STC4458-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4458-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01656-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Aqualia Latinoam\u00e9rica S.A.S. E.S.P., contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00274. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de su representante legal la sociedad querellante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, trabajo y vida digna, supuestamente, conculcadas por las convocadas, en el tramite incidental de desacato promovido por Rafael Claret Due\u00f1as G\u00f3mez en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, manifiesta, en s\u00edntesis, que mediante fallo de 23 de febrero hoga\u00f1o el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n deprecado por Due\u00f1as G\u00f3mez, y en consecuencia le orden\u00f3 que brindara respuesta de fondo respecto de la solicitud radicada el 8 de octubre de 2022, consistente en la entrega de copias de un contrato. <\/p>\n
Relata, que impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n, por lo que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, el 31 de marzo anterior, modific\u00f3 la orden precisando que algunas clausulas del acuerdo gozaban de reserva. <\/p>\n
Indica, que el promotor de ese auxilio promovi\u00f3 incidente de desacato, por lo que el precitado juez, el 13 de abril pasado, le impuso una sanci\u00f3n consistente en \u00ab(i) pago de una multa correspondiente a 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y (ii) 3 d\u00edas con arresto, que deben ser cumplidos en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Monter\u00eda, adem\u00e1s de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la magistratura convocada, el d\u00eda 19 de ese mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Sostiene, que las autoridades acusadas al resolver el desacato perdieron de vista que ya hab\u00eda acreditado el cumplimiento al mandato impuesto conforme a la modificaci\u00f3n que el ad quem efectu\u00f3 al desatar la impugnaci\u00f3n del resguardo, en tanto que el 19 de abril brind\u00f3 respuesta al peticionario. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La colegiatura convocada remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente del proceso objeto de reproche. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por Jos\u00e9 Ram\u00f3n Diez Caballero Pascual, en su condici\u00f3n de representante legal de la sociedad querellante, al haberlo sancionado por desacato dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida en su contra por Rafael Claret Due\u00f1as G\u00f3mez n\u00b0 2022-00474. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Caso concreto <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC5121-2022, 27 abr. 2022, rad. 02043-01). <\/p>\n
Seguidamente ese Alto Tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, STC8903-2022, 13 jul. 2022, rad. 01052-01). <\/p>\n
Realizada la verificaci\u00f3n del escrito inicial, los elementos de convicci\u00f3n adosados al expediente, la normativa y precedentes aplicables, la Sala precisa que habr\u00e1 de negarse el auxilio, comoquiera que al revisarse el contenido del auto de 19 de abril de 2023, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Monter\u00eda confirm\u00f3, en sede de consulta, la sanci\u00f3n impuesta a Jos\u00e9 Ram\u00f3n Diez Caballero Pascual, en su condici\u00f3n de representante legal de la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed accionante, no se advierte que el interesado hubiere acreditado que su reproche se encuentre inmerso en alguna de las causales que potencialmente har\u00edan procedente este excepcional mecanismo, esto es, cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, vulnera el derecho a la defensa de las partes, impone una sanci\u00f3n arbitraria, o en aquellos casos en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado. <\/p>\n
N\u00f3tese, que la providencia cuestionada se ajusta a una hermen\u00e9utica razonable, puesto que la magistratura acusada ciment\u00f3 su decisi\u00f3n en que \u00abla Juez de primer grado al proferir el auto sancionatorio, tuvo en cuenta la decisi\u00f3n proferida por [esa] Corporaci\u00f3n, en la cual se confirma la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante por parte de la entidad accionada, sin embargo, solo fue modificada en el sentido de facultar a la accionada a mantener en privado las clausulas (sic) y anexos descritos\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00absi bien la accionada aduce haber dado cumplimiento al fallo, lo cierto es que una vez revisado el acervo probatorio allegado al plenario, no se logra acreditar tal afirmaci\u00f3n, pues en las respuestas en las que anexa el contrato de cesi\u00f3n, contin\u00faa tachando ac\u00e1pites que no cuentan con reserva, m\u00e1xime cuando pretende acreditar el cumplimiento con el mismo documento aportado en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, pese a que en aquel momento se indic\u00f3 que este no satisfizo la respuesta al derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida que al auscultar la respuesta ofrecida al interesado se constata que se censura del plurimencionado contrato la clausula 5 referente a \u00abprecio y forma de pago\u00bb, pese a que en la sentencia de 31 de marzo de 2023 el tribunal determin\u00f3 que \u00ab(\u2026) la cl\u00e1usula \u201cprecio y forma de pago\u201d tampoco tiene vocaci\u00f3n de reserva, puesto es de inter\u00e9s p\u00fablico el costo por el cual fue adquirido el contrato de operaci\u00f3n para prestaci\u00f3n del servicio de agua publica, adem\u00e1s, dicho clausula no tiene incidencia en la competitividad de la empresa en el mercado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la referida autoridad consider\u00f3 en el caso estudiado, que el accionado ha desatendido el cabal cumplimiento de la orden constitucional que le fue impartida, raz\u00f3n por la cual, con la expedici\u00f3n de las providencias que definieron el incidente de desacato, no se incurri\u00f3 en causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en que motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n que declar\u00f3 en desacato al ahora censor, con independencia que \u00e9ste no comparta los razonamientos legales por aqu\u00e9lla esbozados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido se declarar\u00e1 improcedente el amparo, dado que no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de un incidente de desacato. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley declara IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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