a la posesi\u00f3n iniciada por el accionante en vigencia de la uni\u00f3n de hecho, la cual no fue desvirtuada por aqu\u00e9l, m\u00e1xime que desde el 9 de marzo de 2021 se practic\u00f3 la diligencia de embargo y secuestro sin que el tercero titular del derecho por \u00e9l aludido hubiera comparecido a reclamar la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a los pasivos que no fueron incluidos determin\u00f3 que los documentos aportados no eran exigibles, porque las letras de cambio no ten\u00edan las fechas de creaci\u00f3n y vencimiento ni se alleg\u00f3 carta de instrucciones, de los extractos bancarios no se desprend\u00edan obligaciones a cargo de la sociedad y el pagar\u00e9 fue cuestionado, porque la Notar\u00eda expres\u00f3 que los sellos de \u00e9ste no eran de la entidad, ni estaban suscritos por la funcionaria encargada de autenticaciones, la firma del notario no correspond\u00eda con la del titular del Despacho y la fecha del presunto reconocimiento era de un d\u00eda inh\u00e1bil, razones suficientes para descartar esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Revisada la determinaci\u00f3n referida, independientemente de que las conclusiones sean o no compartidas, lo cierto es que estas no lucen irrazonables, pues se fundamentan en una hermen\u00e9utica plausible de la normativa aplicable y en un an\u00e1lisis detallado de las pruebas recaudadas, bajo criterios de sana cr\u00edtica, sin que sea este el escenario para para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, y sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La tutela fue inicialmente radicada en la Sala Civil Familia del Tribunal de Santa Marta, bajo el radicado 2023-00085-00 y fue remitida a esta Sala, por competencia, dado que la decisi\u00f3n censurada del Juzgado accionado fue confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por dicho colegiado. <\/p>\n
2\u0002 En demandas separadas que fueron acumuladas. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan certificado de libertad y tradici\u00f3n visible en el documento 036 del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Seg\u00fan promesa de compraventa suscrita por el se\u00f1or Mazorcas Casas, como comprador, el 9 de octubre de 2015, y lo referido por \u00e9l en el interrogatorio de parte que fue traslado al proceso. Adjunto constancia de posesi\u00f3n del vendedor durante 10 a\u00f1os, suscrita por la Junta de Acci\u00f3n Comunal de Taganga. <\/p>\n
5\u0002 Aval\u00fao pericial allegado por la accionada, frente al cual no se present\u00f3 objeci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Se tienen en cuenta todas las respuestas emitidas en las distintas etapas de la tutela de la referencia. <\/p>\n
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