STC4435-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4435-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01624-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Freddy Alberto Mosquera Ortiz contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, as\u00ed como los principios de \u00abprogresividad y no progresividad (sic)\u00bb y transparencia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga que el Tribunal accionado \u00abdej[e] sin efecto el auto interlocutorio No. 794 del 15 de octubre de dos mil veinte (2020)\u2026 por medio del cua[l] se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, y en tal sentido se ordene la continuidad de dicho proceso\u2026 corrigiendo la omisi\u00f3n de primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Freddy Alberto Mosquera Ortiz promovi\u00f3 proceso de responsabilidad civil contra Flota Occidental SA, Aseguradora Consorcio Sayp, Leasing Bolivar SA Compa\u00f1\u00eda de Seguros, Alejandro Aristiz\u00e1bal Castrill\u00f3n y H\u00e9ctor Jaime L\u00f3pez Zamora, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3, el que en auto de 21 de julio de 2020 dispuso vincular a los consorciados Fiduprevisora SAS y Fiducoldex, as\u00ed como tener por demandada a Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 15 de octubre de 2020 el referido estrado declar\u00f3 terminado el juicio por desistimiento t\u00e1cito, providencia que recurrida se mantuvo; y que tras ser apelada, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, en prove\u00eddo de 30 de enero de 2023 la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que las decisiones criticadas incurrieron en v\u00eda de hecho, pues la \u00fanica notificaci\u00f3n que falt\u00f3 fue la de la demandada Bolivar SA, a la que no enter\u00f3 por un error involuntario en el que incurri\u00f3 al emplazar a una raz\u00f3n social diferente. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que esta acci\u00f3n era el \u00fanico mecanismo con el que contaba; que ninguna de las autoridades criticadas se preocup\u00f3 por revisar de manera acusiosa lo pedido; que con el proceso buscaba que los demandados resarcieran, repararan e indemnizaran economicamente los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que reclam\u00f3 como v\u00edctima de un accidente de tr\u00e1nsito. <\/p>\n
2.5. Adujo que las determinaciones censuradas se apartaban de la obligatoriedad de los procedimientos se\u00f1alados en la ley; que deb\u00eda prevalecer el derecho sustancial; que si bien la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito era una consecuencia jur\u00eddica por el incumplimiento de una carga procesal en cabeza del demandante, en ninguna de las instancias se tuvo en cuenta que el emplazamiento fue realizado en 2019 y en ese momento no se le advirti\u00f3 que era una raz\u00f3n social distinta. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 indic\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n al accionante, pues en el prove\u00eddo criticado se plasmaron las consideraciones sobre el caso concreto, abordando los motivos de apelaci\u00f3n expuestos por el recurrente, que llevaron a concluir que el juzgado estaba en la obligaci\u00f3n legal de decretar el desistimiento t\u00e1cito; y que no se hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
2. Flota Occidental SA se\u00f1al\u00f3 que la integraci\u00f3n del contradictorio ordenado no se realiz\u00f3 por un error que se esperaba fuera subsanado en tutela; que el desistimiento t\u00e1cito declarado no era un exceso de ritualismo procedimental; y que solo hasta la apelaci\u00f3n el accionante indic\u00f3 que cometi\u00f3 un error involuntario. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que el Tribunal convocado, en la providencia criticada de 30 de enero de 2023, tras hacer referencia a la figura del desistimiento t\u00e1cito, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Del examen del expediente, se vislumbra que en efecto desde el 21 de julio de 2020 el juzgado de primera instancia dispuso, entre otras determinaciones, tener como demandada a la Compa\u00f1\u00eda de SEGUROS BOLIVAR SA., requiriendo a la parte actora para que procediera a notificarla, dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena de aplicar desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
En respuesta a dicho requerimiento, el apoderado present\u00f3 el 28 de septiembre de 2020 escrito anexando copias de notificaci\u00f3n por aviso, solicitando el emplazamiento de Alejandro Aristiz\u00e1bal Castrill\u00f3n y allegando certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de FIDUPREVISORA S.A Y FIDUCOLDEX. Nada dijo sobre SEGUROS BOLIVAR S.A. <\/p>\n
Es pertinente anotar que el emplazamiento surtido en junio 9 de 2019, estuvo dirigido a la COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS CONSORCIO SAYP BOLIVAR, cuyas empresas que lo conforman, fueron notificadas y contestaron la demanda; por lo tanto no es de recibo el argumento del recurrente cuando asevera que SEGUROS BOLIVAR fue notificado por edicto, habida cuenta que realmente no hay constancia procesal de que se haya surtido tal notificaci\u00f3n a la citada empresa, que figura como la aseguradora que expidi\u00f3 la p\u00f3liza que ampara al veh\u00edculo involucrado en el accidente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala avizora que la decisi\u00f3n adoptada deviene acertada, habida cuenta que qued\u00f3 demostrado que el extremo recurrente no cumpli\u00f3 totalmente con la carga procesal impuesta, dado que no se acredit\u00f3 su cabal cumplimiento en lo que corresponde a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda y su vinculaci\u00f3n, A LA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS BOLIVAR S.A., con NIT No. 860.002.180-7, por lo cual, vencida la oportunidad procesal sin que se cumpliera con la carga procesal, el juzgado estaba en la obligaci\u00f3n legal de decretar el desistimiento t\u00e1cito\u2026 <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se anticipa que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a prosperar, puesto que se transgredieron las garant\u00edas de primer orden del promotor, en tanto que el Tribunal criticado no hizo una valoraci\u00f3n completa de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica puesta a su conocimiento. <\/p>\n
Ciertamente, la Corporaci\u00f3n querellada decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la demanda, dando lugar a la terminaci\u00f3n del proceso, sin atender a que dicha resoluci\u00f3n no pod\u00eda extenderse frente a todos los demandados, espec\u00edficamente respecto de aquellos que s\u00ed hab\u00edan sido debidamente enterados, m\u00e1xime cuando no integraban un litisconsorcio necesario, por lo que el asunto debi\u00f3 continuar con ellos. <\/p>\n
En un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el actual, esta Sala hall\u00f3 razonable la decisi\u00f3n del Tribunal en la que se desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de falta de integraci\u00f3n de un litisconsorcio necesario, en donde se: <\/p>\n
\u2026advirti\u00f3 que \u00aben punto a la falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio, es importante traer a colaci\u00f3n lo ense\u00f1ado por los art\u00edculos 785 y 825 del C. de Comercio, que a su turno rezan\u2026\u00bb, por lo que \u00abtrat\u00e1ndose de la acci\u00f3n cambiaria, el acreedor puede ejercitarla en contra de todos los deudores, o si lo prefiere, contra alguno de ellos, sin perder la facultad de exigir el cobro de la acreencia contra aquellos que no la encaus\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abUna vez acotado lo anterior, tenemos que no se cumplen los presupuestos para que se torne procedente la existencia de un litisconsorcio necesario, por consiguiente los dem\u00e1s integrantes de la UT, entrar\u00edan al litigio en calidad de litisconsortes facultativos, es decir como litigantes separados, recordando adem\u00e1s que est\u00e1 vedado el juez integrar el contradictorio bajo esta modalidad, y el extremo pasivo tampoco podr\u00eda exigirlo, por lo que solo ser\u00eda procedente si as\u00ed lo desea la parte ejecutante. En consecuencia la excepci\u00f3n no prospera\u00bb\u2026 <\/p>\n
4. Analizada la providencia rese\u00f1ada, proferida por el despacho encartado, en la que confirm\u00f3 la emitida en primer grado, esto es, \u00abdeclar\u00f3 no probada las excepciones de m\u00e9rito\u00bb y, \u00aborden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, actuaci\u00f3n con la que se agot\u00f3 la jurisdicci\u00f3n dentro del litigio descrito anteriormente; advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que de tal determinaci\u00f3n no se observa desconocimiento de los presupuestos especiales por \u00abdefecto sustantivo y desconocimiento del precedente\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb por cuanto que los argumentos all\u00ed plasmados tienen fundamento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan esta materia (arts. 83, 174, 177 y 488 C.P.C., 621, 713, 784, 785, 825 y 832 C. Comercio), descart\u00e1ndose por tanto un actuar antojadizo. <\/p>\n
En efecto, el funcionario censurado, luego de estudiar cada una de las excepciones alegadas por el deudor a la luz de lo dispuesto por el legislador y los hechos materia de debate, concluy\u00f3 la improsperidad de todas; en dicha labor desvirtu\u00f3 lo sostenido por la ejecutada y, por el contrario constat\u00f3 que el se\u00f1or \u00c1lvaro Salas Morales para la \u00e9poca en que suscribi\u00f3 el t\u00edtulo valor ejecutado fung\u00eda como representante legal de la Uni\u00f3n Temporal Urbanizaci\u00f3n Ciudadela Amable; que en dicha funci\u00f3n no excedi\u00f3 sus atribuciones comoquiera que en las otorgadas se encontraban las de \u00abcontratar, comprometer, negociar y representar\u00bb, adem\u00e1s precis\u00f3 que entrat\u00e1ndose de la acci\u00f3n cambiaria el acreedor puede ejercer la misma contra todos o alguno de los deudores, por lo que no era viable integral un litisconsorcio necesario como lo pretend\u00eda la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
5. De tales elucidaciones, se observa que el juez censurado profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia, con sustento en el examen que en forma conjunta, coherente y siguiendo los criterios de la sana critica, valoraci\u00f3n con la que determin\u00f3 que la defensa expuesta por el demandado carec\u00eda de certeza alguna, en la medida que el cheque ejecutado reun\u00eda los requisitos de \u00abt\u00edtulo valor\u00bb y conten\u00eda una obligaci\u00f3n clara expresa y exigible, sin que de tal proceder se detecte ilegalidad o abuso alguno de sus funciones. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el desempe\u00f1o del despacho cuestionado, no luce arbitrario, por lo que independientemente que lo proh\u00edje la Corte, no puede tildarse de abiertamente caprichoso para que sea objeto de cuestionamiento en sede constitucional, cuando reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n
7. En un asunto de temperamento similar, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
No sale avante la protecci\u00f3n solicitada, de conformidad con los siguientes argumentos: <\/p>\n
Los pronunciamientos cuya revocatoria se pide en este escenario no pueden tildarse de manifiestamente caprichosos, que es como se estructura la \u201cv\u00eda de hecho\u201d, ya que fueron suficientemente motivados y se apoyaron en las pruebas y normas aplicables a la materia. <\/p>\n
En tal sentido se destac\u00f3, esencialmente, que los integrantes de la uni\u00f3n temporal conformaban por pasiva un litisconsorcio facultativo y que, en todo caso, la transacci\u00f3n materia del reclamo, no estaba signada por el Hospital el Tunal E. S. E., argumentos que se observan como plausibles a la luz de las normas que sustancialmente regulan las obligaciones mercantiles, como en efecto es la se\u00f1alada, y las propias del juicio ejecutivo en el que se exige que el \u201ct\u00edtulo ejecutivo\u201d, \u201cprovenga del deudor o de su causante\u201d\u00bb\u2026. (CSJ STC 31 oct. 2012, rad. 02319-00). (Resaltado fuera de texto, CSJSTC9270-2015, 17 jul. 2015, rad. 2015-00071-01). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se concluye que la referida sede judicial convocada no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa la providencia de 30 de enero de 2023, en la que se confirm\u00f3 el decreto del desistimiento t\u00e1cito de la demanda y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n
6. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del gestor, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que, tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada de 30 de enero de 2023, en cuanto a la declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito de la demanda, proceda a dictar una nueva providencia que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de la accionante. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 que, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo criticado de 30 de enero de 2023 en cuanto a la declaraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito de la demanda, en el proceso de responsabilidad civil que el accionante promovi\u00f3 contra Flota Occidental SA, Aseguradora Consorcio Sayp, Leasing Bolivar SA Compa\u00f1\u00eda de Seguros, Alejandro Aristiz\u00e1bal Castrill\u00f3n y H\u00e9ctor Jaime L\u00f3pez Zamora (radicaci\u00f3n 27001-31-03-001-2017-00158), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, emita una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3, remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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