STC4459-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4459-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01665-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Civil del Circuito de Andes; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el propietario de \u2018Droguer\u00eda Farmacenter – Kat\u00eda\u2019, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2021-00150. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abDroguer\u00eda Farmacenter – Kat\u00eda\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en dicho lugar, \u00abcumpliendo [la] Ley 361 de 1997\u00bb, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Andes, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo, pero no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Inconforme, el censor interpuso apelaci\u00f3n, solicitando fijar \u00abagencias en derecho en ambas instancias\u00bb, pero la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, en tanto advirti\u00f3 \u00abla evidente falta de actividad procesal del actor popular, encaminada a la promoci\u00f3n del tr\u00e1mite, y (\u2026) la inexistencia de prueba alguna de los costos afrontados o del esfuerzo desplegado en aqu\u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que \u00ablas agencias en derecho son de car\u00e1cter objetivo\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en lo fundamental, que se ordene a la colegiatura censurada, conceder \u00abAGENCIAS EN DERECHO\u00bb en su favor. <\/p>\n
1. El tribunal querellado remiti\u00f3 el acceso al enlace del expediente digital del asunto censurado y se\u00f1al\u00f3 que \u00abcontrario a lo manifestado por el actor popular (\u2026) el 17 de agosto de 2022 (\u2026) profiri\u00f3 sentencia en la que decidi\u00f3 de fondo el recurso de alzada por formulado por aquel en la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00150-01, fallo que se notific\u00f3 por estados el d\u00eda 18 del mismo mes y a\u00f1o, confirm\u00e1ndose \u00edntegramente la decisi\u00f3n confutada\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Antioquia reliev\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (\u2026) debido a que no ha transgredido los derechos fundamentales invocados; corresponder\u00e1 a las entidades competentes, pronunciarse sobre la solicitud de amparo impetrada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sobre la invalidaci\u00f3n invocada por el promotor. <\/p>\n
Preliminarmente, respecto de la \u00abnulidad\u00bb, que formul\u00f3 el libelista, argumentando que \u00abel juzgador confunde reglas de reparto con normas de competencia y cree poder perder competencia\u00bb, se advierte que esta Corporaci\u00f3n es competente para conocer de la presente salvaguarda, dirigida contra el Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Civil del Circuito de Andes, de conformidad con con lo dispuesto en el canon 1 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, por lo que, ese orden, se procede a su estudio. <\/p>\n
2. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el auxilio satisface el requisito de inmediatez y, de superarse lo anterior, si la autoridad cuestionada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del libelista, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que \u00e9l inici\u00f3 (rad. n.\u00ba 2021-00150), por cuanto confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo y, en consecuencia, no reconoci\u00f3 costas procesales ni agencias en derecho en su favor. <\/p>\n
3. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra resoluciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
4. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC3001-2023, 29 de mar.). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC3001-2023, 29 mar.) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
5. Caso concreto <\/p>\n
5.1. De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la determinaci\u00f3n que acusa el actor como transgresora de sus derechos fue proferida el 17 de agosto de 2022, mientras que el resguardo fue radicado el 21 de abril de 2023. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la decisi\u00f3n indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 con amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n
En ese sentido, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
5.2. De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, por lo tanto, aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Al respecto, cabe destacar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en los fallos CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El auxilio se torna improcedente porque incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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