STC4431-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4431-2023 3 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01694-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la tutela promovida por Carlos Humberto Bravo Torres contra la Sala Civil del Tribunal Superior de San Gil y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e11. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Jorge Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez promovi\u00f3 una demanda ejecutiva contra los herederos de Gerardo Amaya Amaya y Beatriz Rodr\u00edguez de Amaya, con fundamento en 5 letras de cambio por $ 158\u00b4259.196, en el cual el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Charal\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago el 6 de marzo de 2020. Al tr\u00e1mite compareci\u00f3 Rafael Amaya Rodr\u00edguez, representado por el abogado Carlos Humberto Bravo Torres. <\/p>\n
2.2. El 24 de junio de 2022, el Juzgado declar\u00f3 no probadas las excepciones de falsedad en documento privado, fraude procesal y prescripci\u00f3n y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil Familia de Conjueces del Tribunal Superior de San Gil el 14 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3. El tutelante aduce que los convocados incurrieron en los defectos f\u00e1ctico y sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial, por cuanto no tuvieron en cuenta que hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n el 27 de marzo de 2005 frente a la primera letra de cambio y el 17 de marzo de 2007 respecto de las cuatro restantes y no verificaron el contrato de compraventa aportado, que evidenciaba que la deuda hab\u00eda sido cancelada. Sostiene que, con lo decidido, se le caus\u00f3 un perjuicio irremediable y se afect\u00f3 su buen nombre, como abogado durante m\u00e1s 35 a\u00f1os. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se deje sin efecto la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n y puso de presente que el tutelante no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa, pues fungi\u00f3 como apoderado en la causa censurada y no como parte. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Jorge Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez afirm\u00f3 que al tutelante no se le ha vulnerado derecho alguno, porque no fue parte en el proceso, y que la tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con las providencias emitidas por los accionados el 24 de junio de 2022 y el 14 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del actor, por cuanto, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, esta \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, frente a lo cual la Sala ha sostenido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una tutela contra las decisiones emitidas en los respetivos procesos, pues el abogado que los representa \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb2. <\/p>\n
<\/p>\n
En el caso concreto, el tutelante intervino en el proceso ejecutivo cuestionado como apoderado de Rafael Amaya Rodr\u00edguez y, por tanto, sus derechos no resultan afectados con las decisiones all\u00ed adoptadas, lo cual impide analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jorge Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Rafael Amaya Rodr\u00edguez, los herederos de Gerardo Amaya y Beatriz Rodr\u00edguez y los dem\u00e1s intervinientes del proceso de radicado 2020-00008-00 (01). <\/p>\n
2\u0002 Ver cita reciente en CSJ STC3956-2023. <\/p>\n
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