STC4450-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4450-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01629-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Zulay D\u00edaz Bedoya contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, y los intervinientes en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00ba 2020-00179. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, a continuaci\u00f3n de la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso, se inici\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal con Wilton Alexander Restrepo Henao en el Juzgado Quinto de Familia de Medell\u00edn, despacho que, el 10 de septiembre de 2021 dio inici\u00f3 a la audiencia de inventarios y al tr\u00e1mite de las objeciones respectivas. <\/p>\n
Relata que alleg\u00f3 unas pruebas que el juez, pese a que las mencion\u00f3 en la diligencia, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno en torno a indicar si las admit\u00eda, decretaba o rechazaba; as\u00ed mismo, resolvi\u00f3 no incluir en la liquidaci\u00f3n una empresa que aparentemente habr\u00eda conformado su exc\u00f3nyuge, Wilton Alexander, con Juli\u00e1n P\u00e9rez, \u00absociedad con miras a la compra y mejora de viviendas\u00bb. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, destaca, los apoderados de ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, ella como demandante, \u00abrespecto a la no inclusi\u00f3n de las partidas 9\u00aa, 10\u00aa y 11\u00aa, relacionadas con las mejoras del piso 401 y 501 con sus accesiones, es decir, con los arriendos causados [\u2026] y respecto de la no inclusi\u00f3n de la suma de $120\u2019000.000., en el haber relativo [\u2026] el demandado, apela en relaci\u00f3n a la exclusi\u00f3n de los 120 millones, respecto del haber absoluto de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, en sede apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala de Familia (unitaria) \u2013 auto de 24 de marzo de 2023 \u2013, \u00abconsider\u00f3 que no era pertinente valorar las pruebas aportadas 5 d\u00edas antes de la audiencia de continuaci\u00f3n de la diligencia de inventario, por considerar que las mismas eran contrarias a lo preceptuado en el art\u00edculo 501 numeral 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, que no fueron solicitadas por el se\u00f1or Juez\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona especialmente lo resuelto por el ad quem, y lo acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues supuestamente no valor\u00f3 la totalidad del acervo probatorio. Critica tambi\u00e9n que el tribunal haya modificado lo definido respecto a la suma de los $120\u00b4000.000 objetada, indicando que deb\u00eda ser ingresada al haber de la sociedad conyugal \u00abindependiente que la misma se est\u00e9 debatiendo en otro proceso, sin embargo, no la reconoce para el haber absoluto solicitado por los demandados\u00bb. <\/p>\n
Sostiene asimismo que, la providencia careci\u00f3 de motivaci\u00f3n por falta de valoraci\u00f3n de todo el recaudo y que no resolvi\u00f3 sobre todos los reparos expuestos en la alzada, pues no se detuvo en precisar si el juez de primer grado \u00abvalor\u00f3 o no indebidamente las pruebas aportadas al no poder extraer de ellas el conocimiento que le permitiera corroborar si el demandado aport\u00f3 dinero o no en las construcciones realizadas y que son objeto de debate; no indic\u00f3 si el concepto de mejoras del fallador contradice o no, el concepto establecido en la ley, espec\u00edficamente en lo relacionado con el art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil y finalmente, no indic\u00f3 si conforme a todas las pruebas, ten\u00eda raz\u00f3n el fallador al excluir las partidas objetadas\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, la colegiatura acusada no procedi\u00f3 correctamente al excluir del an\u00e1lisis unas pruebas aportadas oportunamente, \u00abcontrariando lo establecido en las normas procesales, 136 numerales 1, 2 y 4 del C\u00f3digo General del Proceso [\u2026] el aporte adicional e indebido de pruebas en que incurrimos ambas partes, pudo haber sido alegado por cualquiera de los sujetos procesales y no lo hicimos, pues actuamos bajo la convicci\u00f3n errada e invencible que, seg\u00fan la manifestaci\u00f3n del despacho de primera instancia, pod\u00edamos hacerlo, con lo cual, convalidamos la actuaci\u00f3n realizada\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, reprocha que haya sido desestimado el testimonio de Damaris D\u00edaz Bedoya, ya que no exist\u00eda motivo alguno para prescindir de \u00e9l, siendo aqu\u00e9l importante para establecer que su exc\u00f3nyuge \u00abs\u00ed aport\u00f3 dinero en la sociedad constituida con el se\u00f1or Juli\u00e1n P\u00e9rez\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se deje sin efecto el auto proferido por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala de Familia el 24 de marzo de 2023, se disponga su revisi\u00f3n, y se ordene \u00ab(\u2026) la emisi\u00f3n de un nuevo fallo que garantice el estudio completo de todo el acervo probatorio aportado o mediante la declaraci\u00f3n de nulidad de lo actuado, por falta de pronunciamiento del a quo, respecto de las pruebas ingresadas antes a la diligencia de objeci\u00f3n de inventarios (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar (inform\u00f3 que la magistrada ponente de la decisi\u00f3n recriminada se encontraba con permiso justificado), aport\u00f3 copia digital de la providencia atacada y del tr\u00e1mite de su notificaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por la quejosa dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que promovi\u00f3 contra su exc\u00f3nyuge Wilton Alexander Restrepo Henao (radicado n\u00ba 2020-00179) al, resolver en segunda instancia la apelaci\u00f3n formulada contra la decisi\u00f3n del a quo en relaci\u00f3n con el inventario y las objeciones presentadas contra el mismo \u2013 auto de 24 de marzo de 2023 \u2013, incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, especialmente por, supuestamente, omitir valorar la totalidad del acervo probatorio. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la magistratura convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la funcionaria accionada delimit\u00f3 los aspectos en que centrar\u00eda su an\u00e1lisis, as\u00ed como las pruebas que har\u00edan parte del mismo de acuerdo a la tempestividad de su presentaci\u00f3n, precisando al respecto que ser\u00edan desechadas aqu\u00e9llas no pedidas oportunamente ni decretadas por el a quo. <\/p>\n
De esta forma, se detuvo en el examen de las declaraciones rendidas por la demandante Carmen Zulay D\u00edaz Bedoya, el demandado Wilton Alexander Restrepo Henao, de Juli\u00e1n P\u00e9rez Zapata y Martha Viviana Mazo Hoyos, siendo desestimada la de Damaris D\u00edaz Bedoya (testigo de la demandante) en raz\u00f3n a que, por fallas t\u00e9cnicas al momento de su recepci\u00f3n, el juez la cancel\u00f3 y se abstuvo de continuar escuch\u00e1ndola, decisi\u00f3n que no fue impugnada por ninguna de las partes). Y, en lo que a documentales se refiere, tuvo en cuenta el escrito privado aportado por la accionante que da cuenta de una \u00abrelaci\u00f3n de cuentas presentada por Julian P\u00e9rez a Wilton Restrepo, sustentando la los ingresos recibidos por la venta del apartamento 201, el saldo transferido a la cuenta del destinatario y los pendientes para pr\u00f3ximas liquidaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Conforme al material evaluado, estableci\u00f3 que los reparos de la demandante no pod\u00edan prosperar dado que, en primer t\u00e9rmino, no hall\u00f3 probado que el demandado ejerciera el 100% de la posesi\u00f3n sobre los apartamentos 401 y 501 del \u00abedificio P\u00e9rez Zapata PH\u00bb; y, si bien la aqu\u00ed tutelante, entre otros documentos, aport\u00f3 a la actuaci\u00f3n la escritura p\u00fablica n\u00ba 5200 de 27 de junio de 2016 de la notar\u00eda 18 del c\u00edrculo de Medell\u00edn, <\/p>\n
\u00abno refut\u00f3 lo consignado en dicho documento p\u00fablico sobre la propiedad de las \u201cmejoras\u201d existentes en los pisos 4\u00ba y 5\u00ba del edificio P\u00e9rez Zapata y esto contradice su afirmaci\u00f3n que el demandado ejerce el cien por ciento de la posesi\u00f3n material sobre los apartamentos 401 y 501 y la testigo Martha Viviana Mazo Hoyos, escuchada por petici\u00f3n de la actora para demostrar la posesi\u00f3n referida dijo que por comentarios del demandado se enter\u00f3 de que esos apartamentos fueron fruto de una sociedad entre \u00e9l y otra persona, su c\u00f3nyuge y un cu\u00f1ado compraron el ubicado en el primer piso, Juli\u00e1n P\u00e9rez Zapata firm\u00f3 la promesa de compraventa y la escritura, se pasaron a vivir al inmueble en el 2015, los ubicados en los tres primeros pisos se vendieron, el cuarto esta arrendado y en el quinto vive el accionado y \u201chasta donde conoci\u00f3 era de \u00e9l y Zulay\u201d y en ese edificio no celebran asambleas de copropietarios, afirmaci\u00f3n \u00e9sta \u00faltima contraria a lo consignado en la escritura p\u00fablica referida\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, de las afirmaciones de la querellante en torno a que su exc\u00f3nyuge junto a su socio P\u00e9rez Zapata, adquiri\u00f3 por compraventa una casa de dos plantas, que luego demolieron y construyeron el edificio que lleva los apellidos de este \u00faltimo, contrastadas con los dichos del propio Wilton Alexander quien asegura que habita en ese inmueble en calidad de arrendatario, destac\u00f3 el tribunal que, de conformidad con el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Carmen Zulay D\u00edaz Bedoya ten\u00eda la carga de la prueba sobre que Wilton Alexander Restrepo Henao ejerce el cien por ciento de la posesi\u00f3n sobre los apartamentos 401 y 501 del Edificio P\u00e9rez Zapata PH, lo que significa que al no acreditarse no puede alcanzar el efecto jur\u00eddico que persigue, consistente en que esa posesi\u00f3n forme parte del activo social inventariado en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que se form\u00f3 entre ellos. <\/p>\n
Es que seg\u00fan el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil para dar por probada la posesi\u00f3n que ella alega es necesario evidenciar que \u00e9l ostenta la tenencia material de dichos bienes con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sin reconocer dominio ajeno, elemento \u00e9ste \u00faltimo que desconoci\u00f3 y si bien es cierto que la testigo Martha Viviana Mazo Hoyos asever\u00f3 que \u201chasta donde conoci\u00f3 el demandado y Zulay eran los propietarios del apartamento 501 y que ah\u00ed viv\u00edan\u201d, tambi\u00e9n lo es que no explic\u00f3 la ciencia de ese dicho y las circunstancias de tiempo, modo y lugar como conoci\u00f3 el hecho de que da cuenta, raz\u00f3n por la que con base en \u00e9l no se puede tener como acreditada la posesi\u00f3n alegada, m\u00e1xime que la demandante aport\u00f3 escritura p\u00fablica que da cuenta de que los otros copropietarios del Edificio P\u00e9rez Zapata PH reconocen que Juli\u00e1n P\u00e9rez Zapata es el propietario de las mejoras existentes en los pisos 4\u00ba y 5\u00ba de \u00e9ste. <\/p>\n
No se alleg\u00f3 ninguna prueba que evidencie que Wilton Alexander Restrepo Henao fue arrendador del apartamento 401 del Edificio P\u00e9rez Zapata PH durante 2 a\u00f1os y ostenta esa misma calidad respecto de 2 habitaciones del apartamento 501 de esa misma unidad residencial, raz\u00f3n por la que ninguna base probatoria permite aseverar que durante el tiempo indicado \u00e9l percibi\u00f3 c\u00e1nones de arrendamiento del primero equivalentes a $26.400.000 y de las \u00faltimas de $1.100.000 mensuales equivalentes en el a\u00f1o a $13.200.000 y menos que acredite que dichas sumas exist\u00edan al disolverse la sociedad conyugal y, por ende, formaban su haber\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La demandante cuando interpuso el recurso de apelaci\u00f3n impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de excluir del inventario y los aval\u00faos la partida que denunci\u00f3 como del haber social relativo y al pronunciarse sobre la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandado solicit\u00f3, en forma principal, que no se modifique, con fundamento en que la situaci\u00f3n del cr\u00e9dito entre ellos fue definida por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, Antioquia y, subsidiariamente, que si se cambia se tenga esa partida como de dicho haber porque corresponde al producto de la venta de un bien propio de ella\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tras rese\u00f1ar lo previsto en los art\u00edculos 1781, numeral 3\u00ba, 1797 y 1789 inciso 1\u00ba del C\u00f3digo Civil, y los pronunciamientos de esta Sala en relaci\u00f3n con el tema, dilucid\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Carmen Zulay D\u00edaz Bedoya y Wilton Alexander Restrepo Henao no discuten que la primera vendi\u00f3 un bien inmueble propio por $120.000.000, ese precio no lo invirti\u00f3 para subrogar otro bien a ese y se lo prest\u00f3 al segundo; su discusi\u00f3n se centra en si el producto de esa venta forma el haber absoluto o relativo de la sociedad conyugal que se form\u00f3 entre ellos, se disolvi\u00f3 y est\u00e1n liquidando, dicho en otros t\u00e9rminos, si \u00e9sta le debe o no a la c\u00f3nyuge vendedora la cantidad de dinero por la que enajen\u00f3 el bien de su haber personal y se resuelve concordando y aplicando las normas que regulan el haber social y la situaci\u00f3n patrimonial de los consortes para efectos de la liquidaci\u00f3n de dicha sociedad, principalmente las anteriormente transcritos, con el auxilio de la jurisprudencia como lo permite el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Al concordar y aplicar las normas transcritas se concluye que durante el matrimonio que contrajo con Wilton Alexander Restrepo Henao por la venta de un bien inmueble propio Carmen Zulay D\u00edaz Bedoya adquiri\u00f3 $120.000.000, no los invirti\u00f3 en la subrogaci\u00f3n de otro bien al anterior y se los prest\u00f3 a \u00e9l haci\u00e9ndolo constar en letra de cambio a favor de ella y a cargo de \u00e9l que cobr\u00f3 ejecutivamente, raz\u00f3n por la que conforman el haber relativo de la sociedad conyugal que se form\u00f3 entre ellos, se disolvi\u00f3 y est\u00e1n liquidando, porque \u00e9sta se los debe a ella y no puede ser de otra manera que a t\u00edtulo de recompensa y el que la situaci\u00f3n del cr\u00e9dito entre ellos fue definida por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, Antioquia, no muta la calidad de haber social relativo de esa partida sea cual sea el c\u00f3nyuge que la tenga, la cual debe refulgir al hacer la partici\u00f3n para hacer los ajustes patrimoniales correspondientes y no propiciar enriquecimiento sin causa de la sociedad o de los ex c\u00f3nyuges, siendo pertinente decir que precisamente el argumento expuesto por Wilton Alexander Restrepo Henao para impetrar la calificaci\u00f3n de la partida aludida como haber social absoluto, consistente en que no hubo subrogaci\u00f3n, es el que soporta su clasificaci\u00f3n como haber social relativo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, dispuso modificar ese \u00faltimo punto de la decisi\u00f3n, pero confirmar en lo dem\u00e1s, esto es, el \u00e9xito de las objeciones formuladas contra el inventario de la demandante por parte de Wilton Alexander Restrepo Henao. <\/p>\n
3.2. Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela de la actora es el de recurrir a esta v\u00eda para anteponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el hecho de que la precursora del auxilio disienta de la postura que ataca no necesariamente abre camino a la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente el simple disenso, sino que es necesario que la decisi\u00f3n est\u00e9 afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal tutelado apreci\u00f3 la controversia y concluy\u00f3 que lo resuelto por el a quo, quien realiz\u00f3 varias exclusiones al inventario presentado por la demandante atendiendo las objeciones formuladas por su contraparte, se encontraba ajustado a derecho y conforme a lo probado v\u00e1lidamente en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, aunque la accionante se ocup\u00f3 de se\u00f1alar varios \u00abyerros\u00bb que en su concepto cometi\u00f3 la Sala tutelada en sede de apelaci\u00f3n al valorar cada una de las pruebas practicadas, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en ese escenario; es decir, lo que contienen sus argumentos es un nuevo recurso, utilizando la tutela como una instancia adicional, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que aqu\u00ed no se present\u00f3. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, en principio, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la corporaci\u00f3n accionada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4450-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4450-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01629-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Zulay D\u00edaz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73226","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73226","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73226"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73226\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}