STC4453-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4453-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01426-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce, junto con sus padres, inici\u00f3 verbal contra la Universidad Cooperativa de Colombia y Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez \u2013\u00faltimo aqu\u00ed libelista\u2013, con el prop\u00f3sito de que se les declarara civil y solidariamente responsables por los da\u00f1os causados, en virtud del acoso sexual infligido por parte del mencionado1, quien se habr\u00eda prevalido de su poder como docente de la Facultad de Medicina de esa instituci\u00f3n, frente a la v\u00edctima, quien para la \u00e9poca detentaba la condici\u00f3n de estudiante; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, quien accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
2.2. Inconformes las partes2 y, en especial, los integrantes de la pasiva \u2013dentro de los cuales est\u00e1 el aqu\u00ed actor\u2013, recurrieron en apelaci\u00f3n, tras considerar, en t\u00e9rminos generales, que: (i) no se acreditaron los presupuestos de la responsabilidad endilgada; (ii) no se pod\u00edan valorar las grabaciones aportadas en el proceso, por constituir prueba il\u00edcita, al no mediar autorizaci\u00f3n para la recolecci\u00f3n \u2013y, con ello, desconocer la intimidad\u2013; aunado a que (iii) los presuntos hechos no habr\u00edan acaecido en desarrollo de actividades acad\u00e9micas, por lo que no se le pod\u00eda imputar el da\u00f1o a la universidad, entre otros aspectos; pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y la modific\u00f3 en un ordinal, para disponer: <\/p>\n
\u00abTercero: Acceder a la reparaci\u00f3n simb\u00f3lica solicitada en la demanda y, en procura de ello, se ordena a la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto que, en el marco de la conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Internacional de la Mujer que se llevar\u00e1 a cabo el d\u00eda 8 de marzo de 2023, se organice una conferencia o conversatorio acerca de las conductas que atenten contra la dignidad e integridad de la mujer al interior de las instituciones educativas, incluyendo imprescindiblemente como tem\u00e1tica qu\u00e9 hacer ante ello, entre los dem\u00e1s puntos que se deseen abarcar. Adem\u00e1s, en dicho programa, se incluir\u00eda un acto especial en el que la Universidad Cooperativa de Colombia exalte la valent\u00eda que tuvo la estudiante para presentar la queja\u00bb. <\/p>\n
2.3. Lo anterior, porque, aunado a que no se controvirti\u00f3 el acto constitutivo de acoso sexual denunciado en el proceso, \u00ablas reglas de la experiencia indican que la relaci\u00f3n entre un docente y un alumno siempre estar\u00e1 medida por una marcada subordinaci\u00f3n, sin importar que el pedagogo sea directamente orientador del dicente como acontece en este caso, dado que el profesor representa a la instituci\u00f3n y hace parte de un cuerpo docente al interior del cual, se asume, existe una relaci\u00f3n constante y directa con el dem\u00e1s miembros, m\u00e1xime si hacen parte de un mismo gremio, como es el de los galenos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, a juicio del tutelante, lo acontecido en el sub-lite es irregular \u2013desde sus inicios, recalcando que \u00abla demanda cumple el mes entrante 13 a\u00f1os desde el supuesto hecho de acoso sexual y \u00e9ste solo fue demandado ocho a\u00f1os despu\u00e9s, de 1972, a\u00f1o del relacionado hecho y a\u00f1o 2.000, a\u00f1o de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb\u2013, comoquiera que se profirieron las anotadas providencias condenatorias en materia civil, aun cuando la justicia penal hab\u00eda declarado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, con lo que se incurri\u00f3 en varias causales espec\u00edficas de viabilidad del amparo; en especial, por la inadecuada valoraci\u00f3n probatoria y las deficiencias en la motivaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, \u00abse conceda el amparo constitucional por medio de esta Acci\u00f3n de Tutela en el sentido que el proceso de la referencia y las sentencias incumplieron el debido proceso y los otros derechos fundamentales consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y por ello se adopte a juicio de la Honorable Corte Suprema de Justicia los correctivos del caso, inclusive hasta llegar a la nulidad total del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado a quo relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el verbal y destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n dictada contiene los argumentos con base en los cuales se tomaron estas determinaciones, por ello, me permito solicitar se tenga en cuenta lo all\u00ed expuesto\u00bb. <\/p>\n
2. Quien fungi\u00f3 como apoderado judicial del aqu\u00ed actor en el proceso auscultado coadyuv\u00f3 el petitum. <\/p>\n
3. La Universidad Cooperativa de Colombia se limit\u00f3 a agregar que \u00abla eventual vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que aduce el actor deber\u00e1 ser aclarados por las instancias judiciales que tuvieron conocimiento del proceso, sin que en ello la Universidad Cooperativa de Colombia cuente con competencia para intervenir\u00bb. <\/p>\n
4. La magistrada ponente de la providencia cuestionada se opuso a la prosperidad del amparo, aduciendo, en s\u00edntesis, que \u00aben la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de diciembre de 2022 est\u00e1n plasmadas la valoraci\u00f3n probatoria y las consideraciones de orden legal y jurisprudencial que condujeron a revocar y modificar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, en el que se hab\u00eda resuelto declarar civil y solidariamente responsables a los demandados, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual (\u2026). En su momento, la Sala determin\u00f3 modificar y revocar el fallo impugnado, en el sentido de reconocer a la parte actora los perjuicios materiales y la reparaci\u00f3n simb\u00f3lica pretendidos, confirmando en los dem\u00e1s la providencia, tras estudiar cada uno de los reparos expuestos por los recurrentes\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, reliev\u00f3 que, en atenci\u00f3n al deber de abordar el estudio del caso con perspectiva de g\u00e9nero, \u00abse determin\u00f3 que las grabaciones aportadas con la demanda no pueden ser calificadas como prueba il\u00edcita porque, estando comprometida la intimidad y la dignidad personal de Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce, mujer que habr\u00eda sido presuntamente v\u00edctima de acoso sexual y, cont\u00e1ndose con su autorizaci\u00f3n como interviniente en la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica finalmente grabada, se infiere que resultaba factible su aportaci\u00f3n al proceso con fines probatorios. Aunado a que, constituyendo una prueba documental en t\u00e9rminos del art. 243 del C\u00f3digo General del Proceso, no fueron tachadas de falsas por el demandado en la contestaci\u00f3n de la demanda, como lo autoriza el art. 269 de la misma obra y siendo as\u00ed, se presumen aut\u00e9nticos por disposici\u00f3n del art. 244 num. 2\u00b0\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esgrimi\u00f3 como soporte de la determinaci\u00f3n que, \u00abrespecto al reparo de que no exist\u00eda relaci\u00f3n subordinante entre el se\u00f1or Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez y la demandante, se estableci\u00f3 que las reglas de la experiencia indican que la relaci\u00f3n entre un docente y un alumno siempre estar\u00e1 medida por una marcada subordinaci\u00f3n, sin importar que el pedagogo sea directamente orientador del dicente como acontece en este caso, dado que el profesor representa a la instituci\u00f3n y hace parte de un cuerpo docente al interior del cual, se asume, existe una relaci\u00f3n constante y directa con el dem\u00e1s miembros, m\u00e1xime si hacen parte de un mismo gremio, como es el de los galenos. Adem\u00e1s, otorgando respuesta a la manifestaci\u00f3n del demandado Matta Rodr\u00edguez en relaci\u00f3n con el trato que le hubiere otorgado la demandante Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce, se indic\u00f3 que m\u00e1s all\u00e1 de la forma en que se hubiere dirigido a quien fuera su profesor, tal actitud no pod\u00eda bajo ning\u00fan punto de vista entenderse como una invitaci\u00f3n a recibir insinuaciones como las que hizo el se\u00f1or Leonardo Antonio\u00bb. <\/p>\n
5. Quien dijo ser el apoderado de la parte actora en la causa que se ausculta tambi\u00e9n pidi\u00f3 desestimar el amparo, porque \u00abal formular la demanda, al contestar las excepciones, en alegatos de conclusi\u00f3n y al descorrer la apelaci\u00f3n, se expuso en extenso el precedente jurisprudencial de la validez de las grabaciones en presencia de un il\u00edcito. El precedente es amplio, claro, estable y no se ha modificado, raz\u00f3n por la cual, deber\u00e1 estarse a ello en cuanto a la validez y discusi\u00f3n de los audios que son prueba amplia y suficiente de la conducta reprochable del condenado en sus invitaciones a negociar notas a un motel con su alumna\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, anot\u00f3 que \u00ab un acto caracterizado por el respeto, por la dignidad de mis representados, por el enfoque absolutamente acad\u00e9mico, la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, con la presencia del se\u00f1or Rector de la sede, doctor VICTOR HUGO VILLOTA, present\u00f3 disculpas p\u00fablicas en una conferencia donde se sensibiliz\u00f3 sobre la problem\u00e1tica, se expresaron las rutas de atenci\u00f3n para los estudiantes y funcionarios, se manifest\u00f3 de manera clara y radical el compromiso de la universidad y del doctor Villota en las garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los pronunciamientos de 7 de octubre de 2021 y 14 de diciembre de 2022, proferidos por los despachos denunciados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar.). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirm\u00f3 la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual por los presuntos actos de acoso sexual que el aqu\u00ed actor habr\u00eda perpetrado frente a una estudiante \u2013para la \u00e9poca de los hechos\u2013, en su condici\u00f3n de docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia \u2013sede de la aludida ciudad\u2013, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, sobre el reparo frente a la valoraci\u00f3n de las grabaciones aportadas en el tr\u00e1mite, el ad quem anot\u00f3, inicialmente, que \u00abciertamente las grabaciones aportadas con el libelo genitor se podr\u00edan calificar de il\u00edcitas, al tocar con la intimidad del se\u00f1or Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez y no apreciarse que hubiere mediado una autorizaci\u00f3n de su parte al respecto. Empero, estando comprometida tambi\u00e9n la intimidad y la dignidad personal de Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce, mujer que habr\u00eda sido presuntamente v\u00edctima de acoso sexual y, cont\u00e1ndose con su autorizaci\u00f3n como interviniente en la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica finalmente grabada, como adujo su padre el se\u00f1or Javier Guillermo Enr\u00edquez Zambrano en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 (minuto 01:00:13 de la grabaci\u00f3n) se infiere que resultaba factible su aportaci\u00f3n al proceso con fines probatorios\u00bb. <\/p>\n
Sobre esa base, adujo que fue acertado el acercamiento que se efectu\u00f3 a la causa con perspectiva de g\u00e9nero, desde la primera instancia, dadas las especiales particularidades del sub-ex\u00e1mine, en tanto que \u00abno puede pasar por alto la Sala que las grabaciones aportadas con la demanda, constituyendo una prueba documental en t\u00e9rminos del art. 243 del C\u00f3digo General del Proceso, no fueron tachadas de falsas por el demandado en la contestaci\u00f3n de la demanda, como lo autoriza el art. 269 de la misma obra y siendo as\u00ed, se presumen aut\u00e9nticos por disposici\u00f3n del art. 244 num. 2\u00b0. Por ende, puede tenerse por demostrado que el demandado particip\u00f3 de la conversaci\u00f3n telef\u00f3nica contenida en las grabaciones aportadas por la actora\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en lo atinente al embate consistente en que no se configur\u00f3 el denunciado acoso sexual porque no fue \u00abreiterativo e insistente\u00bb, el ad quem reliev\u00f3 que \u00abno estamos trasegando un proceso penal en el que se estudie la consumaci\u00f3n de un delito, sino un asunto civil en el que se analiza la responsabilidad que le compete al se\u00f1or Matta Rodr\u00edguez por una conducta de connotaci\u00f3n sexual que a la postre ocasion\u00f3 perjuicios de \u00edndole patrimonial y extrapatrimonial cuya indemnizaci\u00f3n se pretende, no olvidando que el mismo fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal precisa \u201c[D]esde luego, es posible advertir que el bien jur\u00eddico tutelado \u2013libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales-, puede verse afectado con un solo acto, manifestaci\u00f3n o roce f\u00edsico, pero se entiende que para evitar equ\u00edvocos el legislador, dado que aplic\u00f3 un criterio bastante expansivo de la conducta, estim\u00f3 prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y as\u00ed lo plasm\u00f3 en la norma con la delimitaci\u00f3n de dichos verbos rectores, compatibles con la noci\u00f3n de acoso.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que, \u00abseg\u00fan el precedente l\u00edneas atr\u00e1s expuesto, para identificar si el asunto se debe tratar desde una \u00f3ptica de g\u00e9nero, debe analizarse si en el asunto se evidencia: \u201c(i) una situaci\u00f3n de asimetr\u00edas de poder entre los roles de g\u00e9nero identificables, (ii) patrones o actos de violencia, incluso s\u00ed solo ocurre una vez y (iii) que la causa jur\u00eddica que se discute tiene conexi\u00f3n causal con la violencia que sufre o padeci\u00f3 por raz\u00f3n de su g\u00e9nero una de las partes\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abotorgando respuesta a la manifestaci\u00f3n del demandado Matta Rodr\u00edguez en relaci\u00f3n con el trato que le hubiere otorgado la demandante Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce [llamarlo \u201cMattica\u201d], es lo cierto que m\u00e1s all\u00e1 de la forma en que se hubiere dirigido a quien fuera su profesor, tal actitud no pod\u00eda bajo ning\u00fan punto de vista entenderse como una invitaci\u00f3n a recibir insinuaciones como las que hizo el se\u00f1or Leonardo Antonio\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, el colegiado enfatiz\u00f3 en que \u00ab[el all\u00ed convocado Matta] se abstuvo de controvertir el acto que el extremo activo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal le endilg\u00f3 y que denomin\u00f3 acoso sexual, mismo que la primera instancia encontr\u00f3 demostrado con las grabaciones que acompa\u00f1aron la demanda y con las manifestaciones expuestas por el mismo demandado en su intervenci\u00f3n ante el Tribunal de \u00c9tica M\u00e9dica, limit\u00e1ndose a censurar el valor probatorio otorgado a las grabaciones que acompa\u00f1aron a la demanda, as\u00ed como a alegar que el acoso se verifica por conductas reiteradas y, que en realidad no exist\u00eda una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n con su docente\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, en cuanto a las censuras de la universidad tambi\u00e9n requerida, indic\u00f3 que, \u00absi bien la g\u00e9nesis del da\u00f1o reclamado est\u00e1 determinada por un acto personal y privado del se\u00f1or Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez, quien fuera docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia \u2013 Sede Pasto, avizora la Sala que para eludir su responsabilidad, el centro de estudios argument\u00f3 que ante la queja presentada por la estudiante Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce se tramit\u00f3 el respectivo proceso disciplinario y se dispuso la desvinculaci\u00f3n del docente\u00bb, raz\u00f3n por la cual asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abRespecto a lo primero, tenemos que el d\u00eda 25 de mayo de 2012, la se\u00f1ora Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce elev\u00f3 solicitud ante la Rector\u00eda del claustro, solicitando que se investigue al docente Matta Rodr\u00edguez por haber incurrido en acoso sexual en contra de ella. De cara al impedimento manifestado el d\u00eda 28 de mayo del mismo a\u00f1o por parte del Decano del Programa de Medicina de la universidad, en la misma fecha el Rector design\u00f3 para proceder con la investigaci\u00f3n a la Decana de la Facultad de Derecho. En el curso del tr\u00e1mite disciplinario se aprecian distintas actuaciones, como son: (i) auto proferido el 30 de mayo de 2012 en el que, de conformidad a lo decidido por el Consejo de Facultad, se da inicio a la actuaci\u00f3n y se decretan algunas pruebas; (ii) autos de 31 de mayo siguiente y de 5 de junio, en los que se cita a la estudiante a rendir declaraci\u00f3n, al disciplinable para escucharlo en versi\u00f3n libre y se decretan otros medios de convicci\u00f3n; (iii) declaraci\u00f3n de la estudiante del 6 de junio de 2012; (iv) versi\u00f3n libre del docente fechada el 6 de junio de 2012; (v) pliego de cargos acordado en Consejo de Facultad y comunicado el 6 de julio de 2012; (vi) auto declarando la nulidad del pliego de cargos que se comunica mediante oficio fechado el 10 de agosto y radicado el d\u00eda 30 siguiente; (vii) nuevo pliego de cargos comunicado el 1\u00b0 de octubre de 2012; (viii) auto de pruebas fechado el 27 de febrero de 2013; y (ix) auto de archivo dictado el 23 de agosto de 2018, fundamentado en las consideraciones que, por su brevedad, se pasan a transcribir: <\/p>\n
Y analizada la aludida actuaci\u00f3n disciplinaria, sin dificultad se avizora que el ente universitario estuvo lejos de adelantar una investigaci\u00f3n seria y a profundidad, como lo ameritaba el caso, puesto que a pesar de haber llegado a la etapa de formulaci\u00f3n de pliego de cargos finalizando el a\u00f1o 2012 y decret\u00e1ndose algunas pruebas a comienzos del a\u00f1o 2013, la investigaci\u00f3n se paraliz\u00f3 de forma dram\u00e1tica, no vislumbr\u00e1ndose actuaci\u00f3n alguna y permaneciendo inactiva en los anaqueles de la universidad hasta el d\u00eda 23 de agosto de 2018, cuando el Decano del Programa de Medicina de la \u00e9poca, a quien en alg\u00fan momento le fue devuelta la actuaci\u00f3n, decidi\u00f3 archivar la causa con el peregrino argumento de que el investigado para esa data ya no laboraba en la instituci\u00f3n y que el Estatuto Profesoral de la Universidad, expedido mediante Acuerdo N\u00b0 086 de 14 de diciembre de 2011, dispon\u00eda en su art. 44 que el r\u00e9gimen disciplinario se aplicar\u00e1 a \u201ctodos los profesores\u201d de la instituci\u00f3n, concluyendo que al ya no tener dicha condici\u00f3n, no era factible proseguir con la investigaci\u00f3n, mas dej\u00f3 de lado los principios que informan el procedimiento disciplinario, que indican que la autoridad que ejerce la acci\u00f3n disciplinaria deriva su competencia de la calidad del sujeto disciplinable, calidad que ten\u00eda el demandado al momento de los hechos denunciados, cuando se present\u00f3 la queja y al momento de iniciar la investigaci\u00f3n y, m\u00e1s importante a\u00fan, sin imprimir a aquel tr\u00e1mite la celeridad que requer\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Por ello, en cuanto a la separaci\u00f3n del cargo del entonces docente, sostuvo que \u00abtomando en consideraci\u00f3n las caracter\u00edsticas del v\u00ednculo que ataba al docente Matta Rodr\u00edguez con la Universidad Cooperativa de Colombia, esto es un \u201ccontrato individual de trabajo a t\u00e9rmino fijo\u201d con fecha de inicio de 12 de enero de 2012 y fecha de terminaci\u00f3n de 16 de junio de 2012, se deduce que m\u00e1s all\u00e1 de una desvinculaci\u00f3n de cara a lo sucedido, lo que ocurri\u00f3 fue nada m\u00e1s que la finalizaci\u00f3n del t\u00e9rmino del v\u00ednculo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sobre la afirmaci\u00f3n del centro de estudios, de que no se tuvo conocimiento de actos similares ni se recibieron quejas en igual sentido, el colegiado manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es contradicha por la informaci\u00f3n obrante en el expediente disciplinario, donde se evidencia el escrito dirigido al Rector del Centro de Estudios por la se\u00f1ora Paola Montealegre Vallejo el 14 de junio de 2012 y que fue tratado por el Consejo de Facultad en reuni\u00f3n del 20 de junio de 2012, en donde se expuso\u00bb: <\/p>\n
Bajo ese panorama, estableci\u00f3 que \u00abencontr\u00e1ndose acreditada la conducta fuente de la responsabilidad invocada, con facilidad se infiere que su traslado a la ciudad de Medell\u00edn no obedeci\u00f3 a una mera liberalidad de la estudiante y de su familia, como lo indica la universidad, sino que estuvo marcado por la situaci\u00f3n por ella vivida y las repercusiones que gener\u00f3, pues mientras que el hecho generador del conflicto y la interposici\u00f3n de la queja se cumplieron en el mes de mayo de 2012, su traslado al campus Medell\u00edn de la Universidad Cooperativa de Colombia de produjo justo para el segundo periodo acad\u00e9mico 2012, conforme lo certifica la Jefe de Admisiones y Registro de la instituci\u00f3n Campus Pasto. Adem\u00e1s, si la intenci\u00f3n de la estudiante y de su familia fuera realizaci\u00f3n de sus estudios en la capital de Antioqu\u00eda, se colige que la estudiante se habr\u00eda matriculado desde un principio en aquella localidad o, no hubiere regresado a esta ciudad a culminar su preparaci\u00f3n profesional, como en efecto ocurri\u00f3 para el segundo periodo acad\u00e9mico 2015, seg\u00fan la misma certificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, sobre la \u00abculpa concurrente\u00bb reclamada frente a la all\u00ed gestora \u2013con base en que \u00abdesoyendo los canales institucionales para interactuar con el cuerpo docente, como es el correo electr\u00f3nico institucional, suministr\u00f3 o inform\u00f3 de manera libre su n\u00famero de tel\u00e9fono al demandado Matta Rodr\u00edguez, situaci\u00f3n que se sale del control de la universidad\u00bb\u2013, el ad quem aludi\u00f3 a los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno aparece plenamente acreditado en el legajo la conducta que la universidad le achaca a la demandante, esto es, suministrar su n\u00famero de contacto, es m\u00e1s, en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 ante el Consejo de Facultad dentro del proceso disciplinario aperturado contra el M\u00e9dico Matta Rodr\u00edguez, manifest\u00f3 que nunca le brind\u00f3 esa informaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, tras encontrar probados los elementos de la responsabilidad extracontractual endilgada al extremo pasivo y ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, dispuso la medida de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica pedida en la demanda, consistente en que la Universidad Cooperativa de Colombia \u2013 sede Pasto, en el marco de la conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Internacional de la Mujer (2023), adelantara \u00abuna conferencia o conversatorio acerca de las conductas que atenten contra la dignidad e integridad de la mujer al interior de las instituciones educativas, incluyendo imprescindiblemente como tem\u00e1tica qu\u00e9 hacer ante ello, entre los dem\u00e1s puntos que se deseen abarcar. Adem\u00e1s, en dicho programa, se incluir\u00eda un acto especial en el que la Universidad Cooperativa de Colombia exalte la valent\u00eda que tuvo la estudiante para presentar la queja\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. Adicionalmente, la Corte estima oportuno resaltar que tampoco encuentra asidero la cr\u00edtica del censor, relacionada con el hecho de que el juicio se adelantara con perspectiva de g\u00e9nero \u2013frente a lo cual se doli\u00f3 de que \u00abdesde un comienzo, la Se\u00f1ora Juez Segundo Civil del Circuito (\u2026) advirti\u00f3 acerca del juicio, el cual se llevar\u00eda de acuerdo a las normas que existen sobre violencia de g\u00e9nero. As\u00ed lo manej\u00f3, -es la directora de proceso- as\u00ed lo dej[\u00f3] ver en las actuaciones que en diferentes piezas procesales existen y as\u00ed lo fall\u00f3. Pues bien, si todos respetamos las no[r]mas sobre este t\u00f3pico legal, no todo puede ser enmarcado dentro de una especialidad, es bueno, muy bueno que exista la protecci\u00f3n a la mujer, nadie lo discute, como tambi\u00e9n es bueno que esta protecci\u00f3n sea conjugada con la estructura jur\u00eddica nacional y con ayuda de la ciencia para realmente establecer el acoso, como en este caso\u00bb\u2013. <\/p>\n
Lo anterior, pues, adem\u00e1s de plantearse de forma un tanto confusa esa cuesti\u00f3n \u2013sin que se evidencie alg\u00fan menoscabo a las garant\u00edas derivadas del debido proceso\u2013, la verificaci\u00f3n del caso bajo la citada herramienta cr\u00edtica no implica, en modo alguno, actuar de forma parcializada, ni conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminaci\u00f3n asociada al g\u00e9nero no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos, tal como ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala (CSJ SC5039-2021, 10 dic.). <\/p>\n
En ese orden, se reitera que: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el principio y derecho a la igualdad, categor\u00eda orientadora para todas las autoridades y particulares. Este precepto integra dos dimensiones, una formal y otra material3, e impone el deber de implementar \u00abmedidas afirmativas\u00bb, enderezadas a que dicha igualdad sea \u00abreal y efectiva\u00bb. All\u00ed reside el puntal normativo de los mandatos de protecci\u00f3n especial en favor de personas o grupos hist\u00f3ricamente discriminados o marginados. <\/p>\n
Con base en esa pauta constitucional, y con apoyo en varios instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos ratificados por Colombia, especialmente la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer4 (CEDAW, por sus siglas en ingl\u00e9s) y su Protocolo Facultativo de 19995; la Convenci\u00f3n Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer6 (o Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1), y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos7(CADH), la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado un m\u00e9todo de an\u00e1lisis denominado \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb, de invaluable utilidad en la resoluci\u00f3n de conflictos sometidos al escrutinio jurisdiccional. <\/p>\n
Esta categor\u00eda hermen\u00e9utica impone al juez de la causa que, tras identificar situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodol\u00f3gicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminaci\u00f3n asociada al g\u00e9nero no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos <\/p>\n
En s\u00edntesis, tal como lo recalc\u00f3 la Cumbre Judicial Iberoamericana en su modelo de incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en las providencias judiciales8, el juzgamiento con observancia de las enunciadas directrices implica \u00abhacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligaci\u00f3n constitucional y convencional de combatir la discriminaci\u00f3n por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asim\u00e9tricas de poder\u00bb (CSJ SC5039-2021, 10 dic.). <\/p>\n
3.4. Finalmente, se aclara que igual suerte corre el reproche del aqu\u00ed actor sobre la supuesta pretermisi\u00f3n del t\u00e9rmino para decidir la instancia a cargo del tribunal, comoquiera que, adem\u00e1s de que esto no lo puso en conocimiento de ese colegiado en oportunidad9, sino solo despu\u00e9s del proferimiento de la sentencia de segundo grado \u2013que le result\u00f3 desfavorable\u2013, en este espec\u00edfico amparo plantea ese debate, de modo que, en esas condiciones, deviene inviable el reclamo, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Los hechos se compendiaron como sigue, en el fallo del ad quem: \u00ab(i) el d\u00eda 15 de mayo de 2012 el se\u00f1or Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez, m\u00e9dico y docente del Programa de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, abord\u00f3 a la estudiante de Medicina de dicha instituci\u00f3n, Mar\u00eda Alejandra Enr\u00edquez Ponce y, le pregunt\u00f3 acerca de los resultados de un examen acad\u00e9mico; (ii) m\u00e1s tarde en la misma fecha, el docente llam\u00f3 a la estudiante a su tel\u00e9fono celular y le coment\u00f3 que hablar\u00eda con otro docente amigo suyo a fin de interceder para que ella obtenga una buena nota en la asignatura dictada por aqu\u00e9l profesor, reuni\u00f3n docente que se llevar\u00eda a cabo el 28 de mayo de 2012; (iii) como contraprestaci\u00f3n, el se\u00f1or Matta Rodr\u00edguez le propuso que se encontrasen en un motel el d\u00eda 23 de mayo de 2012, previa confirmaci\u00f3n de la cita el d\u00eda anterior; (iv) en esta \u00faltima calenda, el docente llama nuevamente al abonado celular de la estudiante para preguntarle acerca de su decisi\u00f3n y se repite la llamada m\u00e1s tarde, cit\u00e1ndola en el Motel El Bosque, ubicado en la v\u00eda que de Pasto conduce al Municipio de Nari\u00f1o, advirti\u00e9ndole que la recoger\u00eda en el Restaurante Tipicuy, manifest\u00e1ndole \u201csi usted cumple yo le cumplo\u201d (\u2026)\u00bb, situaci\u00f3n puesta en conocimiento de la Fiscal\u00eda y de la Universidad, lo que la oblig\u00f3 a trasladarse a otra ciudad ante la falta de medidas. <\/p>\n
2\u0002 El extremo activo en ese proceso censur\u00f3 la falta de reconocimiento de una reparaci\u00f3n simb\u00f3lica. <\/p>\n
3\u0002 \u00abLas categor\u00edas orientadoras de esta prerrogativa deben comprenderse en concordancia con los dem\u00e1s c\u00e1nones constitucionales que establecen la dignidad humana; la igualdad; la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n (v.gr., art. 43, C. P.: \u00abla mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podr\u00e1 ser sometida a ninguna clase de discriminaci\u00f3n\u2026\u00bb); la protecci\u00f3n especial en favor de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y la prevalencia de sus derechos (art. 44, ib\u00eddem), sin que pueda perderse de vista el desarrollo jurisprudencial relacionado con los sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
4\u0002 \u00abAprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981. Esta Convenci\u00f3n establece como uno de los deberes del Estado \u00abconsagrar, si a\u00fan no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislaci\u00f3n apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica de ese principio\u00bb (art. 2, lit. a)\u00bb cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
5\u0002 \u00abAprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005\u00bb cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
6\u0002 \u00abAprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Precisa dentro de los deberes del Estado \u00abestablecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci\u00f3n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos\u00bb y \u00abestablecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci\u00f3n del da\u00f1o u otros medios de compensaci\u00f3n justos y eficaces\u00bb (art. 7, lit. f y g)\u00bb cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
7\u0002 \u00abAprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. En su art\u00edculo 24, establece la igualdad ante la ley. As\u00ed mismo, en el canon 17, lit. b, precept\u00faa que: \u00abLos Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los c\u00f3nyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluci\u00f3n del mismo\u00bb. Cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
8\u0002 \u00abGu\u00eda para la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica e inform\u00e1tica del Modelo de incorporaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en las sentencias. Secretar\u00eda T\u00e9cnica y Comisi\u00f3n Permanente de G\u00e9nero y Acceso a la Justicia, Cumbre Judicial Iberoamericana\u00bb cita propia del texto referenciado. <\/p>\n
9\u0002 Incluso, contra el auto de 6 de mayo de 2022 que prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para definir la instancia no present\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n de inconformidad. <\/p>\n
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STC4453-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4453-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01426-00 (Aprobado en Sala de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonardo Antonio Matta Rodr\u00edguez contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}