STC4462-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4462-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 8 de marzo de 2023, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, en adelante Triple A S.A. E.S.P., contra la Unidad Administrativa Especial Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor \u2013 Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 1-2020-118277. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La empresa promotora -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, ante la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, la sociedad extranjera Canal Extensia S.A.U. present\u00f3 demanda en su contra por la presunta infracci\u00f3n de derechos de autor por el uso sin licencia de un software que le fue concedido \u00abde forma gratuita, definitiva y a perpetuidad\u00bb. Relat\u00f3 que, admitida la demanda el 11 de noviembre de 2021, objet\u00f3 razonadamente el juramento estimatorio, pues evidenci\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n pretend\u00eda era abstracta. Refiri\u00f3 que la autoridad atacada -con auto No. 8 del 14 de octubre de 2022- desestim\u00f3 la objeci\u00f3n planteada en raz\u00f3n a que los argumentos expuestos por la demandada no establecieron de manera concreta la inexactitud de la estimaci\u00f3n. Frente a ello present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n. No obstante, la accionada -con auto No. 11 del 30 de noviembre de la misma anualidad- lo desestim\u00f3. Expres\u00f3 su disenso frente a las decisiones proferidas por la superioridad accionada. Recalc\u00f3 la imposibilidad de recurrirla, motivo por el que acudi\u00f3 al Juez constitucional. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo del derecho fundamental invocado. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene a la autoridad debatida que revoque los autos proferidos el 14 de octubre de 2022 y el 30 de noviembre siguiente. Y, en su lugar, emita una nueva decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La sociedad Canal Extensia S.A.U. afirm\u00f3 que el juramento estimatorio cumple con lo establecido en el art\u00edculo 206 del C.G.P. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que la objeci\u00f3n planteada por el demandado no establece con exactitud el defecto aritm\u00e9tico atribuido a su juramento estimatorio. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial – Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, luego de relatar sus actuaciones, expres\u00f3 que \u00abha respetado todas las garant\u00edas constitucionales y procesales en la causa que censura el solicitante de la tutela, pues le ha permitido ejercer sin tropiezo su derecho de contradicci\u00f3n, a trav\u00e9s de los mecanismos propios que el CGP ha consagrado para controvertir las decisiones que considera le son desfavorables, lo que el tutelante utiliz\u00f3 como tuvo a bien\u00bb. Asimismo, resalt\u00f3 que \u00ablas decisiones tomadas en los autos 8 y 11 aqu\u00ed referidos se efectuaron con apego a la normatividad vigente e incluso estuvieron soportadas en jurisprudencia y doctrina relacionada con la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo deneg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00ablas providencias cuestionadas no adolecen de defecto sustantivo alguno porque se encuentran suficientemente motivadas, y adem\u00e1s se apoyan en la norma procesal aplicable al caso particular, esto, al art. 206 del C.G.P. en sus precedentes y en doctrina\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. Insiste en los argumentos plasmados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues en su sentir, \u00abla accionante nunca se encontr\u00f3 en posibilidad de hacer tal demostraci\u00f3n aritm\u00e9tica, habida cuenta de que la licencia que es objeto de la controversia judicial fue concedida de forma gratuita a la hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso presente, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental de la accionante, con ocasi\u00f3n de los autos proferidos el 14 de octubre de 2022 y el 30 de noviembre siguiente, con los cuales no se dio tr\u00e1mite a la objeci\u00f3n del juramento estimatorio formulada por ella al interior del proceso debatido. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, la autoridad cognoscente -con auto No. 11 del 30 de noviembre de 2022-1 resolvi\u00f3 confirmar la desestimaci\u00f3n de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio realizada por la accionante. Para ello, con apoyo en el art\u00edculo 206 del C.G.P., refiri\u00f3 que \u00abSolo se considerar\u00e1 la objeci\u00f3n que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci\u00f3n\u00bb. Por lo tanto, puntualiz\u00f3 que para cumplir con esa exigencia no es necesario que el objetante realice una actividad probatoria, pues de lo \u00fanico que debe ocuparse es de hacer una sustentaci\u00f3n que explique la inexactitud que reprocha al juramento. <\/p>\n
Por lo expuesto, no encontr\u00f3 acertada la afirmaci\u00f3n tocante con que los argumentos expuestos como objeciones \u00abno hubieren sido tenidos en cuenta, por falta de pruebas que debiere aportar el opositor ni porque fuere necesario realizar una profusa contraargumentaci\u00f3n; sino que dichos argumentos no pudieron ser considerados porque de su estudio no se logr\u00f3 establecer que especificaran razonadamente una inexactitud en la cifra estimada\u00bb. En otras palabras, destac\u00f3 que \u00abla demandada no sustent\u00f3 razonadamente la existencia de una diferencia en el quantum del perjuicio cuantificado por su contraparte, que es en el fondo la exigencia de la norma referida, para que fuera considerada su objeci\u00f3n y proceder a concederle el t\u00e9rmino respectivo al demandante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Respecto de la finalidad de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, expres\u00f3 que el art\u00edculo 206 del C.G.P. establece que \u00abel juramento har\u00e1 prueba de su monto mientras no se objeta por parte contraria dentro del traslado respectivo. As\u00ed la norma reconoce la oportunidad que tiene el demandado de oponerse a la suma reclamada, no obstante, la ley procesal se\u00f1ala que dicha oposici\u00f3n debe cumplir con exigencias determinadas, concretamente la de especificar razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la estimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 las consecuencias que conlleva para las partes el juramento estimatorio. Y se\u00f1al\u00f3 que \u00abla primera es para el demandado, pues en caso de no contradecir o refutar el juramento o, que sus argumentos no precisen la inexactitud requerida, la manifestaci\u00f3n hecha bajo juramento se tendr\u00e1 como medio de prueba del monto del da\u00f1o. Y la segunda es para el demandante, en cuanto a que, si las objeciones propuestas concretan inexactitud y son consideradas, el juramento hecho perder\u00e1 su valor probatorio, debiendo entonces aportar o solicitar las pruebas que demuestren el monto jurado, las cuales ser\u00e1n valoradas en conjunto con los dem\u00e1s medios probatorios decretados y practicados al momento de emitir decisi\u00f3n sobre el litigio\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Esto es, desde sus muy limitadas facultades, este juez constitucional no podr\u00eda recibirse como una autoridad natural, a prop\u00f3sito del debate que oscil\u00f3 entre un enrostrado uso sin licencia de una obra de ingenio -software-, por un lado, y un se\u00f1alado uso gratuito, definitivo y perpetuo, por otro lado. Todo lo anterior, con respecto del fracaso de la objeci\u00f3n del juramento estimatorio -formulada por la sociedad tutelante-. <\/p>\n
Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
4. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-6. Anexo 70. Auto 11 del 30 de noviembre de 2022.pdf. Expediente Proceso Verbal con radicado No. 1-2020-118277. <\/p>\n
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