STC4443-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4443-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00398-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de marzo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Rafael Orlando Hu\u00e9rfano Castro instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Veintiocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2007-00339-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, en nombre propio, requiri\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso, el auto reconocimiento como parte de una colectividad especial, la diversidad \u00e9tnica y cultural, la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena y un proceso resocializador con enfoque diferencial\u00bb, para que \u00abse ordene dejar sin efecto las providencias aqu\u00ed demandadas, y en su lugar ORDENAR al juzgado que de manera inmediata se sirva llevar a cabo las diligencias correspondientes tendientes a que yo sea trasladado a mi comunidad ind\u00edgena ISMUINA del municipio de Solano, Caquet\u00e1\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el juzgado convocado neg\u00f3 la solicitud de traslado a su resguardo ind\u00edgena para el cumplimiento de la pena que le fue impuesta (572 meses y 6 d\u00edas de prisi\u00f3n) por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso heterog\u00e9neo con hurto calificado agravado y extorsi\u00f3n agravada tentada, tras estimar que \u00abel condenado nunca puso en conocimiento de las autoridades judiciales que adelantaron el asunto penal su pertenencia a una comunidad ind\u00edgena y, s\u00f3lo catorce a\u00f1os despu\u00e9s de encontrarse detenido expuso este argumento\u00bb, aunado a que \u00abno se precisa la fecha desde la cual integra esa comunidad ancestral, teniendo en cuenta que es oriundo de C\u00e1queza \u2013 Cundinamarca\u00bb (13 oct. 2021), decisi\u00f3n que el superior refrend\u00f3 (8 abr. 2022), siendo enterado de la misma \u00abtan s\u00f3lo el 24 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, con los anteriores pronunciamientos se lesionaron sus privilegios esenciales, en tanto se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al desconocer \u00ablas pruebas aportadas con [su] solicitud y desconocimiento de los preceptos y convenios internacionales y jurisprudencia de la Corte Constitucional que tratan de los derechos de los condenados ind\u00edgenas a no sufrir un proceso de aculturaci\u00f3n y evitar que la comunidad ancestral pierda a uno de sus miembros\u00bb. <\/p>\n
2.- El Ministerio del Interior indic\u00f3 que consultadas las bases de datos de la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas, Rom y Minor\u00edas en jurisdicci\u00f3n del municipio de Solano, en el departamento de Caquet\u00e1, aparece que la Comunidad Ind\u00edgena ISMUINA fue registrada mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 0010 (7 mar. 2012) y Rafael Orlando Hu\u00e9rfano Castro se encuentra inscrito en dicha congregaci\u00f3n en el censo del a\u00f1o 2022. <\/p>\n
El Juzgado Veintiocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su obrar y remiti\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
El Cuarto Penal del Circuito Especializado alleg\u00f3 copia de las sentencias condenatorias emitidas contra el accionante. <\/p>\n
El gobernador del resguardo ind\u00edgena ISMUINA se\u00f1al\u00f3 que el actor \u00abhace parte de su comunidad, adem\u00e1s tiene arraigo \u00e9tnico y cultural de comunero\u00bb, contando con certificado expedido por \u00abla m\u00e1xima autoridad administrativa de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC manifest\u00f3 que \u00abel competente para resolver una solicitud de traslado de lugar de reclusi\u00f3n a un territorio de un resguardo ind\u00edgena es el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad seg\u00fan corresponda\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el auxilio, porque \u00abes razonable la conclusion de la autoridad judicial en cuanto que el actor no demostr\u00f3 el arraigo a un pueblo ind\u00edgena para tener acceso al beneficio solicitado, ya que nunca expres\u00f3 antes esa condici\u00f3n ni al interior del proceso penal seguido en su contra ni m\u00e1s de una d\u00e9cada despu\u00e9s de la condena y solo lo hiciera una vez que le negaron el traslado que intent\u00f2 previamente a un centro de reclusion militar\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor, adverando que se le est\u00e1n negando sus \u00abderechos a la identidad cultural y proceso resocializador con enfoque diferencial\u00bb, en raz\u00f3n a que no pidi\u00f3 su traslado desde los albores de la causa penal, situaci\u00f3n que constituye \u00abun atentado directo a la libre decisi\u00f3n de guardar silencio\u00bb, adem\u00e1s, \u00abno deja de ser una posici\u00f3n subjetiva, pues la jurisprudencia no exige ni se refiere a que para hacer uso de estos derechos haya un t\u00e9rmino establecido\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, aleg\u00f3 que se est\u00e1 violentando su \u00abderecho a la igualdad\u00bb porque a otros \u00abcomuneros de su misma comunidad\u00bb s\u00ed se les \u00abconcedi\u00f3\u00bb el cambio de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como aspecto preliminar, se precisa que la Corte restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al interlocutorio dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (8 abr. 2022) porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el de primera instancia, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron \u00abel recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
2.- En el sub j\u00fadice, se advierte el fracaso del amparo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo zanjado en primer grado, porque en el pronunciamiento reprochado que \u00abconfirma el auto proferido el 13 de octubre de 2021, por la Juez 28 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, D.C. mediante la cual neg\u00f3 a Rafael Orlando Hu\u00e9rfano Castro el traslado de un establecimiento penitenciario y carcelario a un resguardo ind\u00edgena\u00bb, con el fin de seguir cumpliendo la pena impuesta en su contra, se expusieron las razones para adoptar tal disposici\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, previamente cit\u00f3 el art\u00edculo 7\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia que reconoce y protege la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n, entre ellas las comunidades ind\u00edgenas y el concepto del \u00abfuero indigena\u00bb, para puntualizar que en el caso concreto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es claro para la Sala que las autoridades administrativas del Resguardo Ismuina, en verdad, no logran demostrar la concurrencia del factor subjetivo, pues si bien se aporta una certificaci\u00f3n por parte del Gobernador del Cabildo, Ronaldo Mat\u00edas Hern\u00e1ndez del 04 de junio de 2021, en la que indica que Hu\u00e9rfano Castro pertenece a la comunidad seg\u00fan el censo del a\u00f1o 2021, tambi\u00e9n lo es que no encuentra respaldo en otra documentaci\u00f3n pasible de valor probatorio; m\u00edrese, por ejemplo, el extracto de hoja de vida del aqu\u00ed condenado, que obra en las diligencia, donde se consigna: <\/p>\n
\u201cSe\u00f1or: Sargento Viceprimero Hu\u00e9rfano Castro Rafael Orlando xxx identificado con C.C. xxxxxxx de: Bogot\u00e1 xxxxxxx dado de alta como: agente alumnoxxdesde.09-feb-1987xxxxxxx mediante.OAP 1-048\/1987 retirado: 06-oct.-2007 seg\u00fan:R-0131\/007xxxxxx con el grado de sargento viceprimero xxxxxxxx para efectos: investigaci\u00f3n exp. Disciplinario No2008-12xx xxxx total tiempo de servicios a\u00f1os 21xxx meses 01 xxx d\u00eda 29 xxxxx incluyendo: alta tres meses diferencia a\u00f1o laboral xxxxxx. <\/p>\n
Observaciones: ninguna xxxxxxxxxx\u201d. <\/p>\n
De lo anterior se colige que Hu\u00e9rfano Castro no solo ejerci\u00f3 un cargo p\u00fablico durante m\u00e1s de 21 a\u00f1os, sin que en momento alguno hiciese valer su presunta condici\u00f3n de integrante de la comunidad ind\u00edgena, am\u00e9n que tal informaci\u00f3n tampoco aparece registrada en las observaciones del documento trascrito. Aunado a ello, y como bien lo refiriere la juez de instancia, no se tiene claridad frente a la vinculaci\u00f3n permanente del condenado con la comunidad, al punto que su lugar de nacimiento corresponde a una zona distinta al asentamiento de esta, y sin evidencia de la presunta venia de sus directivas, -del Resguardo Ismuina-, para laborar fuera, o su asistencia a las asambleas programadas por la comunidad encontr\u00e1ndose, no solo ausente mientras perteneci\u00f3 a la Polic\u00eda, sino privado de la libertad despu\u00e9s, como se sabe. <\/p>\n
En tal virtud, los reparos del censor en manera alguna desvirt\u00faan los argumentos del juez de primer grado y, por lo tanto, no es posible dar por acreditado que el se\u00f1or Hu\u00e9rfano Castro ostenta la identidad cultural propia del Resguardo Ind\u00edgena Ismuina del Municipio de Solano \u2013 Caquet\u00e1, y menos que observe cabalmente sus costumbres ancestrales. N\u00f3tese como la certificaci\u00f3n que acredita a aquel como miembro activo en la comunidad se hace con base en un censo del a\u00f1o 2021, y el reconocimiento de esta como Asociaci\u00f3n de Cabildos Uitoto, fue protocolizada a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 096 del 20 de agosto de 2013, sin que, en todo caso, exista registro anterior donde se conozca o reconozca la calidad de integrante del condenado a la aludida comunidad. <\/p>\n
De lo que viene de decirse, se colige, no basta indicar que para el 2021 el condenado se encontraba registrado como ind\u00edgena integrante de la comunidad mencionada -se itera, estando privado de su libertad en centro penitenciario-, dejando de lado la acreditaci\u00f3n que, en verdad, a lo largo de su vida ha existido, de su parte, un arraigado sentido de pertenencia al Resguardo Ind\u00edgena Ismuina compartiendo sus expresiones culturales, costumbres, valores y creencias. Ello implica que la teleolog\u00eda expuesta por la Corte Constitucional para justificar la procedencia del traslado de centro de reclusi\u00f3n deprecado no se verifica [Sentencia T-921 de 2013]\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el quejoso, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021 y STC1648-2022). <\/p>\n
Al respecto, en un caso de parecidos contornos al aqu\u00ed estudiado, esta Sala esboz\u00f3: <\/p>\n
En este contexto, es dable afirmar que la aludida providencia no es antojadiza ni arbitraria, como quiera que obedeci\u00f3, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, y que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del sub lite, en raz\u00f3n a que examin\u00f3 en conjunto y razonablemente los medios suasorios recopilados de cara a los requisitos fijados por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional para acceder al traslado de ind\u00edgenas a sus resguardos para el cumplimiento de las penas impuestas por la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
De ah\u00ed que adopt\u00f3 un criterio objetivo, principalmente porque: a) Campeaban evidencias del desarraigo del accionante con antelaci\u00f3n a la condena impuesta, no obstante que fue incorporado al censo en los a\u00f1os 2015, 2017, 2018 y 2019 se encontraba domiciliado en un lugar diferente al resguardo; b) El promotor no logro demostrar el v\u00ednculo estable y permanente con la comunidad ind\u00edgena; c) tampoco se acredit\u00f3 que el lugar donde ser\u00eda enviado para cumplir la pena garantizar\u00eda su dignidad humana y la vigilancia de su seguridad; y d) El INPEC se\u00f1al\u00f3 que no contaba con los medios de transporte y personal necesario, para realizar visitas peri\u00f3dicas al resguardo ind\u00edgena y revisar la manera en que se estaba ejecutando la pena (CC T-291 de 2013). STC1787-2023. <\/p>\n
4.- En ese orden, se impone refrendar el prove\u00eddo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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