STC4447-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00162-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de abril de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Cencosud Colombia S.A. instaur\u00f3 contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00321. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto el prove\u00eddo emitido el 26 de agosto de 2022 \u00abmediante el cual se neg\u00f3 la solicitud de comparecencia del perito a audiencia\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que en el ejecutivo singular que Compumax Computers S.A.S. inco\u00f3 en su contra, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga decret\u00f3 prueba de oficio consistente en la designaci\u00f3n de un perito contador que rindiera un informe \u201ccon base en la contabilidad que en debida forma llev[aran] las entidades\u2026\u201d (18 mar. 2021) \u2013rad. 2013-00321- <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el profesional nombrado alleg\u00f3 el dictamen (1\u00b0 jul 2022) y en atenci\u00f3n a que \u201cla prueba fue decretada en vigencia\u201d del C\u00f3digo General del Proceso, solicit\u00f3 la comparecencia del auxiliar de la justicia a una audiencia para la respectiva contradicci\u00f3n, pero el estrado querellado desestim\u00f3 la rogativa, tras precisar que \u201cla contradicci\u00f3n del dictamen (\u2026) deb\u00eda cumplirse bajo las disposiciones del art\u00edculo 238 y siguientes del C.P.C.\u201d (26 ag. 2022). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que recurri\u00f3 la anterior decisi\u00f3n \u201cteniendo como fundamento lo consagrado en el art\u00edculo 625, numeral 5\u00b0 del C.G.P.\u201d, pero el iudex acusado la mantuvo inc\u00f3lume (27 mar. 2023). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregulares las \u00faltimas determinaciones, en tanto, el juzgador convocado interpret\u00f3 indebidamente el estatuto procesal respecto del tr\u00e1nsito legislativo de los compulsivos y la prueba que \u201cdecret\u00f3 de oficio\u201d fue en \u201cvigencia del C.G.P.\u201d. Adem\u00e1s, tampoco \u201csustent[\u00f3] su posici\u00f3n en un [precedente] que no guarda relaci\u00f3n alguna con el fundamento f\u00e1ctico bajo estudio, corresponde a una interpretaci\u00f3n obsoleta y prematura realizada al CGP cuando ten\u00eda apenas una vigencia de 4 meses, contrar\u00eda la doctrina probable que ha seguido la Corte Suprema de Justicia de manera ininterrumpida y es abiertamente contrario a lo taxativamente indicado por el legislador\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga asever\u00f3 que, si bien el C\u00f3digo de Procedimiento Civil se encuentra derogado, \u201clos procesos ejecutivos que, para cuando entr\u00f3 en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso, ya hab\u00eda precluido el traslado para proponer excepciones \u2013 como ocurre en el caso de marras-, deben continuar tramit\u00e1ndose a la luz de las normas de la primera dichas codificaciones, (\u2026) hasta que se profiera sentencia\u201d. De modo que, resalt\u00f3, la gestora \u201cdesconoce no solo el tipo de proceso (\u2026), sino adem\u00e1s el estado en el que se encontraba para cuando entr\u00f3 en vigencia el C.G.P.\u201d. <\/p>\n
Compumax Computers S.A.S. se opuso a la salvaguarda, porque \u201cla interpretaci\u00f3n de las normas efectuada por la operadora judicial en las actuaciones que originaron el tr\u00e1mite ha sido acertada\u201d, aunado a que, si la petente ten\u00eda \u201cduda\u201d frente a la norma que se aplic\u00f3 en la providencia de 1\u00b0 de julio de 2022 que puso en conocimiento el \u201cdictamen\u201d, le incumb\u00eda interponer los recursos de ley \u201ccosa que no ocurri\u00f3 y por el contrario solicit\u00f3 la comparecencia del perito a audiencia errando en el procedimiento a seguir\u201d. Agreg\u00f3 que \u201cllama la atenci\u00f3n por qu\u00e9 s\u00f3lo hasta ese momento la demandada recurri\u00f3 a las disposiciones inmersas en la Ley 1564 de 2012 y no las adujo en las pruebas que con anterioridad de practicaron a la luz del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como si se tratara (\u2026) de una maniobra dilatoria\u201d. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bucaramanga concedi\u00f3 el auxilio, tras colegir que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no cabe duda que la contradicci\u00f3n del dictamen pericial decretado en auto del 18 de marzo de 2021 debe agotarse al tenor de la nueva codificaci\u00f3n, sin que sea de recibo para la sala el argumento esgrimido por la juez repelida, seg\u00fan el cual es inviable dar aplicaci\u00f3n al estatuto procesal vigente por tratarse de un proceso ejecutivo sin sentencia; por la pot\u00edsima raz\u00f3n que, se itera, los aspectos relacionados con los medios suasorios escapan a la regla especial del numeral 4 del art\u00edculo 625, pues su decreto, pr\u00e1ctica y escrutinio se somete al haz de la normatividad vigente de manera inmediata, y con mayores veras debe seguir el mismo cauce la contradicci\u00f3n de la misma, aun cuando se trate de actuaciones distintas la pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de la prueba, no otra puede ser la inteligencia de la norma; sin que tal interpretaci\u00f3n comporte el desconocimiento de los derechos de las partes ni promueva la inseguridad jur\u00eddica como t\u00edmidamente apunt\u00f3 la juez de conocimiento. <\/p>\n
\u00abCierto es que en este juicio el 1\u00b0 de enero del a\u00f1o 2016, fecha en que entr\u00f3 a regir el C.G. del P. en todo el territorio colombiano, hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino que ten\u00eda la ejecutada para proponer excepciones, de modo que el juicio debe sujetarse al procedimiento contemplado en C. de P.C. hasta que se defina la instancia. Empero, para los fines de esta providencia es preciso acudir al numeral 5 del canon comentado que ense\u00f1a: <\/p>\n
\u201cNo obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones\u201d. <\/p>\n
Vistas las cosas de ese modo, resulta palmario que en trat\u00e1ndose del decreto y pr\u00e1ctica de pruebas la codificaci\u00f3n vigente al momento en que se surte la actuaci\u00f3n impera por as\u00ed disponerlo la ley. Conviene precisar que el rito de estas actuaciones escapa a la norma especial contenida en el numeral 4 arriba trascrito, por lo que se trata de un aspecto que el legislador disciplin\u00f3 de forma general y que se acompasa con la regla 624 de la misma codificaci\u00f3n que modific\u00f3 el art. 40 de la Ley 153 de 1887\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, mand\u00f3 que: \u00abdentro de los 5 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto el auto del 26 de agosto de 2022 y los pronunciamientos que de este dependan, y convoque a las partes a audiencia para agotar la actividad prevista en el art\u00edculo 231 del C.G. del P\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, por cuanto, \u00aben [su] criterio (\u2026), la contradicci\u00f3n del dictamen debe realizarse a la luz de lo dispuesto (\u2026) en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, comoquiera que avalar la tesis del a quo constitucional, implicar\u00eda \u00abmezclar en el mismo escenario judicial dos codificaciones procesales, lo que atentar\u00eda con el m\u00ednimo de seguridad o certeza jur\u00eddica que debe acompa\u00f1ar la sustanciaci\u00f3n de los litigios\u00bb y, con ese raciocinio, reiter\u00f3, no es viable atender el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 \u00eddem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cencosud Colombia S.A. reprocha la actuaci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga por medio de la cual le impidi\u00f3 contradecir el \u00abdictamen\u00bb que \u00abdecret\u00f3 de oficio\u00bb, de acuerdo con las reglas contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso \u2013art\u00edculos 230 y 231-, al exponerle que el ejecutivo adelantado en su contra (rad. 2013-00321), a la fecha, se encuentra gobernado por las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- No obstante, de la revisi\u00f3n del material suasorio que reposa en el dossier, se anuncia el fracaso del socorro y, por ende, la infirmaci\u00f3n del veredicto opugnado, toda vez que no se satisface el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto, se verific\u00f3 que el interlocutorio dictado el 18 de marzo de 2021 por el despacho reprochado, en el que, en ejercicio de la facultad contemplada en el art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abdecret[\u00f3] de oficio la prueba [de un] perito contador\u00bb con el objetivo de que presentara un \u00abinforme (\u2026) con base en la contabilidad que en debida forma llev[aran] las entidades (\u2026)\u00bb -notificada al d\u00eda siguiente en estado n\u00b0 042- y, el expedido el 1\u00b0 de julio de 2022, que puso en conocimiento de las partes por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas la experticia \u00abpara los fines establecidos en el art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb -notificada el 5 de julio de 2022 en estado n\u00b0 102-, quedaron en firme en raz\u00f3n a que no fueron refutados por la quejosa dentro del lapso para ello. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, frente a ellos, proced\u00eda el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb al tenor del art\u00edculo 348 del otrora estatuto procesal civil, mecanismo que resultaba id\u00f3neo para exhibir las inconformidades relacionadas con la falta de aplicaci\u00f3n de la norma actual y del tr\u00e1nsito legislativo que procur\u00f3 a trav\u00e9s de este sendero excepcional. <\/p>\n
3.- Con ese comportamiento, la impulsora desaprovech\u00f3 la posibilidad que la legislaci\u00f3n adjetiva concede para rebatir los desconciertos que muestra en \u00abtutela\u00bb. De ah\u00ed que, no puede valerse de esta especial v\u00eda para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, ya que era la Lid el escenario apto en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas que invoca, debido al car\u00e1cter residual de la ayuda supralegal. <\/p>\n
Acerca de ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, <\/p>\n
[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991. (ver entre otras STC1284-2023). <\/p>\n
Igualmente, ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC13158-2021, STC14002-2022 y STC3119-2023). <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta inviable el examen de fondo de la contienda sometida a escrutinio de esta Corporaci\u00f3n, ya que la ausencia de ese requisito general de procedibilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
4.- Con base en lo discurrido, se invalidar\u00e1 el prove\u00eddo rebatido, para declarar improcedente la demanda instada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela promovida por Cencosud Colombia S.A. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
Por tanto, se deja sin efecto la gesti\u00f3n que se hubiera desplegado en acatamiento del fallo de primera instancia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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