STC4455-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4455-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de esta ciudad y Thomas Alberto Di Santo Molina, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2019-00519. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad convocante, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abel principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Thomas Alberto Di Santo Molina promovi\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones, en procura de que se ordenara la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez, teniendo en cuenta que \u00abel ingreso base de liquidaci\u00f3n determinado con el promedio de los diez (10) \u00faltimos a\u00f1os equivale a (\u2026) $11.265.308,25; [y] la tasa de remplazo [en un] 80%, [raz\u00f3n por la cual] el valor equivale a $9.012.247,00, a partir del 15 de enero de 2019\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el pago de diferentes emolumentos, tales como, el retroactivo, la indexaci\u00f3n, los intereses de mora. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien accedi\u00f3 a lo pretendido, sin embargo, estableci\u00f3 la prestaci\u00f3n \u00aben cuant\u00eda de $8.212.722 (\u2026) a partir del 15 de enero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n propuesta por ambas partes y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la all\u00ed demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad revoc\u00f3 parcialmente lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n obtenida es inferior a la determinada por el Juez de primer grado (\u2026) [puesto que] la TASA DE REEMPLAZO que se debe aplicar al actor es del 74.09%, igual a la tenida en cuenta por Colpensionesy no del 80%, pues \u00fanicamente se pueden tomar 500 semanas adicionales a las 1300\u00bb. En su lugar, \u00abCONDEN[\u00d3] a COLPENSIONES a pagar \u00fanicamente por retroactivo de mesadas pensionales del 15 de enero al 28 de febrero del 2019 la suma de $11.800.137\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el all\u00ed querellante recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem (SL3501-2022, 17 ago.), pues evidenci\u00f3 \u00abla trasgresi\u00f3n impartida por el Tribunal al art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 10 de la Ley 797 de 2003, lo que le impidi\u00f3 comprender que el precepto contempla un monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n de vejez del 80% del ingreso base de liquidaci\u00f3n, sin consideraci\u00f3n al n\u00famero de semanas necesario para alcanzar ese tope\u00bb. Seguidamente, ofici\u00f3 a la entidad pagadora para que remitiera \u00abla historia laboral detallada y actualizada a la fecha, en donde figure el total del tiempo cotizado, el ingreso base de cotizaci\u00f3n y la fecha de retiro correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora, incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n y defecto sustantivo por \u00abinterpretaci\u00f3n \u201ccontra legem\u201d (\u2026) de la norma, al extraer de su texto un sentido y alcance que no se desprende en una correcta y objetiva hermen\u00e9utica. (\u2026) la lectura de la norma que propone la Corte Suprema de Justicia, simplemente busca tomar un extracto o frase que conviene a la fundamentaci\u00f3n de su tesis e ignorar de manera caprichosa y arbitraria lo dispuesto en su integridad por la norma\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[s]iendo indiscutible que en la sentencia de casaci\u00f3n se unifican los criterios de interpretaci\u00f3n de la Ley, no se advierte imperativo que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se sujete a las resultas de la decisi\u00f3n que se adopte una vez la Corte Suprema se constituya como Tribunal de instancia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL3501-2022, 17 ago., y en su lugar se ordene \u00abproferir una sentencia sustitutiva, subsanando los yerros jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abno puede tildarse de arbitraria o caprichosa, por el contrario, se soport\u00f3 en una labor hermen\u00e9utica jur\u00eddica v\u00e1lida, de modo que se imposibilita la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n reclamada y la intervenci\u00f3n ius fundamental\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abla sentencia aludida cas\u00f3 la dictada por el Tribunal, encontr\u00e1ndose pendiente la sentencia de reemplazo que profiera la Corte en sede de instancia al resolver el segundo grado o instancia del proceso, en donde se dilucidar\u00e1 la alzada promovida por el actor en raz\u00f3n de lo decidido por el juez de primer grado. En otras palabras, que el asunto a\u00fan no se ha finiquitado ante la Corte\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que \u00abno se cuenta con el expediente f\u00edsico para dar una contestaci\u00f3n precisa de las actuaciones surtidas\u00bb. <\/p>\n
3. El P.A.R.I.S.S. se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el proceso de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abno existe decisi\u00f3n ejecutoriada que haya puesto fin al proceso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00ab[e]st\u00e1 demostrado que la Corte Suprema de Justicia, en su providencia SL2517 de 2022 desconoce el precedente constitucional cuando este era el precedente que debi\u00f3 aplicar, el juez de tutela admite que el precedente que aplic\u00f3 fue legal, pero no cuestion\u00f3 que al tratarse de derechos fundamentales el \u00f3rgano de cierre es la Corte Constitucional y espec\u00edficamente respecto a su competencia en este tema espec\u00edfico la Corte ha sido clara\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reliev\u00f3 que \u00abfuerza indicar que la presente acci\u00f3n se promueve en contra de la sentencia de casaci\u00f3n contenida en la decisi\u00f3n SL 3501\/22, respecto de la cual surge el juicio de validez constitucional derivado de haberse incurrido en defectos en la interpretaci\u00f3n normativa que, a su vez, condujeron a la violaci\u00f3n de preceptos y principios constitucionales. En tal sentido, la acci\u00f3n de amparo propuesta es procedente por cuanto la decisi\u00f3n que se cuestiona es aquella que resolvi\u00f3 \u00edntegramente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no as\u00ed aquella que ser\u00e1 proferida en sede de instancia en el caso concreto, pues se insiste lo que se cuestiona es la motivaci\u00f3n que conllev\u00f3 a la Sala accionada a casar el fallo puesto a su consideraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL3501-2022, 17 ago.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto evidenci\u00f3 \u00abla trasgresi\u00f3n impartida por el Tribunal al art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 10 de la Ley 797 de 2003, lo que le impidi\u00f3 comprender que el precepto contempla un monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n de vejez del 80% del ingreso base de liquidaci\u00f3n, sin consideraci\u00f3n al n\u00famero de semanas necesario para alcanzar ese tope\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados: (i) por la v\u00eda directa \u00aben la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, el art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 10 de la Ley 797 de 2003\u00bb; y, (ii) por la misma senda, \u00aben la modalidad de falta de aplicaci\u00f3n, los \u00abart\u00edculos 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 797 de 2003, 13 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[N]o es objeto de discusi\u00f3n que: i) Colpensiones reconoci\u00f3 al actor la pensi\u00f3n de vejez con fundamento en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003; ii) que acredita un total de 2.125 semanas cotizadas; y iii) que la prestaci\u00f3n inicial fue calculada con un IBL de $10.617.840, al cual se le aplic\u00f3 una tasa de reemplazo 74.09%, para una pensi\u00f3n inicial de $7.866.758,00\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver consiste en \u00abdiscernir si se equivoc\u00f3 el Tribunal al denegar la reliquidaci\u00f3n solicitada, bajo el entendido de que el art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 10 de la Ley 797 de 2003, no permite incrementar la tasa de reemplazo con semanas cotizadas adicionales a las primeras 1800, es decir, que para incrementar el monto de la pensi\u00f3n de vejez s\u00f3lo es posible contabilizar hasta un n\u00famero m\u00e1ximo de 500 semanas cotizadas adicionales a las m\u00ednimas (1300) exigidas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 en lo pertinente el art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 10 de la Ley 797 de 2003 y se\u00f1al\u00f3 que dicho precepto \u00abcontiene dos elementos estructurales para establecer el monto de la pensi\u00f3n de vejez: i) una f\u00f3rmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo; y ii) un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotizaci\u00f3n adicionales a las m\u00ednimas, hasta llegar a un monto m\u00e1ximo de pensi\u00f3n entre el 80% y el 70.5% del IBL, en forma decreciente en funci\u00f3n del nivel de ingresos, calculado con base en la misma f\u00f3rmula\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, procedi\u00f3 a explicar la f\u00f3rmula que debe aplicarse para determinar el porcentaje de la prestaci\u00f3n y razon\u00f3 que \u00abel primer paso para el an\u00e1lisis a fin de evaluar el verdadero alcance del precepto en estudio, implica indagar si lo pretendido por la norma es limitar el incremento de la tasa de reemplazo a un porcentaje m\u00e1ximo alcanzado con 500 semanas cotizadas adicionales a las 1300, es decir, para un total de 1800 semanas v\u00e1lidas y, de esta manera, impedir que se pueda alcanzar el monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n establecido como regla general en el 80% del ingreso base de liquidaci\u00f3n — con excepci\u00f3n de los de salario m\u00ednimo a quienes se les garantiza un 100% del ingreso base de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abparece claro que la intenci\u00f3n del legislador tambi\u00e9n ha sido la de desincentivar al interesado para que aumente de forma fraudulenta el ingreso base de cotizaci\u00f3n sin guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos, pues la regla, se itera, es que: a mayor ingreso base de liquidaci\u00f3n menor ser\u00e1 la tasa de reemplazo y, por el contrario, a menor ingreso mayor ser\u00e1 la tasa indicada\u00bb. Por ello, agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[Q]uien pretenda incrementar la tasa de reemplazo inicial del 65%, debe entonces cotizar 500 semanas adicionales para alcanzar el monto m\u00e1ximo del 80%. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed mismo, la norma tambi\u00e9n contempla un monto m\u00e1ximo de pensi\u00f3n entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidaci\u00f3n, en forma decreciente en funci\u00f3n del nivel de ingresos de cotizaci\u00f3n, calculado con base en la f\u00f3rmula indicada, sin embargo, la parte final del mencionado art\u00edculo 34 de forma expresa enfatiza en que, \u201cEl valor total de la pensi\u00f3n no podr\u00e1 ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidaci\u00f3n\u201d, pero en este caso, sin indicar rango alguno de oscilaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, para la Corte lo l\u00f3gico es, como lo se\u00f1al\u00f3 el legislador, calcular el monto inicial de la pensi\u00f3n conforme a la tasa de reemplazo variable en funci\u00f3n del nivel de ingresos de cotizaci\u00f3n, de suerte que, el monto m\u00e1ximo es directamente proporcional al n\u00famero de cotizaciones adicionales a las m\u00ednimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto m\u00e1ximo del n\u00famero de semanas cotizadas; no obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje m\u00e1ximo del 80% no se computan, ni procede su devoluci\u00f3n, en virtud del principio de solidaridad (\u2026). <\/p>\n
En efecto, la f\u00f3rmula decreciente estableci\u00f3 que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.50 los salarios m\u00ednimos contenidos en el IBL en cada caso, por tanto, si se vuelve a utilizar \u00e9sta para calcular el monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n, se estar\u00eda tomando el nivel de ingresos de cotizaci\u00f3n para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensi\u00f3n, lo cual no tiene justificaci\u00f3n alguna, pues con la f\u00f3rmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotizaci\u00f3n, pero en manera alguna limitar el n\u00famero de semanas necesario para alcanzar el monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n establecido por la misma norma, salvo la del tope legal ahora vigente de 25 SMMLV\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En ese orden, se remiti\u00f3 a lo establecido en la providencia CC C-1054-2004 y arguy\u00f3 que \u00abla Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el prop\u00f3sito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, as\u00ed: i) una tasa de reemplazo para la pensi\u00f3n de vejez calculada con una f\u00f3rmula decreciente en funci\u00f3n del nivel de ingresos de cotizaci\u00f3n; ii) un incremento del monto de la pensi\u00f3n en funci\u00f3n del n\u00famero de semanas cotizadas, adicionales a las m\u00ednimas requeridas; iii) un monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n de vejez, que no podr\u00e1 ser superior al 80% del ingreso base de liquidaci\u00f3n; iv) un l\u00edmite a la base de cotizaci\u00f3n de 25 salarios m\u00ednimos legales, sin perjuicio del aumento hasta de 45 smlmv; y v) la prohibici\u00f3n de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 se pas\u00f3 de calcular el ingreso base de liquidaci\u00f3n para los afiliados al ISS sobre un promedio de los salarios respecto de los cuales se cotizaban las \u00faltimas 100 semanas y en el sector p\u00fablico de lo que se devengaba en el \u00faltimo a\u00f1o, a hacerlo con el promedio de lo cotizado durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os anteriores al reconocimiento pensional, o del todo el tiempo si \u00e9ste fuere superior, con la finalidad de evitar manipulaci\u00f3n o fraude en el aumento desmedido en la base de cotizaci\u00f3n, sin correspondencia con los ingresos realmente percibidos para acceder a mejores prestaciones del sistema\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abqueda evidenciada la trasgresi\u00f3n impartida por el Tribunal al art\u00edculo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 10 de la Ley 797 de 2003, lo que le impidi\u00f3 comprender que el precepto contempla un monto m\u00e1ximo de la pensi\u00f3n de vejez del 80% del ingreso base de liquidaci\u00f3n, sin consideraci\u00f3n al n\u00famero de semanas necesario para alcanzar ese tope, pues ello se obtiene de la f\u00f3rmula general sobre la equivalencia de semanas de cotizaci\u00f3n a los puntos adicionales a los l\u00edmites m\u00ednimos de la pensi\u00f3n\u00bb. De esta manera declar\u00f3 la prosperidad del primer cargo. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, la Sala aclara que, respecto de la sentencia de instancia SL810-2023, 15 mar.2 dictada por la Corporaci\u00f3n encartada, no se emitir\u00e1 pronunciamiento alguno, pues, (i) adem\u00e1s de que la misma fue proferida en el curso del segundo grado de este amparo \u2013por lo que constituir\u00eda un hecho novedoso\u2013, (ii) la entidad accionante, Colpensiones, expresamente ci\u00f1\u00f3 su embate contra el fallo de casaci\u00f3n, situaci\u00f3n que reiter\u00f3 en su memorial de impugnaci\u00f3n, siendo esta la decisi\u00f3n a la cual se circunscribi\u00f3 la verificaci\u00f3n en el sub-lite. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 19 de abril de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Notificada por edicto del 27 de abril de 2023. <\/p>\n
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STC4455-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4455-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}