STC4441-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4441-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00639-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de abril de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ricardo Contreras Febles instaur\u00f3 contra la Sala n\u00b0 3 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva al Tribunal Superior y al Juzgado Primero Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Santa Marta, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00191. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abseguridad social, al m\u00ednimo vital, al debido proceso y a la protecci\u00f3n reforzada de los adultos mayores y de las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, as\u00ed como el respeto por los principios de sujeci\u00f3n al acto propio y de la confianza leg\u00edtima\u00bb, para que se dejara sin efectos \u00abla sentencia de casaci\u00f3n proferida el 9 de noviembre de 2022\u00bb, emitida en el litigio rese\u00f1ado y, en consecuencia, se ordenara decidir nuevamente el asunto, \u00abORDEN\u00c1[NDOSE] a COLPENSIONES que, reconozca y pague (\u2026) la pensi\u00f3n de vejez [reclamada], seg\u00fan lo establecido en la sentencia de fecha 7 de marzo de 2019, proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que present\u00f3 demanda laboral en contra de Colpensiones (rad. 2018-00191), para que se declarara que: i) Existi\u00f3 mora patronal del empleador Distribuidora Ico Ltda. en los ciclos de marzo de 1996 a septiembre de 1999; ii) Colpensiones no realiz\u00f3 la gesti\u00f3n de cobro para obtener el pago; y, iii) Cotiz\u00f3 en toda su vida laboral 1338.45 semanas y, por ende, se condenara al Fondo a reconocerle y pagarle la pensi\u00f3n de vejez a partir del 8 de enero de 2017, los intereses moratorios o, en subsidio, la indexaci\u00f3n y las costas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la primera instancia acogi\u00f3 las pretensiones (7 mar. 2019), determinaci\u00f3n que el Superior revoc\u00f3 (29 sep. 2020), al paso que la Magistratura accionada no cas\u00f3 la de \u00e9ste (SL3809-2022, 9 nov.), tras una \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb y desconocer el precedente plasmado en la \u00absentencia SU405\/21\u00bb, consistente en que \u00abno es admisible imponer sobre el afiliado las consecuencias desfavorables que se derivan de las inconsistencias en las historias laborales; y mucho menos exigirles a los trabajadores que demuestren una relaci\u00f3n laboral, sin que previamente la administradora de pensiones les presente razones imperiosas que justifiquen la modificaci\u00f3n de una historia laboral\u00bb, lo que, en su opini\u00f3n, quebranta las garant\u00edas esenciales invocadas. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta narr\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el juicio censurado. <\/p>\n
El P.A.R.I.S.S. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante\u00bb. <\/p>\n
Colpensiones se opuso al resguardo, \u00abpor cuanto no tiene responsabilidad alguna en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales [invocados]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abno se advierte la existencia de una v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n del juez de tutela o alguna otra vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante, pues, (\u2026) la sentencia controvertida no fue producto de caprichos ni arbitrariedades\u00bb, ya que \u00abest\u00e1 fundamentada en la l\u00ednea jurisprudencial sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente frente a la contabilizaci\u00f3n de las semanas reportadas con mora del empleador, vigente a la fecha de juzgamiento (CSJ SL1691-2019 y CSJ SL2000-2021, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el gestor reafirm\u00e1ndose en los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo impugnado, porque el pronunciamiento refutado no fue producto de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, al escrutar el veredicto de la Sala n\u00b0 3 de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sobre el cual se har\u00e1 el an\u00e1lisis constitucional, por ser el que zanj\u00f3 la disputa en el pleito laboral n\u00b0 2018-00191, se aprecia que all\u00ed se realiz\u00f3 un sensato estudio de las disposiciones que disciplinan el caso con apoyo en la jurisprudencia vinculante en la materia, de las cuales concluy\u00f3 en paralelo con los medios de convicci\u00f3n arrimados al infolio, que el ad quem no se equivoc\u00f3 en desautorizar lo definido por el a quo frente a la \u00abpensi\u00f3n de vejez\u00bb suplicada, toda vez que no se encontraba acreditada una \u00abrelaci\u00f3n laboral\u00bb durante el lapso comprendido entre marzo de 1996 a septiembre de 1999, de ah\u00ed que no se le pod\u00eda endilgar a Colpensiones \u00abmora\u00bb en las actividades de recaudo frente a las respectivas \u00abcotizaciones\u00bb, motivo por el cual tal \u00abdecisi\u00f3n\u00bb no deb\u00eda ser abolida. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, preliminarmente estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico a resolver que, \u00absi conforme a lo que se encuentra acreditado en el proceso, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez solicitada, con la precisi\u00f3n de que lo reclamado es que se sumen en su historia la laboral los ciclos de marzo de 1996 a septiembre de 1999, en las que presenta mora el empleador Distribuidora Ico Ltda.\u00bb. <\/p>\n
Interrogante que solvent\u00f3, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abPues bien, de las historias laborales aportadas al proceso, que fueron valoradas por el fallador de segundo grado (actualizadas a 17 de febrero, 6 de abril y 1 de junio de 2017), se tiene que, la empresa Distribuidora Ico Ltda., registr\u00f3 aportes desde el 1 de septiembre de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1994, del 1 de enero de 1995 al 31 de enero de 1996 y del 1 al 29 de febrero de 1996, en las que a pesar de que en el detalle de los pagos no se registra la novedad de retiro, tampoco aparece deuda por mora del empleador, aunado a que, all\u00ed no obra informaci\u00f3n del periodo descrito anteriormente, con lo que se puede inferir que no presenta error y en tal sentido en ninguna equivocaci\u00f3n incurri\u00f3 el fallador de alzada al analizarla. <\/p>\n
Ahora, de la demanda y su respuesta no se advierte confesi\u00f3n en punto a la relaci\u00f3n laboral que presuntamente existi\u00f3 entre el actor y la empresa Distribuidora Ico Ltda., pues la administradora convocada a juicio, no pod\u00eda confesar el hecho de un tercero, adem\u00e1s, cualquier aceptaci\u00f3n en punto a la presunta mora patronal tampoco surtir\u00eda efecto en la medida en que, en entidades como la demandada, los representantes ni sus apoderados est\u00e1n facultados para confesar, por expresa disposici\u00f3n legal art. 195 del CGP, aplicable por remisi\u00f3n expresa del art. 145 del CPTSS. <\/p>\n
Seguidamente acot\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abAhora, del \u201cexpediente de gesti\u00f3n de cobro\u201d al que alude la parte recurrente no fue apreciado, tampoco se puede evidenciar la existencia de la pr\u00f3rroga del contrato de trabajo entre marzo de 1996 y septiembre de 1999 con la Distribuidora Ico Ltda., ni la mora en el pago de los aportes, pues all\u00ed se menciona que \u201cla deuda presunta por omisi\u00f3n en pago generada a partir del ciclo 1996-03 a cargo del empleador DISTRIBUIDORA ICO LTDA con NIT 890401601 posiblemente obedezca a omisi\u00f3n en el reporte de novedad de retiro\u201d, pero sin embargo, se dispuso requerir al empleador para que en el t\u00e9rmino legal corrigiera las inconsistencias y se otorgaron los tiempos necesarios. <\/p>\n
Tampoco se puede advertir cosa diferente del expediente administrativo del asegurado y de los oficios 640 del 8 de agosto de 2018 que requiere a Distribuidora Ico Ltda. para que certificara la relaci\u00f3n laboral desde marzo de 1996 a septiembre de 1999 con el actor y la respuesta que dio el actor al oficio 905 del 16 de octubre de 2018 enviado por el juzgado, de dichos elementos de juicio no se deduce equivocaci\u00f3n del colegiado cuando consider\u00f3 que no hab\u00eda prueba de que el contrato entre el demandante y la citada empresa se prorrog\u00f3 en el lapso indicado. La actuaci\u00f3n administrativa de la entidad solo alude al no cumplimiento de las semanas m\u00ednimas y que se realizar\u00edan las gestiones de cobro en caso de mora patronal. <\/p>\n
Ahora bien, el oficio 640 del 8 de agosto de 2018 requiere al representante legal para que remita certificaci\u00f3n laboral con extremos temporales y en el 905 del 16 de octubre de 2018 el demandante responde que: \u201cNo tengo prueba documental de mi v\u00ednculo laboral con la empresa DISTRIBUIDORA ICO LTDA, ubicada en la ciudad de Cartagena hasta el a\u00f1o 1999\u201d, pruebas de las que tampoco se puede deducir equivocaci\u00f3n de fallador de alzada, cuando concluy\u00f3 que al proceso no se alleg\u00f3 constancia laboral \u201cque permitiera demostrar que durante el per\u00edodo en discusi\u00f3n existi\u00f3 el v\u00ednculo laboral, para de esta manera, tener certeza de la existencia de la mora alegada\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abNo es atendible la manifestaci\u00f3n del recurrente en el sentido que como Colpensiones acept\u00f3 realizar las actividades de fiscalizaci\u00f3n para el cobro de las semanas de cotizaci\u00f3n, se infer\u00eda que la existencia de la relaci\u00f3n contractual con el citado empleador se hab\u00eda sostenido en el tiempo, pues el adelantamiento de la actuaci\u00f3n tendiente a verificar la supuesta existencia de mora patronal en el pago de los aportes, no es demostrativa de la pr\u00f3rroga de la vigencia del contrato en la forma como la quiere hacer ver el recurrente, esto es, desde marzo de 1996 y hasta septiembre de 1999. <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n, que no obstante en los fundamentos de la demanda el actor afirm\u00f3 que en los reportes de historias laborales de los a\u00f1os 2011 y 2012, aparecen en cero de los ciclos de marzo de 1996 a septiembre de 1999 y que se registraba \u201cSu empleador presenta deuda por no pago\u201d, tales pruebas no fueron aportadas por la parte interesada. <\/p>\n
Esta Sala ha adoctrinado que para contabilizar per\u00edodos registrados en mora en la historia laboral, en caso de duda de la duraci\u00f3n de la relaci\u00f3n de trabajo, es necesario acreditar la existencia del v\u00ednculo durante el interregno que se pretende convalidar, dado que para los trabajadores dependientes afiliados al sistema de pensiones las cotizaciones se causan con la efectiva prestaci\u00f3n del servicio, ello con independencia de que se presente mora del empleador en el pago (CSJ SL1691-2019, CSJ SL2000-2021). Precisamente, en la sentencia se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cPor otra parte, tambi\u00e9n el juez plural determin\u00f3 que, para contabilizar las semanas reportadas con mora del empleador, era necesario acreditar que en ese lapso existi\u00f3 un v\u00ednculo laboral o, en otros t\u00e9rminos, que aquel estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prest\u00f3 servicios en esos periodos\u201d. <\/p>\n
Tal razonamiento tampoco es equivocado y, por el contrario, est\u00e1 acorde con lo adoctrinado por esta Corporaci\u00f3n en su jurisprudencia (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092-2016, CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018 y CSJ SL1624-2018). Precisamente en la providencia CSJ SL3707-2017, la Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cAhora bien, en cuanto a las alegaciones del censor referentes a la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes a la seguridad social, cumple recordar que la Corte en sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, vari\u00f3 su jurisprudencia y estableci\u00f3 que cuando se presente dicha situaci\u00f3n, y esto impida el acceso a las prestaciones, si adem\u00e1s medi\u00f3 incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta \u00faltima a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios. <\/p>\n
Precis\u00f3 la Corte para el caso de los afiliados en condici\u00f3n de trabajadores dependientes, que, si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y as\u00ed causar la cotizaci\u00f3n, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a \u00e9ste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumpli\u00f3 con el deber de cobro\u201d. <\/p>\n
Conforme lo anterior, en el caso de un trabajador dependiente afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, las cotizaciones legalmente se causan o generan con la efectiva prestaci\u00f3n del servicio, ello con independencia que se presente mora del empleador en el pago de las mismas (CSJ SL 34256, 10 feb. 2009, CSJ SL9808-2015 y CSJ SL13276-2015), criterio que se acompasa con lo previsto en el literal l) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, en armon\u00eda con los art\u00edculos 17 y 22 de la misma disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con base en ese derrotero, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn consecuencia, para tomar en favor del demandante como efectivamente cotizados los periodos comprendidos entre el mes de marzo de 1996 y septiembre de 1999 con la empresa Distribuidora Ico Ltda, resultaba necesaria la comprobaci\u00f3n de la existencia de la relaci\u00f3n laboral que los habr\u00eda generado, pues en el plenario no existe prueba de la vigencia a pesar de haberse iniciado en septiembre de 1974, y por lo tanto de la continuidad de la afiliaci\u00f3n del demandante como cotizante por parte de esa empleadora (\u2026). <\/p>\n
En este orden, como el operador judicial no puede darle validez a per\u00edodos en los que no se demostr\u00f3 la vigencia de la relaci\u00f3n laboral, y no existiendo prueba de que efectivamente el demandante continu\u00f3 prestando sus servicios durante el periodo por \u00e9l afirmado, no es posible contabilizarlos, ya que la simple afirmaci\u00f3n de que el v\u00ednculo se prorrog\u00f3 hasta la \u00e9poca afirmada, conducir\u00eda: i) a imponerle al sistema pensional una carga no justificada, al no existir las cotizaciones por parte del asegurado, afectando su sostenibilidad financiera y, ii) a reconocer la existencia de un contrato de trabajo con todas las consecuencias\u00bb (CSJ SL3809-2022). <\/p>\n
Como puede verse, el iudex plural criticado despej\u00f3 cada uno de los reparos expuestos por el casacionista con apego a la normatividad y el \u00abprecedente jurisprudencial\u00bb que gobierna el asunto, fijado por el Tribunal de cierre de esa especialidad, con argumentos razonables, suficientes y plausibles para descalificarlos. <\/p>\n
3.- Por consiguiente, para la Corte no emerge vicio alguno de la resoluci\u00f3n reprochada que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal designio acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los \u00abargumento f\u00e1cticos y jur\u00eddicos\u00bb de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC1836-2023 y STC3637-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4441-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4441-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00639-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de abril de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73217\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}