STC4434-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4434-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00379-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de marzo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Emijohanna Olmos Ram\u00edrez, en nombre propio y de sus menores hijos, contra la Sala Penal Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal y la Fiscal\u00eda 362 Local, ambos de esta urbe, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, en nombre propio y de sus menores hijos, del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin efectos la sentencia emitida el d\u00eda 23de agosto de 2023\u2026 dentro del proceso penal No. 1100160000013202105341 seguido en contra de Fredy Gonz\u00e1lez Enciso por el delito de Hurto Calificado y\u2026 se ordene rehacer el proceso a partir del traslado del escrito de acusaci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, se disponga \u00abel levantamiento y cancelaci\u00f3n de cualquier orden de captura que pese contra\u2026 Gonz\u00e1lez Enciso\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Contra Fredy Gonz\u00e1lez Enciso y otros, se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de hurto calificado, por lo que, tras verificar el preacuerdo suscrito con la Fiscal\u00eda 362 Local de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, con sentencia de 23de agosto de 2022 lo conden\u00f3 a 24 meses de prisi\u00f3n; determinaci\u00f3n apelada por el gestor, la cual est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 la actora que es la esposa del condenado y que tienen 2 hijos en com\u00fan, empero, Fredy Gonz\u00e1les \u00abest\u00e1 desaparecido\u00bb, situaci\u00f3n que quebranta la unidad familiar. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3, en s\u00edntesis, que revisado el proceso penal, encontr\u00f3 irregularidades en el juicio, entre ellos, circunstancias de que \u00abno existe prueba alguna que demuestre que ellos estaban hurtando cable o que ten\u00edan alguna intenci\u00f3n de hacerlo pues todo lo que ellos ten\u00edan eran materiales propios de su trabajo\u00bb, raz\u00f3n por la que se debe anular el juicio, incluso, el preacuerdo suscrito con la Fiscal\u00eda, pues su esposo lo acept\u00f3 por una deficiencia en la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que contra la sentencia condenatoria la defensa de los procesados formul\u00f3 apelaci\u00f3n, la que est\u00e1 en tr\u00e1mite; que la accionante carece de legitimaci\u00f3n para incoar la salvaguarda, comoquiera que, no es parte del proceso penal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 15 de septiembre de 2022 recibi\u00f3 por reparto el juicio criticado con el fin de surtir la alzada, la que est\u00e1 pendiente de resolver, raz\u00f3n por la que no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ciro Orlando Lozano Aguirre, quien indic\u00f3 actuar como apoderado del procesado, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 362 Local Delegada de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la promotora carece de legitimaci\u00f3n para incoar la acci\u00f3n; destac\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues el juicio penal censurado est\u00e1 en curso, en la medida en que est\u00e1 pendiente de resolverse la apelaci\u00f3n incoada por los condenados, adem\u00e1s, si las resultas contin\u00faan adversas a sus intereses puede incoar recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en cuanto a la \u00abdesaparici\u00f3n\u00bb de su esposo, deber\u00e1 dirigirse a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que inicie las investigaciones pertinentes si a ello hubiere lugar. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial, a los que adicion\u00f3 que el preacuerdo suscrito por su esposo carece de fundamento, m\u00e1xime cuando aqu\u00e9l trabaj\u00f3 por m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la ETB, sin que nunca fuera investigado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que, muy a pesar de las alegaciones, Luz Emijohanna Olmos Ram\u00edrez carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio penal que critica, por no ser parte en dicha contienda, aunado a que no demostr\u00f3 los supuestos que validaran su proceder como agente oficioso de Gonz\u00e1lez Enciso. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de contornos similares al de ahora auscultado, la Sala dijo que: <\/p>\n
Se negar\u00e1 el auxilio por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la se\u00f1ora D. P. I. en nombre propio y en representaci\u00f3n de la menor XXX para formular el resguardo, pues a pesar de afirmar ser la primera, esposa, y la segunda, hija, de U. de J. C. R., no fungen como sujetos procesales, por ende, no resultan titulares de las prerrogativas constitucionales invocadas. <\/p>\n
Es menester indicar que el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si bien establece: \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida [indistintamente por] cualquiera\u201d, el mismo precepto condiciona su legitimaci\u00f3n a la persona directamente \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, a su representante o a su agente oficioso, no a los terceros. El mencionado canon normativo es desarrollo del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, del cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir quien vea \u201cvulnerados o amenazados\u201d sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, memor\u00f3 esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [U]no de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante (\u2026)\u201d (CSJ STC 1 de noviembre de 2006, exp. 1750-00, reiterado el 22 de mayo de 2007, rad. 00078-01 y el 30 de mayo de 2013, exp. 00694-01). <\/p>\n
Al margen de lo discurrido, debe precisarse que nada impide a U. de J. C. R. acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n por cuenta propia, pues a pesar de estar privado de la libertad en virtud de una decisi\u00f3n judicial, dispone de los servicios establecidos para la recepci\u00f3n de peticiones, tutelas y cualquier tipo de documentaci\u00f3n al interior del centro carcelario, de conformidad con lo preceptuado en el canon 58 de la Ley 65 de 1993 (C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario) (CSJ STC063-2016, 15 ene, rad, 2015-03095-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se advierte que Luz Emijohanna Olmos Ram\u00edrez no es parte ni interviniente en el tr\u00e1mite penal atacado, ni demostr\u00f3 los supuestos que validaran una condici\u00f3n de agente oficiosa, es evidente que no puede promover el resguardo para atacar las determinaciones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, aun cuando se diera por superado el anterior obst\u00e1culo de procedencia del auxilio supralegal, la Sala observa que acertada resulta la conclusi\u00f3n del a-quo constitucional en punto a que el amparo deprecado se denota inviable, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que la causa fustigada se halla en curso, pues la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia condenatoria est\u00e1 en tr\u00e1mite ante el Tribunal de cara a la adopci\u00f3n de la sentencia que en derecho corresponda, la que de resultarle adversa al condenado podr\u00e1 ser susceptible, incluso, de recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de las alegaciones de la accionante, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantea, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en otra oportunidad esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios… para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
En ese orden, resulta necesario agregar que advertida la improcedencia del amparo por la presencia de otros mecanismos judiciales mediante los cuales discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que el accionante tilda como v\u00eda de hecho. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4434-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4434-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73210","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73210"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73210\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}